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El gobierno federal anuncia como logros de la “guerra” contra el narcotráfico el incremento en el número de detenciones y encarcelamiento de hombres y mujeres acusados de vínculos con el crimen organizado, sin embargo no ha logrado minar el poder de los cárteles para quienes las cárceles se convirtieron también en áreas de operación; en los años de la “guerra”, un número aún indeterminado de reos, han logrado evadirse

 
 
 
El helicóptero azul sobrevolaba el patio del dormitorio uno. El ruido del rehileteo de las aspas se mimetizaba con la banda sonora de la película que ese día proyectaban en el auditorio del penal. Los custodios que lo vieron se hicieron los disimulados, como si el que una aeronave pretendiera aterrizar en el patio fuese algo ordinario y aturdido uno que otro interno indiferente a la película observaba la escena. Cuando parecía que finalmente aterrizaría, apenas unos metros a ras del suelo se abrió la puerta y desde dentro cayó la pequeña escalera en la que David Joel Kaplan y su amigo Carlos Contreras ascendieron presurosos, dos compañeros de celda que a partir de esa memorable fuga del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, se convertirían en leyenda.
 
Aquello ocurrió en agosto de 1971. La audacia del traficante de armas de fugarse de la penitenciaría en sólo 10 segundos, o la del narcotraficante Alberto Sicilia Falcón, quien cinco años después salió de la Penitenciaría de Lecumberri a través de un túnel de más de 100 metros que fueron construidos ex profeso; y aún la de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien, en enero de 2001, dejó al Penal Puente Grande dentro de un carrito de lavandería, palidecen ante las insólitas fugas masivas de prisiones en tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en plena “guerra” contra el narcotráfico, cuando se dio a la Secretaria de Seguridad Pública, cabeza del sector penitenciario, facultades extraordinarias de operación y un presupuesto histórico una parte del cual debía destinarse a fortalecer los penales.
 
En su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Calderón prometió la modernización del sistema penitenciario basada en el trabajo y coordinación de los tres órdenes de gobierno, “para mejorar los mecanismos de readaptación y rehabilitación de los internos”, pero los hechos recientes en los penales de Nuevo León, o los ocurridos en enero pasado, en Altamira, Tamaulipas, evidencian el legado.
 
El gobierno federal anuncia con cifras de detenciones los supuestos logros de la “guerra”. En los cinco años de administración la población penitenciaria se incrementó de 210 mil 540 internos a 231 mil 510, más de la mitad acusados de delitos del fuero federal. De esos 21 mil nuevos reos, casi 9 mil identificados como supuestos integrantes del crimen organizado, encarcelados bajo cargos de narcotráfico, “halconeo”, secuestro, extorsiones, posesión de arma de fuego, delitos contra la salud, principalmente.
 
A pesar de que jurídicamente según los delitos imputados a todos ellos les correspondía ser ingresados a centros federales, se les encarceló de manera indistinta en su mayoría en penales municipales y estatales, convirtiéndose en algunos casos en el mayor porcentaje de población de cada centro, lo que −dado su nivel de organización y en medio de la corrupcion rapante que de por si imperaba en dichos penales−, les facilitó seguir operando como si extuviesen libres (Contralínea 271).
 
Adrián Ramírez, titular del Observatorio Mexicano de Prisiones señala que “para justificar los logros de la guerra contra el narcotráfico” se han hecho “detenciones masivas con las que prácticamente se hacinaron los penales, lo que deterioró aún más la situación carcelaria”, y que, irresponsablemente, se envió a integrantes del crimen organizado con presos comunes.
 
Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, considera que la estrategia de “guerra” debió de contemplar también las condiciones del sistema penitenciario.
 
Y es que, en este sentido, la falta de estrategia es evidente: sin ninguna clasificación, fueron ingresados entre los 419 centros penitenciarios cuya capacidad total es para 186 mil 176 personas. La sobrepoblación alcanzó a 211 penales, particularmente estatales, en proporciones diversas.
 
