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Indígenas ngöbe bulé libran una batalla decisiva para el futuro de su etnia. La empresa Generadora del Istmo, SA, pretende construir la hidroeléctrica Barro Blanco en más de 6 mil hectáreas del pueblo originario. La constructora cuenta con el respaldo de toda la oligarquía del país y del propio gobierno panameño. A los indígenas ya les ha costado dos vidas y una represión que sofocó sus protestas. Los empresarios afirman que por “seguridad jurídica de las inversiones” no se puede cancelar el proyecto

 
Luis Manuel Arce/Prensa Latina
 
Panamá, Panamá. Las garantías de llegar a un acuerdo en el país son muy limitadas, porque dependen de criterios encontrados y casi irreconciliables entre la etnia ngöbe buglé y un grupo de empresarios con grandes intereses en el sector hidroeléctrico.
 
Precisamente el diálogo en torno a la reinclusión del artículo 5 –redactado por representantes del pueblo ngöbe buglé, en el proyecto de ley 415–, que modificaría el código minero y cuya discusión está trabada en la Asamblea Nacional, tiene como eje central las hidroeléctricas, en particular la de Barro Blanco.
 
El epicentro de la rebelión de febrero pasado, que terminó el 5 de ese mes con una represión brutal a los ngöbes y la muerte de dos indígenas por fuerzas antimotines, debido a ese proyecto que atenta contra la seguridad física de los pueblos de la comarca y su estabilidad emocional y espiritual.
 
A pesar de ser duramente golpeados, los indígenas se han mantenido firmes y han obligado al gobierno a negociar y a reconocerlos como interlocutores válidos, lo que han logrado a fuerza de coraje, inteligencia y mucha paciencia.
 
También lograron que el gobierno y los empresarios se comprometieran a someter a un peritaje técnico las obras de Barro Blanco y analizar su manejo ambiental, por separado, lo cual significa una nueva batalla, esta vez técnica, para demostrar quién tiene la razón en cuanto a los impactos ambientales.
 
El 12 de febrero pasado se reanudaron las negociaciones que tienen como intermediario a la Organización de las Naciones Unidas, y mediadores a la Iglesia y la Universidad de Panamá.
 
Ya los empresarios que conforman el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) enseñan sus afiladas armas en favor del proyecto con argumentos técnico-económicos que poco favorecen el debate, exigido por los indígenas y que, quiéranlo o no, marcan las reglas del juego.
 
El presidente del Conep, Antonio Fletcher, repitió el argumento de que los técnicos han determinado cuales proyectos hidroeléctricos, como Barro Blanco, no pueden ser suspendidos, sólo porque un grupo determinado lo pida.
 
Explica que “no se trata de un tema de ceder o no, sino de inteligencia emocional, pues los originarios deben saber que lo logrado hasta el momento no puede ser sacrificado por responder un tema cultural”.
 
Su argumento es que no se puede jugar con la seguridad jurídica ni el futuro del país por el impacto económico que puede causar la suspensión de un proyecto de la magnitud de Barro Blanco.
 
Para los indígenas esos razonamientos son también de barro, pues de acuerdo con la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesino, nada de eso hubiese ocurrido si la empresa no violara lo establecido en la Ley 10 que creó la comarca.
 
Conforme la Coordinadora, no es la seguridad jurídica empresarial la que está en peligro, sino la seguridad jurídica de los pueblos originarios, como tampoco eliminar esa obra atenta contra la seguridad y el desarrollo del país, lo cual puede suceder con la seguridad y el desarrollo comarcal.
 
Esos son los argumentos de los indígenas, los cuales han repetido en la mesa de negociaciones y que les sirvieron de base a lo avanzado en el diálogo. Ahora depende de las reacciones que provoquen en las partes los resultados del peritaje técnico de Barro Blanco.
 
Es sabido que los técnicos de los empresarios no van a coincidir con los asesores de los indígenas en iguales materias, y las proyecciones oficialistas de capacidad de generación de energía y su probable afectación si se elimina la obra de Barro Blanco poco o nada tienen que ver con las de los especialistas de los ngöbes.
 
Cada cual tiene sus cifras y a partir de la fecha en que concluyan los estudios de impacto ambiental, producción y costo-beneficios, se intensificará una batalla de números para hacer prevalecer los criterios a favor o en contra de las obras hídricas que atañan a la comarca.
 
Incluso para muchos fuera del entorno originario, la lucha contra las hidroeléctricas va más allá de las exigencias ngöbes bugles, por considerarlas en su estructura y proyección actuales un modelo depredador del ambiente sustentado en el mercantilismo, lo cual corresponde a desmentir a los interesados.
 
Pero ya la empresa Generadora del Istmo, SA, dueña de Barro Blanco, ha dicho que la obra seguirá y no ha parado de construir la hidroeléctrica en el distrito de Tolé, a la par de avanzar en el diálogo, aun cuando admite una afectación directa de 6 mil 68 hectáreas dentro de territorio anexo comarcal.
 
Frente a ello la cacica general, Silvia Carrera, insiste en que fue elegida por el pueblo para impedir que el hábitat sea dañado y exigir que el artículo 5 –redactado por representantes del pueblo ngöbe buglé– sea incluido en su contenido y espíritu en la Ley 415.
 
Barro Blanco está justo en el epicentro de ese otro tipo de estado emocional o espiritual, que no cita en sus argumentos el Conep. Hay que esperar el curso de los acontecimientos y tener esperanzas en una victoria de los mediadores.