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El asesinato de Robert Kennedy, el Watergate y el escándalo Irán-Contras fueron hechos que beneficiaron a un puñado de magnates estadunidenses, entre los que se encuentran Rumsfeld y Cheney. Les permitió apoderarse progresivamente del complejo militar-industrial de un país que ahora vive bajo un estado de urgencia permanente. La primera exigencia de un movimiento como Occupy Wall Street debería ser la abrogación del Patriot Act, que legaliza la solución de la crisis política en Estados Unidos por la vía militar

 
Peter Dale Scott/Red Voltaire/Segunda y última parte
 
Todos los eventos profundos antes mencionados conducen a la atribución a Washington de poderes represivos cada vez más numerosos. Es evidente que la Comisión Warren usó el asesinato del expresidente John F Kennedy para recrudecer la vigilancia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) sobre la ciudadanía estadunidense. Como escribí en mi libro Deep politics, era el resultado “de las controvertidas recomendaciones de la Comisión Warren al imponer que se ampliaran las responsabilidades del Servicio Secreto en materia de vigilancia interna. Paradójicamente, la Comisión concluyó que Lee Harvey Oswald [el asesino de Kennedy] había actuado solo […] Pero también que el Servicio Secreto, la Oficina Federal de Investigación [FBI, por su sigla en inglés] y la CIA debían de coordinar en conjunto la vigilancia sobre los grupos organizados. En particular, recomendó al Servicio Secreto que se dotara de una base informática de datos compatible con la que ya había elaborado la CIA”.
 
Este esquema se repetiría cuatro años después con el asesinato de Robert Bobby Kennedy, exfiscal general de Estados Unidos. En las 24 horas transcurridas entre los disparos que lo alcanzaron y su deceso, el Congreso adoptó con carácter urgente una ley redactada de antemano (como también lo estaban la Resolución del Golfo de Tonkín, de 1964, y la Patriot Act, de 2001), la cual amplió nuevamente los poderes secretos conferidos al Servicio Secreto en nombre de la protección de los candidatos a la Presidencia.
 
No se trataba de un cambio insignificante. Esa ley, aprobada con la mayor premura bajo la administración de Lyndon Baines Johnson, dio lugar a algunos de los peores excesos de la era de Richard Nixon.
Ese cambio contribuyó también al caos y a los actos de violencia de 1968, durante la Convención Demócrata de Chicago. Agentes de vigilancia de la inteligencia militar asignados al Servicio Secreto operaban entonces dentro y fuera de la sala de reuniones. Varios de agentes equiparon a los “gamberros de la Legión de la Justicia, como la Chicago Red Squad [que] cometió actos de brutalidad contra los grupos antibelicistas locales”.
 
Fue así como los nuevos poderes secretos conferidos después del asesinato de Robert Kennedy, propiciaron el catastrófico desorden de la Convención de Chicago, que prácticamente destruyó el viejo Partido Demócrata representante de los sindicatos. Los tres presidentes demócratas elegidos después de aquello fueron aún más conservadores.
 
Si se aborda la cuestión del Watergate o del Irangate, ambos hechos constituyeron no una extensión sino un retroceso de los poderes represivos que ejercían Nixon y la Casa Blanca de Ronald Reagan. Aunque de forma superficial, es cierto que dieron lugar a reformas legislativas que parecen contradecir mi tesis de la extensión de la represión.
 
 
Pero hay que puntualizar la diferencia entre la fase inicial del Watergate (la efracción) y los dos años de crisis registrados como consecuencia de ese acto malintencionado. La crisis del Watergate mostró a un presidente obligado a dimitir por la conjunción de numerosas fuerzas en las que se incluían simultáneamente liberales y conservadores. Pero los personajes fundamentales de esa primera fase –Howard Hunt, agente retirado de la CIA; James W McCord, integrante de la Operación 40 de la CIA; el jefe de operaciones de la Unidad de la Casa Blanca, G Gordon Liddy, y sus aliados cubanos– se situaban todos a la derecha de Nixon y del exsecretario de Estado, Henry Alfred Kissinger. Y el resultado de sus maquinaciones no se concretó hasta el momento de lo que se denominó en llamar la “masacre de Halloween”, en 1975, cuando Kissinger fue expulsado de su puesto de consejero para la Seguridad Nacional y se le comunicó al vicepresidente Nelson Rockefeller que quedaría al margen de la candidatura republicana en 1976. Esa importante reorganización fue planeada por otros dos personajes de la derecha: Donald Rumsfeld y Richard Dick Cheney, entonces integrantes de la Casa Blanca en la administración de Gerald Ford.
 
