La crisis generada por el arraigo de varios generales del Ejército Mexicano, investigados a raíz de un señalamiento de supuesta complicidad con el narcotráfico, exhibe las grietas existentes entre la cúpula militar y la rama civil del gobierno. Más que una evidencia de la corrupción militar, el tiempo y forma de esta acusación revelan que más probablemente responda a un interés político mezquino y transitorio que a la convicción institucional de limpiar a fondo a las Fuerzas Armadas de la contaminación que haya provocado la delincuencia organizada.

 

¿Qué diferencia habría entre realizar este arraigo hace años, cuando un testigo protegido dijo tener conocimiento de generales vinculados al cártel de los Beltrán Leyva, o hacerlo ahora cuando está tan próximo el proceso electoral y todas las fuerzas políticas en contienda necesitan dosis grandes de credibilidad para obtener una ventaja en los comicios?

 

La frase escueta del presidente Felipe Calderón acerca de que su gobierno no tolerará la corrupción “venga de donde venga” suena más a un intento tardío e inoportuno de ganar credibilidad en el último tramo de su gobierno que a una política consistente y sostenida a lo largo de su sexenio.

 

Durante los últimos seis años, el gobierno ha mantenido a las Fuerzas Armadas en la misma opacidad de siempre. Nadie que no sean las propias fuerzas castrenses supervisan las operaciones militares; nadie les pide cuentas a los mandos por las armas que eligen o por el uso de sus tropas. La Secretaría de la Función Pública no cuenta con sistemas de acceso efectivo a las cuentas de los generales y de la administración militar.

 

Este gobierno intentó reformar la justicia militar, pero más tardó en presentar su proyecto que en retirarlo cuando las bancadas opositoras exigieron que el sistema de justicia civil que conociera de casos castrenses estuviera integrado por jueces civiles y no militares.

 

Nunca fueron tomadas decisiones serias y consistentes para aumentar la transparencia en la administración militar ni someter a los generales y almirantes a un esquema de supervisión y rendición de cuentas.

 

Las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados fueron desestimadas diciendo que eran casos aislados que no equivalían a una conducta sistemática del Ejército o la Armada de México.

 

La misma “guerra” contra el narcotráfico fue sustituida por operaciones de alto impacto que llegaron a incluir afrentas y humillación para los cadáveres de los narcotraficantes que supuestamente perecían en los combates.

 

Esos excesos, como el de cubrir con billetes el cuerpo sin vida de un jefe del narcotráfico, se asemejaban al prototipo de la guerra sucia en el pasado reciente, cuando cientos de jóvenes que tomaron las armas para cambiar al país fueron masacrados, desaparecidos, torturados y asesinados. Por supuesto que los sicarios de ahora nada tienen que ver con los guerrilleros de la década de 1970, pero una de las semejanzas fundamentales consiste en que tanto los sicarios del narcotráfico como los militares están enfrascados, como entonces, en un conflicto armado en el que no parece haber límites.

 

¿Qué significado tiene ahora, en este contexto, después de tantos años de negligencia para reformar el sistema legal castrense, el arraigar a cuatro generales del Ejército? En realidad ninguno más allá del interés utilitario de mostrar que el combate al narcotráfico va en serio y que no importa sin son militares los aliados de los delincuentes.

 

Nada nos garantiza que en estos años de inmersión profunda en la lucha contra la delincuencia organizada, el poder corruptor del narcotráfico no haya penetrado ya la cúpula militar. En un contexto en el que no existe fuerza en la rendición de cuentas ni en la transparencia de las Fuerzas Armadas, el riesgo de corrupción es muy alto y la disciplina militar, por más fuerte que sea, puede verse quebrantada.

 

Por esta razón, una medida tan limitada y oportunista como la de arraigar a cuatro generales en retiro con base en los dichos de un testigo protegido no sólo es demagógica sino también mezquina, estéril y contraproducente. ¿Qué confianza tendrán ahora los militares en los líderes civiles que lo mismo usan a las Fuerzas Armadas para argumentar que el gobierno combate con toda la fuerza del Estado a los narcotraficantes, y que luego eligen a exmandos castrenses como los chivos expiatorios de la necesidad de simular que el gobierno sí combate la corrupción militar?

 

Si este presidente quisiera hacer historia, entonces concentraría sus esfuerzos en reformar el marco jurídico constitucional de las Fuerzas Armadas, reducir sus privilegios innecesarios, transparentar la administración militar y someter a los generales, almirantes y demás jefes militares y navales a un sistema efectivo de rendición de cuentas. Decir que no será tolerada la corrupción venga de donde venga sólo puede parecer creíble en un contexto legal y político sólido que respalde esa afirmación.

 

Con una política así en marcha, los arrestos o arraigos de militares serían explicados como parte de una política de Estado y no como la acción desesperada de una fracción del gobierno que busca conservar el poder a toda costa, sin importar si el país y las instituciones están en riesgo de quebrarse por la violencia y la corrupción.

 

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington

 

 

 Fuente: Contralínea 287