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Entre las instituciones que más han padecido las decisiones erráticas y los abusos de Felipe Calderón y su gabinete destacan las Fuerzas Armadas y los órganos responsables de la seguridad nacional. De las primeras, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han enfrentado duras críticas por su participación en la lucha contra el crimen organizado y los errores cometidos al amparo de una labor para la cual no fueron preparados y mucho menos han sido eficientes, pues el negocio del narcotráfico sigue boyante y los cárteles se fortalecen día a día.
 
La imagen y el prestigio de esas corporaciones militares sigue en deterioro por la flagrante violación a los derechos humanos; hay una altísima lista de muertos por la “guerra” fallida; la corrupción ha alcanzado a generales de división por el supuesto involucramiento con cárteles de las drogas; las detenciones de mandos medios e inferiores del crimen organizado son exhibidas como si se tratara de los jefes de las mafias de la droga; suman miles de desaparecidos, y hay muchas acusaciones dudosas basadas sólo en declaraciones de testigos protegidos pagados por el gobierno.
 
De los órganos de seguridad nacional y protección de la justicia, destaca el desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el involucramiento de sus miembros en espionaje y escuchas ilegales; las pifias constantes de la Procuraduría General de la República y la penetración del crimen organizado en toda su estructura; las acusaciones de enriquecimiento en contra de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y las sospechas de que allí se protege al cártel de Sinaloa o del Pacífico, que comanda Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.
 
En medio de esta crisis que como nunca viven las Fuerzas Armadas, no podemos dejar de mencionar los errores del área de “inteligencia” de la Secretaría de Marina, de donde salió la orden para detener a un supuesto hijo del Chapo Guzmán y que terminó, para que el gobierno panista cerrara con broche de oro un sexenio fallido, en el mayor ridículo que se recuerde de esa dependencia y que ha marcado las pifias constantes en la lucha contra el crimen organizado.
 
El problema de esta detención equivocada de la Secretaría de Marina es que se trata de uno de los dos órganos más importante del país que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, son garantes de la seguridad nacional, y haberlos involucrado en la guerra contra el narcotráfico y convertirlos en agencias del Ministerio Público federal o en cuerpos policiales de investigación y persecución de delincuentes sólo vulnera su estructura y desacredita a las dos instituciones del gobierno federal que aún cuentan con algo de credibilidad.
 
A lo anterior hay que sumar la pugna al interior de ambas secretarías por el control de las Fuerzas Armadas. Mientras todos los mexicanos estamos atentos al proceso electoral en el que se designa al próximo presidente de la República, en Defensa y Marina hay una verdadera guerra interna para alcanzar la titularidad en las dos secretarías.
 
Por ejemplo, una acuciosa investigación se llevó a cabo en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre 12 contratos con empresas privadas, nueve de ellos relacionados con inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que involucran un monto por alrededor de 600 millones de dólares.
 
De acuerdo con fuentes de la SFP, fue tan intensa la auditoría a dichos contratos, equivalentes a 8.5 mil millones de pesos, que el secretario Rafael Morgan Ríos ordenó la intervención de dos subsecretarios en las indagaciones: la subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, María Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Max Kaiser Aranda.
 
Según esa dependencia, después de varias semanas de revisar los expedientes, los auditores no encontraron irregularidades en la asignación de los contratos ni tampoco malos manejos o desvío de recursos públicos, por lo que ambos funcionarios recomendaron enviar al archivo los 12 expedientes correspondientes a igual número de contratos.
 
Consultadas al respecto, fuentes de la ASF señalaron que ellos aún no terminan su revisión; sin embargo, reconocieron que después de varios días no han encontrado nada significativo que dé marcha atrás o ponga en duda el manejo de recursos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, uno de los contratos correspondió a la adquisición de equipo muy sofisticado para la intercepción de comunicaciones telefónicas, a razón de 2 mil dólares por cada equipo, supuestamente para la lucha en contra de bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas.
 
La ASF informó que la relevancia de este caso fue tal, que el mismo auditor Juan Manuel Portal Martínez se trasladó personalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar a detalle, en el área de Inteligencia, todo lo relacionado con la asignación de dichos contratos, en donde se le dio acceso, por primera vez, a una institución de las Fuerzas Armadas y encargada de la seguridad nacional del país.
 
Pocas son las ocasiones que se conoce este tipo de auditorías al principal órgano responsable de salvaguardar la seguridad del Estado mexicano. Por eso es importante transparentar los resultados de esta exhaustiva revisión que se hizo a los contratos que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y que en gobiernos anteriores se mantenían en una total secrecía e impunidad, lo que daba paso al desvío de recursos públicos, al soborno y al cobro de comisiones.
 
 
 
Fuente: Contralínea 291