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La relación con Raúl Salinas de Gortari y las transferencias identificadas en las investigaciones sobre lavado de dinero, fueron el inicio de la debacle del legendario Grupo Vitro, que ahora pasaría a manos de Roberto Hernández y Alfredo Harp

 
 
Han pasado más de 16 años desde que documentos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) revelaran que en el corazón de la red de complicidades de Raúl Salinas de Gortari aparecía el nombre del presidente del grupo regiomontano Vitro, Adrián Sada González.
 
Heredero de la más añeja estirpe de empresarios regiomontanos, representante de la segunda generación del Grupo Monterrey, Sada González comenzó a escribir en ese momento la historia de la estrepitosa caída de la dinastía que fundó Vitro hace 100 años.
 
Fue en 1996 cuando se reveló que, a cambio de favores financieros al hermano del entonces presidente de México –Carlos Salinas de Gortari–, la familia Sada se benefició de la privatización de los activos del banco Serfin  (Miguel Badillo, El Financiero, 1996). Éste fue otro de los grandes errores cometidos por Adrián Sada González y en el que incurrió instigado por los hermanos Salinas y su proyecto de dejar la Banca privatizada en manos de empresarios cercanos al Partido Revolucionario Institucional.
 
Al confirmarse en declaraciones ministeriales y en las indagatorias de la Procuraduría General de la República la complicidad de Sada con Raúl Salinas de Gortari, los títulos del banco Serfin en el mercado de valores simplemente se desplomaron.
 

El 9 de julio de 1996 las acciones de Vitro y de Serfin registraron caídas de 3.8 y 7.5 por ciento iniciando en esa fecha una espiral de retrocesos que marcarían una época de grandes pérdidas, no sólo económicas sino de la reputación de una de las empresas considerada ejemplo de la internacionalización de los activos mexicanos.
 

 

En 2012, después de perder Serfin y verse obligado a dejar la presidencia del Grupo a su hermano menor Federico, Adrián Sada pactó la entrega del control de Grupo Vitro a Alfredo Harp y Roberto Hernández, beneficiaros y sobrevivientes de la privatización bancaria conducida por Carlos Salinas de Gortari.
 
Harp y Hernández son prácticamente los socios mayoritarios de Vitro, según registros sobre el control accionario de dicho Grupo ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión de Valores de Estados Unidos.
 
Alfredo Harp, representando los intereses de ambos empresarios, ostenta ya más del 9 por ciento del capital de Vitro, mientras que la participación de Sada no supera el 7 por ciento.
 

Harp, además, está autorizado por los accionistas de Vitro para adquirir hasta el 15 por ciento del capital del grupo industrial. El acuerdo entre Harp, Hernández y los Sada no fue miel sobre hojuelas: se trató de una compra hostil de títulos vía el mercado de capitales y, por supuesto, de una serie de estrategias judiciales en los tribunales. El convenio se presentó a la par de la embestida de acreedores que exigían a Vitro el pago de al menos 1 mil 900 millones de dólares, deudas en las que incurrió la administración de Federico Sada ante la caída de sus ventas en México, Estados Unidos y España, pero sobre todo, ante los errores de cálculo en la contratación de títulos a futuro para el suministro de gas natural para abastecer a sus plantas.
 

 

Asesorados por Mario Laborín, exdirector de Nacional Financiera, la solicitud de un concurso mercantil en México, Estados Unidos y España fue la única salida que observó la familia Sada. Así que apostaron por una cuenta regresiva de un año para obligar a que sus acreedores firmaran un convenio de reestructuración de pasivos en donde se les ofrecería un descuento de la deuda de hasta el 40 por ciento.
 
Por ello, después de concretar la toma de control de la empresa, vía compra de acciones en el mercado de valores, los accionistas de Citibank reconocieron que no era el mejor momento para pedir a los Sada que se retiraran del control del corporativo.
 
¿La razón? En tribunales de Nueva York un poderoso grupo de acreedores –hedge funds, también conocidos como “fondos buitres”– denunció que en Monterrey la administración de los Sada obtuvo de manera irregular la declaratoria de concurso mercantil, porque no se trató de manera equitativa a los acreedores y porque la administración de Vitro trasladó deuda a empresas filiales, convirtiéndolas así en acreedores que votaron a favor el convenio de reestructura, lo que constituyó un claro conflicto de interés, de acuerdo con la demanda de apelación presentada por el grupo de tenedores de bonos y el fondo Wilmington ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Distrito.
 
Arturo Porzencanski, experto en mercados financieros y catedrático de la American University, con sede en Washington, considera que el comportamiento de Vitro frente a sus acreedores sienta un mal precedente, y habla del riesgo al que se enfrentan los inversionistas que en los mercados emergentes confían en depositar su capital en compañías mexicanas.
 
Testigo en una de las audiencias que se han desahogado en tribunales especializados en quiebras en Estados Unidos, la doctora Elaine Buckberg, execonomista del Fondo Monetario Internacional, declaró que la confirmación del concurso mercantil en los términos demandados por la familia Sada tendría un impacto adverso en la percepción de los inversionistas respecto a las inversiones en empresas mexicanas como Vitro.
 
Los Sada apelan las demandas de sus acreedores en Estados Unidos, pero en México y Nueva York un fideicomiso avala ya un acuerdo entre su familia y Roberto Hernández y Alfredo Harp para ceder el control de la empresa. Así terminará la historia de la dinastía Sada en Vitro.
 
 
 
Fuente: Contralínea 295