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La izquierda, ante una oportunidad histórica de cambiar Francia. Los “socialistas moderados”, que son mayoría, y las otras fuerzas políticas de izquierda, que incluyen a radicales y ecologistas, mantendrán el control de las dos cámaras del Poder Legislativo. Una oportunidad, pero también una “enorme responsabilidad”, señalan especialistas

 
Amílcar Morales García/Prensa Latina
 
París, Francia. El dominio del organismo legislativo francés conseguido por el gubernamental Partido Socialista (PS) le otorga al presidente François Hollande mayor poder en el país, cuyo único límite es la capacidad de modificar la Constitución.
 
Los resultados oficiales de la segunda vuelta para renovar la Asamblea Nacional confirmaron y amplificaron lo que se había anunciado ya en la ronda inicial de la contienda.
 
El bloque socialista, integrado por el PS, el Partido Radical de Izquierda y otras pequeñas agrupaciones aliadas, consiguió 314 asientos en la cámara baja, bastante más de los 289 necesarios para tener la mayoría absoluta.
Si se agregan los 17 escaños de Europa Ecología Los Verdes y los 10 del Frente de Izquierda, el dominio es abrumador, con 341 diputados de los 577 que forman ese organismo parlamentario.
 
Lo único que no puede lograrse con esa cantidad de legisladores es reformar la Carta Magna, pues para ello hacen falta las tres quintas partes de la Asamblea, es decir, al menos 346.
 
Por otra parte, desde septiembre de 2011, los socialistas en alianza con el Partido Comunista Francés (PCF), los ecologistas y el Grupo de Unidad Democrática y Social Europea, tienen mayoría en el Senado, la otra cámara legislativa.
 
Significa esto que sobre Hollande recae una concentración de poderes pocas veces observada, pues además del dominio parlamentario, logró colocar a los miembros de su círculo más estrecho de colaboradores al frente de las carteras estratégicas en el Ejecutivo.
 
El primer ministro, Jean-Marc Ayrault; los titulares de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius; Economía y Finanzas, Pierre Moscovici; Interior, Manuel Valls; y Defensa, Jean-Yves Le Drian, entre otros, estuvieron al lado del presidente durante la campaña y son coautores del programa de gobierno.
Las implicaciones de esta situación son muy diversas y la primera de ellas es que el actual gobierno no tendrá ninguna excusa para la aplicación completa de las promesas hechas a la población para obtener el voto y llegar al Palacio del Elíseo.
 
Aplicar políticas para dinamizar la economía y generar empleos, crear decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público, disminuir el costo de la vida y anular el aumento del impuesto al valor agregado, que decretó su antecesor, el político Nicolas Sarkozy, figuran entre estos propósitos.
 
Asimismo, para financiar sus proyectos, prevé la creación de un tributo del 75 por ciento para las ganancias superiores a 1 millón de euros anuales.
 
Todo ello necesita de la aprobación de nuevas leyes o la modificación de algunas ya existentes, un camino completamente allanado por los comicios legislativos.
 
Desde el punto de vista político, la nueva configuración parlamentaria demuestra el fracaso de la derecha francesa de imponer sus programas, basados en la reducción del gasto público y el rigor presupuestario.
 
 
Las medidas económicas y sociales tomadas durante el periodo de Sarkozy (2007-2012) incrementaron el desempleo hasta alcanzar a cerca de 3 millones de personas, provocaron la caída del nivel de vida en amplios sectores y favorecieron a los grandes grupos empresariales y financieros.
 
El descontento social generado por estas prácticas quedó demostrado en las urnas, tanto en los comicios presidenciales de abril y mayo como en los legislativos de junio.
 
Tras perder el Elíseo, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y sus aliados más cercanos lograron ubicar a 229 diputados en la Asamblea.
 
Si bien es una cifra alta, en términos concretos significa una drástica caída al tomar en cuenta que en la saliente legislatura sólo la UMP tenía 320 escaños, a los cuales podía agregar con facilidad los 23 del Nuevo Centro.
 
Bajo la óptica institucional, el dominio del PS en el Parlamento puede significar algunos riesgos.
 
Obey Ament, funcionario del Partido Comunista Francés, dice a Prensa Latina que una mayoría más diversa, con una participación fuerte del Frente de Izquierda, habría posibilitado respuestas más profundas a la crisis que se vive, tanto en Francia como en la Unión Europea.
 
Recuerda que los socialistas plantean una serie de reformas, pero sin tocar estructuralmente el sistema y en el nivel continental no cuestionan las medidas de austeridad, sino tratan de complementarlas con planes de crecimiento y buscar otras vías, como la emisión de eurobonos, para financiar a los países con problemas graves.
 
En su opinión, las propuestas del PS son medidas parciales para alargar el periodo en el cual los efectos más negativos de la crisis van a llegar, pero al final, dice, siempre se dejarán sentir.
 
Por otro lado, si bien el dominio legislativo y ejecutivo significa un paisaje casi idílico para trabajar, también representa una grave responsabilidad cuyos alcances no escapan a algunos de sus dirigentes.
 
Tras conocer los resultados, el primer ministro Ayrault dijo que se garantizará el funcionamiento armonioso del poder público y las prerrogativas del parlamento serán escrupulosamente respetadas.
 
La vocera del Ejecutivo, Najat Ballaud-Velkacem, en un mensaje destinado a apaciguar las inquietudes, aseguró que “la mayoría absoluta no significa poder absoluto”.
 
Con todas las herramientas en la mano, serán los socialistas los únicos responsables de los resultados de este periodo, cuya evaluación final se realizará dentro de cinco años, cuando los franceses volverán a las urnas y emitirán su dictamen sobre cómo este gobierno administró la confianza que le fue otorgada.
 
 
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Fuente: Contralínea 292