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Se hizo público recientemente un estudio de la Cámara de Diputados que calcula que el año pasado el narcotráfico blanqueó 10 mil millones de dólares dentro del sistema financiero mexicano.
 
Desde hace años, quienes criticamos la fallida estrategia contra el narcotráfico del gobierno calderonista, hemos insistido en que le hace falta más inteligencia y menos tanquetas, balazos, muertes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
 
Las cifras cada vez lo hacen más evidente. En el quinto informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR) se reportaron las acciones para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (tipo penal con el que se designa al lavado o blanqueo de dinero). Ahí se destacaron los “éxitos”: se lograron 17 sentencias condenatorias y se aseguraron unos 154 millones de pesos.
 
La cifra equivale aproximadamente al 0.1 por ciento de los recursos que el narcotráfico lava anualmente en el país. Podemos decir que gracias al gobierno de Felipe Calderón, el narcotráfico tiene solamente el 99.9 por ciento de su capacidad para comprar armas, corromper funcionarios, infiltrar a las corporaciones militares y policiacas, transportar narcóticos y pagar por sus “trabajos” a los sicarios.
 
Hay otros datos preocupantes: en el mismo periodo, la PGR concluyó más averiguaciones previas por delitos contra el ambiente(225), que por lavado de dinero (181). Es decir, la PGR se dedicó a trabajar más en “proteger” la naturaleza que en combatir las causas del problema que Felipe Calderón colocó como el tema central de la acción de gobierno durante todo su sexenio.
 
¿Quién puede creer que el objetivo del gobierno fue combatir el narcotráfico, si nunca se intentó acabar con el negocio que hay detrás de él? Al enfilarnos al final de este sexenio de muerte, ¿no parecen insultantes las mentiras que repetían aquellos promocionales que decían “para que la droga no llegue a tus hijos”?
 
Hay que recordar que de acuerdo con la última Encuesta nacional de adicciones del gobierno federal, alrededor del 5 por ciento de la población entre los 12 y los 65 años de edad ha consumido drogas ilícitas. El 95 por ciento restante se encontraba ajeno al problema. ¿Estábamos ante un problema de seguridad nacional por el consumo de drogas? Parece evidente que no.
 
Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala en el Reporte internacional de estrategia para el control de narcóticos que la producción y consumo de drogas ilegales crece y éstas continúan pasando a través del territorio mexicano.
 
Es evidente que lo que está ocurriendo en México no es un problema ordinario de seguridad pública. También queda claro que el discurso gubernamental está lleno de retórica vacía, pues es bien sabido que el narcotráfico no va a disminuir mientras continúe siendo un negocio inmensamente rentable. Así, esta guerra no se va a ganar.
 
Las Fuerzas Armadas están complacidas en cierto grado con Calderón, pues han visto incrementarse varias veces su presupuesto, con lo que también incrementan su poder. Además, su presencia y capacidad de negociación han aumentado sustancialmente durante este sexenio.
 
Sin embargo, hay personas preparadas e inteligentes en el Ejército que saben que Calderón los utilizó sabiendo que deterioraría su imagen, que la guerra tendría costos y que ellos tendrían que pagar los platos rotos.
 
Hay altos mandos que saben que torturar es imprescriptiblemente un delito y que la práctica de esta atrocidad en los cuarteles militares va a generar un gravísimo problema a largo plazo. También hay militares preparados que conocen perfectamente su misión y están enterados de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le hizo notar a Calderón la ausencia de protocolos para las detenciones, los retenes y los operativos; e incluso le indicó que esa omisión suya generaría muertes entre los civiles y también entre las fuerzas de seguridad (ver Facultad de Investigación 3/2006 SCJN).
 
Hay generales que ordenaron torturar, desaparecer y ejecutar civiles (caso del general Moreno Aviña). No se puede llamar a esto accidente o error. Alguien va a tener que pagar por estos crímenes y Calderón confiaba en escapar del país, dejando a las fuerzas armadas la responsabilidad de enfrentar los procesos penales que se iniciarían en su contra.
 
Es urgente recuperar a nuestras Fuerzas Armadas. Recuperar su prestigio y su control. El gigantesco error de Calderón puede tener consecuencias históricas. Tradicionalmente una de las instituciones que no se había subordinado a los deseos y órdenes del embajador de Estados Unidos en México era precisamente la de las Fuerzas Armadas. Pero esto está cambiando y se hace notar, particularmente, en las operaciones a cargo de la Secretaría de Marina.
 
Sería indispensable someter a las Fuerzas Armadas a controles parlamentarios. La lealtad al gobierno civil debe ser amplia, es decir, a la estructura de gobierno entera y no simplemente al presidente.
 
El control parlamentario sobre el despliegue de tropas en México, hacia el interior del país, está dentro de los niveles más bajos en términos del derecho comparado. Esto es verdaderamente preocupante: toda vez que el principio de control democrático sobre las Fuerzas Armadas, se ha convertido incluso en un requisito básico para formar parte de las organizaciones internacionales de Estados democráticos. En estos Estados, el parlamento debe pronunciarse sobre el despliegue militar antes de que ocurra, o por lo menos debe hacerlo una comisión. En otros casos existe al menos la obligación de consultar la opinión del Congreso aunque pueda no ser favorable.
 
El Congreso puede comenzar a ejercer este control y comenzar a frenar la crisis humanitaria que vivimos. Es urgente que legisle en torno al fuero militar y deje en manos del fuero civil todos los delitos que no estén estrictamente relacionados con la disciplina militar. Es decir, no solamente los crímenes más graves deben juzgarse por tribunales civiles, sino incluso un simple asalto contra un civil, o cualquier tipo de agresión contra civiles por parte de las Fuerzas Armadas.
 
Una vez recuperado el control sobre nuestro Ejército podremos comenzar a pensar en combatir, realmente, el tráfico de drogas en México.
 
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia
 
  
 
 
 

FUENTE: Revista Contralínea 282 /
29 de abril de 2012
Contralínea 281