Oficio de Papel

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La noche de los generales

La noche se le vino al Ejército. Nerviosismo, preocupación, intriga y miedo privan en las Fuerzas Armadas. Todos desconfían de todos. Nadie está seguro. Cualquier general de división y otros de menor rango pueden ser acusados de vínculos con el narcotráfico, señalado por algún testigo protegido y capturado para ser sometido a proceso penal por delincuencia organizada. Nadie está seguro, ni siquiera el secretario de la Defensa Nacional.

 

Con las últimas detenciones de varios generales de división en retiro, acusados por delitos de delincuencia organizada, se ha trastocado a la última institución del Estado que parecía estar a salvo de la corrupción galopante que domina el escenario de la política nacional. Ahora cualquiera traiciona, cualquiera acusa. Basta un señalamiento de algún testigo protegido o, como sucedió con los tres generales capturados, fueron espiados y grabados por el policía consentido de Los Pinos, quien tiene a su disposición toda la tecnología y costosos aparatos para vigilar a  funcionarios, empresarios, luchadores sociales, periodistas y también a los candidatos presidenciales.

 

Nadie escapa a las escuchas de la Secretaría de Protección Pública federal, desde donde endulzan el oído al ocupante de Los Pinos, quien sólo necesita dar un nombre, una dirección o un apodo para que las potentes computadoras arrojen sábanas de información, verdadera o falsa, no importa, y se conviertan en expedientes incriminatorios en contra de opositores, enemigos o simplemente críticos al sistema.

 

Desde ahí salió la información que ahora tiene en jaque a todas las Fuerzas Armadas. La venganza en contra del Ejército empieza a tomar curso. Es en las Fuerzas Armadas, precisamente, en donde han despreciado y descalificado el trabajo del policía de Los Pinos, a quien inclusive le atribuyen “relaciones peligrosas”. Pero fue éste quien se adelantó y ha reunido delicados expedientes acusatorios en contra de generales de división. Ha empezado la noche de los cuchillos largos.

 

El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también tiene expedientes abiertos, como la posesión de un lujoso restaurante en la ciudad de Cuernavaca, en manos de su esposa, del que supuestamente se habrían pagado 8 millones de pesos en efectivo al dueño Leopoldo Chelala. La operación se realizó el 18 de febrero de 2008 y quedó constancia ante el licenciado José Eduardo Menéndez Serrano, titular de la Notaría número 7.

 

Esta propiedad se sumaría a otras de las que la prensa ha dado cuenta y respecto de las cuales no se explica el manejo líquido de millones de pesos; y mucho menos que el salario honesto de un secretario alcance para ello.

 

¿Quién sigue en el Ejército?

 

Cuando Felipe Calderón recibió hace seis años su constancia de presidente electo de México, de inmediato inició el proceso de revisión de quienes integrarían el primer círculo de su gabinete. En ese importante grupo era prioritaria la selección del que ocuparía el cargo de secretario de la Defensa. En ese entonces, Calderón delegó esa responsabilidad a quien sería su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, mismo que se encargó de entrevistar a los cinco generales que tenían aspiraciones y posibilidades de ocupar la titularidad de esa dependencia.

 

Según la versión que Mouriño relató tiempo después a un colaborador y amigo, el general Tomás Ángeles Dauahare encabezaba dicha lista, e incluso Calderón se inclinaba por él para designarlo secretario de la Defensa. Las entrevistas se sucedieron una a otra, hasta que el último de la lista, el general Guillermo Galván Galván, le hizo a Mouriño una cruda radiografía del Ejército, que culminó en que esta Secretaría era sólo un cascarón. Le habló de las debilidades de las Fuerzas Armadas, aunque también mencionó lealtades y fortalezas. Eso gustó al joven Mouriño, quien meses después se convertiría en secretario de Gobernación, y así lo transmitió a su jefe Calderón, quien sin dudarlo hizo caso y tomó la decisión de que Galván era el bueno.

 

Desde aquel año, cuando el general Ángeles pudo alcanzar la gloria y convertirse en secretario de Estado y principal responsable de la seguridad nacional del país, las cosas han cambiado y ahora con su detención por acusaciones de vínculos con el narcotráfico se dispone a vivir un infierno del que nunca podrá salir, bajo acusaciones de delitos de delincuencia organizada.

 

Otro general de menor rango, Roberto Dawe González, también está acusado de los mismos delitos y fue detenido simultáneamente a Tomás Ángeles para enfrentar la justicia federal. Días después, un tercer general de división en retiro, Ricardo Escorcia Vargas, fue presentado ante el Ministerio Público Ffederal responsable de delitos por delincuencia organizada.

 

Sean o no culpables los tres generales de tener algún vínculo con cárteles de la droga y haberles proporcionado información o protección, lo cierto es que el poder corruptor del crimen organizado ha penetrado todas las estructuras de las corporaciones policiales del país, pero lo más grave es que esta embestida de flujos de dinero sucio ha llegado también a las Fuerzas Armadas desde hace varios años y ahora se vuelve a confirmar el riesgo que tiene el país al implicar e involucrar a militares en la lucha contra el narcotráfico.

 

Desde el momento en que el gobierno federal decidió que efectivos militares asumieran responsabilidades policiales y fueran el Ejército Mexicano y la Armada los que encabezaron el combate contra el crimen organizado, principalmente en lo que se refiere a bandas del narcotráfico, se dejó vulnerable a la principal fuerza de protección del país y de la seguridad nacional.

 

El poder corruptor del crimen organizado ha tocado gravemente a las Fuerzas Armadas a través de altos mandos militares, comandantes de zonas y grupos especiales responsables de combatir a jefes de la mafia mexicana, quienes se han visto involucrados en sobornos, chantajes y complicidades con bandas del narcotráfico, lo que confirma, una vez más, la equivocada política de “guerra” del gobierno de Felipe Calderón. Éste será recordado como el presidente de los 70 mil muertos que ha dejado esta “guerra” sin cuartel.

 

Esa decisión de sacar a la calle a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la población –que no se ha logrado en cinco años y medio de gobierno calderonista– ha provocado abusos y excesos de militares en contra de la población. Esto se ha traducido en quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Ejército. Además, algunos militares de alto rango en activo, otros en retiro y unos más en funciones de jefes policiacos, han sido acusados y procesados por delitos de delincuencia organizada, como protección a bandas del narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de drogas.

 

Ahora tocó el turno a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas. El primero con un historial militar impresionante que incluyó haber ocupado la única Subsecretaría de la Defensa.

 

Para evitar especulaciones, la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la investigación en contra de ambos generales, aseguró en un comunicado que la captura y acusación penal de Ángeles y Dawe nada tienen que ver ni están relacionadas con el proceso electoral de julio para designar presidente de la República.

 

La PGR adelantó la aclaración porque el general Ángeles Dauahare participó hace unas semanas en una mesa de análisis convocada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para fijar agenda y programa de trabajo en caso de que su candidato, Enrique Peña Nieto, pudiera asumir la Presidencia.

 

Sin embargo, sabemos que el candidato del PRI ha sostenido encuentros y reuniones de trabajo con varios generales en activo y otros en retiro. Entre ellos destacan el mismo Tomás Ángeles, exsubsecretario de la Defensa; el actual subsecretario general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, y el oficial mayor general de división Salvador Cienfuegos Zepeda. Estos dos últimos con deseos de convertirse en secretario de la Defensa, aspiración que los convierte en blanco de investigaciones federales para determinar si no tienen algún nexo con el crimen organizado y bandas del narcotráfico, las cuales andan muy activas para cooptar a quienes puedan asumir algún cargo en la próxima administración federal y esto les asegure impunidad y protección en el siguiente gobierno.

 

En el caso de la detención de Ángeles Dauahare, las indagatorias de la procuraduría apuntan a posibles nexos con el cártel que comandaban los hermanos Beltrán Leyva, grupo socio de los Zetas y enemigo del cártel de Sinaloa que comandan Joaquín Guzmán Loera y Juan José Esparragoza.

 

*Periodista

 

 

 

Revista Contralínea 285 / 20 de mayo de 2012
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