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Si una autoridad administrativa presenta a una persona ante las cámaras de televisión como responsable de un delito, sin que tal situación haya sido resuelta por un juez, se lesiona flagrantemente la presunción de inocencia y se violan derechos fundamentales. En el caso Allenet de Ribemont contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que tal declaración de culpabilidad incita al público a creer en ésta, pero tiene un efecto igualmente peligroso y adverso: prejuzga o filtra la apreciación de los hechos por parte del juez penal.

 
El Tribunal Europeo acierta, pues un tribunal aparecería como corrupto ante los ojos del público si se atreve a liberar a una persona que toda la sociedad “sabe” culpable. El caso del montaje televisivo contra Florence Cassez es un ejemplo extremo de esa práctica.
 
Adicionalmente, en México existe una serie de falencias que destruye los derechos de los procesados, como la ausencia de protocolos de actuación para las detenciones policiacas o la incorrecta interpretación que en nuestro país tiene el principio de proximidad (que lleva al absurdo de dotar de mayor fuerza a las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público que a las emitidas frente a los jueces).
 
Puede afirmarse, sin ninguna duda, que en México las autoridades policíacas y ministeriales violan cotidiana y sistemáticamente los derechos humanos de los detenidos –no solamente los de Cassez–, y hasta ahora los jueces no han logrado poner un alto a esa situación. Es evidente que los abusos policiacos no se detendrán hasta que se sepa que resultan contraproducentes para las propias autoridades.
 
En el caso de Cassez existen múltiples elementos que desmienten los argumentos oficiales para incriminarla. Basta con señalar que, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree y de lo que nos mostraron las cámaras de televisión, no fue detenida en el rancho Las Chinitas (donde se encontraban las víctimas), sino en la carretera libre México-Cuernavaca. Fueron las autoridades federales las que la trasladaron al lugar del secuestro para llevar a cabo el famoso montaje (http://bit.ly/zzwwG6).
 
Las presiones públicas y el cabildeo de Felipe Calderón lastiman la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado que considera que el resultado del caso afectaría la imagen y la posible continuidad del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha apostado todos sus recursos para asegurar que la Corte resolverá en el sentido que le interesa. Esto es lamentable, porque los tribunales además de ser imparciales deben parecerlo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en su jurisprudencia que, especialmente en cuestiones penales, los acusados deben poder confiar en la imparcialidad de los tribunales. A este respecto, incluso las apariencias son importantes (ver casos Salov contra Ucrania, Hauschildt contra Dinamarca y Del Court contra Bélgica).
 
Hoy en día si la Corte fallara contra Cassez podría sospecharse que se debió a la presión del Ejecutivo y una desconfianza verosímil, erosionaría la credibilidad de todo el proceso judicial.
 
Si Calderón tiene éxito en sus cabildeos y la ciudadana francesa permanece en prisión, Francia tiene la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, Países Bajos, para demostrar no solamente los errores y el desaseo del proceso inicial contra Cassez, sino incluso la lamentable injerencia de Calderón y su gobierno, que podría destruir la “apariencia de imparcialidad” de nuestro máximo tribunal.
 
Recientemente se ha anunciado que la defensa de Cassez prepara ya una denuncia penal contra García Luna por la fabricación de pruebas falsas. Esta causa penal no podría llevar su liberación automáticamente, pero será decisiva en el asunto.
 
Si bien una sentencia en Francia contra el secretario mexicano no implicaría la nulidad del proceso en México, ante el grave riesgo que corre uno de los favoritos del presidente, el gobierno federal seguramente dejará de ejercer la insultante presión con que intentó someter a los ministros. Además una condena contra García Luna podría ser un elemento adicional para exponer ante la Corte Penal de Justicia los vicios del proceso contra Cassez.
 
Lo más probable es que nadie pueda estar seguro en este momento sobre la culpabilidad o inocencia de la ciudadana francesa en el delito de secuestro que se le imputa. Pero siempre que prevalezca una duda razonable, cualquier persona debe ser considerada inocente. Las víctimas son las primeras interesadas en que quienes vayan a prisión sean los verdaderos responsables y que no se “fabriquen” culpables. Por ello si alguien ha lesionado los derechos de las víctimas, en este caso, son los responsables del montaje televisivo, un acto lamentable y vergonzoso que no debe volver a ocurrir.
 
Resulta asombroso que en este país un funcionario que –por sus errores y arbitrariedades– ha desatado una crisis diplomática con Francia; violado la Constitución abiertamente; ha sido acusado por sus propios correligionarios de practicar espionaje político; denunciado por agresiones e intimidaciones contra periodistas (y una largo etcétera) pueda mantenerse absolutamente firme en su puesto. Así gobierna Felipe Calderón.
 
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia