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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos  ha presentado 26 denuncias  contra integrantes del Ejército Mexicano por hechos de tortura. Los casos, considerados graves, se ventilan tanto en la PGR como en la Procuraduría General de Justicia Militar y en procuradurías locales. Para el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, se trata de “hechos aislados”. Ante la posibilidad de que los juicios se realicen en tribunales civiles, indica: “Es parte de la evolución de los ejércitos”. La institución, asegura, está comprometida con los derechos humanos y, por ello, ha aceptado “al ciento por ciento” las 40 recomendaciones hechas por la CNDH. En los últimos tres años, otras 20 se han emitido para las secretarías de Seguridad Pública, Marina y la Procuraduría General, involucradas en la “guerra” antidrogas. Los estados donde más actos de tortura se han registrado son Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Tabasco

 
 
Aprehendido por dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Tamaulipas, fue llevado a un lugar “desconocido”. Ahí lo golpearon, le sumergieron la cabeza en agua, y le aplicaron descargas eléctricas en el cuerpo, para que aceptara haber participado en hechos delictivos que no cometió.
 
Era el 21 de abril de 2010, cuando el hombre –identificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) bajo el código V1 (con el que se protege su identidad)– fue torturado por elementos castrenses. Así lo indica la recomendación 52/2011, emitida por la Comisión al titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván.
 
Ésta es una de las 60 recomendaciones hechas por el organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva por prácticas de tortura cometidas entre el 1 de enero de 2009 y el 2 de diciembre de 2011. De éstas, 40 han sido para la Sedena; ocho, para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Genaro García Luna; cinco, para la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del almirante Mariano Saynez Mendoza; una, para la Procuraduría General de la República. Otras seis, para los gobiernos de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Chihuahua.
 
En 26 casos de tortura presuntamente cometida por integrantes del Ejército, además de las recomendaciones, la CNDH presentó denuncias ante la PGR, encabezada actualmente por Marisela Morales Ibáñez; la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), bajo el mando del general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, y procuradurías locales.
 
El general brigadier Ricardo Trevilla Trejo, director General de Comunicación Social y vocero de la Sedena, asegura que en la institución se profesa el respeto a los derechos humanos, independientemente de la “situación tan especial” que vive el país. Son hechos “aislados”, afirma, los cometidos por integrantes del Ejército Mexicano que derivaron en recomendaciones de la CNDH.
 

Tortura, acto de lesa humanidad

 
Marat Paredes Montiel, segundo visitador General de la CNDH, indica –en entrevista con Contralínea– que a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas en la “guerra” contra el narcotráfico “tenemos un aumento en los casos de tortura; ésta es una situación sumamente preocupante”.
 
A cargo de la emisión de recomendaciones, denuncias y seguimiento de los casos que se presentan ante el organismo autónomo, el visitador señala que “la tortura es un hecho violatorio de lesa humanidad per se; es una situación reconocida por el derecho internacional humanitario”.
 
Ni siquiera tiene que estar firmado un tratado. Está prohibida porque atenta contra la dignidad humana. “El hecho de que se haya incrementado, y además los métodos relativos a ésta que ahora tenemos, son [hechos] sumamente preocupantes”.
 
El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, elaborado por la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch, indica que en los 170 testimonios recabados se revela que “la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente con el pretexto de haber sido apresadas mientras cometían un delito [en flagrancia], y luego fueron retenidas ilícitamente y sin que se reconociera su detención durante horas o incluso días, antes de ser puestas a disposición de agentes del Ministerio Público”.
 
Trevilla Trejo responde ante las observaciones de la CNDH que la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana apoyan a la seguridad pública; es así que 45 mil hombres fueron desplegados a partir del 1 de diciembre de 2006, para participar en la estrategia del gobierno federal que contempla tres vertientes:  contener a la delincuencia organizada, profesionalizar y preparar a las instituciones de procuración y administración de la justicia y reconstruir el tejido social.
“En la tarea de contener la delincuencia tenemos participación muy directa, es así como se han obtenido resultados sobresalientes al servicio de la ciudadanía. Es lógico que al interactuar en el mismo espacio que el resto de la población se hayan presentado supuestas quejas [5 mil 962] ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, considera el vocero de la Sedena.
El general brigadier, con 34 años de servicio en la milicia, destaca que del total de quejas las recomendaciones sólo representan el 1 por ciento. “De esta manera se descarta la idea de una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Ejército y la Fuerza Aérea”, asegura en entrevista con Contralínea.
 
