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Ante el IFE, Carlos Antonio Romero Deschamps está enlistado como el candidato número siete a senador por la vía plurinominal de la coalición PRI-PVEM. Pero podría no alcanzar el escaño ante diversas acusaciones penales integradas en su contra por la PGR y la PGJDF. Además, legisladores y opositores del gremio petrolero impugnarán su candidatura ante la autoridad electoral

 
La sombra del Pemexgate aún pesa sobre Carlos Antonio Romero Deschamps. Transcurrieron ya 12 años desde que el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),  Romero Deschamps, y el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, desviaron 1 mil 500 millones de pesos de la paraestatal para transferir 640 millones a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, y cuya indagatoria penal que autoridades federales abrieron en su contra aún no es cosa juzgada.
 
El 10 de septiembre de 2001, el periodista Miguel Badillo reveló –en el periódico El Universal– el desvío de los millones de pesos de Pemex a la campaña del priísta, caso que fue identificado como Pemexgate, que hasta hoy es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en México. Y aún cuando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le impuso una multa de 1 mil millones de pesos, Romero Deschamps todavía tiene cuentas pendientes con la justicia, relacionadas con el expediente 55/FEPADE/02, en el cual se le acusa por los delitos de peculado electoral y fraude.
 

“Asunto de seguridad nacional”

 
El caso Romero Deschamps, las múltiples acusaciones en su contra y su candidatura al Senado son hoy uno de los asuntos que el gobierno de Felipe Calderón considera como “de seguridad nacional”. Así lo confirmaron senadores de la República que hace unos días acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer la situación jurídica de las indagatorias que implican al líder sindical en asuntos de carácter penal. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) dijeron a los legisladores que desde 2008 se giró una orden de aprehensión que no se ha ejecutado. La versión les fue confirmada por un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación.
 
El área responsable de los “asuntos especiales” de la Segob integra un grueso expediente del líder sindical, incluidas las acusaciones penales que durante el sexenio prácticamente se han mantenido empantanadas.
 
Son diversas las acusaciones penales aún en curso contra Romero Deschamps, dos de ellas, la AP1072/DDF/2004 en la PGR y la FDF/T/T1/467/06-06 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se le acusa de supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, usurpación de funciones y asociación delictuosa.
 
Raúl Romero Maldonado, presidente del Frente Nacionalista de Petróleo, asegura que “hemos presentado pruebas suficientes para que a Romero Deschamps se le finquen responsabilidades, pero en el proceso ha habido muchas actuaciones dilatorias”.
 
La misma PGR integró un expediente derivado del controvertido convenio 10-275/04 (Contralínea, octubre de 2004 http://contralinea.com.mx/archivo/2004/octubre/html/politica/pemex2.html), mediante el cual Raúl Muñoz Leos y Carlos Romero Deschamps acordaron la transferencia de 8 mil millones de pesos de las arcas de Pemex al Sindicato, en un periodo de dos años, al margen del Consejo de Administración de la paraestatal, y apoyados por el entonces abogado general de Pemex, Juan Soriano Rosas.
 
En 2007 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Muñoz Leos y a Soriano Rosas para ejercer cargo público alguno durante 10 años. Y la PGR abrió indagatorias penales en las que se investiga la responsabilidad del dirigente sindical en el caso.
 
También enfrenta denuncias de sus agremiados por el manejo de las “donaciones” que la paraestatal ha transferido al STPRM, las cuales continuaron aún después del escándalo que llevó a Muñoz Leos a su destitución. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2007 Pemex donó al Sindicato 318 millones de pesos; en 2008, 236 millones 800 mil pesos; en 2009, 256 millones y en 2010 la cifra alcanzó los 250 millones de pesos.
 
En 2008, la PGR integró otro expediente identificado con el número 15/03/ 02/2008 por el delito de fraude. El caso deriva de la denuncia que presentó el líder petrolero Mario Rubicel Ross García, en la que se acusa a Romero de la malversación de 3 mil millones de pesos correspondiente a las cuotas sindicales.
 

El 20 de marzo de 2012, Mario Ross García, presidente del Movimiento Nacional de Petroleros, AC, presentó un oficio a la procuradora general, Marisela Morales Ibáñez, en el que cuestiona la falta de efectividad en las indagatorias en contra de Romero Deschamps y en el cumplimiento de supuestas órdenes de aprehensión en su contra. Ross García cita diversas órdenes de presentación que supuestamente la Secretaría de Seguridad Pública federal habría girado desde principios de marzo.
 
