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En México más de 3 millones de niños se ven obligados a trabajar. El gobierno federal, por medio de diferentes dependencias, desarrolla programas aislados que sólo atienden el trabajo infantil de manera indirecta. Además, la desinformación invisibiliza la magnitud del problema y aumenta las condiciones de riesgo y explotación para los menores de edad

 

El aumento de la pobreza en México ha generado que 3 millones 14 mil 800 niños, de entre cinco y 17 años trabajen. Ese 1 millón 426 mil 931 no reciben ingreso; 1 millón 195 mil 744 no asisten a la escuela; 961 mil 257 le dedican más de 35 horas a la semana, y 856 mil 123 no cuentan con la edad mínima para incorporarse al campo laboral. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, abarcan de 2005 a 2010. Al día de hoy, el gobierno federal no cuenta con cifras actualizadas.
 
Los principales motivos por los que un niño decide trabajar son: para cubrir las necesidades económicas de su hogar, escuela y gastos propios; para aprender un oficio o porque ya no desea asistir a clases. Se ubican, principalmente, en el sector agropecuario, pero también en el comercio, los servicios, y las industrias manufacturera y de construcción.
 
“El 5 por ciento de los niños consultados por la encuesta había sufrido un accidente, lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. El 27.2 labora en lugares con ruido excesivo y humedad, con herramientas peligrosas y productos químicos. Ellos, en la mayoría de las ocasiones, no tienen un seguro social por la informalidad de su empleo”, explica Araceli Borja Pérez, coordinadora de Sistema de Protección Integral de la organización Save the Children.
 
El trabajo infantil ?además de violar la garantía de niñas, niños y adolescentes de estar protegidos contra la explotación? vulnera el derecho a un bienestar físico, mental o moral, así como el acceso a la educación y actividades de esparcimiento.
 
“A pesar de la persistencia del problema, cada vez menos niños y niñas participan en actividades económicas. Entre 2007 y 2009, el total de niños ocupados registró un descenso del 17.3 por ciento, ya que pasó de 3 millones 600 mil a 3 millones”, destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe sobre la competitividad social en México 2012.
 
Para Rodolfo de la Torre García, coordinador de la oficina de investigación en Desarrollo Humano del PNUD, “una de las políticas más importantes sería la de crecer económicamente para reducir el índice de la pobreza y en consecuencia liberar a muchas de las familias de la necesidad de hacer uso del trabajo infantil”.
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informaba, en febrero pasado, que el índice de pobreza había aumentado a 52 millones de mexicanos.
 
“Atrás del trabajo infantil hay un problema de pobreza y falta de empleo; por ello, no se puede criminalizar a las familias. Save the Children quiere inspirar la forma en que el mundo trata a los niños; estamos de acuerdo en un trabajo digno, donde el niño aprenda y en el que se sienta importante de colaborar con su familia”, comenta Borja Pérez.
 
Para María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez en la Cámara de Diputados, tendría que haber un “esfuerzo interinstitucional” en el gobierno ?por ejemplo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), Desarrollo Social (Sedesol), Salud (Ssa) y Educación (SEP)? y la sociedad civil para lograr avances importantes en la erradicación del trabajo infantil.
 
Ante la falta de coordinación entre dependencias estatales y federales, Save the Children propone un sistema de protección integral con un marco de ley que dote de facultades a un ente rector. “Hay esfuerzos, pero no son suficientes. Cuando se tiene a varios actores nadie se hace responsable. Las cifras que hay sobre el tema, o son muy antiguas o no están desagregadas para los niños y las niñas. Se necesita crear un organismo que tenga un plan, lo ejecute, monitoree, vigile y rinda cuentas”, explica Araceli Borja.
 
“Se han reforzado nuestros marcos jurídicos dándole penalidades más severas a quienes cometen un delito en contra de un menor […]. Es un factor importantísimo el que no se les quite el derecho de la educación que es la que les va a dar esa oportunidad de desarrollo y de una vida más digna”, concluye la diputada panista.
 
El convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el 182, acerca de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, deberán ser ratificados por el Estado mexicano. Con ello, se hará valer el artículo 123 que fundamenta: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años; los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas”.
 
Contralínea solicitó entrevistas, a través de sus áreas de Comunicación Social, a la STPS, la Sedesol y el DIF. Las tres instancias argumentaron la veda electoral para no ofrecer declaraciones, esto es, la suspensión de propaganda gubernamental en medios de información durante el tiempo de campaña, según el artículo 41, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Revista Contralínea 282 /
29 de abril de 2012
Contralínea 281