Autor:

Martín Esparza Flores*/Segunda parte
 
Los errores y deficiencias en la política de recaudación de los gobiernos panistas han ocasionado que alrededor del 40 por ciento de los ingresos presupuestales del gobierno federal provengan, vía impuestos, de Petróleos Mexicanos, colocando en una delicada situación de riesgo a la paraestatal, obligada por la falta de recursos propios a endeudarse, paralizando sus proyectos de inversión en tecnología y exploración, así como el mejoramiento de su infraestructura.
 
Ante la expectativa de un nuevo sexenio resulta inaplazable colocar en la agenda de los grandes temas nacionales el análisis del injusto régimen fiscal impuesto a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que ha conllevado en los últimos dos sexenios a su deterioro financiero al ser la única empresa petrolera en el mundo que es gravada con impuestos y derechos por encima de los estándares internacionales.
 
La pregunta que se hacen millones de mexicanos es si Pemex es una empresa rentable o no, y qué tanto hay de cierto en la intención de abrir varios de sus sectores a la iniciativa privada como una vía para fortalecerla. Es necesario señalar por ello que de ninguna manera Petróleos Mexicanos es un mal negocio o una empresa inoperante; por el contrario, se encuentra entre las empresas petroleras con mayores resultados en el mundo.
 
Lo que urge situar en el debate nacional es el porqué de las erráticas políticas fiscales, sobre todo en materia de recaudación, que han obligado a Pemex a pagar los platos rotos y financiar con sus ingresos la corrupción e irresponsabilidad legal de los grandes empresarios, tanto nacionales como extranjeros, al evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la complacencia de las autoridades hacendarias.
 
Una revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación a Pemex en 2004 puso en el terreno de los absurdos la situación inconcebible de cómo mediante el pago de impuestos del organismo se ha compensado la ineficiente política recaudatoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El análisis se apoyó también en estudios practicados por la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales indican que la evasión fiscal en nuestro país representa del 3 al 5 por ciento del producto interno bruto.
 
La evasión en ese año alcanzó la cifra de 610 mil 800 millones de pesos, falta de recursos subsanada en buena medida por la carga fiscal impuesta a Pemex en 2004 y que ascendió a 473 mil millones de pesos. Para los políticos que aducen –en su encubierta intención privatizadora– que Pemex es un mal negocio, bastará con señalarles que tan sólo de 1997 a 2008, la paraestatal representó el 59 por ciento de los ingresos totales del gobierno mexicano, al reportar a las arcas nacionales, es decir a la SHCP, recursos por 4.8 billones de pesos, cifra que en 2009 ascendió a los 5.45 billones: multimillonaria cantidad casi igual a nuestra deuda externa, calculada al final del presente sexenio en 5.5 billones de pesos.
 
Lo que los promotores de la inversión privada en Petróleos Mexicanos también se guardan de explicar a los mexicanos es que en todo el mundo a ninguna empresa petrolera se le impone una carga fiscal de la dimensión que se endosa a Pemex, incluso las de propiedad estatal –como Petróleos de Venezuela, SA, o Petrochina– no enfrentan un trato fiscal de esa naturaleza. Al respecto, informes internacionales establecen que mientras para Petróleos de Venezuela su carga fiscal disminuyó de 89.4 por ciento en 2006, a 66.8 por ciento en 2008, en Pemex las cosas fueron al revés, pues mientras en 2006 enfrentaba una carga fiscal del 92.8 por ciento, para 2008 la misma subió al 117 por ciento.
 
En un escenario medio como el resto de las empresas petroleras en el mundo, Pemex hubiera aportado, vía impuestos, a nuestro gobierno, en el periodo 1997-2009, unos 2.95 billones de pesos, reportando una utilidad de 2.1 billones, recursos que hubieran podido emplearse en proyectos de renovación de su infraestructura, mejor tecnología y hasta programas de exploración en aguas profundas. Pero a la inversa, su abrumadora carga fiscal no sólo ha implicado que se deterioren sus resultados netos, debido sobre todo al debilitamiento en sus utilidades operativas, sino que además, en el colmo de las irracionalidades oficiales, ha tenido que endeudarse para cubrir el faltante de las aportaciones impuestas por el gobierno federal.
 
También en un comparativo internacional, es clara la descompensación de Petróleos Mexicanos en el pago de impuestos respecto a poderosas firmas: en 2009, Exxon Mobile erogó por impuestos 15 mil 100 millones de dólares; Royal Dutch Shell, 8 mil 300 millones; Statoil, 16 mil 700 millones; Petrochina, 4 mil 900 millones; Petrobras, 5 mil 200 millones; y Pemex, 40 mil 500 millones de dólares.
 
De esta manera, al no haber utilidades, su capitalización se ha visto seriamente mermada, contrario a lo que sucede con el resto de las empresas petroleras en el mundo, ya sean privadas o gubernamentales. De acuerdo con cifras oficiales, el deterioro del capital en Pemex ha traído en consecuencia que la empresa tenga estados contables negativos. De tal manera que en los últimos 11 años la empresa haya perdido 400 mil millones de capital. Es más que evidente que a Pemex no le ha quedado de otra más que recurrir constantemente a contraer deuda para subsanar el remanente que no alcanza a cubrir con su utilidad operativa.
 
Debe insistirse por estas razones que el quebranto financiero de Pemex ha sido progresivo desde que el gobierno federal, y sobre todo las últimas dos administraciones panistas, decidió financiar sus egresos presupuestarios con los ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos a través de la conformación de un régimen fiscal especial, y tramposo, para la empresa propiedad de todos los mexicanos.
 
Otro de los factores que ha golpeado a sus finanzas es el cálculo que hace año con año el gobierno federal para determinar el precio estimado del barril del petróleo, normatividad contemplada en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estimación que resulta de primer orden para las finanzas gubernamentales, cuya metodología no ha sido del todo adecuada pues ha pasado por alto las volatilidades abruptas de corto plazo en los precios internacionales, dando paso a dos situaciones poco transparentes: la adquisición de las llamadas coberturas petroleras y el manejo discrecional de los excedentes petroleros, como sucedió en 2008, en que los precios alcanzaron los 99 dólares por barril.
 
En 2009, y luego de la abrupta caída en los precios internacionales, la SHCP se remitió a informar de manera somera que las coberturas ejercidas por la baja en los precios de la mezcla mexicana habían sido del orden de los 5 mil millones de dólares. Es importante apuntar que son desconocidos los términos en que Hacienda negocia y estructura la adquisición de las citadas coberturas petroleras y las licitaciones para seleccionar a los bancos participantes.
 
Los excedentes petroleros de 2008, que llegaron a los 14 mil millones de dólares, bien pudieron cubrir el faltante de los ingresos en 2009, unos 8 mil millones de dólares; sin embargo, y hay que denunciarlo a voz en cuello, cuando se han reportado excedentes tan elevados, la reasignación de los mismos da origen a su uso discrecional y echa por tierra cualquier intento de transparentar su manejo y destino final.
 
Con la actual política energética en Pemex, tal parece que se pretende quebrarla y hacerla aparecer como una empresa inoperante para abrir de par en par sus puertas a la privatización. Pero como se aprecia, de ninguna manera la paraestatal es un mal negocio y, por el contrario, con una reforma fiscal que le permita un manejo más equitativo de sus ingresos, puede haber Pemex para un buen tiempo. Ya basta de que sus recursos subsidien a los grandes evasores fiscales. Pemex es patrimonio de todos los mexicanos y hay que salir en su defensa.
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 
 
Fuente: Contralínea 294