 
 
 
Romero enfrenta otra denuncia por fraude derivado de su cuarta reelección al frente del STPRM para el periodo 2007-2012. Los estatutos de este Sindicato permiten una sola reelección y aunque Romero Deschamps se ha reelecto en cuatro ocasiones, la última de ellas es, precisamente, donde aparece uno de los asuntos de mayor desaseo dentro del sindicato petrolero.
El 27 de octubre de 2005, integrantes del Comité Ejecutivo General citaron a una asamblea extraordinaria que se efectuaría hasta el 14 de octubre de 2006, es decir, al año siguiente; y en esa asamblea de 2005, de forma anticipada, se reeligió a Romero Deschamps como secretario general para el periodo 2007-2012.
 
En 2007, la Coalición Movimiento Nacional de Petroleros demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la nulidad en la toma de nota de Romero Deschamps en la asamblea extraordinaria de octubre de 2005 al señalarla como ilegal, señala el expediente RT610/2007.
 
Ante el Poder Judicial se le demandó por fraude y se solicitó que las autoridades de la Secretaría del Trabajo anularan la toma de nota por las irregularidades en el proceso. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito fue el encargado de analizar el expediente, y el 13 de septiembre de 2007 resolvió que en efecto hubo irregularidades y violaciones a los estatutos del sindicato que hacían de aquella asamblea, ilegal. Le ordenó entonces a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dejar “insubsistente la toma de nota”.
 
El 18 de junio de 2011 se llevó a cabo una asamblea para relevar a Romero Deschamps, y en noviembre fue notificado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la anulación del proceso que lo reeligió para el periodo 2007-2012 y de su toma de nota. Esto mismo fue notificado a los directivos de Pemex el 22 de noviembre. Ni Romero Deschamps ni Pemex impugnaron el fallo judicial. Sin embargo, la activista petrolera Norma Monroy asegura que Romero Deschamps mantiene la toma de nota.
 
La STPS está por definir la toma de nota de la dirigencia del sindicato petrolero a favor de la Coalición. Hace unos días, senadores de la República acudieron a la Secretaría de Gobernación para que según sus atribuciones, intervenga ante Pemex para que la paraestatal acate el fallo judicial que invalidó la toma de nota de Romero Deschamps.
 

Historia de impunidad

 
En 2002, la PGR integró dos averiguaciones previas en contra de Romero Deschamps por los delitos de peculado simple (expediente PGR/UEDO/102/2002) y de peculado electoral (055/FEPADE/2002), este último considerado como delito grave sin derecho a fianza.
 
El 4 de septiembre de 2003, el Poder Judicial de la Federación radicó en los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dos causas penales en contra del funcionario, 106/ 2003 y 107/2003, identificándolas como causas penales “secretas”, ambas radicadas en el Juzgado Decimotercero a cargo de José Luis Moya Flores.
 
Derivado de la causa penal 106/2003, el 22 de septiembre el juez libró una orden de aprehensión contra Romero Deschamps por delitos electorales y peculado en agravio de Pemex, y una segunda orden de aprehensión el 30 de septiembre de 2003 por la causa 107/2003. Pero en octubre, el juez Segundo de Distrito del Circuito 13, con sede en Oaxaca, Tomás Quiroz, le concedió un amparo provisional, con el que Romero Deschamps compareció el 21 de octubre y el juzgado decretó su “detención virtual”.
 
Tres días después de su comparecencia, el 24 de octubre, el juez Moya Flores le dictó auto de formal prisión en los dos procesos, determinó que a Romero Deschamps se le encarcelara en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y, en cada uno de los procesos resolvió también suspenderle sus derechos políticos, es decir, perdió la posibilidad de votar y ser votado. Romero tenía en curso dos juicios de amparo (1061/2003 y 1204/2003) en tribunales de Oaxaca e Hidalgo, respectivamente, a cuyos titulares el juez Moya envió notificación de su sentencia.
 
En los años subsecuentes, con polémicos amparos, Romero Deschamps logró evadir la prisión, cuya pena, según los delitos imputados, le ameritarían de uno a nueve años de cárcel. Aunque la PGR era la parte acusadora de los procesos en su contra, el gobierno de Vicente Fox nunca promovió el encarcelamiento del líder sindical, en cambio le permitió sostenerse al frente del sindicato en medio de serias acusaciones de manejos fraudulentos y de una cuarta reelección impugnada por sus agremiados.
 
