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Cada cinco días desaparecen forzadamente ocho personas en México; además, a diario son levantados más de cinco individuos de quienes no se vuelve a saber. El drama actual contrasta con los desaparecidos políticos de la Guerra Sucia: siete por cada 50 días. Los actuales crímenes de lesa humanidad son 962.9 por ciento más que los cometidos en el periodo de 1962 a 1987. En el sexenio de Calderón, 110 servidores públicos han sido procesados por el delito de desaparición forzada. Vigentes, al menos 46 averiguaciones previas por este ilícito en la PGR y otras 26 en tribunales militares, revela información oficial

 
“Espero que regrese”, es el deseo de María Guadalupe Dondiego Rojas, esposa de Ricardo, desaparecido en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 19 de junio de 2009. Es la última frase de la entrevista, un deseo que se dice a ella misma. Tres palabras que a diario le dan fuerza para continuar la búsqueda. Nadie sabe con certeza el dolor, la angustia y la desesperación en que ha vivido durante los últimos 1 mil 61 días, en los que ha esperado lo mismo: que Ricardo regrese.
 
El drama de María Guadalupe y de sus dos pequeñas hijas se extiende a miles de familias en todo el país. En cinco años de “guerra” contra el narcotráfico, el cálculo de los levantados –término inventado por los criminales, las autoridades y los medios de comunicación para describir los secuestros por los que no se reclama rescate y de los cuales las víctimas parecen no regresar– es de 10 mil personas, indica el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El de los desaparecidos por fuerza (en los que estarían involucradas autoridades de alguno de los tres niveles de gobierno), en ese mismo lapso, es de al menos 3 mil, según el Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
 
Esto es que a diario cinco personas son levantadas. También, que cada cinco días elementos del Estado mexicano están implicados en la desaparición de otras ocho.
 
La tragedia que padece México no es de números o estadísticas, es de personas: de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ancianas y ancianos: historias que han sido truncadas de una forma desconocida, violenta. No hay reencuentros ni cuerpos ni tumbas donde llorarles. Ellos simplemente se desvanecen.
 
Y sí, desaparecen como Ricardo, su hermano y otros siete de sus compañeros. No hay rastro que seguir. “Él era técnico en telefonía de Nextel, y esa empresa los llevó a trabajar a Tamaulipas. Tenían como una semana trabajando en las antenas telefónicas. Un día antes de que lo levantaran llegó una patrulla, no sé si de la policía estatal o federal, al departamento donde se hospedaban y los agentes les preguntaron sus datos e información general sobre sus actividades”.
 
Ricardo vivía con María Guadalupe y sus dos hijas en Celaya, Guanajuato. Y desde que llegó a Tamaulipas se comunicaba con su esposa todos los días: “En el momento en que lo levantaron él estaba hablando conmigo. Eran aproximadamente las 10 y media de la noche. Él iba llegando del trabajo. Estábamos platicando sobre nuestras hijas. Entonces cambió su tono de voz, me dijo que tenía que colgar [el teléfono] y lo hizo sin darme ningún motivo, cosa que nunca hacía. Nunca me colgaba.
 
“A los 15 minutos comencé a marcarle… Seguí haciéndolo toda la madrugada sin obtener respuesta. Al siguiente día me comuniqué con la esposa del ingeniero responsable del grupo y me dijo: ‘No ha de haber señal’. Pero él siempre me avisaba cuando iba a lugares sin cobertura para que las niñas no le marcaran”.
 
María Guadalupe cuenta que fue hasta el tercer día cuando otros ingenieros fueron al departamento donde se alojaban Ricardo y las otras ocho personas: “Estaba hecho un desastre. Todas las cosas estaban desordenadas. Las puertas rotas y las cerraduras forzadas”.
 
La mujer se esfuerza en reconstruir en su imaginación lo sucedido: “Cuando mi esposo estaba platicando conmigo, sus compañeros de trabajo vieron gente extraña o no sé; me colgó, tal vez corrieron hacia el departamento y por eso [sus captores] rompieron las puertas”.
 
Ricardo, quien tendría 32 años de edad, había trabajado desde los 22 años y hasta el momento de su desaparición para Nextel, “pero la compañía se deslindó. Sólo fueron a recoger las pertenencias de la empresa”. Para su esposa, él era una buena persona, a quien no le gustaba meterse en pleitos; muy responsable y amoroso con sus niñas, ahora de cinco y siete años de edad.
 
También muy sociable y amiguero. Y aunque le gustaba la música de las bandas El Recodo y La Arrolladora, Ricardo no era bailador. La mayor parte del tiempo María Guadalupe emplea los verbos en pasado, casi nunca en presente: ése es uno de los costos de la ausencia. Ricardo es alto, como de 1.80 metros, y pesa un poco menos de 80 kilogramos, de tez blanca. “A ver si no me reclama por no ser tan precisa en los datos”. Detrás de la broma se asoma la esperanza.
 
“No somos una familia con dinero: no tenemos ni coche ni casa propia”,  reflexiona cuando se le preguntan los posibles motivos de la desaparición. “Yo creo que sí es por su trabajo”. En estos 1 mil 61 días nadie le ha llamado para pedir rescate. “Cuando regrese no voy a saber qué decirle. Me voy a desmayar de la emoción”.
 
A sus hijas les asegura que Ricardo está trabajando. “Es muy difícil porque extrañan mucho a su papá; sería muy duro decirles la verdad: al final, son niños y en su cabecita pueden imaginar muchas cosas, se traumarían. Si su papá no llega, prefiero que con el tiempo vayan asimilando las cosas”.
 
El calvario lo padece ella, que vino al Distrito Federal en la Marcha de la Dignidad Nacional. Madres Buscando a sus Hijos y Buscando Justicia. María Guadalupe ha participado en esta protesta (del 10 al 12 de mayo) para visibilizar un fenómeno que afecta a más de 13 mil familias y exigir esa justicia que no ha encontrado en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en el Ministerio Público de Nuevo Laredo, donde levantó el acta de la desaparición y donde no tienen, siquiera, una línea de investigación sobre el caso de Ricardo.
 

Peor que en la Guerra Sucia

 
Los más de 3 mil desaparecidos forzadamente y los 10 mil levantados superan en 962.9 por ciento los crímenes de esta naturaleza cometidos durante la Guerra Sucia.  De acuerdo con el Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (editado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH), entre 1962 y1987 “se habrían cometido alrededor de 1 mil 350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez. De aquellas personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, solamente dos habrían sido localizadas”.
 
En entrevista, Javier Hernández Valencia, representante de la ONU-DH en México, explica que en los casos actuales hay tres modalidades: “Las desapariciones en las que intervienen funcionarios y fuerzas policiales directamente; aquéllas en las que intervienen grupos delincuenciales en complicidad con funcionarios; y aquéllas en las que no hay conexión con las autoridades”.
 
Agrega que el problema es que se le da el mismo tratamiento a las desapariciones forzadas y a las desapariciones que cometen los delincuentes sin intervención de servidores públicos. Ambas, señala, reciben la misma respuesta: “No hay resultados. Esas familias [agraviadas] no tienen para dónde volverse”.
 
Al responder la solicitud ciudadana de información 0001700027611, la PGR reconoce que 110 servidores públicos han sido indiciados por el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada (tipificado en el artículo 215-A del Código Penal Federal), de 2006 a abril de 2011.
 
La información oficial detalla que de 2007 a 2010 se integraron 57 expedientes de averiguación previa por ese ilícito, de los cuales se determinaron 55 en el mismo periodo: uno por acumulación; dos por consignación sin detenido; 37 por incompetencia; dos por no ejercicio de la acción penal y 11 por reserva.
 
Además, el 21 de marzo pasado la PGR informó que “en 2011 se iniciaron 21 averiguaciones previas a nivel nacional por el delito de desaparición forzada” (respuesta a la solicitud ciudadana 0001700016812, hecha pública en el portal del Infomex). También, que “actualmente se encuentran en integración por ese delito 46 averiguaciones previas”. Al respecto, la PGR aclara que “al iniciar la radicación de las averiguaciones previas fueron registradas con un delito probable, pero con motivo de su integración se pueden advertir diversos delitos, mismos que serán resueltos hasta la determinación correspondiente de las indagatorias”.
 
En tribunales militares también se han investigado este tipo de crímenes. La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud ciudadana 0000700 178411 revela que del 1 de enero de 2009 al 21 de octubre de 2011 se abrieron 26 averiguaciones previas por desaparición forzada. Para los años de 2007 y 2008 no hay ningún  registro, según la autoridad militar.
 
El representante de la ONU, Javier Hernández Valencia, refiere que de las desapariciones forzadas e involuntarias “no tenemos un registro preciso a nivel nacional”. Indica que hay un esfuerzo importante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar de recopilar información, pero el problema es que este tipo de crimen se trata de distinta manera dependiendo del lugar donde sucedió.
 
“En 24 entidades las desapariciones se abordan como abuso de autoridad, abandono de familia y otras denominaciones, y sólo en ocho estados se tiene tipificado el delito de desaparición forzada dentro del sistema jurídico. No tenemos las herramientas jurídicas en todos los niveles [jurídicos] que lo necesitamos.”
 
Y es que mientras las organizaciones civiles hablan de unos 13 mil casos entre desapariciones forzadas y levantones, la PGR sólo da cuenta de 608 casos: 38 en 2007; 143 en 2008; 140 en 2009; 250 en 2010, y 37 entre enero y mayo de 2011 (respuesta a la solicitud ciudadana 000170010 4711).
 
 

Dos, de los 13 mil

 
Romana Ortiz Reyes abraza con fuerza un par de fotografías ya  desvaídas. Su historia, sintetizada en esos retratos, le causa un doble dolor: hace cuatro años, su hijo Pedro y su nieto Armando fueron desaparecidos en la comunidad Matamoros, en Coahuila.
 
El lunes 12 de mayo de 2008, ambos salieron a las nueve de la mañana con la promesa de volver a la hora de la comida. El último contacto que su familia tuvo con ellos fue por la tarde. Pedro llamó desde el Palacio de Gobierno para avisar que estaba haciendo trámites para poder trabajar las máquinas tragamonedas y de videojuegos que colocaba en tiendas de abarrotes.
 
A Pedro y a Armando se los tragó la tierra. Nadie los ha vuelto a ver. Dos llamadas a sus celulares fueron contestadas: una de ellas a las 11 de la noche del 12 de mayo. Eran sus captores. Avisaban que tanto Pedro como Armando estaban secuestrados en la colonia La Durangueña, porque “se habían metido en su territorio”; la segunda, a la una y media de la madrugada del martes 13. Sólo se oyeron burlas ante las súplicas de la familia que rogaba pagar un  rescate a cambio de que Pedro y Armando volvieran con bien.
 
Días después, una llamada telefónica recibida sólo permitió a la familia escuchar quejidos de dolor. Jamás se pidió un rescate. Pedro Ramírez Ortiz hoy tiene 36 años, es de tez morena, nariz recta, frente angosta, cabello y ojos negros, pestañas grandes y mide 1.65 metros de estatura. Armando Salas Ramírez hoy tiene 24 años, mide 1.92 metros, es de tez blanca, ojos color miel y cabello castaño.
 
¿Hablar de ellos en presente o en pasado? A Pedro le gustaba la música: solía cantar en un grupo musical los fines de semana, así llevaba más dinero a casa para mantener a su esposa e hijos. Armando apenas tenía cuatro meses trabajando en el negocio de las máquinas tragamonedas y de videojuegos; antes laboraba en una purificadora de agua. Ambos habían planeado dejar ese trabajo. La situación estaba muy peligrosa y, aunque les pagaran menos, habían decidido entrar a una maquiladora.
 
“Cuando miren las camionetas de Los Zetas, párense o métanse en una tienda porque están levantando mucha gente”, les recomendaban a Pedro y Armando sus clientes, pues sabían lo peligroso que se había vuelto Coahuila.
 
Con lágrimas en los ojos, Romana cuenta que desde entonces los han buscado en Monterrey, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Torreón, Saltillo, México; en hospitales, colonias, cerros, ranchos. El dinero para pagar estos traslados ha salido de su trabajo y de las limosnas que ha conseguido.
 
Romana llora. “Trabajo mucho, le pido a la gente que se solidarice con nosotros, que nos regale unas monedas para completar los pasajes”. Con más de 50 años a cuestas, la señora vende pan unos días; otros, tamales; algunos más, hamburguesas. Necesita dinero para ayudar a sus nietos que desde hace cuatro años se quedaron sin padre, a la deriva. “Nunca me voy a cansar de buscar, hasta el día que Dios me quite la vida. Nunca me voy a cansar porque es mi hijo”.
 

