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Únicas en su tipo, las casas de estudiantes en Michoacán cumplen una noble misión: abrir las puertas del conocimiento a gente de escasos recursos. Hoy, el gobierno de Fausto Vallejo pretende regularlas, pues se han convertido en un “conflicto para la ciudad”. El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo discute al respecto. Acabar con el autogobierno estudiantil y limitar el ingreso a estudiantes de otras entidades, entre las reformas

 
Flor Goche/David Cilia, fotos/enviados
 
Morelia, Michoacán. Música tradicional y el golpeteo de una veintena de suelas de madera contra el piso confluyen en la Casa del Estudiante Vladimir Ilich Lenin, ubicada en esta ciudad y fundada hace 17 años.
 
El taller de danza transcurre por más de una hora en el patio del pequeño edificio de dos niveles que alberga a unos 30 alumnos de bachillerato y licenciatura. Los cuerpos juveniles y empapados se retuercen al son de las cálidas melodías.
 
—Son danzas indígenas de la meseta purépecha. Para nosotros es muy importante bailarlas porque nos hacen recordar de dónde venimos y lo que somos –dice Fabiola Reyes, habitante de esta morada.
 
El intenso resonar inunda cada rincón, incluso la parte más alta del inmueble. Ahí, los estudiantes materializan un proyecto de “azotea verde”. Acelgas, jitomates y chiles son parte del cultivo.
 
La Valdimir Ilich Lenin es una de las 35 casas estudiantiles reconocidas y financiadas por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH). Anualmente les destina alrededor de 140 millones de pesos.
 
Únicas en su tipo por el sostén que reciben de la Universidad, las casas de estudiantes en Michoacán cumplen una noble misión: abrir las puertas del conocimiento a gente de escasos recursos. Hoy, sus muros cobijan al 10 por ciento de los estudiantes universitarios, es decir, a unos 5 mil hombres y mujeres provenientes de distintas regiones de la república mexicana.
 
Además de techo, los albergues ofrecen a sus moradores servicios gratuitos de agua, luz, comedor, sala de cómputo, internet, biblioteca… En algunos casos, las representaciones estudiantiles han conseguido incluso que la Universidad les condone pagos de inscripción y trámites escolares.
 
De no existir estas casas o de modificar su esencia, el futuro académico de los sectores empobrecidos aumentaría su incertidumbre. Convocados alrededor de una mesa de madera despostillada –frijoles, atún y tortillas de maíz, el menú del día– los habitantes de la Lenin refieren la importancia de estos albergues.
Fabiola Reyes, estudiante de la licenciatura en enfermería, es la única en su familia que ha logrado cursar los estudios universitarios. Asimismo, es una de las tres personas de su comunidad que ha llegado hasta este grado escolar.
 
—Yo soy [originaria] de una comunidad que se llama San Andrés Coapa, municipio de Acuitzio. Está cerca [de Morelia] pero no hay posibilidades de estudiar ni nada, porque allá no hay trasporte muy tarde o muy temprano en el cual podamos trasladarnos. Sí es muy difícil y más porque la economía allá… La mayoría son campesinos y no tiene la posibilidad de darnos una educación.
 
Himelda Hernández proviene de un grupo indígena de Hidalgo. Supo de la existencia de las casas de Michoacán porque su hermano vive en una de ellas. De no ser así, dice la joven estudiante de ingeniería eléctrica, “sería imposible seguir estudiando, porque yo de hecho ya había dejado de estudiar y me fui a trabajar al Distrito Federal. Yo pienso que a estas alturas estaría ahí, trabajando”.
 
Juan Carlos Arteaga, originario de una comunidad pobre del Oriente de Michoacán, es testigo del camino que involuntariamente siguieron los muchachos de su generación: trabajar en el campo o irse como ilegales a Estados Unidos. Por eso, él se siente agradecido con la casa del estudiante Lenin, que le ha brindado la posibilidad de llamarse y ser universitario.
 

Regular los albergues: gobierno de Michoacán

 
El pasado 28 de abril tres casas de estudiantes, la Nicolaíta, la 2 de Octubre y la Lucio Cabañas Barrientos, fueron desalojadas por unos 500 elementos de la policía estatal y federal. El hecho despertó, además de indignación por la violencia ejercida contra sus moradores, preocupación por el futuro de los albergues. Se habló, incluso, de su posible desaparición.
 
Y es que desde la fundación de la primera casa estudiantil en Michoacán, en 1915, han sido blanco de constantes ataques institucionales.
 
Juan Manuel Salceda Olivares, autor del libro Las casas del estudiante en Michoacán (1915-2001). Conquistas populares por defender, refiere lo incómodo que históricamente ha sido este proyecto para los gobernantes. Deriva del desempeño crítico que ha caracterizado a los habitantes de estas moradas. Primero como defensores del proyecto de educación socialista, que vivió su máxima efervescencia durante el gobierno de Lázaro Cárdenas; luego como punteros de reformas universitarias de carácter democrático, relacionadas con la toma de decisiones, el acceso de sectores marginados a la Universidad y de su quehacer ligado a las causas sociales.
 
—¿El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa [en  Michoacán] pretende desaparecer las casas estudiantiles? –se le pregunta a José de Jesús Reyna García, secretario de Gobierno.
 
—No. No existe ningún interés ni intención ni algún deseo siquiera del gobierno de desaparecer las casas del estudiante –responde, contundente.
 