Aquel día de 1975 se concretó la derrota final de la facción llamada “Rockefeller” –o facción liberal– del Partido Republicano. Fue reemplazada por la conservadora “Goldwater-Casey”, que rápidamente lograría apoderarse de la candidatura presidencial y luego de la función suprema a través de Reagan. Esta revolución palaciega poco conocida, al igual que otras intrigas que se produjeron a mediados de la década de 1970, contribuyó al cambio en Estados Unidos: pasó de ser una economía capitalista de bienestar, que reducía paulatinamente las disparidades en materia de ingresos y de riqueza, a ser una “plutonomía” financiada en la que se invertían las tendencias anteriores.
 
 
A través del Irangate se constata la acumulación de poderes represivos encubiertos bajo reformas liberales. En esa época, no sólo la prensa sino también los profesores e investigadores universitarios –entre éstos yo– celebraron el fin del apoyo (estadunidense) a los contras en Nicaragua, así como el éxito del proceso de paz de Contadora. En cambio, lo que no se supo fue que, aunque el teniente coronel Oliver North había sido excluido del Proyecto Juicio Final, los planes de ese programa que preparaban la vigilancia, las detenciones arbitrarias así como la militarización de Estados Unidos siguieron extendiéndose después de su partida.
 
Tampoco el hecho de que el Congreso de Estados Unidos, a pesar de reducir su ayuda a un pequeño ejército narcofinanciado y vinculado con la CIA, estaba desarrollando en Afganistán un creciente apoyo a una coalición mucho más grande de fuerzas paramilitares aliadas a la Agencia y financiadas a través de la droga. Si bien el Irangate permitió que se conociera el asunto de los 32 millones de dólares que Arabia Saudita había entregado a los contras (a pedido del director de la CIA, William Casey), nada se supo sobre los 500 millones de dólares (probablemente más) que los sauditas, también por solicitud de Casey, habían entregado en aquella misma época a los muyahidines afganos. En ese sentido, el dramatismo utilizado al presentar el Irangate en el Congreso puede ser considerado como un montaje que desvió la atención del público, mucho más importante, de Estados Unidos en Afganistán –una política secreta que ha evolucionado desde entonces para convertirse en la guerra más larga de toda la historia del país.
 
Si se amplía la visión del caso Irán-Contras, se verá que en realidad se trata del caso Irán-Contras-Afganistán. Entonces se tendría que admitir que a través de ese evento profundo, complejo y mal conocido la CIA recuperó en Afganistán la capacidad paramilitar que el almirante Stansfield Turner había tratado de quitarle cuando ocupó el cargo de director de la Agencia (bajo la administración de James Earl Carter). Fue, en resumen, una victoria para una facción que se componía del oficial de la CIA, Richard Blee, protector de uno de los cinco secuestradores del vuelo que se estrelló contra el Pentágonocomo parte de un ataque suicida coordinado el 11 de septiembre de 2001,Khalid al-Mihdhar, y defensor en 2000, de una intensificación de las actividades paramilitares de la CIA en Afganistán.
 

Mismos individuos en los eventos profundos

 
Nunca olvidaré la primera plana del diario The New York Times  del 18 de junio de 1972, el día siguiente a la efracción del hotel Watergate. Allí estaban las fotografías de los individuos que habían entrado en el inmueble, inclusive las de Frank Sturgis (alias Fiorini).
 
Sturgis no era un tipo cualquiera. Excontratista de la CIA, contaba además con numerosos contactos en el medio de los expropietarios de casinos de La Habana, Cuba, todos vinculados al hampa. Mis primeros escritos sobre el caso Kennedy se concentraron en los vínculos entre él y un campo de entrenamiento de anticastristas cubanos cercano a Nueva Orleans, en cual Oswald había mostrado interés. También abordaban la implicación de Sturgis en falsos cuentos primarios que describían a éste como participante en una conspiración comunista cubana.
 
En 1983, cierto número de cubanos integrantes del ejército particular del agente Manuel Artime, respaldado por la CIA en Centroamérica, ayudaron a Sturgis en la propagación de aquellos cuentos primarios. En 1965, la base de Artime, Costa Rica, fue cerrada supuestamente debido a su implicación en el tráfico de drogas. Durante la década de 1980, algunos de aquellos exilados cubanos estuvieron implicados en actividades de apoyo a los contras (integrantes de las bandas contrarrevolucionarias que Estados Unidos financiaba con el tráfico de drogas para utilizarlos en su guerra sucia contra el gobierno sandinista nicaragüense).
 
