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En la última revisión de la Cuenta Pública realizada por la Auditoría Superior, la Conagua obtuvo dos dictámenes negativos como garante de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en México. El máximo órgano fiscalizador evidencia irregularidades por, al menos, 1 mil 322 millones de pesos en la gestión del agua: 342 municipios del país dejaron de pagar derechos por más de 1 mil millones; no se comprobó el egreso de 309 millones en el Estado de México; se compraron automóviles por más de 12 millones sin autorización, y se detectó un subejercicio de 884 mil pesos

 
 
La administración de las aguas nacionales, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y organismos estatales, presenta irregularidades por más de 1 mil 322 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, en el Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2010, revela que 342 municipios dejaron de pagar los derechos por un monto superior a los 1 mil millones de pesos. Además, 18 organismos estatales –los cuales no identifica– utilizaron indebidamente más de 12 millones 500 mil pesos del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) en la adquisición de vehículos automotores.
 
Las irregularidades no paran ahí. La Conagua no pudo comprobar el destino de más de 309 millones de pesos del APAZU que fueron entregados a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y sus organismos operadores en los municipios Coacalco de Berriozábal y Tecámac. En esta misma entidad, entonces gobernada por el actual candidato de Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, se presentó un subejercicio de 884 mil pesos de recursos para la gestión del agua en los municipios de Tecámac, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Chalco y Nezahualcóyotl. El dinero no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
 
La falta de control administrativo de la Conagua también queda en evidencia con la ausencia de documentación comprobatoria financiera de 17 de las 32 entidades federativas de la república mexicana. Por ello, la ASF no pudo revisar el ejercicio de más de 3 mil 100 millones de pesos: el 48 por ciento del total del monto ejercido por la Conagua a nivel nacional en 2010.
 
Los datos son revelados por la Auditoría Superior en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010. La Conagua, encargada de la aplicación de recursos federales de este programa, fue reprobada por el órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados (auditorías de desempeño 10-0-16-B00-07-0068 y de inversiones físicas 10-0-16-B00-04-1052).
 
 

El APAZU, para comprar vehículos

 
En 1990 el gobierno federal constituyó el programa APAZU. Dirigido a localidades con más de 2 mil 500 habitantes, con éste se busca incrementar y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de la rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica, tratamiento de aguas residuales y la mejora de desempeño de los ejecutores.
 
La Conagua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la autoridad en materia hídrica con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación. Tiene la atribución de fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso del agua.
 
Durante 2010, para el desarrollo del programa APAZU se devengaron 6 mil 283 millones 374 mil 400 pesos. De las 30 entidades federativas que recibieron los subsidios, sólo 15 proporcionaron un informe financiero al cierre del año, quienes en su conjunto, erogaron 3 mil 148 millones 386 mil 800 pesos; no obstante, seis de éstos reportes no fueron cotejados.
 
Entre los resultados de la auditoría, se destaca que los organismos de la cuenca y direcciones locales de la Comisión en 18 estados de la república mexicana gastaron 12 millones 525 mil 500 pesos en la compra de autos. El Manual de Operación y Procedimientos del programa APAZU establecía previamente: “bajo ninguna circunstancia los gastos de operación podrán ser destinados a la adquisición de vehículos de transporte de ningún tipo”. La Auditoría Superior comunicó –por medio del oficio DGADDS/196/2011, del 11 de octubre– a Salvador Vega Casillas, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el hallazgo que podría ser constitutivo de responsabilidad administrativa.
 
De los 653 municipios cuyos organismos recibieron apoyos para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 342 no estaban al corriente en el pago de derechos por concepto de aguas nacionales y descarga de aguas residuales por un total de 1 mil 39 millones 497 mil 700 pesos, por lo que no cumplieron el requisito para entrar al programa; y, únicamente, 158 se inscribieron en el Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua.
 