Las primeras manifestaciones del explosivo coctel en que se convertían los penales, se reveló desde el primer año de “guerra”, con motines, masacres, ejecuciones y fugas en cárceles de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas y Veracruz, principalmente. Frente a cada evento, los gobiernos estatales le hicieron manifiesto a Calderón y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la urgencia de trasferir a sus reos, pero la respuesta fue la omisión. En consecuencia, el autogobierno, ahora en manos de los cárteles, se afianzó en más de la mitad de las cárceles del país.
 
En su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la existencia de autogobierno en la mitad de los penales que visitó. Conforme su definición éste es “un sistema de gobierno paralelo al que legalmente debe de prevalecer en un centro penitenciario, con una estructura organizada a partir de una jerarquía de mando, mediante la cual, además de imponer métodos informales de control, efectúan actividades ilícitas intramuros”. El autogobierno, considera la CNDH se evidencia claramente con las fugas.
 

Bodegas sin control

 
En febrero pasado, días antes de la masiva fuga y matanza en el penal de Apodaca, Contralínea (271) publicó la opinión de destacados abogados expertos en el sistema penitenciario, criminalistas y representantes de organismos de derechos humanos, que concluyeron en definir la fallida estrategia de la “guerra” oficial contra el narcotráfico como el “tiro de gracia” a la posibilidad de readaptación de los internos en el sistema penitenciario mexicano, conclusión fundada principalmente en el hecho de que se encerró a comandos perfectamente organizados y coordinados con delincuentes del fuero común.
 
Indicativa la observación del abogado Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien advirtió que la cárcel “perdió esa condición de amenaza que se supone la haría el mecanismo para que la gente dejara de delinquir, para convertirla en un engranaje más en todo el proceso. Para quien se dedica al crimen se convirtió sólo en un riesgo de trabajo, e incluso en una oportunidad de supervivencia”.
 
Javier Carrasco Solis, titular del Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative, definió que los reclusorios se convirtieron en “bodegas humanas y una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”.
 
Atestar esas “bodegas humanas” es en términos llanos lo que para el gobierno federal equivaldría a “combatir al crimen organizado”, pero como en el juego del gato y el ratón, una y otra vez, los cárteles han demostrado quien tiene el control, ahora de los penales.
 
En impresionantes operativos donde a veces no se dispara siquiera una sola bala, en el lapso de la “guerra” contra el narco, un número indeterminado de internos se han fugado de penales a cargo de administraciones de todos niveles, incluidos los centros federales de readaptación social (ceferesos) de “alta seguridad”, contrario al argumento de García Luna, quien tras la evasión de reos en el Penal de Apodaca aseguró que el problema de las fugas está estrictamente en el ámbito local, y que de los centros federales que están directamente a su a su cargo ni un solo interno se ha escapado.
 
En los ceferesos de García Luna también se fugan internos. Así lo demuestra el caso de Federico Álvarez Ávila, acusado de narcotráfico y delincuencia organizada. La noche del 26 de mayo de 2011, se escabulló del Cefereso 6 Sureste, ubicado en Villa Chontalpa, municipio de Huimanguillo, Tabasco.
 
Hacía apenas unas semanas que el penal había comenzado a operar, conforme el acuerdo 08/2009, signado por García Luna y el gobernador de Tabasco, Andrés Garnier. Se indicó que el grado de seguridad era al nivel de los Ceferesos del Altiplano, en el Estado de México; el Occidente, en Jalisco; y el de Matamoros, en Tamaulipas, es decir, “de máxima seguridad”, pero 56 días después Álvarez se fugó dentro de un bote de basura.
 