Sin embargo, dice que es necesario regularlas, pues éstas se han convertido en “un conflicto para la ciudad”. Para el funcionario, las manifestaciones y bloqueos que realizan los estudiantes son muestra de ello. “Es una intranquilidad, porque no sabemos qué día, repentinamente, podemos o no transitar por las calles”.
 

Fin del autogobierno estudiantil

 
El primer paso para la regulación es que la UMSNH asuma el mando. Así lo expresa Salvador Jara Guerrero, rector de este centro educativo. En entrevista con Contralínea considera que a pesar de que las casas de estudiantes cuentan con reglamentos internos, éstos no se cumplen.
 
—No ha habido realmente un control. Yo creo que los universitarios debemos asumir también esa responsabilidad porque si las casas son de la Universidad, nosotros hubiéramos sido los primeros en contribuir para que se cumplan esos reglamentos.
 
Desde la década de 1930 –según refiere el historiador Juan Manuel Salceda– los albergues estudiantiles de Michoacán se han regido bajo un sistema de autogobiernos. Es decir, a pesar de que dependen económicamente de la Universidad, “en términos de decisiones, de organización, de regulación, son autónomos”.
 
Esta situación podría cambiar. De acuerdo con lo expresado por el rector, el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad, discute al respecto. La intención es que este Consejo legitime los reglamentos internos de las casas, “quizá sería bueno homogeneizarlos también”, pero sobre todo que establezca los mecanismos para que efectivamente se cumplan.
A Salceda Olivares y a los propios moradores de las casas les preocupa que este anunciado “intervencionismo institucional” posibilite el avance del modelo educativo neoliberal –la educación como una mercancía–, que ya ha alcanzado a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, según refieren. Esto iría en contravención de su carácter popular.
 
La casa de estudios ha delegado la responsabilidad de su ingreso estudiantil al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), a pesar de que investigadores como Hugo Aboites, doctor en educación por la Universidad de Harvard, han evidenciado la discriminación contra las mujeres y los jóvenes de clases populares que acompaña a los exámenes elaborados por este centro privado.
 
Asimismo, la UMSNH se limita a difundir por internet su convocatoria de nuevo ingreso y a asignar, por el mismo medio, las fichas a los jóvenes que deseen estudiar en sus aulas. Esto, dice Natalí Ángeles, habitante de la casa Lenin, afecta primordialmente a las clases pobres, pues “en muchas comunidades no hay computadoras, no hay internet. Entonces también eso está haciendo que menos moradores lleguen a las casas del estudiante, porque ya no tienen la forma de cómo adquirirlas [las fichas], aunque quisieran y tuvieran bastante capacidad de aprender”.
 
Para Eduardo Nava, catedrático de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, de la Universidad Michoacana, es imprescindible que la Universidad tome la batuta de la reglamentación única de las casas de estudiantes en Michoacán.
 
Refiere, por ejemplo, la existencia de un grupo de casas llamadas Espartaco, controladas por Antorcha Campesina, identificada como una organización filial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Y nadie dice nada de que el presupuesto de la Universidad favorezca a una organización corporativa del PRI”.
 
—Lo que hemos visto desde 1986 es que ningún rector ha tomado cartas cabales en el asunto. Por el contrario, algunos de los rectores sí se han servido de la corrupción, del manejo presupuestal hacia las casas, para hacer un manejo político.
 
A decir de Juan Manuel Salceda, cualquier modificación a las casas estudiantiles debe partir de procesos de autocrítica de sus habitantes, acompañados primordialmente por los “sectores pobres y excluidos”, que son los que participaron en la creación de estos albergues.
 

Limitar el acceso a estudiantes de otras entidades

 
Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán, comenta que uno de los aspectos que “no nos gusta” de los albergues estudiantiles “es que los michoacanos son minoría”. Por eso, “poco a poco se ha ido revirtiendo ese fenómeno y hemos ido logrando que las casas de estudiante, fundamentalmente sean casas para michoacanos”.
 
Cuestionado al respecto, Salvador Jara Guerrero, rector de la UMSNH, dice que ni siquiera la Universidad Nacional Autónoma de México “admite estudiantes de los estados y nadie dice nada”.
 
Agrega: “Yo creo que es muy bueno que nosotros contribuyamos a la formación académica de calidad de los jóvenes, no sólo de Michoacán, sino de Guerrero, Chiapas, Veracruz, etcétera. Pero cuando esto constituye ya un problema para los michoacanos, pues a lo mejor no con el ánimo de xenofobia, ni mucho menos, simplemente de control, eficacia, de calidad, pues a lo mejor tenemos que tomar alguna medida”.
 
En caso de institucionalizarse, dicha medida afectaría a estudiantes como Santiago, originario de Juxtlahuaca, Oaxaca, y morador de la Casa del Estudiante Nicolaíta.
 
El joven de 23 años comenta que el apoyo económico que recibe para continuar sus estudios proviene de sus hermanos, quienes “se fueron como indocumentados a Estados Unidos”. Su madre es analfabeta y los ingresos que recibe como empleada de una cooperativa escolar no son suficientes: no más de 1 mil 500 pesos mensuales.
 
—La mayoría de los habitantes de las casas somos de comunidades marginadas o donde apenas se está dando el desarrollo. Uno, con el afán o con las ansias de poder progresar viene acá y lo que encuentra es rechazo del mismo gobierno.
 
 
 
 Fuente: Contralínea 287

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