El mentor político del Movimiento de Recuperación Revolucionaria de Artime era Howard Hunt, uno de los organizadores de la operación del Watergate. En 1972, pagó la fianza de los cubanos que habían participado en ese escándalo político. Ramón Milián Rodríguez, que se dedicaba al lavado del dinero de la droga, declaró haber entregado a varios de los cubanos del Watergate 200 mil dólares provenientes de Artime. Rodríguez dirigió después dos empresas costarricenses de mariscos –Frigoríficos y Ocean Hunter– que blanqueaban el dinero de la droga para prestar apoyo financiero a los contras.
 
También se indicó que Hunt y McCord habían estado implicados en los planes de Artime para invadir Cuba, en 1963. No creo que sea por casualidad que Artime, el protegido de Hunt, se metió en el tráfico de drogas. Hunt manejaba una conexión de narcóticos en Estados Unidos desde que fue, en 1950, jefe de misión de la Oficina de Coordinación Política en México.
 
Pero McCord, quien sería después el cómplice de Hunt y de G Gordon Liddy en la preparación y ejecución de la efracción del Watergate, no sólo se había distinguido por sus actividades anticastristas en 1963, también era integrante de la Red de Planificación de Crisis de Estados Unidos, que más tarde ocuparía un lugar central tras el Irangate y el 11 de septiembre de 2001. McCord pertenecía a una pequeña unidad de reserva de la fuerza aérea estadunidense en Washington, dependiente de la Oficina de Preparación para Crisis. La unidad estaba encargada “de confeccionar la lista de extremistas y de organizar planes de urgencia para censurar los medios de prensa y el correo postal en Estados Unidos, en periodo de conflicto armado”. Ésta formaba parte del Programa de Seguridad de la Información en Tiempo de Guerra que tenía la responsabilidad de activar “los planes de urgencia para imponer la censura de prensa, correos y todas las telecomunicaciones (incluso de las comunicaciones gubernamentales) y para encarcelar de forma preventiva a los civiles que representaran “riesgos securitarios” poniéndolos en “campos militares”. Se trataba de los mismos planes identificados en la década de 1980 bajo la denominación de Proyecto Juicio Final, los planes de Continuidad del Gobierno en los que trabajaron Cheney y Rumsfeld durante los 20 años anteriores al 11 de septiembre de 2001.
 

Continuidad del gobierno

 
La participación de James McCord en un sistema de planificación de urgencias encargado de (censurar) las telecomunicaciones sugiere la existencia de un denominador común tras prácticamente todos los eventos profundos analizados. Oliver North –en la organización del Irán-Contras, era el hombre de confianza del tándem Reagan-Bush dentro de la Oficina de Preparación para Crisis– estuvo implicado también en ese plan y tenía acceso a la red nacional supersecreta de comunicación del Proyecto Juicio Final.
 
La red de North, conocida con el nombre de Flashboard, “excluía a los demás funcionarios que tenían puntos de vista opuestos […] disponía de su propia red informática mundial dedicada al antiterrorismo […] a través de la cual sus integrantes podían comunicarse exclusivamente entre sí y con sus colaboradores en el extranjero”.
 
North y sus superiores utilizaron Flashboard en operaciones especialmente sensibles, que debían de permanecer secretas para los demás integrantes –sospechosos u hostiles– de la administración de Washington.
 
Las operaciones incluían entregas ilegales de armas a Irán y otras actividades, algunas de las cuales hoy siguen siendo desconocidas, que incluso pueden haber tenido como blanco a Olof  Palme (líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, asesinado por un desconocido mientras paseaba en compañía de su esposa tras salir del cine).
 
Flashboard, la red de urgencia de la década de 1980 en Estados Unidos, era en 1984 y 1986 el nombre que identificaba la red operativa de la Continuidad del Gobierno. Ésta fue planificada en secreto durante 20 años por un equipo que incluía a Cheney y Rumsfeld, y su costo total implicó varios miles de millones de dólares. El 11 de septiembre de 2001 los dos hombres que desde hacía tanto tiempo la habían planificado volvieron a activarla.
 
