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El Estado de México ocupa el primer lugar por número de habitantes en el país: más de 15 millones de personas, de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 son hombres. En la entidad de mayor población del país las y los habitantes han visto violentados sus derechos humanos de manera sistemática, ya que no existe un ejercicio pleno de condiciones mínimas para una vida digna. Asimismo se han registrado inaceptables represiones a movimientos sociales que defienden la dignidad de sus pueblos y el respeto a sus derechos.
 
Carlos A Ventura Callejas/Clara G Meyra Segura*
 
Durante el gobierno del actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, la situación de los derechos humanos se agravó. Diversos informes de derechos humanos, entre ellos los del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, así como del Observatorio Nacional del Feminicidio, han dado a conocer el detrimento de las condiciones de vida en este estado de la república. Durante los últimos seis años, esta entidad llegó a ocupar el primer lugar en número de feminicidios; además, marcó una página histórica en relación con la represión brutal e insensibilidad a las comunidades con el caso de San Salvador Atenco  .
 
La continuidad de gobiernos priístas ha traído consigo la constante criminalización de la protesta de diversos sectores que se organizan y defienden sus derechos humanos. Como muestra, mencionaremos el caso de la Alianza Única del Valle (AUV o Alianza), organización que desde 1997 ha buscado, entre otras causas, el reconocimiento de la vivienda digna como derecho humano.  Las y los integrantes de este espacio de organización social son familias que no tienen acceso a un crédito para acceder a una vivienda, debido a que no cuentan con empleos formales que incluyan prestaciones sociales: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre de 2011 esta entidad ocupa el primer lugar, de todo el territorio nacional, en el número de personas con empleo informal: más de 2 millones. Esta situación, cada vez más preocupante, ha llevado a la organización y exigencia de manera pacífica y legítima. Las personas que habitan el Estado de México exigen a los gobiernos que les respeten y garanticen su derecho a una vivienda digna, y para ello invocan instrumentos internacionales y nacionales que protegen este derecho humano.
 
La Alianza ha luchado y tejido por más de 15 años diversas fuerzas encaminadas a la búsqueda del cumplimiento de la accesibilidad física y económica a la vivienda, tal como sucede en el llamado Predio de Guadalupe, ubicado en el municipio de Nicolás Romero. En este lugar se ha mantenido un plantón desde 2009, con la finalidad de demandar al gobierno que respete su legítimo derecho a buscar mejores condiciones de vida, y garantice que en esta zona se puedan edificar viviendas populares, con lo que se verían beneficiadas poco más de 500 familias. En relación con este caso, la Alianza sólo ha obtenido represión y desalojos violentos, sin que los gobiernos, tanto de Peña Nieto como el de Eruviel Ávila, hayan mostrado la voluntad suficiente para resolver la carencia de vivienda que sufren las familias de ese municipio.
 
El 6 de mayo pasado se desalojó violentamente a familias enteras integrantes de la AUV, que se encontraban en el Predio Guadalupe: uso excesivo de la fuerza, 15 personas del movimiento detenidas y actos violentos cometidos contra mujeres y niños, fueron parte de este operativo llevado a cabo por policías municipales y estatales, comandados por personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. Estos actos represivos contra la Alianza se inscriben en una serie de ataques constantes que buscan desarticular y violentar la organización popular.
 
Las y los integrantes de la Alianza sientan su exigencia sobre la base de una lucha legítima, de una lucha que evidencia que en el Estado de México los derechos humanos están ausentes de las agendas de anteriores y actuales gobiernos. Las administraciones encabezados por Peña Nieto y Eruviel Ávila, en todo momento, han mostrado una indiferencia total al respeto e integridad de las personas de la Alianza. La violencia ejercida contra esta organización es parte de una cadena de acciones elaboradas por el Estado contra los movimientos sociales y sectores que ven violados sus derechos. En este caso, no sólo se violenta el derecho por el que luchan, como es el derecho a la vivienda, donde el Estado hace caso omiso a sus obligaciones, sino que también se violentan derechos de forma directa: a la libertad de expresión, asociación y a defender los derechos humanos, reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Para que estos hechos no queden en la impunidad y en el olvido, la Alianza Única del Valle junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y varias organizaciones que siguen luchando nos solicitan a la sociedad en general que les acompañemos y apoyemos en la próxima Caravana por la Dignidad, la Educación y la Libertad, a partir de este domingo 17 y hasta el martes 19 de junio. Es fundamental que la sociedad esté atenta y que las autoridades respeten y protejan los derechos de los movimientos y de cada persona. Ahora más que nunca se hace necesario articular esfuerzos para fortalecer a los movimientos que han sido agredidos, amenazados y vulnerados a causa de ejercer la labor constante de defender sus derechos.
 
Es urgente que, a nivel nacional e internacional, se visibilicen las constantes violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas y los movimientos sociales mexiquenses, con la finalidad de que no se siga criminalizando la pobreza, la desigualdad, la protesta social y la defensa de los derechos humanos.
 
*Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC.
 
 
 
Fuente: Contralínea 298