Las fugas inexistentes

 
Como cabeza del sector de seguridad pública y de la Plataforma México, la Secretaría de Seguridad Pública maneja las cifras y estadísticas del sistema penitenciario de todo el país. El número de población penitenciaria centro por centro, el porcentaje entre internos bajo acusaciones de delitos del fuero común y federal; número de sentenciados e incluso las “incidencias” registradas al interior de los penales, entre éstas se cuentan las riñas, decesos, agresiones a terceros, autoagresiones, suicidios, homicidios, motines y fugas.
 
En las gráficas oficiales, está remarcada la línea ascendente que registra el número de detenciones correspondiente a los años de la “guerra” oficial contra el narcotráfico, pero llama la atención que en el rubro correspondiente a fugas, no se registra ninguno de los eventos ocurridos en ese mismo periodo, y que han ocupado incluso planas de la prensa internacional.
 
Las fugas de los penales, ya sea por el grado de estrategia o el número de reos evadidos son casos sin precedentes en la historia del sistema penitenciario mexicano. La evasión se suma a la numeraria de “guerra” que contabiliza más de 50 mil muertos, 250 mil despalzados y 30 mil desaparecidos.
 

Tamaulipas a la cabeza

 
Identificada como área de operación de los cárteles del Golfo y los Zetas, Tamaulipas registra la mayor incidencia de detenciones en el marco de la llamada “?guerra’ contra el narcotráfico”, de allí que expertos como Edgardo Buscaglia refiera que la “guerra” está encaminada a debilitar a los enemigos del cártel de Sinaloa (organización que lidera Joaquín Guzmán Loera).
 
Pero es también la entidad cuyas cárceles registran mayor número de fugas. Los primeros jefes zetas rescatados de un penal fueron Daniel Pérez Rojas, Manuel Alquicires García, Enrique González Rodríguez. En 2002, los sacaron del penal de Matamoros, ubicado a las afueras del fronterizo municipio, cuna del legendario cártel del Golfo, que fundara el matamorense Juan Nepomuceno Guerra en la década de 1970.
 
Años después, de ese penal, el 25 de marzo de 2010, un comando liberó a 38 zetas y tres reos del fuero común que se reclutaron con ellos, es decir, salieron 41. Entre las 03:00 y las 05:00 horas un convoy de 15 camionetas llegó al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) y sin hacer un sólo disparo sacó por la puerta principal a los 41 reos. Colaboraron con éstos dos custodios que también se fueron con el grupo.
 
Del Cedes de Reynosa, el 9 de octubre de 2008, por la puerta principal, salieron en fuga 17 reos acompañados de cuatro custodios. En 2010, la noche del 2 de abril, llegó un comando a bordo de 10 camionetas, abrieron fuego contra el personal de seguridad y custodia y sacaron a 13 internos, 11 de éstos acusados de delitos del fuero federal.
 
Después de esa fuga, el gobernador Eugenio Hernández Flores advirtió que la infraestructura de los penales estatales no era viable para los reos capturados en el marco de la “guerra” emprendida por la Presidencia: “Los reos del fuero federal son peligrosos, relacionados con el crimen organizado y esto está mermando nuestra capacidad de vigilancia”. Pidió al gobierno federal garantizara la custodia de 1 mil 700 presos del fuero federal ingresados en cárceles de la entidad.
 
No hubo respuesta, y el 6 de abril un comando sacó a otros 40 internos del penal de Matamoros. El 7 de agosto fue ejecutado el director del panel Amado González, lo sustituyó Horacio Sepúlveda y un día después de que asumiera el cargo entró un comando y asesinó a 14 internos.
 
El 17 de mayo, 17 internos se fugaron del penal de Reynosa, una semana después se fugaron otros 17; y el 7 de julio, 12.
 
El 18 de agosto, al penal de Matamoros irrumpió otro comando y liberó a otros 40 internos; el 10 de septiembre, se fugaron 85, de éstos 66 enfrentaban cargos federales de narcotráfico y delincuencia organizada, el resto, delitos del orden local.
 
