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La reunión trilateral de ministros de Defensa de América del Norte demostró que entre los ejércitos de México, Estados Unidos y Canadá hay puentes que los unen, pero más abismos que los separan.

 

El puente en boga es, por supuesto, la lucha contra el narcotráfico. Estamos presenciando una especie de reedición de la Iniciativa Regional Andina, que lanzó hace 23 años el entonces presidenteGeorge Herbert Walker Bush,para impedir que las drogas ilegales llegaran a territorio estadunidense. Antes Estados Unidos trataba de impedir con medios militares que los estupefacientes cruzaran la frontera. Ahora la estrategia busca impedir que la violencia llegue a Norteamérica, incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá.

 
La memoria histórica, de alcance limitado, de los gobiernos de los tres países les impide reconocer que esa estrategia fracasó y que lo que estamos viviendo ahora es el resultado de políticas antinarcóticos que en lugar de debilitar a las organizaciones criminales, las obligan a transformarse más rápido, adaptarse mejor y extenderse más lejos.
 
La Iniciativa Regional Andina buscaba reducir el abasto de drogas ilícitas en territorio estadunidense en un 65 por ciento, hacia 2001. La realidad ha demostrado que siguen llegando a Estados Unidos cerca de 300 toneladas de cocaína al año y que ahora los narcotraficantes canalizan otras 200 más hacia Europa. Lejos de disminuir el abasto de drogas, lo que ha aumentado es la violencia y con ésta, las decenas de miles de muertos en México.
 
Ahora Estados Unidos quiere volver la mirada hacia la frontera Sur y hacia las amenazas provenientes también del Sur. Después de 2001, Estados Unidos enfocó su política de defensa en el combate al terrorismo, creó el Comando Norte, engulló a México en su nueva estrategia de protección territorial y prácticamente olvidó lo que estaba pasando en Latinoamérica. Muchos de los recursos, entre éstos los de la Oficina Federal de Investigaciones (que posibilitaban la contención de las bandas criminales en las ciudades estadunidenses), fueron desviados hacia Asia Central y Oriente Medio para desmantelar la amenaza del terrorismo.
 
Pero el narcotráfico fue olvidado de cierta manera: no había mejor contexto para los narcotraficantes mexicanos que aprovechar el vacío estratégico que dejó el 11 de septiembre de 2001, y confrontar una nueva ofensiva militar del lado mexicano. La violencia comenzó a originarse en las entidades fronterizas con Estados Unidos, pero de ahí se amplió hacia el Sureste mexicano y el Golfo de México. Los asesinatos en masa comenzaron después a extenderse por la Huasteca Potosina; la Comarca Lagunera, en Coahuila, y otras regiones que habían logrado estar al margen de los enfrentamientos armados.
 
Los creadores de la Iniciativa Andina están convencidos de que la existencia de policías eficaces, un sistema de inteligencia avanzado y el apoyo de la tecnología militar harían posible el cumplimento de las metas de contención de drogas. Pero América Latina no tenía ni tiene esos elementos: los países carecían de una reforma policial, sus sistemas de inteligencia estaban (y siguen estando) enfrascados en la vigilancia de grupos políticos rivales o disidentes, enfrentaban graves crisis de seguridad pública, apenas emergían de periodos de violencia civil o autoritarismo y sus ejércitos carecían de equipo, presupuesto, y efectivos.
 
Más de dos años después, Estados Unidos busca definir un nuevo papel para los militares en la contención del narcotráfico y su violencia. Lo hace en un momento en el que el país está atravesando un momento difícil, con decenas de miles de muertos, ciudades enteras afectadas por la violencia, la virulencia y la brutalidad que ha desarrollado la delincuencia organizada. Esa condición acerca a sus líderes y les presenta el reto de comunicarse.
 
Uno de los problemas resultantes es que al intercambiar ideas, quienes dialogan son por el lado canadiense y estadunidense, civiles, y por el mexicano, militares.
 
Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Secretaría de Marina acudieron a la reunión con una representación militar directa. Sus dirigentes, un general y un almirante, se reunieron con los secretarios civiles de la Defensa de Canadá y Estados Unidos.
 
A diferencia de esos dos países y de la mayoría de los de América Latina, México aún tiene a generales y almirantes a la cabeza de las secretarías que tienen que ver con la defensa nacional.
 
