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En un acerado texto, por sus argumentos, información, análisis y crítica sustentada constitucionalmente y en el contexto del ejercicio democrático del periodismo, Denise Dresser –siempre alerta y a la vanguardia por la defensa de las libertades de escribir, publicar y difundir a través de todos los medios de comunicación– nos brindó uno más de sus lúcidos trabajos. Se titula “Silencio forzado” (Reforma, 19 de marzo de 2012). Ahí expone el angustioso momento que vive y sobrevive el ejercicio laboral de los periodistas mexicanos. Consigna hechos, cifras y nombres en una síntesis puntual del drama de la prensa nacional acosada por funcionarios y delincuentes; y que está atrapada en la guerra calderonista donde policías, soldados y marinos también arremeten a sangre y fuego contra periodistas que cumplen con su deber de informar y cuestionar.
 
Silencio forzado es el nombre que le ha dado la organización no gubernamental Artículo 19 a su reciente informe, que sirve a la periodista Denise Dresser para expresar lo que pensamos quienes estamos de acuerdo con la cita que hace de Joseph Pulitzer y que transcribe: “La tarea del periodismo es exponer el fraude y la mentira, luchar contra todos los males y abusos, ser campeones sin tregua de los derechos de quienes no tienen voz, pero aspiran a encontrarla en la prensa”.
 
En nuestro país, desde hace cinco años con el inicio de la “guerra” de Calderón, los mexicanos padecen amenazas, agresiones, homicidios, secuestros y desapariciones, males de los que no han escapado los periodistas que mantienen a toda asta la bandera de las libertades para informar, exigir información y analizarla críticamente. En esa acometida violenta, acosos judiciales y la demanda calderonista de no publicar los hechos de su sangrienta “no-guerra”, la prensa mexicana que ejerce el derecho constitucional de la libertad de expresión (a través de la publicación de escritos y difusión de mensajes por la radio, la televisión e internet) sufre los ataques de delincuentes y funcionarios por igual.
 
“En México –escribe Denise Dresser–, ser periodista que cubre el crimen, los asesinatos y el narcotráfico es vivir en peligro de muerte. Siempre al acecho. Siempre atemorizado. Siempre ante la posibilidad de ser amordazado por un delincuente o por un funcionario. Porque como lo detalla la organización Artículo 19 –dedicada a defender globalmente la libertad de expresión–, la violencia contra periodistas no proviene tan sólo de los cárteles y sus cabecillas. El Estado mismo se ha vuelto cómplice de la violencia contra la prensa en el país. La autocensura de los medios como protección ya va acompañada de la censura del gobierno como forma de amedrentamiento. En vez de proteger a los periodistas, el Estado cierra los ojos o da un manotazo para callarlos”.
 
El militarismo policiaco del protegido Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública), que encarna la violencia desde el abuso del poder político-administrativo del presidencialismo de Calderón, así como la barbarie de los narcotraficantes y sus cárteles encabezados por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, millonario a la cola de los multimillonarios como Carlos Slim son, si los extremos se juntan, la pinza sobre los mexicanos a quienes tienen sometidos entre el terror y las amenazas cumplidas. Y los periodistas son parte de los más de 60 mil homicidios, más de 200 mil desplazados, desaparecidos, etcétera.
 
“Las cifras son estremecedoras –comenta Denise Dresser–. En 2011 se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa. Nueve asesinatos contra periodistas. Dos asesinatos de trabajadores de medios. Dos desapariciones de comunicadores. Ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios. Allí está Veracruz con 29 agresiones, el Distrito Federal con 21, Chihuahua con 15, Coahuila con 15, Oaxaca con 11. Veracruz es particularmente preocupante porque las agresiones aumentaron 200 por ciento en un año. Veracruz, escenario de asesinatos y desapariciones y ataques violentos contra medios de comunicación y abuso de las autoridades contra reporteros y acciones penales emprendidas por el propio gobierno estatal contra la libertad de expresión. Allí, en lugar de arropar a quienes intentan diseminar la verdad, el gobierno agrede. Persigue. Criminaliza. Ataca”.
 
La información divulgada por Artículo 19 ya no pudo incluir que en las instalaciones del periódico El Expreso en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a saber si fueron funcionarios o delincuentes, estalló “un coche-bomba” y causó esta vez sólo daños materiales. En Oaxaca, los periodistas Jorge A Pérez Alfonso y José de Jesús Cortés Méndez, fueron víctimas de la violencia salvaje de funcionarios policiacos, muy probablemente por órdenes del cacique-presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán. Y no hace mucho que los periodistas del semanario Zeta fueron amenazados por quienes cínica y retadoramente se identificaron como un grupo criminal.
 
Los periodistas son víctimas de funcionarios y delincuentes, igual que el resto de los mexicanos. Y “el gobierno es un actor ausente, o un actor cómplice, o un actor agresor”.
 
*Periodista