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El golpe de Estado dirigido contra el gobierno constitucional de Guinea Bissau por las viejas estructuras castrenses pone fin a las reformas que buscaban democratizar la república del Oeste de África. El Ejército de ese país se hizo del poder para impedir la realización de elecciones en las que la oligarquía de esa nación se sentía ya derrotada

 
Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina
 
El golpe de Estado en Guinea Bissau, ocurrido el 12 de abril pasado, reivindicó el carácter sedicioso de unas fuerzas armadas protagonistas de reiteradas insubordinaciones en los recientes 32 años, que convirtieron al país africano en foco de inestabilidad.
 
Las razones atribuidas a los levantamientos castrenses en todo ese periodo son varias y han tenido siempre como protagonistas principales a los militares.
 
En el más reciente de los casos –por la cúpula militar, encabezada por el general Antonio Indjai, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas–, la asonada pudo estar relacionada con el control del tráfico de drogas y las reformas impulsadas desde el Ejecutivo con apoyo de instituciones internacionales y regionales.
 
Estas últimas se asocian a la transformación de la administración pública con el apoyo de la Unión Europea y de las fuerzas armadas, impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Africana (UA), las cuales afectaron de manera directa a los grupos de poder.
 
Las diferencias entre el depuesto primer ministro Carlos Gomes e Indjai son razones planteadas también para la revuelta, además de la presencia de tropas extranjeras en el país.
 
El envío de soldados angoleños lo dispuso un acuerdo tripartita entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), el depuesto gobierno guineano y las autoridades de Angola.
 
Esa expedición castrense foránea tenía como objetivo contribuir al proceso de estructuración del ejército de Bissau, según fuentes oficiales.
 
Los efectivos sublevados utilizaron la presencia en su territorio de 270 solda dos angoleños como argumento principal para llevar a cabo el golpe castrense, pretexto desmentido por las autoridades de Luanda.
 
El secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del país austral, Rui Mangueira, declaró a periodistas que la misión, conocida como Missang, jamás amenazaría a las estructuras militares de Guinea Bissau y rechazó cualquier argumento al respecto. Ratificó que la Missang se retirará en breve de esa nación africana como lo estipuló Cedeao.
 
Junto a estos factores no pueden descartarse intereses geopolíticos de la exmetrópoli portuguesa y de otras potencias.
Si bien los motivos para el golpe de Estado pudieran ser múltiples, las transformaciones de la administración y del ejército pesan sobremanera en una nación casi acostumbrada a las sublevaciones militares y cuyas estructuras castrenses son consideradas con escasa formación y con exceso de altos mandos.
 
 

El golpe y sus consecuencias

 
Los sucesos del 12 de abril transcurrieron en medio de los preparativos para celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (29 de abril) y en la que Carlos Gomes se presentaba como principal candidato.
 
De haberse celebrado, existían pocas dudas de que el exprimer ministro hubiera derrotado por amplio margen a su oponente, el expresidente Kumba Yalá (2000-2003) y jefe de uno de los principales partidos de la oposición.
 
En la primera vuelta Gomes alcanzó casi el 49 por ciento de la preferencia electoral, mientras su adversario más cercano obtuvo el 23.26 por ciento de los votos.
 
Lo ocurrido después de la sublevación militar indica que Carlos Gomes, promotor de las reformas, constituía un escollo y había que sacarlo del medio.
 
Esa junta golpista encerró de inmediato al presidente interino Raimundo Pereira –quien asumió en enero tras la muerte del mandatario constitucional Malam Bacai Sanhá–, al primer ministro Carlos Gomes y a otras personalidades.
 
Después de permanecer 15 días presos en una unidad militar cercana a Bissau, Pereira y Gomes fueron liberados. Se cree que esto se logró por la presión internacional y regional.
 
Apenas un día antes de esa excarcelación, la Cedeao dictó un ultimátum a los militares de Guinea Bissau.
 
En reunión convocada en Abiyán, Costa de Marfil, los estadistas dieron 72 horas a la junta militar golpista para restablecer el orden constitucional en la excolonia portuguesa.
 
Los mandatarios acordaron aplicar sanciones diplomáticas, económicas y financieras con “efecto inmediato” sobre la junta militar y sus seguidores, y valoraron la posibilidad de dar participación a la Corte Penal Internacional en el asunto.
 
Anunciaron también un acuerdo para enviar fuerzas militares al convulsionado país.
 
 
La Cedeao estableció, además, que espera que se convoquen y celebren elecciones en Guinea Bissau en un plazo no mayor a los 12 meses, según un comunicado divulgado luego de la reunión de sus 15 países miembros.
El vocero de la Junta, el teniente coronel Daba Na Walna, declaró a reporteros que los militares aceptaron las condiciones impuestas por la Comunidad.
 