El penal de Nuevo Laredo, ubicado al Sur del municipio, en el kilómetro 10 de la carretera hacia Monterrey, es un caso peculiar: la noche del 17 de diciembre de 2010, se fugaron 152 reos. Birlaron las rejas del Cedes Número 2, sin que nadie se los impidiera.
 
En la que hasta ahora es la fuga de mayores dimensiones en la historia del sistema penitenciario mexicano, se escabuyó más del diez por ciento de los internos, 58 de ellos enfrentaban cargos federales, identificados como integrantes de los cárteles del Golfo y los Zetas.
 
Tampoco ese escandaloso suceso, que ocupó grandes planas de la prensa internacional, hizo que la administración federal se hiciera cargo de los reos federales. Para junio de 2011, de ese mismo penal de fugaban 59 zetas. Tres meses antes, la directora del penal, Rebeca Vázquez fue asesinada durante una riña que dejó siete reos muertos.
 

Veracruz, fugas estilo kaibil

 
El rechinido de las llantas al frenar anunció la llegada del comando. De una Hummer blanca y una windstar dorada bajaron 30 hombres enfundados en uniformes de la Agencia Federal de Investigación que después de la medianoche del 16 de mayo de 2008 tomaron por asalto el penal Duport Ostión de Coatzacoalcos, Veracruz.
 
No pretendían pasar desapercibidos, ni aún cuando el penal se ubica a sólo 100 metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Con sus R-15 y AK-47 hicieron varios disparos al aire, los estruendos enmudecieron a quienes no estaban al tanto de que aquella era la hora en que los zetas llegarían a sacar a sus muchachos, y los alertaron de que llegaban por ellos.
 
Iban por seis, todos de Tamaulipas, jefes dentro de la organización, entre ellos Salvador Alfonso Martínez Escobedo alias la Ardilla, quien dos años después participaría en la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, de acuerdo con la autoridad federal.
 
Poco después de que comenzara la “guerra” oficial contra el narcotráfico, y que los ceresos estatales en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Coahuila se convirtieran en el principal receptáculo de integrantes de los Zetas y el cártel del Golfo, la mayoría de los penales (de esas entidades) quedaron en sus manos. Como los del Norte y Pacífico a cargo del cártel de Sinaloa, y el de Juárez; o los de Guerrero en manos de los Beltrán Leyva y a la muerte de Arturo Beltrán, disputados por el de Sinaloa y sus nuevas asociaciones locales.
 
La CNDH identifica autogobierno prácticamente en todos los penales importantes de Veracruz, entre éstos el del puerto (Ignacio Allende), el de Chicontepec, Huayacocotla, Misantla, Ozuluama, Pacho Viejo, Tantoyuca y Tuxpan.
 
El Duport Ostión se convirtió en un caso singular, sus cerrojos más resbaladizos que la mantequilla. En 2010, su director hizo llamados desesperados a la Presidencia para que transfiriera a los reos federales porque los 15 custodios a su mando de ninguna manera tenían capacidad de resguardo para 1mil 300 internos. Ese año se fugaron seis zetas y otro reo identificado como jefe de un cártel.
 
Luego ocurrió un operativo espectacular. La manera en la que el comando ingresó a tres penales y selectivamente liberó a sus objetivos asemeja a las incursiones kaibil, comando de elite del Ejército de Guatemala, quienes se hacen llamar, “los mejores soldados del mundo”.
 
La madrugada del 19 de septiembre de 2011, entre las 02:30 y las 04:00 horas, un comando de 80 hombres vestidos con ropa militar y encapuchados llegaron al penal Duport Ostión, pasaron de sección en sección y de dormitorio en dormitorio, y seleccionaron a 12 internos; del penal La Toma, en Amatlán de Los Reyes, sacaron a 16; y del de Cosamaloapan, a cuatro. De los 32 reos, 15 eran del fuero federal, los otros 17, del fuero común.
 
Las poderosas armas no fueron necesarias: con solo verlos, los custodios les flanquearon la salida, todo estaba perfectamente sincronizado.
 
Del penal de Tuxpan, el 16 de diciembre se fugó un interno acusado de delitos del fuero federal tráfico de drogas y delitos contra la salud.
 

Cieneguillas, 54 reos en cinco minutos

 
Si la fuga de Kaplan había sido la más espectacular de la que se tuviera memoria, la que 40 años después ocurrió en el poblado de Cieneguilla, Zacatecas, quizá dejaría boaquiabierto al mimo Kaplan.
 
El 16 de mayo de 2009, en un impresionante operativo que implicó el uso de un enorme comando en camionetas y un helicóptero, 80 zetas a bordo de diez suburban tomaron por asalto la fortaleza de cemento entintado en color gris y naranja, una de las prisiones más importantes en la región zacatecana. En sólo cinco minutos libraron a 54 internos, enlistados entre los 1 mil 500 reos.
 
Tras esa fuga, al igual que el gobernador Eugenio Hernández en Tamaulipas, la entonces gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina le pidió al gobierno de Calderón que transfiriera a los reos federales porque el operativo “perfectamente planeado” demostraba el poderío de los cárteles.
 
En esa entidad, las omisiones del gobierno federal incidieron hasta en los centros para menores. El mediodía del 20 de septiembre de 2011, al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de Villanueva, sobre la carretera Zacatecas-Guadalajara, arribó un comando armado. Descendieron de cinco camionetas e ingresaron al tutelar y de entre toda la población se llevaron a dos muchachos. Se trataba de dos menores que una semana antes habían sido detenidos por el Ejército durante un enfrentamiento con los zetas, en el municipio de Mezquital del Oro.
 
Después de ese operativo, el gobierno estatal emitió un nuevo comunicado en el que insistía al gobierno federal hacerse cargo de sus detenidos.
 

El caso Nuevo León

 
Por incidencia de fugas, le sigue el caso de Nuevo León, donde del penal de Apodaca, el pasado 21 de febrero, poco después de que 44 integrantes del cártel del Golfo fueron asesinados, se evadieron 30 zetas liderados por Óscar Manuel Bernal, alias la Araña, o el Spider.
 
En esa entidad, como en Zacatecas, del tutelar Centro de Internamiento para Adolescentes también un comando recató a cinco menores, el 27 de agosto de 2010.
 
Desde 2010, el diagnóstico de la CNDH identificó que los penales de Nuevo León: Apodaca, Cadereyta y Topo Chico estaban controlados por internos y no por la autoridad. Penales bajo la ley de la selva, donde los cárteles deciden quien vive o muere, como los 14 internos que el 17 de mayo de 2011, murieron en el área de dormitorios de siquiatría en el penal de Apodaca.
 
Ante los recientes sucesos en los penales de Apodaca y Topo Chico, es asertiva la reflexión que Luis González Placencia, doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que hizo en entrevista con Contralínea al considerar que el enfoque de la “guerra” oficial “no debió de ser únicamente punitivo, porque ese enfoque generó la problemática que se vive ahora. Lo primero que debió de haberse pensado es si la cárcel los iba a contener o no”.
 

Oaxaca, muros de papel

 
La CNDH, en voz de su quinto visitador general, Guillermo Andrés Aguirre destaca que uno de los problemas es que las cárceles se han utilizado solamente como “lugares de contención para delincuentes”. Pero en algunos casos esos muros son más endebles que si fuesen de papel, como cuando el 12 de julio de 2010, un comando de 15 hombres entró al Reclusorio Regional Santo Domingo Tehuantepec, de Oaxaca y liberó a tres reos del fuero federal acusados de narcotráfico, delitos contra la salud y portación de arma exclusivas del Ejército.
 