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, señala que la justicia penal en el país carece de capacidad para hacer “investigaciones científicas, buenas, fuertes, sólidas; realmente el recurso sigue siendo la tortura”.
 

Estados más violentos

 
La información de la CNDH también revela que en Chihuahua es donde más hechos de tortura se han denunciado. Las cifras indican que 2009 fue el año con mayores daños, al registrase 17 casos; en 2010, cuatro, y en 2011, un caso.
 
A la entidad gobernada por el priísta César Duarte Jáquez, le sigue Michoacán, actualmente gobernado por el también  priista Fausto Vallejo, con ocho recomendaciones, las primeras cuatro emitidas en 2009, tres en 2010, y una en 2011.
 
La tercera posición la ocupa Tabasco, gobernado por Andrés Granier Melo, con cuatro recomendaciones, una en 2010, y las tres restantes en 2011.
 
A partir de la creación de la CNDH, comenta Paredes Montiel, “la tortura había disminuido. Sin embargo, ahora va al alza y en situaciones sumamente preocupantes. Se había sofisticado los métodos porque se pretendía no dejar marcas. Ahora se recrudeció; hay gente tableada (apaleada) o golpeada, lo que indica un aumento en el fenómeno y una regresión en cuanto al respeto a los derechos humanos.
 
“En todo el país hay hechos violatorios de tortura, en específico donde hay la presencia de las Fuerzas Armadas. La CNDH está investigando los casos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul. Nuestros médicos son expertos y trabajan para documentar los casos”.
 
Añade que desde 2010, la Comisión no solamente emite recomendaciones y solicita que se inicien averiguaciones previas, sino que también presenta  denuncias tanto a la Procuraduría General de Justicia Militar como a la PGR. “Se llevan ante ambas instancias para que la PGR conozca las violaciones a los derechos humanos, por lo que respecta a los civiles. Ante la PGJM, porque también hay conductas que son estrictamente violatorias de la disciplina militar”.
 
 

Recomendaciones aceptadas

 
Con más de 30 años de ejercicio en las Fuerzas Armadas, Ricardo Trevilla Trejo -vocero de la institución militar- asegura que las recomendaciones emitidas por la CNDH fueron aceptadas al ciento por ciento, ya que existe una coordinación importante con la institución, se realizan medidas preventivas y se han  firmado convenios. Éste no es un tema nuevo en el Ejército y la Fuerza Aérea. Desde su creación, se estableció un programa en coordinación con ese organismo. Se instrumentó al interior de las Fuerzas Armadas, en todos los planteles del sistema educativo militar se imparte esta materia como obligatoria.
Explica que desde que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “ha habido una cercanía muy fuerte con la CNDH”. La Comisión y la Cruz Roja, informa, imparten conferencias al personal militar desplegado en todo el territorio nacional.
Ante las prácticas de tortura documentadas y en las que han incurrido efectivos militares, el general brigadier argumenta que “justamente para eso está la justicia militar. La Sedena no solapa, actúa conforme a derecho, de manera respetuosa, siempre. Es así que hemos ido en consecuencia en todos estos casos; se ha procedido con absoluto respeto de los derechos humanos, tanto de las víctimas, como de los militares procesados”.
Reserva sus comentarios de las 26 denuncias presentadas ante la PGR, ya que se encuentran en  averiguación previa. Sentencia: “Se siguen los procesos; y lo que determine la autoridad judicial encargada de la administración de la justicia se acatará”.
Ante la posibilidad de llevar los juicios militares a tribunales civiles, el general brigadier Ricardo Trevilla Trejo asegura que “están dadas las condiciones y si un juez así lo determina, se hace. Es parte de la evolución de los ejércitos, somos respetuosos de lo que establezca el Congreso de la Unión,; si ellos modifican nuestro código militar lo vamos a seguir acatando como quieran, cumpliendo la ley como esté ahí, y lo que establezcan los jueces se cumplirá”.
Marinos también torturan
 
Hombres encapuchados entraron sin orden de cateo a la casa de un hombre colimense que convivía con su familia, el 7 de febrero de 2011. En ésta se encontraban su esposa, su hijo, su nuera y su nieta, de apenas tres años de edad. Eran las 19:30 horas, cuando los oficiales adscritos a la Semar arribaron al lugar, a bordo de unidades oficiales y camionetas de uso particular. Los llevaron con rumbo desconocido.
 
Sin explicación alguna irrumpieron en casa de V4 (hombre del que la CNDH reserva su identidad). Con estos antecedentes, el 11 de febrero de 2011 se inició el expediente de queja CNDH/2/2011/1290/Q, para llevar a cabo las diligencias con la Semar y la PGR, a fin de ubicar el paradero de las personas.
 
