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La Organización de las Naciones Unidas aumenta las contrataciones de firmas privadas de seguridad y militares para sus operaciones internacionales. Guardias armados, seguridad para convoyes, evaluación de riesgos y entrenamiento, entre los servicios que le proveen estas empresas. A pesar de las dudas que generan los contratos, el gasto pasó de 44 millones a 76 millones de dólares

 
Kim-Jenna Jurriaans/IPS
 
 
 
Naciones Unidas, Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) contrata cada vez más firmas privadas de seguridad y militares para sus operaciones en el mundo, lo cual despierta dudas sobre su responsabilidad, así como temores de que se produzcan violaciones a los derechos humanos.
 
Sólo entre 2009 y 2010, la ONU incrementó un 73 por ciento la contratación de servicios privados de seguridad, al crecer su gasto de 44 millones a 76 millones de dólares, según un informe del independiente Global Policy Forum (GPF).
 
Entre otros servicios, estas empresas proveen a la ONU de guardias armados, seguridad para convoyes, evaluación de riesgos y entrenamiento.
En misiones específicas en el terreno aumentan las contrataciones, señala la autora del informe, Lou Pingeot, coordinadora de programas del Global Policy Forum.
 
“Cuando se analiza de 2006 a 2011, la participación de compañías privadas de seguridad y militares en misiones en el terreno se incrementó 250 por ciento”, dice Pingeot a Inter Press Service (IPS).
 
El informe, titulado Asociación peligrosa y presentado en Nueva York el pasado 10 de julio, se basa en una extensa investigación de Pingeot sobre los planes anuales de adquisiciones de las agencias de la ONU, así como en entrevistas oficiales y extraoficiales con funcionarios del foro mundial.
 
El estudio constata un aumento en la contratación privada por parte de la ONU desde la década de 1990, comenzando con las misiones de mantenimiento de paz en los Balcanes, en Sierra Leona y en Somalia.
 
La preocupación del foro mundial por salvaguardar sus instalaciones se incrementó luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y del ataque contra la Misión de Asistencia en Irak en 2004. Al año siguiente fue creado el Departamento de Seguridad y Protección de la ONU.
 
Aunque Pingeot reconoce que la información a la que tuvo acceso no es completa, ilustra, no obstante, la dirección que está tomando el foro mundia. Y es que esto es algo que preocupa a muchos de los funcionarios a los que entrevistó, aunque no estén dispuestos a decirlo públicamente.
 
Un motivo de preocupación es la ausencia de parámetros y marcos que gobiernen la tarea de los contratistas, sobre todo en zonas de conflicto.
 
Otra inquietud es el posible choque entre los valores de la ONU y los de los mercenarios. Estos exhiben una “cultura de la superioridad” y una “propensión al uso de la violencia”, según el informe, que también examinó los cables diplomáticos filtrados y divulgados por WikiLeaks, así como la cobertura de los medios de comunicación sobre esas firmas.
 
 
Aunque la discusión sobre el tema dentro del foro ha sido mínima, un informe de la Secretaría General en 2002 sobre las prácticas de contratación reconoció que éstas “podían comprometer la seguridad y la protección del personal de la ONU”, y llamó a las agencias a reemplazar a las firmas privadas por personal propio.
 
Entre las empresas contratadas últimamente se destaca la estadunidense DynCorp, que se vio involucrada en un escándalo de tráfico sexual durante la misión del foro mundial en Bosnia en la década de 1990, un caso que inspiró la película The whistleblower (La verdad oculta) de 2010.
 
La compañía también realizó vuelos encubiertos bajo el programa de “entregas extraordinarias” de Estados Unidos, por el cual ese país secuestra a sospechosos de terrorismo y los interroga en prisiones secretas ubicadas en distintas partes del mundo.
 
Esto fue revelado durante una disputa judicial entre DynCorp y otra compañía privada, informada originalmente por la agencia Associated Press.
 
Otra importante firma que trabaja para la ONU es la gigante británica de seguridad G4S, que recibió un contrato por 14 millones de dólares para la remoción de minas, y que por otra parte provee servicios de seguridad a los militares de Estados Unidos en Irak.
 
Esa compañía ha sido investigada en Gran Bretaña por su trato a los inmigrantes en varios centros de detención de indocumentados que están bajo su administración. Ahora se postula para operar servicios policiales en dos condados de ese país.
 
El principal argumento para usar contratistas privados es que se ahorra dinero. Estados Unidos y Gran Bretaña son los países que más promueven la externalización.
 
 
 
Pingeot señala que, en sus aproximadamente dos años de investigación, no pudo encontrar datos comparativos serios sobre los beneficios financieros de las contrataciones.
 
Además, la práctica de otorgar contratos sin licitación reduce cualquier beneficio financiero que pudiera traer la competencia de precios.
 
“Para mí, el resultado más sorprendente del informe es cómo la ONU por más de 20 años ha evitado la discusión sobre el tema”, dice a IPS el director ejecutivo del GPF, James Paul.
 
“¿Cómo puede año tras año presentar informes y hablar de la seguridad del personal de la ONU y no mencionar esto? El emperador está desnudo”, señala.
 
Un aspecto que ha impedido una discusión real es la influencia de dos grandes actores dentro del foro mundial: Estados Unidos y Gran Bretaña, importantes clientes de esas empresas.
 
La industria aprovecha la cercanía con esos gobiernos para asegurarse apoyo en la obtención de contratos en la ONU, que no son los más lucrativos pero le dan prestigio a las empresas, según la investigación de Pingeot.
 
La estrecha relación entre los Estados miembros y los contratistas privados hace que estos últimos tengan influencia en las políticas de la ONU y en las de los países, donde generan una mayor “necesidad” de seguridad.
 
—Es una autoperpetuación de la industria– dice Pingeot.
 
Consultado sobre el informe, el portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, emitió un comunicado el 10 de julio de este año señalando que el sistema del foro mundial trabajaba en el borrador de un marco de responsabilidad para las compañías de seguridad privadas.
 
“Obviamente los presionamos”, apunta Pingeot, quien señala que el borrador ha estado sobre la mesa durante dos años sin avance alguno. “Todavía tomará años para que esas directrices sean aprobadas”, añade.
 
La respuesta de la Secretaría General no atiende el asunto central del informe, que llama a una “amplia revisión de la relación de la ONU y sus contratos con todas [las] organizaciones, [y] no sólo [con] las que proveen seguridad”, afirma.
 
 
Fuente: Contralínea 294