A los penales de Puebla –cuya sobrepoblación promedio es del 37 por ciento y que tiene un déficit de custodia de más del 50 por ciento–, se ingresaron también a numerosos acusados de delitos del fuero federal.
Bajo esas circunstancias, el 27 de noviembre de 2011, del Cereso distrital de San Pedro Cholula, 11 reos se fugaron por un boquete, seis considerados de alta peligrosidad e identificados como integrantes de los Zetas, entre ellos Diego Frankis Contreras, a quien las autoridades identifican como el Apá o el Padrino.
 
Diego yacía ingresado desde el 5 de diciembre de 2009, procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, asociación delictuosa y cohecho. Enfrentaba 19 órdenes de aprehensión y en su haber fugas de los penales de Orizaba, Altamira, Nuevo Laredo y Tamaulipas. Se le identificó como jefe de la plaza del cártel en Puebla.
 
Años antes, otros 25 jefes e integrantes de esa organización habían sido liberados del penal de Apatzingán, Michoacán, por un comando que en enero de 2004, vestía de uniforme del Ejército Mexicano.
 

Dominio azteca

 
No sólo los comandos zetas exhiben su poder al excarcelar a miembros de su organización así como a quienes se reclutan con ellos; en Chihuahua, los sicarios del cártel de Juárez y el de Sinaloa también dejan muestras de su poderío en los penales para sacar a quien quieran.
 
El 17 de septiembre de 2010, en Ciudad Juárez, un comando armado interceptó un convoy de patrullas y unidades del Cereso para rescatar a un interno, Juan Pablo Castillo López, detenido por narcotráfico, acusado de 23 homicidios, e identificado como uno de los líderes de los Aztecas, sicario de la Línea (brazo armado del cártel de Juárez). Castillo salía del hospital general de la ciudad fuertemente custodiado por guardias del penal, tres de los cuales resultaron muertos en el operativo para su rescate.
 
En Juárez, se volvieron frecuentes los asaltos a los convoys que transferían a los internos parte del crimen organizado. Uno de los más violentos se dio en la colonia Granjas Polo Gambia, cuando el convoy fue atacado por un comando, el saldo un custodio muerto y tres heridos, y los tres convictos que se fueron con el comando.
 
En Aquiles Serdán, a 4 kilómetros de Chihuahua, el 17 de enero de 2011, 14 reos lograron evadir las medidas de seguridad del Cereso gracias al apoyo de un comando armado. En versión de la autoridad: “A las 05:00 horas de ese día se escucharon detonaciones al parecer de arma de fuego –a manera de distractor– y después un vehículo tripulado por varios hombres derribó una parte de la malla perimetral del lado Oeste del reclusorio. Luego, dicho vehículo se aproximó a la barda del penal donde por un boquete salieron 12 internos quienes huyeron por diferentes rumbos. Hasta las 08:20 horas, la dirección del penal confirmó la recaptura de uno, de nombre Fernando García Rocha”.
 
Policías y halcones que operan para los cárteles son también objetivo de esos estructurados operativos para libralos. El 26 de mayo de 2009, un comando de 15 hombres armados liberó del Cereso de Saucillo al expolicía Francisco Javier Alcantar Soria, aliasel Virus, expolicía municipal de Delicias, identificado como jefe de plaza del cártel de Sinaloa.
En los penales de Chihuahua hasta los menores infractores birlan la custodia. La noches del pasado 11 de enero, tres internos se dieron a la fuga al saltar la barda del Centro de Reinserción para Menores Infractores de Ciudad Cuauhtémoc, cuya capacidad es para 12 internos, pero alberga a 67.
 

Durango, el poder de los reos

 
El Cereso Número 2 de Gómez Palacio se convirtió emblemático del poder de los cárteles en prisión, desde que quedó al descubierto que la directora Margarita Rojas permitía a los reos salir de noche y ejecutar a sus enemigos a lo largo y ancho de la Comarca Lagunera. Ante los increíbles excesos, las fugas parecerían algo natural.
 
El 9 de marzo de 2009, un comando de 12 hombres armados liberó a cinco internos. El 23 de enero pasado, dos internos se fugaron al amagar a los custodios de las torres de vigilancia y descender de éstas con una cuerda de cobijas.
 