El 14 de febrero, personal de la CNDH supo que dos de los cuatro capturados permanecían detenidos en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, y que de éstos una mujer y una menor habían sido liberadas el 8 de febrero.
 
La esposa y el hijo de V4, el testigo de la CNDH, fueron detenidos por su “probable responsabilidad en ilícitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, indica la recomendación 63/2011.
 
La CNDH documentó que cuatro elementos de la Semar violentaron los derechos humanos de la familia al vulnerar su “integridad, seguridad personal, trato digno, inviolabilidad del domicilio, legalidad y seguridad jurídica, por hechos consistentes en incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo, detención arbitraria, retención ilegal, tratos inhumanos y tortura”.
 
Éste es uno de los casos emblemáticos para la CNDH, pues se observa el abuso de las autoridades de la Semar, además de los efectos sicológicos como consecuencia de que la niña de tres años haya presenciado la violencia con la que trataron a su familia, además que también ella fue detenida.
 
Marat Paredes Montiel señala que con ello “hay una ausencia de un marco jurídico para prevenir y denunciar la tortura. Tenemos convenciones internacionales firmadas, como la Interamericana, pero en el desarrollo de la legislación solamente la tipificación del Código Penal, no así para prevenir la tortura. Eso es en lo que se debe de trabajar muy fuerte”.
 
Javier Enriquez Sam, médico y coordinador de rehabilitación del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, AC, explica que en México la práctica de la tortura tiene el propósito de castigar, intimidar, abusar.
 

Comisiones estatales, sin recursos

 
Ante los actos de tortura registrados en México (con una creciente presencia), el servidor público de la CNDH observa que una de las razones por las que estos actos no se han podido erradicar es la falta de recursos que padecen las comisiones estatales de derechos humanos.
 
“Tenemos disposición de las comisiones estatales, pero en muchos casos hace falta presupuesto, eso es algo muy preocupante. Para que una institución pueda garantizar plenamente su autonomía, lo primero que debe tener es autonomía financiera. Si una comisión no tiene el presupuesto suficiente, evidentemente está limitada para poder combatir el fenómeno de manera eficaz, no tiene los recursos para contratar sicólogos y médicos.”
 
Marat Paredes explica que uno de los métodos que existe para comprobar actos de tortura es la aplicación del Protocolo de Estambul en las víctimas. “Ésta es una metodología de investigación, pero una de las condiciones efectivas de este manual es que la institución que la aplique sea autónoma”.
 
Agrega que para erradicar este fenómeno violatorio de los derechos humanos, es necesario “fomentar la cultura de la denuncia, cualquier persona que sufre un maltrato puede promover su queja ante la CNDH o ante las comisiones estatales”.
 
El vocero de la Defensa Nacional, el general Trevilla Trejo, agrega que desde el 1 de diciembre de 2006 las Fuerzas Armadas han desplegado a 45 mil  elementos en todo el país. Hay estados en donde se realizan operativos de alto impacto, que son los tradicionales y donde ha aumentado más la violencia. Ésto, dice el vocero de la Sedena, a solicitud de los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.
Asegura que hay una preparación constante para inculcar el respeto a los derechos humanos, en esta administración se creó una Dirección General, una Unidad de Vinculación Ciudadana y un Observatorio de Igualdad de Género para atender todos estos casos en donde existan víctimas.
 

Las muertes de las Fuerzas Armadas

Ante las críticas y observaciones por actos de tortura y muertes en todo el territorio nacional, argumenta: “En los medios se habla de más de 50 mil muertes y nos señalan, esto ocurre porque somos la parte más visible de la estrategia, por la cantidad de efectivos que participamos en ésta; nosotros también documentados agresiones a personal militar, más de 2 mil agresiones, de las que ha habido 2 mil 300 presuntos agresores muertos y 2 mil 196 personas detenidas, esto habla de que sí se respetan los derechos humanos. Nuestras bajas han sido de 140 militares fallecidos”.
Para el general brigadier la proporción de muertes es “obvia, nosotros somos soldados profesionales, adiestrados, tenemos disciplina, armamento. El soldado quiera o no debe traer su casco las 24 horas del día, su chaleco antibalas; está adiestrado para reaccionar; ésa es  la gran diferencia. Quienes son los que agreden a los soldados son gente que va bajo el influjo de las drogas o del alcohol. Ellos [los delincuentes] no están adiestrados para esto, ni su armamento sirve para esto. La población sí reconoce y valora este gran esfuerzo que se está haciendo por ella”.
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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