Los migrantes silenciosos

 
Aunque nadie quiera verlas ni oírlas, las historias se multiplican. Alejandro Castillo hoy tiene 19 años. El 21 de marzo de 2011 salió junto con 23 amigos y vecinos de San Luis de la Paz, Guanajuato. Su destino, al que nunca llegó, era Estados Unidos. Los jóvenes harían una escala en Monterrey, Nuevo León, para reunirse con otras personas y luego llegarían a Camargo, Tamaulipas. Nadie sabe dónde ni cómo se truncó el viaje.
 
Su sueño era conseguir dinero para construir su casa y poner un negocio. Alejandro quería “una casa de la que se sintiera orgulloso por haberla hecho con sus propias manos y su propio esfuerzo”, relata su madre, Julia Ramírez.
 
El joven abandonó la preparatoria, pero como no encontró trabajo durante todo un año decidió migrar. Para sus padres, el responsable de su desaparición es el gobierno. Desde que se le perdió el rastro, Julia sólo tiene un objetivo: buscar y encontrar a su niño, a su Alejandro. “El amor de madre es grande y yo voy a luchar por él”.
 

Víctima de trata

 
Ariti Silvia Rocío Vázquez Preciado fue sustraída del interior de su domicilio –ubicado en Zumpango, Estado de México– el 17 de febrero de 2010, poco antes de su cumpleaños número 18. La historia de esta joven ha sido dramática desde su infancia, cuando quedó huérfana de padre y madre. Hildelisa Preciado, su tía, narra que gracias a organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, saben que Ariti está sufriendo trata de personas.
 
“Han destrozado a toda mi familia. Después de seis meses, empezaron a extorsionarme por teléfono para que pudiéramos hablar con ella; cuando pagamos, tenemos el derecho a hablar con ella uno o dos minutos, y la llamada se repite después de tres meses; pero desde septiembre del año pasado no sabemos nada de ella.”
 
Hildelisa  dice que de la policía han recibido una sola respuesta: “Ella es mayor de edad y está fuera de casa por su gusto”. Agrega que en los pocos contactos que tuvieron con la víctima, Ariti les contó que la golpean, la maltratan. “Nos pidió que no sigamos con las denuncias, porque cuando denunciamos le va mal. Insistió que nos estemos quietos. Las personas que la tienen la chantajean con hacernos daño.
 
“La última vez que hablamos con ella, en septiembre, nos dijo: ‘Esto ya va a terminar, ya quiero salir; me dijeron que dentro de dos días termino de pagar lo que debo [10 mil pesos] y me dejarán salir’. Pero ya no volvimos a saber nada de ella.”
 
Ariti vivía con otra tía suya. El día que la joven fue plagiada, la hermana de Hildelisa encontró las puertas de su casa forzadas y el interior desordenado. Ya no había ninguna pertenencia de Ariti.
 
“Mi hermana nos avisó y empezamos a buscarla en la morgue, en hospitales, en donde pudimos. Ahí es cuando empieza el apoyo de Amnistía Internacional. En la Procuraduría de Justicia del Estado de México no querían levantar el acta porque, según ellos, mi sobrina se había ido con el novio. Mes y medio después ya se pudo levantar el acta, pero me decían: ‘Es una persona localizable; ya no la busque, déjela en paz o si no la metemos a usted a la cárcel; además [su sobrina] ya es mayor de edad y puede hacer lo que quiera’.
 
“Pero si eso fuera cierto –dice Hildelisa– por qué no tengo contacto con ella y cuando hablo al teléfono de donde ella me llama, me contestan hombres amenazándome y días después recibo la llamada de Ariti.”
 
Además del regreso de su sobrina, Hildelisa –quien también participó en la Marcha de la Dignidad Nacional– espera “que ninguna persona de este mundo pase lo que estamos sufriendo, ni siquiera mi peor enemigo. También, que haya consuelo no sólo si regresa Ariti, sino para todas las familias que estamos luchando para encontrar a nuestros familiares”.
 
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Revista Contralínea 285 / 20 de mayo de 2012
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