Walna señaló que de los siete puntos debatidos el 26 de abril en Banjul, Gambia, entre altos representantes de la Cedeao, los golpistas y los partidos de oposición, estos dos últimos aceptaron seis, pero rechazaron el regreso del presidente interino Pereira, quien viajó junto con Gomes a la capital marfileña. Paralelo a la cita de los mandatarios de África Occidental, sesionó en la capital de Etiopía, Addis Abeba, una reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana con el mismo tema.
 
En este cónclave se llamó también al restablecimiento del orden constitucional para reponer en breve la estabilidad de Guinea Bissau, donde militares protagonizaron asaltos y robos a instituciones estatales.
 
La reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana demandó la celebración de la segunda vuelta de las elecciones.
 
En declaraciones a periodistas desde Addis Abeba, el canciller de Angola, George Chicoti, expresó que el Consejo de Paz y Seguridad de la UA abogó por acelerar sanciones contra la junta militar y seguidores.
 
El ministro angoleño condenó las intervenciones del ejército guineano, vinculadas a actos de desobediencia, asesinatos, secuestros y violencia en general.
 
 
Chicoti, cuyo país asumirá en breve la presidencia rotativa del Consejo de la Unión, subrayó que el organismo panafricano y la comunidad internacional en general deben impedir que Guinea Bissau siga padeciendo los recurrentes golpes de Estado y la violencia política.
 
Los llamados desde el exterior y de las instituciones continentales fueron poco escuchados pese a los acuerdos alcanzados con la propia Cedeao en la reunión del 16 de abril pasado.
 
En esa ocasión, los sublevados se comprometieron ante los representantes de alto nivel del organismo a apartarse del poder y dar paso inmediato al orden institucional.
 
Sin embargo, actuaron a contrapelo. Pese al diálogo realizado, los golpistas designaron a Manuel Serifo Nhamadjo como nuevo presidente –cuyo nombramiento la Cedeao calificó de “usurpación de poder”– y a Ibrahima Sory Diallo, jefe del Parlamento.
 
Los militares golpistas y partidos de oposición decidieron establecer un gobierno de transición por dos años, medida considerada ilegal también por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
 
En medio de la compleja situación, el exgobernante Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde y otros grupos políticos anunciaron la creación de un frente opuesto al golpe y rechazaron las instituciones creadas por la Junta. Asimismo, la principal central sindical del país pidió a los trabajadores de la administración pública no asistir al trabajo hasta que no se restablezca la institucionalidad.
 

¿Posible solución o nuevo callejón sin salida?

 
Como otra esperanza para restablecer el orden en Guinea Bissau puede calificarse la recién finalizada cumbre extraordinaria de la Cedeao celebrada en Dakar, Senegal, y donde los golpes de Estado en Bissau y Bamako (de marzo pasado) fueron los temas tratados por los gobernantes. A la reunión asistieron 12 de los 15 mandatarios integrantes del organismo subregional y no avanzó más allá de los acuerdos y decisiones adoptados en la cita marfileña de Abiyán el mes pasado, aunque hubo novedades.
 
Los dignatarios ratificaron las sanciones diplomáticas, políticas y económicas anunciadas en Costa de Marfil y el cumplimiento del periodo de transición de un año otorgado a la junta militar para la celebración de elecciones generales. Mantuvieron también la medida de enviar una fuerza militar de la Cedeao.
 
Un aspecto importante, interpretado por medios de prensa como una ligera modificación, es el llamado a restaurar el parlamento y elegir un nuevo presidente que fungiría, a su vez, como jefe de gobierno interino, lo cual se presenta como novedoso.
 
Con anterioridad, los gobernantes exigían como condición la restitución del presidente Pereira.
 
Entre lo nuevo está también la solicitud de modificar la Constitución y la Ley Electoral para hacerlas más efectivas y asegurar elecciones libres y transparentes, según trascendidos periodísticos.
 
El bloque subregional solicitó además a los partidos políticos y la junta militar designar un nuevo primer ministro de transición, pero estará vetado –como los demás cargos importantes– a postularse para los comicios presidenciales.
 
Para el primer ministro de Cabo Verde, José María Neves, el proceso es complejo y todavía no ha terminado. Por ello, abogó por aplicar “medidas más radicales.”
 
Consideró que esas estarían encaminadas a “asegurar el restablecimiento del gobierno democrático de derecho, la reconstrucción de las instituciones y el establecimiento de las fuerzas armadas republicanas”.
 
 

 

Revista Contralínea 285 / 20 de mayo de 2012
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