Estados Unidos fue representado por Leon Edward Panetta, secretario de Defensa y exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, en la administración del presidente Barack Obama. Es un civil, abogado y académico, fue representante ante el Congreso estadunidense y jefe de asesores del expresidente William Jefferson Clinton. Peter Gordon McKay, ministro de Defensa de Canadá, también es un civil, integrante del Parlamento y ha tenido una larga trayectoria en el sector conservador de la política canadiense.
 
Tanto para Canadá como para Estados Unidos el sentido de control civil de los militares no se basa solamente en el juramento militar de lealtad que generales y almirantes profesan ante el presidente de la República cada año (como ocurre en México), sino también en una compenetración civil cotidiana en los asuntos estratégicos, políticos, presupuestales y administrativos de la defensa nacional. Esa condición civil del Ministerio de Defensa permite, teóricamente, que los civiles se enfoquen en decisiones estratégicas y administrativas; mientras que los militares, en la aplicación de la estrategia y las decisiones tácticas y operativas.
 
Ése no es el caso de México. Los civiles pueden pertenecer a la Sedena, pero siempre con un grado militar y sin recibir un grado alto que el de mayor del Ejército. Los secretarios son militares, deben de ostentar el grado de general de división y encabezan la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. A diferencia de sus contrapartes estadunidenses y canadienses, los secretarios de la Defensa y Marina responden en forma vertical a las órdenes del presidente de la República y carecen de contrapesos en el Congreso de la Unión.
 
La segunda diferencia importante es que al contrario de sus contrapartes, las dependencias militares mexicanas están divididas burocráticamente y se presentan en forma separada. Además de dividida, su representación está incompleta, pues para ser justos, además del general y secretario Guillermo Galván Galván y del almirante y secretario Mariano Saynez Mendoza, también hubiera participado el general Leonardo González García, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, una arma clave en un sistema tecnológico antinarcóticos basado en la transportación aérea de soldados y fuerzas especiales y el despliegue de plataformas de radar aéreas.
 
Las diferencias también incluyen los sistemas de integración militar. En México, la separación burocrática obliga a cada una de las Fuerzas Armadas a buscar su propio presupuesto sin preocuparse demasiado por los recursos de la otra. Ésta ha sido, por ejemplo, la razón por la que el Ejército creó sus propias unidades de vigilancia riverina y costera, y de que la Armada haya fortalecido sus brigadas de infantería de Marina. El cruce de jurisdicciones es obvio y difícil de resolver para instituciones en plena competencia por los recursos que les ofrece el Congreso.
 
Las contrapartes del Norte tampoco están libres de la división burocrática, pero ésta está mitigada por la existencia de una sola dependencia castrense y de comandos militares conjuntos en cada país. A pesar de que México ha incrementado los ejercicios militares conjuntos, las Fuerzas Armadas se han resistido a crear un comando militar unificado en una sola dependencia castrense.
 
Estas diferencias en la organización y doctrina militar, así como la representación civil, en el caso de las secretarías de Defensa de Estados Unidos y Canadá, podrían profundizar las dificultades en la comunicación internacional.
 
Hasta la fecha, los marinos de guerra mexicanos han encontrado un ambiente favorable de desarrollo en las actividades del Comando Norte, pero no así los militares de tierra y aire. La resistencia del Ejército a vincularse de lleno en la estrategia del Comando Norte implica que el recelo nacionalista persiste en la cultura militar mexicana y que cualquier intento de relación militar trinacional sería ineficaz si no toma en cuenta estos matices culturales y organizativos.
 
Ordenar la relación entre los aparatos burocráticos de defensa en la subregión de América del Norte no será tarea sencilla. La percepción de un enemigo común no es suficiente. Ya las estrategias ensayadas en el pasado, con la intervención militar en la lucha antinarcóticos, han demostrado que el narcotráfico es mucho más flexible, versátil y acomodaticio que las Fuerzas Armadas.
 
A estos desafíos de la relación trinacional podríamos añadir el proveniente del campo criminal. Si en México empezaron a surgir formas militarizadas de violencia delictiva, no sería extraño que en Estados Unidos y Canadá comiencen a existir réplicas de Los Zetas. Mientras los líderes civiles y militares de América del Norte tratan de entenderse y de ponerse de acuerdo en la cifra de asesinatos, la delincuencia organizada trabaja a paso rápido para crear su propia capacidad de respuesta.
 
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington