Felipe Calderón perdió la guerra contra el narcotráfico. Los 70 mil mexicanos muertos y los 13 mil desaparecidos lo confirman. Estas cifras lo perseguirán  toda su vida y, por lo pronto, al dejar la Presidencia de la República. En descargo dirá, por supuesto, que él, “El hijo desobediente”, hizo lo que nadie se atrevió; que Felipe Calderón sí confrontó a las fuerzas del crimen organizado; que hizo frente a las organizaciones de asesinos que atentaban contra la población civil. Nunca reconocerá que colocó a jóvenes, a niños, a mujeres como carne de cañón en una estrategia fallida desde el inicio de su gobierno.

 

El resultado de la confrontación de Calderón, que tiene como escenario el territorio mexicano, es una farsa que la reportera de Contralínea, Nancy Flores, documenta en una amplia investigación que ha concluido en el libro: “La farsa detrás de la guerra contra el narco”. Editado por Océano, confirma que el negocio ilícito no sólo florece sino que goza de todas las garantías para su crecimiento y expansión. La falsedad del discurso de todo el sexenio panista, es desnudado por la periodista.

 

La violencia generada entre bandas de criminales y efectivos policiales y castrenses –con un trágico e inconmensurable número de daños colaterales–, es el objetivo de las políticas “antidrogas” y no una consecuencia de la “lucha” contra la delincuencia organizada.

 

México, además, exporta cárteles. En pocas palabras, durante el gobierno de Calderón el negocio del narcotráfico y el crimen organizado alcanzó una escala multinacional mucho más sangrienta e influyente que aquella que desarrollaron los cárteles de la droga colombianos. Un gramo de cocaína puesta en cualquier mercado de Estados Unidos hoy, gracias a la guerra de Calderón, cuesta mucho más cara. Ese es el logro, haber consolidado el oligopolio del negocio del tráfico de drogas y fortalecer los márgenes de ganancia y la utilidad de los cárteles más fuertes.

 

El libro de la reportera documenta la presencia de cinco cárteles mexicanos, encabezados por el de Sinaloa, que se ha extendido a más de 50 países, donde producen y trafican drogas, pero también lavan dinero y comercian lo mismo con seres humanos, que maderas y piedras preciosas.

 

Así, en La farsa de la guerra contra el narco, Flores describe cómo una incontenible plaga, la economía del crimen, se extiende por todos los rincones del planeta. Hasta ahora, no sólo ningún cártel mexicano ha sido desmantelado, sino que, con total impunidad, cinco de ellos se consolidan en los grandes mercados del mundo, según informes públicos de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos y Europa. El mejor ejemplo parece ser la empresa de Joaquín Guzmán Loera, el cártel del Pacífico o de Sinaloa, que tendría como puntos geoestratégicos a Colombia y a Perú, pero cuyos nexos podrían llegar hasta Rusia y África. 

 

Según el informe Drugtraffickingorganizations: source and scope of therisingviolence, elaborado por June S Beittel para el Congreso de Estados Unidos y dado a conocer el 7 de septiembre de 2011, el cártel de Sinaloa “tiene una importante presencia internacional en más de 50 países, incluyendo todo el continente americano, Europa, África occidental y el Sureste de Asia. Éste se describe como la organización mafiosa más poderosa en el hemisferio occidental”.

 

Sin ninguna limitación, la organización del Chapo Guzmán expande sus negocios en el país y en el extranjero. Pero no es la única en los negocios ilícitos trasnacionales. Otras cuatro de las siete agrupaciones criminales más importantes de México incursionan en éstos: los Zetas y los cárteles del Golfo, Tijuana y Juárez.

 

La demanda mundial que contribuyen a satisfacer está calculada entre 155 millones y 250 millones de personas consumidoras de sustancias ilícitas.

Una de las explicaciones para la ascendente internacionalización de los cárteles, es la enorme impunidad de que gozan, tanto por la ineficiencia del combate a sus actividades como por las redes de protección que, según se ha denunciado, operan a su favor. Al respecto, sobresalen los señalamientos que involucran a autoridades de Estados Unidos y de México –incluidas las revelaciones del testimonio ministerial de Vicente Zambada Niebla– en la salvaguarda del cártel de Sinaloa.

 

Los cárteles mexicanos se integran como una pieza relevante en la industria criminal internacional, en donde operan la Yakuza japonesa, las tríadas chinas, el Círculo de los Hermanos de Rusia, la ‘Ndrangheta… Sea cual sea el nombre y nacionalidad de las empresas, ni el tráfico de drogas ni su economía cesarán de existir en distintos rincones del planeta, y los consumidores tampoco.

 

Sucede que el negocio que mueve a los criminales es altamente rentable. En el ámbito mundial, el valor de mercado de la cocaína y la heroína se estima en 143 mil millones de dólares anuales (1 billón 615 mil 900 millones de pesos al año), indica la ONU [Organización de las Naciones Unidas] en su Informe mundial sobre las drogas 2010. Y la guerra que se libra en México no menoscaba en ningún sentido esas ganancias. De enero de 2007 a junio de 2011, se estima que los capos mexicanos lavaron más de 2 billones de pesos, sólo por venta de drogas en Estados Unidos.

 

Pero es un hecho que los negocios no se limitan al país con más consumidores en el mundo. De acuerdo con la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, los mercados de la cocaína, la heroína y los estimulantes de tipo anfetamínico son los más importantes del planeta. En estos tres mercados, los cárteles mexicanos tienen una vigorosa participación.