En 2010 se emprendieron 2 mil 300 proyectos en 610 municipios de México que beneficiaron 258 mil 694 personas con el servicio de agua potable y 301 mil 663 con el de alcantarillado, según datos proporcionados al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). No se pudo identificar el avance físico-financiero de los 1 mil 199 proyectos, pues la Comisión Nacional del Agua autorizó prórrogas que rebasaron la fecha límite (31 de marzo de 2011) para 702 de éstos. De los 251 proyectos de agua potable, en 248 el costo por habitante beneficiado fue inferior a los 3 mil 500 pesos que establece la normativa, y en tres proyectos fue superior.
 
A pesar de las 2 mil 498 acciones apoyadas con recursos del programa a nivel nacional, no se mejoró la eficiencia física de 90 organismos; comercial, de 77; y global, de 84 jurisdicciones. La Matriz de Indicadores de Resultados 2010 tuvo deficiencias en el registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente; en la delimitación de las reglas de operación; y en la medición de cumplimiento de metas y objetivos. La Conagua no proporcionó a la ASF cifras sobre el número de litros de agua residual tratada en ese año y tampoco sobre el número de población beneficiada en Jalisco, Colima y Guerrero.
 

Irregularidades en el Estado de México

 
En la operación, seguimiento y evaluación del programa APAZU, participaron 13 servidores públicos adscritos a las oficinas centrales de la Comisión y 64 de los organismos de cuenca y direcciones locales. Sin embargo, la Conagua no instrumentó un programa de capacitación para quienes eran de otras localidades.
 
Por otra parte, al Estado de México, Distrito Federal y Tabasco les fueron transferidos 2 mil 141 millones 642 mil 700 pesos. En el primer caso, la Auditoría detectó el gasto de 309 millones 393 mil 200 pesos que no fueron comprobados por la CAEM y los organismos operadores de Coacalco de Berriozábal y Tecámac; además de un subejercicio de 884 mil pesos que no fue devuelto a la Tesofe por los municipios de Tecámac, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Chalco y Nezahualcóyotl.
 
A mediados de junio de 2011 fueron asignados 734 millones 609 mil 800 pesos a la Comisión mexiquense, de acuerdo con el Anexo de Ejecución Modificado del Programa 2010, para la firma de 113 contratos; pero no entregó 44 actas de entrega-recepción para justificar 305 millones 155 mil 300 pesos. Los organismos operadores del Estado de México celebraron 22 contratos por 36 millones 714 mil pesos, de los cuales, el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco de Berriozábal no explicó el gasto de 2 millones 870 mil 800 pesos; y el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac, por 1 millón 367 mil 100 pesos.
 
 
La Conagua no había validado los estudios de ingeniería de las 202 acciones programadas por el gobierno del Estado de México y éste, a su vez, no elaboró las actas de entrega-recepción del ejercicio fiscal 2009, no presentó en tiempo el cierre de 2010, no reintegró los saldos no ejercidos ni los intereses respectivos. Al mismo tiempo, se autorizó a la Comisión del Agua del Estado de México una prórroga –mediante el oficio B00.E.12.0.2.-0259-0196, del 31 de marzo de 2011– para la terminación de los trabajos del programa APAZU de 2010 hasta el 31 de julio de 2011, cuando la máxima establecida en las reglas de operación de prórroga es el 31 de marzo del ejercicio siguiente.
 
A la fecha de revisión (noviembre de 2011), la Conagua no contó con el cierre de ocho organismos operadores mexiquenses con los que se formalizaron anexos de ejecución y técnicos. Tampoco reintegró a la Tesofe el presupuesto no empleado por cinco municipios: Tecámac, 844 mil 400 pesos; Valle de Chalco, 25 mil 900; Chimalhuacán, 6 mil 200; Chalco, 5 mil 900; y Nezahualcóyotl, casi cerca de 1 mil 600 pesos.
 