En los penales de Jalisco el cártel de Sinaloa manda. Del de Aguarutu, el 18 de agosto de 2008, sacaron a uno de sus integrantes que yacía en el módulo de alta peligrosidad. El narcotraficante se escabulló mientras custodios e internos departían en una fiesta amenizada por un cantante de corridos y un grupo norteño.
 
En Sinaloa, el 23 de junio de 2011, un comando interceptó a elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando pretendían ingresar al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, a Luis Antonio Osuna Cevallos, quien era transferido del penal de Culiacán, detenido por narcotráfico, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. De ese penal de Culiacán, el 10 de marzo se habían escapado tres reos federales.
 
Un operativo similar se ejecutó en julio de 2010, en el Estado de México, esa vez para librar a un integrante de La Familia. Yacía en el penal estatal de Tepachico, en Otumba, Estado de México y sería trasladado al Penal de Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl. Tres guardias custodiaban su traslado cuando el comando, a bordo de dos vehículos, los atacó sobre la carretera México-Tulancingo.
 
Del penal de Tepic, en Nayarit, el 21 de julio de 2010, se fugaron tres internos. En el Centro de Reinserción Social de Morelos, en el municipio de Xochitepec, se evadieron seis internos, cuatro sentenciados y dos procesados.
 
En Baja California, el 6 de septiembre de 2010, se fugaron tres internos del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Bryan Julián Zatarain García, de 19 años; Tomás Canales Lomas, de 18, y Andrés N, de 16 años.
 
Del penal de Ahualulco, Valles de Jalisco, el 27 de septiembre, ocho reos se fugaron. Dos días antes del de Pachuca, Édgar Jesús Méndez Cortés brincó la barda, del otro lado lo esperaban sus cómplices.
 
El Distrito Federal no se salva, del Reclusorio Preventivo Varonil Nortese fugaron Alejandro López Medina y Arturo Torres Santana.
 
No todas las fugas son aparatosas. Algunas son sin aspavientos, como la de los cinco internos que el 31 de diciembre de 2010, se escabulleron por la puerta principal del Cereso de Cancún con libretas falsas de liberación.
 
Los fugados fueron el colombiano Bortell Archivolt Level, detenido en 2001 con un cargamento de una tonelada de cocaína, sentenciado a 21 años de prisión. El cubano Onel Ernesto del Sol Valdez, detenido en 2008 por tráfico de indocumentados; los mexicanos Alejandro Guzmán Nambo, acusado de secuestro y José Antonio Aquino y Jhonny Eduardo Rodríguez Rivero, de robo calificado.
 
 
 
 
Penales, bolsa de trabajo para el crimen
 
De manera que las detenciones masivas no han minado el poderío de los cárteles, tampoco el nivel de violencia ni inseguridad en el país, y en el ámbito penitenciario, el panorama evidencia mayor deterioro debido también a la dilación para la resolución de procesos.
Hasta diciembre de 2011, sólo el 58 por ciento de la población penitenciaria a nivel nacional tenía ya una sentencia, el resto estaba todavía en condición de proceso; en tal condición jurídica se incluía a muchos de los detenidos e ingresados bajo cargos de delincuencia organizada. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Genaro García Luna, hasta diciembre pasado, casi el 50 por ciento de los internos del fuero federal aún no estaba sentenciado.
 
En su reciente informe de auditoría al sector de seguridad pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca deficiencias en la actuación de la autoridad federal para la consignación precisamente de personas acusadas de delitos federales.
Cita la ASF que aunque en el periodo de 2006 a 2010, el Ministerio Público federal incrementó 9.5 por ciento en promedio anual las averiguaciones previas consignadas ante los tribunales, ello “no se tradujo en una mejor procuración de justicia” porque, mientras en 2006, de cada 100 consignaciones 96 obtenían sentencia, para 2010, 94 se colocaron en esta situación; en contraste, “las averiguaciones previas devueltas al Ministerio Público federal por integración deficiente de los expedientes pasaron de significar cuatro, en 2006, a seis, en 2010”.
 
