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Quien logra que sus fechorías queden ocultas, seguramente las repetirá
 
La convivencia de quienes formamos la sociedad aspira a ser armónica; a desarrollarse en paz y con respeto a los derechos humanos. La mejor garantía de tranquilidad es la creación de las condiciones que permitan a todas y todos un desarrollo pleno e integral.
 
Por eso, en los grupos humanos se dan reglas de idéntica validez para todos sus integrantes. Éstas se basan en valores que se pretenden fomentar y fortalecer. Lo contrario a esto son los antivalores, que se aspira a que sean suprimidos o evitados. El Estado es el encargado de ambas tareas: promover los valores y reprimir los antivalores, y para ello se le dota de fuerza.
 
Al representar a la sociedad, los integrantes del Estado tienen que sujetarse estrictamente a las leyes. Éste es su estricto marco de acción. La guerra sucia se da cuando las autoridades rompen los límites jurídicos que la sociedad les ha impuesto. Con el pretexto de buscar “fines superiores” rebasan los linderos legales en que se deben de mover. Con esto pierden legitimidad y otorgan justificación a la resistencia social. Como depositario original del poder, el pueblo nunca pierde el derecho a resistir la opresión.
 
Al quebrantar las reglas de la convivencia, el Estado se convierte en burlador de los derechos humanos y origina las más graves ofensas y lesiones a la sociedad.
 
En la escala de infracciones a la ley, las de mayor rango son las consideradas como de lesa humanidad, tanto por el valor jurídico que tutelan (la salud y armonía de la vida social), como por la entidad a quien ofenden: la especie humana.
 
Cuando el Estado emprende una guerra sucia contra la población produce daños que afectan el tejido social y que dejan secuelas difíciles de restañar. Las heridas son tan profundas que se requiere de medidas reparatorias de suma trascendencia.
 
Torturar, secuestrar, mantener a personas en prisiones clandestinas, perseguir y hostigar el entorno familiar y social de las víctimas, ejecutar extrajudicialmente y desaparecer forzosamente son acciones de poder indignas de estas políticas civilizadas.
 
¿Qué hacer cuando el Estado no castiga a los criminales? El Estado no existe por sí y para sí; únicamente tiene sentido en la medida en que responde a los intereses de la sociedad. Es decir, es un instrumento y no un fin.
 
La obligación esencial de las autoridades es propiciar condiciones para que las personas se realicen con dignidad. Ninguna otra tarea tiene más relevancia. Incluso todas las funciones públicas se legitiman en esa obligación.
 
Sólo que las violaciones a los derechos humanos son perpetradas por personeros del Estado. Por eso regularmente quedan sin castigo. Así ha ocurrido en México, donde no se ha llevado a juicio, seriamente, a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Ha imperado la lógica de protección que se dan entre sí los que ejercen poder estatal.
 
Ante eso, la sociedad tiene dos caminos: primero, hacer justicia por propia mano, lo cual es complicado, porque implica quebrantar leyes, y segundo, crear instancias de justicia alternativas que suplan las omisiones de los órganos formales de autoridad. Esto último es lo que da origen a las comisiones de la verdad y a tribunales ciudadanos que juzgan éticamente.
 
La historia demuestra que no basta con juicios simbólicos. Por ejemplo, el expresidente Luis Echeverría ha sido condenado casi unánimemente por los mexicanos, pero en los hechos eso no le ha quitado el sueño.
 
Ante la prolongación por décadas de la impunidad, el mecanismo de una  comisión de la verdad resulta atractivo. Aunque debe de reunir ciertos requisitos indispensables para funcionar.
 
Las características de una comisión de la verdad eficiente son:
 
No debe de ser sólo testimonial. Es cierto que los informes son útiles para que la sociedad conozca los hechos investigados (vinculados a conductas aberrantes de integrantes del Estado), pero no tiene que quedar ahí, sino avanzar al enjuiciamiento de los responsables. Verdad y justicia son inseparables.
 
Que sea creada por el Congreso de la Unión: es necesario que cuente con facultades legales para tomar declaraciones y para recibir testimonios, así como reunir otras pruebas. Tendrá que hacer públicos sus hallazgos, para que eso presione al Ministerio Público a la hora del ejercicio de la acción penal.
 
Lo más importante de una comisión de la verdad es su autoridad moral, y eso tiene relación con el origen de sus integrantes. Deben de ser ciudadanos y ciudadanas que no tengan cargos públicos en ninguno de los niveles de gobierno ni ser directivos de ningún partido político. Es deseable que su trayectoria de vida esté vinculada con la defensa de derechos humanos. Aunque la neutralidad pura no existe, sí es posible encontrar personas que no tengan intereses concretos que les impidan un juicio sereno ante las atrocidades de la guerra sucia.
 
En México, los aparatos de justicia (jueces y ministerios públicos) han sido ineficientes para castigar a violadores de derechos humanos. Los delitos que se cometen desde el poder siempre han quedado impunes. Por eso es urgente crear comisiones de la verdad, ciudadanas y no testimoniales. México tiene derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. También los familiares que lo pidan deben de recibir la correspondiente reparación.
 
*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario
 

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Fuente: Revista Contralínea 274 / 4 marzo de 2012
 

 
 

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