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El tema de la generación de empleos se va colocando como uno de los insalvables pendientes en la agenda de los candidatos presidenciales; hace seis años, a cambio de su voto, Calderón prometió a los mexicanos, convertirse en el “presidente del empleo” y generar 1 millón de puestos de trabajo anuales y bien remunerados que ayudaran a resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy, a la distancia, no hay generación de empleos, los salarios han visto pulverizar su poder de compra en un 42 por ciento y, peor todavía, la clase trabajadora ha enfrentado una de las peores embestidas en toda su historia por parte del gobierno federal.
 
Aun así, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, intenta dorar la píldora a los mexicanos al asegurar que ella es “diferente”, cuando, por ejemplo, es también una entusiasta promotora de las “grandes” reformas pendientes de su partido, entre ellas la laboral a la que, más por coyuntura política que por diferencias ideológicas, decidió no sumarse el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el pasado periodo ordinario del Congreso de la Unión.
 
La brutal realidad que enfrentan millones de trabajadores y desempleados en México no puede ser ocultada por el maquillaje publicitario de los actuales contendientes; es necesario denunciar el maridaje de intereses mutuos que existe entre el PRI y el PAN por mantener el actual modelo económico neoliberal que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Ese modelo sustentado en la protección a un capitalismo salvaje que permite la desmedida acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, y que obstaculiza la distribución de la misma, más justa, humana y equitativa, tal y como, paradójicamente, lo establece nuestra Constitución Política.
 
Panistas y priístas (que han ido de la mano en la confección de la reforma laboral que se encuentra detenida en el Congreso de la Unión, para fortuna de la clase trabajadora) buscan la creación de miles de empleos, o mejor dicho, de subempleos de mala calidad, pagados por hora, sin un salario digno y sin contratos colectivos que garanticen las prestaciones de ley a los trabajadores e impidan su acceso a la seguridad social.
 
Es decir, condiciones laborales que favorezcan en todos los sentidos a los patrones para que al momento que así lo decidan puedan despedir a sus empleados sin la menor responsabilidad, amparados en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que plantean priístas y panistas mediante la legalización de las subcontrataciones (outsourcing), mismas que a pesar de ser también instrumentos de evasión fiscal ya operan en muchas empresas en México con el consentimiento de las autoridades laborales.
 
Las recientes denuncias sobre casos de corrupción de la trasnacional Walmart sacaron a la luz la violación a los más elementales derechos laborales de sus empleados a través de sindicatos blancos y contratos de protección avalados por la propia Secretaría del Trabajo. A pesar de esto, el propio presidente Calderón se atrevió a decir que la cadena era una excelente generadora de empleos, lo mismo que el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, quien salió en defensa del monopolio. Ahora, al paso de las semanas, ya nadie dice nada sobre las condiciones infrahumanas de sus miles de empleados. El silencio del gobierno de Calderón es más que obvio.
 
La señora Josefina igual que Peña Nieto se guardan bien de decir qué tipo de empleos piensan generar en sus probables gobiernos; si son empleos en condiciones de semiesclavitud como los de Walmart, ya pueden ir encomendándose a Dios las generaciones de millones de jóvenes que están por ingresar al mercado laboral, pues de mantenerse vigente el modelo económico que defienden PRI y PAN se podrán ir olvidando de tener derechos sociales como el acceso a la vivienda o a una jubilación digna.
 
Es impostergable, por ello, que los sindicatos independientes y las organizaciones sociales, campesinas e indígenas del país promuevan jornadas de reflexión del voto para que los trabajadores y sus familias no apoyen en las urnas a aquellos partidos que buscan desintegrar las conquistas laborales. Que los jóvenes que van a sufragar por primera ocasión, se enteren de lo que hay detrás de la cortina publicitaria de las campañas y sus consabidos buenos deseos de cada seis años.
 
No puede aceptarse que México –un país con tantas riquezas y recursos naturales– se ubique entre los países de América Latina con una de las peores desigualdades en los ingresos y en las condiciones laborales de su población, al punto de ser comparado con naciones centroamericanas tan pobres como Honduras y El Salvador, según establecen con precisión estudios de la Organización Internacional del Trabajo.
 
Es censurable que, además de haber estado muy lejos de su expectativa laboral, el gobierno de Felipe Calderón haya optado no sólo por darle la espalda a los trabajadores sino por emprender una persecución en su contra, sobre todo hacia los sindicatos independientes como los de Mexicana de Aviación, mineros y  electricistas, por citar algunos de los casos más emblemáticos.
 
Poco a poco, y luego de una lucha de años, los mineros obtuvieron un fallo a favor por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vino a demostrar el sinfín de triquiñuelas legales que utilizó en su momento el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, para negarle a Napoleón Gómez Urrutia, la toma de nota como líder de su gremio. Comprometidos en proteger los intereses de Germán Larrea y su Grupo Minero México, los panistas buscaron encarcelarlo por delitos inexistentes, obligando al dirigente a refugiarse en Canadá.
 
Los trabajadores tanto de tierra como de aire de Mexicana de Aviación se sumaron a la defensa de sus derechos y a una voz pelearon por meses hasta conseguir que el entuerto jurídico –sostenido desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por figuras tan perversas del panismo como el exsecretario Juan Molinar Horcasitas (también responsable, como exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la tragedia en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora)– se viniera abajo.
 
Por casi dos años, más de 200 mil empleos indirectos se vieron afectados en todo el país por el cierre de Mexicana, firmas voraces como Aeroméxico y muchas otras de bandera extranjera, se enriquecieron al haber impuesto altas tarifas a millones de usuarios sin que las autoridades movieran un solo dedo para evitarlo. El costo a la economía nacional fue muy alto, pero no se compara con el precio que debieron pagar, con sus familias, los miles de trabajadores que se quedaron sin empleo.
 
En el Sindicato Mexicano de Electricistas tampoco hemos cedido un palmo de terreno en nuestra lucha por demostrar a México y al mundo que la razón, tanto moral como jurídica, nos asiste en nuestra justa demanda por recuperar nuestros empleos. Por eso, seguiremos haciendo un llamado a la clase trabajadora y a todo el pueblo de México para que reflexionen su voto y no apoyen a los partidos PRI y PAN, que insisten en mantener el actual modelo económico por seis años más a costa del hambre y las carencias de millones de mexicanos; a costa de cancelar un futuro laboral próspero y seguro a nuestros jóvenes, y a costa de mutilar las pensiones y jubilaciones a nuestros adultos mayores. Por el bien del país, ni un voto a ambos partidos.
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 Fuente: Contralínea 286