Durante la administración de Vicente Fox y en la actual de Felipe Calderón, Romero acató cada una de las decisiones corporativas de Pemex en detrimento de su propio gremio, como despidos masivos de trabajadores incluida la cancelación de plazas. Destaca también la reincidencia en millonarias transferencias de dinero de Pemex al STPRM al margen del Consejo de Administración de la paraestatal, tal y como se hizo con el dinero del Pemexgate: a través de convenios sindicales calificados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación como ilegales.
 
 
En 2006 el Poder Judicial determinó dejarle a la PGR, abierta la posibilidad de que aportara nuevas evidencias en contra de Romero para reiniciar su procedimiento. Cinco años después, en agosto de 2011, el nuevo juez a cargo del Juzgado Decimotercero, Carlos López Cruz, informó de la prescripción de la causa penal 106/2003:
 
“Se declara prescrita y extinguida la acción penal ejercida por el agente del Ministerio Público de la Federación contra Carlos Antonio Romero Deschamps, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de peculado electoral, previsto en el numeral 407, fracción III, del Código Penal Federal.
 
“Se decreta el sobreseimiento de esta causa, por lo que en su oportunidad remítase este asunto al archivo definitivo como totalmente concluido”, refirió el acuerdo judicial.
 
Se dijo entonces que la PGR no impugnó el fallo del juzgado y la misma dependencia reconoció “fallas” en el caso. No obstante, en sus instancias integra otra indagatoria relacionada con este asunto, que deriva de una denuncia que en 2004 presentaron sus agremiados por supuesto fraude y delitos financieros respecto del destino de 350 millones de pesos del STPRM que envió a bancos de Estados Unidos.
 
En la averiguación previa AP1072/DDF/2004, se le investiga por supuesta asociación delictuosa; en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la indagatoria FDF/T/T1/467/06-06, ambas actualmente en proceso.
 
En abril de 2007, el entonces director jurídico de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), César Augusto Peniche, declaró que la Procuraduría General de la República tenía cuatro órdenes de aprehensión por el Pemexgate que no habían podido ejecutarse porque no habían sido localizados los implicados.
 
Aún cuando el juez Decimotercero le dictó auto de formal prisión, Romero Deschamps no estuvo nunca tras las rejas ni porque las imputaciones en su contra lo dejaban sin derecho a fianza. Mediante maniobras legales a lo más que llegó fue a firmar una vez por semana el libro de procesados.
 
Desde 2003, el juez federal Moya Flores le canceló sus derechos políticos. Bajo este precepto, y con la argumentación de las violaciones de Romero Deschamps a las leyes electorales, consideradas como graves, sindicalistas del gremio petrolero y miembros de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) preparan, por separado, sendas impugnaciones contra la candidatura de Romero Deschamps al Senado de la República.
 
En marzo de este año se presentó ya la primera impugnación ante el Instituto Federal Electoral, que fue desechada porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los promoventes no acreditaron su “interés jurídico”. Pero los magistrados no entraron a la discusión de fondo del caso, lo que, de acuerdo con los analistas en temas electorales consultados, deja abierta la posibilidad de que pronto se presenten nuevas impugnaciones.
 
John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consultor en materia electoral, explica que el hecho de que una impugnación sea desechada por no acreditarse interés jurídico significa que no se dio curso al análisis de fondo y como tal aún no es cosa juzgada.
 
“La vía en la que el Tribunal Electoral podría entrar a la discusión de fondo es si los quejosos acreditan su interés jurídico, si quien impugne son los partidos políticos o incluso organizaciones gremiales que acrediten la manera en que la candidatura de Romero les impacta. Bajo tal condición se argumentan las nuevas impugnaciones que preparan tanto partidos políticos como integrantes del gremio petrolero”, dice el especialista.
 
La primer impugnación se presentó el 6 de marzo y fue promovida por Norma Monroy Cuevas, coordinadora de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, AC, y Raúl Romero Maldonado, presidente del Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua, SC, quienes solicitaron al consejero presidente Leonardo Valdés Zurita la cancelación de las candidaturas tanto de Romero Deschamps al Senado de la República, como de Aldana Prieto a la Cámara de Diputados, por diversas violaciones a las leyes electorales que llevaron a que los juzgados federales les cancelaran sus derechos políticos.
 
El Instituto Federal Electoral (IFE) remitió el caso al Tribunal Electoral. El 12 de marzo la Sala Superior abrió el expediente SUP-AG-49/2012; el caso quedó en manos de la magistrada ponente María del Carmen Alanís Figueroa. Diez días después se determinó desechar la impugnación por considerar que los promoventes no tenían interés jurídico, no obstante que, según se desprende del documento en poder de este semanario, los magistrados electorales tampoco desestimaron uno sólo de los argumentos vertidos por los quejosos, incluidas las acusaciones penales que llevarían a Romero Deschamps a estar imposibilitado para ser electo senador.
 