Después de la recepción de los anexos formalizados, la Comisión Nacional del Agua tenía 10 días hábiles para entregar los primeros recursos; empero, lo hizo en forma extemporánea. El 21 de junio de 2010 dio 110 millones 874 mil 600 pesos al gobierno de Tabasco y 518 millones 907 mil 400 al Estado de México; el complemento, hasta tres meses después de lo contemplado en el programa.
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) proporcionó la información relativa a las obras (contratos, convenios, actas de entrega-recepción y finiquitos), pero no precisa la Cuenta Pública de la que se trata y si son recursos federales o locales del programa, “por lo que se dificulta la fiscalización”.
 
 
En el recorrido efectuado a las obras por personal de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua, del SACM y de la ASF se observó que algunas obras aún están inconclusas.
 
El cierre de ejercicio de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento fue elaborado el 13 de mayo de 2011 y del Sistema de Agua y Saneamiento el 15 de junio de 2011, ambos organismos operadores de Tabasco, incumplieron las fechas establecidas (31 de enero y 31 de marzo de 2011, respectivamente) en el caso de obras con prórroga autorizada.
 
El año pasado fue presentado por el Coneval un estudio realizado al programa APAZU; Martha Rosa Schteingart Garfunkel, de El Colegio de México, fue la coordinadora. El organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal propone una evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública; la definición de Población Potencial, Objetivo y Atendida; informar a los evaluadores sobre la distribución de recursos entre los diferentes componentes del programa, sobre los tipos de acciones realizadas en cada una de estas vertientes, y sobre las actividades y los mecanismos de supervisión de la ejecución de las obras.
 
México enfrentará, en los próximos años, problemas derivados de la demanda, sobreexplotación y escasez del agua (idea trazada en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Nacional Hídrico). La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, tiene por objeto regular la explotación, distribución, control, uso, aprovechamiento y conservación de las aguas propiedad de la nación; en 2004 el Congreso de la Unión emitió un decreto para modificarla, pues el agua pasó de un problema prioritario a un tópico de seguridad nacional.
 
Contralínea solicitó entrevista con el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo. Fernando Melo Hernández, jefe de Atención a Medios, vía correo electrónico señala: “Por el momento no se podrá atender la solicitud de entrevista sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación referentes a la Conagua, derivado de las restricciones contempladas en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [y del] Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que funcionarios públicos no pueden ofrecer entrevistas o posturas en el periodo que comprende las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, es decir, del 30 de marzo al 1 de julio del presente [año]. En este sentido, será hasta pasado este periodo que podremos retomar el tema”.
 
Arcelia Flores Castro, secretaria técnica de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, expone que esa Cámara alta da seguimiento “sin dientes” a los resolutivos de la Auditoría Superior de la Federación; pues “no está facultada para investigar y sancionar a quienes hayan sido objeto de observaciones, recomendaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Resultados, no definitivos; en proceso de “aclaración”

 
Para José Ignacio Pichardo Lechuga, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, la omisión es grave porque no se justifica el 41.53 por ciento de los recursos destinados a la Comisión del Agua del Estado de México. “Las acciones realizadas pueden devenir en procedimientos de responsabilidad resarcitoria”.
 
Sin embargo, para el diputado priísta y mexiquense, el subejercicio por más de 884 mil pesos por cinco municipios “no es tan grave” considerando su cuantía (en promedio 176 mil 800 pesos). Reconoce, sin embargo, que debe subsanarse la irregularidad depositando el dinero y los intereses generados a la Tesorería de la Federación.
 
“No son resultados definitivos. Se encuentran en proceso de aclaración. Las autoridades estatales y municipales estarán integrando los documentos e información suficiente para que la Auditoría Superior pueda contar con elementos que solventen esas observaciones. En tanto se desarrollan los tiempos establecidos que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación concede a los entes auditados, no puede afirmarse algo contundente”, concluye.
 
  
 
 
 
 

FUENTE: Revista Contralínea 281 /
22 de abril de 2012
Contralínea 281