 

 

Felipe Calderón también tendrá que dar cuentas de otro problema: la escasa transparencia de su gobierno en el uso de los recursos. Respecto de otros sexenios, la práctica enquistada en muchas instituciones ha derivado en la pérdida de competitividad. Analistas, académicos, investigadores y representantes de organizaciones civiles expertos en combate a la corrupción, señalan que uno de los retos más importantes del próximo gobierno será transparentar las finanzas públicas.

 

Combatir la corrupción es otra de las fallidas promesas del presidente Felipe Calderón. En diciembre próximo entregará la administración del país con los niveles más altos de corrupción de los últimos años, según indicadores nacionales e internacionales. Bajo su gobierno, México, de acuerdo con una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, se colocó como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el menos confiable y transparente a juicio de su ciudadanía, de acuerdo con diversos indicadores elaborados por Transparencia Internacional (TI).

 

Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio –que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México– han demostrado el enorme desaseo que la actual administración en el gobierno federal ha tenido en materia de compras y contrataciones.

 

En el gobierno de Calderón, la mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y privilegian las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Cuando se realizan licitaciones públicas, las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para inflar los precios.

 

En entrevista para Contralínea, Sandoval Ballesteros, doctora en ciencia política por la Universidad de California y consultora del Banco Mundial, destaca que una de las áreas clave donde el “desaseo” se torna ya en “extremos sumamente peligrosos”, es en las empresas paraestatales, particularmente en Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo. Desafortunadamente, las reformas recientes no han sino empeorado las cosas. La actual Ley de Petróleos Mexicanos estableció un régimen de excepción para las compras de bienes y servicios en todas las áreas sustantivas de la empresa, removiéndolas del control del Congreso de la Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la producción y la refinación simplemente ya no es necesario aplicar la Ley de Adquisiciones sino las disposiciones propias que hoy elabora el Consejo de Administración de la empresa a su leal saber y entender.

 

México no tiene avance alguno en materia de combate a la corrupción. Las viejas prácticas incrustadas en las administraciones priístas no se erradicaron, por el contrario, el soborno se convirtió en cuota de rigor para una de cada cinco empresas como la única forma de asegurar sus negocios o contratos, de acuerdo con el diagnóstico del Foro Económico Mundial (FEM).

 

Los directivos empresariales de diversas partes del mundo encuestados por la organización –que tiene su sede en Ginebra, Suiza– coincidieron en que la corrupción es uno de los dos factores más problemáticos para hacer negocios en México –el otro es la inseguridad–, y una de cada cinco empresas admitió que mediante el pago de sobornos aseguran sus negocios.

 

Los escándalos de soborno, cohecho, tráfico de influencias, quebranto patrimonial y, en general, de prácticas corruptoras, se volvieron tan frecuentes y costosas que hoy equivalen al 9 por ciento del producto interno bruto, según cálculos del FEM. A nivel empresarial las compañías gastan hasta el 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, práctica a la que recurre más del 70 por ciento de empresas.

 

Asimismo, el artículo 57 de esa Ley incluye ya una larga lista de áreas donde Pemex puede simplemente optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa, independientemente del monto del contrato respectivo y de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refiere el Artículo 27 constitucional. Tales disposiciones, evidentemente en lugar de reducir el margen de discrecionalidad, prometen hundir aún más a la empresa en el pantano de la corrupción. 

 

El soborno trasnacional –otra fuente de corrupción– proliferó bajo este gobierno. En el Índice de fuentes de sobornos, México obtuvo una calificación de siete en una puntuación donde 10 equivale a países cuyas empresas nunca pagan sobornos y cero a empresas que prácticamente basan sus relaciones comerciales en sobornos a sus socios, proveedores, o incluso a sus competidores. El sector bancario y financiero, junto con la silvicultura, el petróleo, gas y minería son las ramas con mayor incidencia de sobornos y pagos indebidos a funcionarios públicos y políticos de alto nivel con el fin de conseguir influencias.

 

Bajo los gobiernos que anunciaron un combate a la corrupción, que en la práctica no se vio reflejado, México se convirtió en epicentro de corrupción de muchos consorcios trasnacionales.

 

En contraste con la pasividad de las autoridades mexicanas, en Estados Unidos el Departamento de Justicia ha realizado exhaustivas investigaciones en contra de numerosas compañías trasnacionales implicadas en prácticas corruptas en sus negocios mundiales.

 

En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del DOJ, de la Oficina Federal de Investigaciones y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios.

 

También de regalar inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; por consentir a funcionarios públicos con el pago de sus tarjetas de crédito, el abasto de suntuosos guardarropa, cirugías estéticas para sus parejas, el pago de lunas de miel, y hasta de “entretenimiento inapropiado” básicamente servicios sexuales.

 

El pago de los sobornos se realizó por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero, y también con estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturaron los sobornos como si fuesen “consultorías”, “asesorías” o “gastos de operación”. O también mediante fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.

 

En tal condición, el gobierno de Estados Unidos obtuvo confesiones de ejecutivos de empresas como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown &Root, General Electric, Goldman SachsGroup, LindseyManufacturing, entre otras (Contralínea 254).

 

Los casos más recientes son el de Bizjet Internacional, compañía del sector aeronáutico que sobornó a funcionarios de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial para obtener millonarios contratos para el mantenimiento de aeronaves. Y el de Walmart, trasnacional que incurrió en “soborno sistemático” por 24 millones de dólares para “dominar” el mercado mexicano.

 

A todas las empresas declaradas culpables de soborno trasnacional el gobierno de Estados Unidos les ha impuesto multas millonarias ingresadas a las arcas públicas de ese país. En contraste, la administración de Felipe Calderón continuó transfiriendo, a la mayoría de esas compañías, millones de pesos del erario vía contratos gubernamentales o apoyos vía impuestos.

 

Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales. Todo esto es el legado del último gobierno panista.