Por cada 100 sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, en 2006, se registraron 96 sentencias condenatorias y cuatro absolutorias, mientras que en 2010, se obtuvieron 94 condenatorias contra seis absolutorias, “lo que significó una progresión adversa para fines de sanción de los delitos cometidos”.
 
A las deficiencias en el sistema de procuración de justicia, que observa la ASF, se suma la responsabilidad por negligencia u omisión en el resguardo de los reos.
 
En la “guerra” oficial contra el narcotráfico se ingresó a reos miembros de los cárteles en penales donde ni siquiera se hace una separación de internos ni por su estatus jurídico ni por su nivel de peligrosidad, en contravención a las normas mínimas para el tratamiento de internos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que “la inadecuada separación de internos por categorías obedece a que los centros penitenciarios que fueron diseñados para funcionar como reclusorios preventivos o penitenciarías, se utilizan para alojar a procesados y sentenciados de ambos fueros, a pesar de que no cuentan con las áreas necesarias para tal efecto”.
 
Las detenciones de reos federales en prisiones estatales agudizaron el problema del autogobierno. Desde 2010, en el Diagnóstico Nacional de la Seguridad Penitenciaria, la CNDH alertó: “El problema del autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, recluidos en centros estatales y municipales, quienes en repetidas ocasiones controlan a la población penitenciaria sometiéndola a un régimen personal de favores y privilegios, generalmente mediante el pago de cuotas, situación que es tolerada por algunas autoridades. Es del conocimiento público la existencia de diversas actividades delictivas en las que participan estos grupos de internos, los cuales corrompen a las autoridades con el fin de obtener toda clase de facilidades para organizar o seguir cometiendo delitos graves como secuestro, robo calificado, homicidio y narcotráfico”.
 
Cuando se registraron las primeras fugas masivas, algunos directivos de penales alertaron al gobierno federal que los cárteles comenzaban a reclutar a los internos en penales municipales y estatales.
 
En esa oportunidad de supervivencia es en las prisiones donde los cárteles reclutan a mucha de su fuerza de trabajo. Así por ejemplo, ocurrió en los penales de Veracruz, donde los Zetas organizaron la fuga tanto de sus integrantes como de quienes se reclutaron con ellos.
 
De allí que Javier Carrasco, del Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative, señale que los reclusorios son “una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”.
 
 
 
 
 
Las cárceles mexicanas hoy
 
“La cárcel perdió esa condición de amenaza que se supone la haría el mecanismo para que la gente dejara de delinquir, para convertirla en un engranaje más en todo el proceso. Para quien se dedica al crimen se convirtió sólo en un riesgo de trabajo, e incluso en una oportunidad de supervivencia”: Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
 
“Solamente son bodegas humanas y una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”, Javier Carrasco, Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative.
 
“La situación que guardan actualmente los reclusorios en México no es de ninguna manera una situación satisfactoria. Sabemos que hay sobrepoblación en muchos reclusorios, que han ocurrido numerosos incidentes en muchas ocasiones sumamente graves, consistentes en suicidios, motines, evasiones, múltiples hechos de sangre e incluso delincuencia propiciada o generada desde el interior de estos reclusorios.
 
“El panorama es muy preocupante y acreditaría soluciones inmediatas por parte de las autoridades correspondientes. Ha habido muchos actos de corrupción que están pendientes de ser esclarecidos. Todo esto nos da un panorama muy preocupante, yo diría que inclusive crítico a propósito de las prisiones y en general en nuestro país”, Sergio García Ramírez, jurista, experto en el sistema penitenciario mexicano y expresidente de la expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
 
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Fuente: Revista Contralínea 274 / 04 marzo de 2012