En unos días, organizaciones y trabajadores petroleros, agremiados al PRD y PT presentarán diversas impugnaciones en las que, aseguran, probarán el interés jurídico con miras a que el IFE reconozca la imposibilidad tanto de Romero Deschamps como de Aldana Prieto de ser electos como legisladores en julio próximo.
 
El senador Arturo Herviz Reyes dice que el IFE debe poner “especial atención a la candidatura de Romero Deschamps dada su situación jurídica que le impediría participar en el proceso electoral próximo”.
 
El legislador refiere que ya en 2006 el sindicalista recurrió a una especie de “chicana” electoral para que el PRI lo inscribiera como aspirante a senador: en el padrón electoral estaba registrado como Carlos Romero Deschamps, sin su segundo nombre, así que simplemente acudió a la Junta Distrital Ejecutiva de Tula y se inscribió con su nombre completo. Y hubiera llegado al Congreso de la Unión como el senador número 12 del PRI, de no ser porque el tricolor no alcanzó la votación suficiente.
 
De acuerdo con el doctor Ackerman, el doble registro ante el IFE es una acción fraudulenta.
 
El senador Arturo Hervitz dice que Romero Deschamps “busca en la senaduría la protección del fuero ante el cúmulo de acusaciones en su contra, muchas de ellas relacionadas con el enriquecimiento ilícito”.
 
Romero tiene en Pemex una plaza como operador en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, con un sueldo de 11 mil 100 pesos. Este salario no corresponde con su estilo de vida. Al cabo de 19 años al frente del sindicato, ha acumulado una riqueza incalculable de la que él mismo da visos con las costosas joyas que porta, particularmente relojes ostentosos como el Aude Piguet con incrustaciones de oro, valuado en 200 mil dólares y que pudo captar la lente de un fotográfo del diario Reforma; también, los vehículos de lujo en los que arriba a las oficinas de Pemex, ubicadas en la avenida Marina Nacional; su moderno yate Indomable; y sus departamentos en una exclusiva zona de Cancún, Quintana Roo, donde es vecino del exfutbolista Hugo Sánchez.
 
En abril de 2010, el periodista Carlos Loret de Mola describió en su columna un detalle que muestra los caudales de Romero: su primogénito, en un exclusivo restaurante de Miami, al cual llegó en un Enzo Ferrari valuado en 7 millones de dólares.
 
 
 
         
 
 
 
Cargada petrolera para el PRI
 
Ante la Procuraduría General de la República, el 20 de marzo, el dirigente sindical tabasqueño Mario Ross García, presidente del Movimiento Nacional de Petroleros, AC, denunció el supuesto uso de recursos humanos y materiales de Pemex y su sindicato, para la campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a puestos de elección popular, particularmente en Tabasco, donde el dirigente de la Sección 44, José de Jesús Zamudio Aguilera, uno de los más cercanos a Romero, va como candidato a diputado federal.
 
La inclusión de Romero Deschamps en las listas de los candidatos a diputados y senadores plurinominales del PRI generó fuertes cuestionamientos de la prensa; ante ello, el líder nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, declaró que Romero Deschamps representa 200 mil trabajadores entre jubilados y de base, y “más de 1 millón de personas” contabilizando las familias. Lo que implicaría que el PRI calcula obtener, en julio próximo, 1 millón de votos sólo por el gremio petrolero.
 
En las regiones de mayor presencia de la paraestatal, los dirigentes sindicales están en plena campaña. Los camiones e instalaciones de las 36 delegaciones operan en proselitismo para los candidatos del PRI en todo el país. Por ello, algunas organizaciones disidentes preparan demandas que en días próximos presentarán ante las autoridades electorales.
 
Las dirigencias sindicales han llamado al voto corporativo a favor del tricolor; sin embargo, Romero Deschamps no representa ya a un gremio unificado e incondicional a él. Ante los fuertes cuestionamientos por su gestión tachada de completamente discrecional, la falta de rendición de cuentas a sus agremiados y la ostentación de sus lujos de que hace gala, la disidencia ha ganado terreno.
 
La disidencia se acrecentó también a partir de los convenios de recortes dispuestos por la dirección de Pemex a lo largo de los dos últimos sexenios, con la connivencia de Romero Deschamps. Y es que en tales recortes, incluso al STPRM se han cancelado muchas plazas.
 
Así, en medio de impugnaciones y acusaciones penales graves, Romero Deschamps podría quedarse, como en 2006, en el camino al Senado de la República.
 
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