Ya en 1963, se perciben indicios del Proyecto Juicio Final, cuando Jack Crichton, jefe de la 488 Unidad de Reserva de la Inteligencia Militar, participó en éste en su condición de jefe de Inteligencia para la Protección Civil de Dallas, desde el Centro Subterráneo de Operaciones de Urgencia. Russ Baker cuenta que “dado que debía de permitir garantizar la Continuidad del Gobierno en caso de un ataque, [el Centro] había sido enteramente equipado con material de comunicación”. Un discurso pronunciado en la inauguración del centro, en 1961, proporciona más detalles: “Este Centro de Operaciones de Urgencia forma parte del Plan Nacional tendiente a conectar las agencias gubernamentales federales, provinciales y locales a través de una red de comunicación, a partir de la cual será posible dirigir las operaciones de salvamento en caso de una urgencia local o nacional. Es parte esencial del Plan Operacional de Supervivencia, a nivel federal, provincial y local”.
 
En otras palabras, Jack Crichton, al igual que James McCord, Oliver North, Rumsfeld y Cheney, formaba parte de lo que en la década de 1980 se llamó Proyecto Juicio Final. Pero el objetivo de ese programa se amplió considerablemente en 1988: ya no se trataba sólo de prepararse para un ataque nuclear, sino de planificar la suspensión efectiva de la Constitución de Estados Unidos ante cualquier tipo de urgencia nacional. Este cambio, introducido en 1988, permitió la aplicación de la Continuidad del Gobierno el 11 de septiembre de 2001. Hasta aquel momento, el Proyecto Juicio Final se había desarrollado hasta convertirse en lo que el Washington Post llamó “un gobierno de la sombra que ha evolucionado basándose en planes de continuidad de las operaciones preparados desde hace mucho tiempo”.
 
 
Está claro que la Oficina de Preparación para Crisis proporciona un denominador común para identificar a los personajes clave tras prácticamente todos los hechos estructurales analizados en este artículo. Queda mucho camino por recorrer antes de que se logre comprobar si la propia Oficina fue el origen de alguno de esos hechos. Creo, sin embargo, que las redes alternativas de comunicaciones internas de ésta (que más tarde serán incorporadas al Proyecto 908) han desempeñado un papel significativo al menos en tres eventos profundos: el asesinato de John F Kennedy, el Irangate y el 11 de septiembre de 2001.
Lo anterior se demuestra fácilmente con el caso del 11 de septiembre, donde ya se sabe que Cheney aplicó los planes de Continuidad del Gobierno del Proyecto Juicio Final, incluso antes de que se estrellara el último de los cuatro aviones secuestrados. La Comisión Investigadora fue incapaz de encontrar los registros que hubieran permitido reconstruir las principales decisiones que tomó Cheney, lo cual parece indicar que éstas sólo pudieron elaborarse a través del “teléfono seguro”, situado en el túnel que conduce al bunker presidencial –tan secreto que la Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre nunca pudo obtener las grabaciones telefónicas–. Probablemente se trataba de un teléfono del programa de la Continuidad del Gobierno.
 
En realidad no se sabe si el “teléfono seguro” pertenecía al Servicio Secreto o si, como cabe esperar, era parte de la red segura de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca. De ser correcta la segunda hipótesis nos encontraríamos ante una importante similitud entre el 11 de septiembre y el asesinato de Kennedy. En efecto, la Agencia de Comunicaciones afirma en su sitio web que fue “un elemento clave en la documentación sobre el asesinato del presidente Kennedy”.
 
Sin embargo, no resulta fácil comprender quién compiló esa documentación ya que la Comisión Warren no logró que se le diera acceso a los registros y transcripciones de la Agencia.
 
El Servicio Secreto había instalado un transmisor de radio portátil de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca en el vehículo que encabezaba el cortejo presidencial. Éste utilizaba también la radio de la policía para mantenerse en contacto con el auto-piloto, en el que se hallaba George Lumpkin, director adjunto del Departamento de Policía de Dallas e integrante de la 488 Unidad de Reserva de la Inteligencia Militar.
 
 
Las grabaciones de los mensajes de la Agencia de Comunicaciones del convoy nunca fueron entregadas a la Comisión Warren, ni tampoco a la comisión sobre los asesinatos creada por la Cámara de Representantes ni al Comité de Estudio de los Archivos sobre Asesinatos. Por lo tanto, no se puede determinar si esas grabaciones pudieran explicar algunas de las anomalías comprobadas en los dos canales del Departamento de Policía de Dallas. Por ejemplo, las grabaciones habrían permitido aclarar la llamada de origen desconocido que grabó la policía de Dallas. Ésta proporcionó la descripción de un sospechoso exactamente de la misma estatura y peso –erróneos por demás– que aparecían en los expedientes del FBI y la CIA sobre Lee Harvey Oswald.
 
En 2012, todavía se vive bajo el estado de urgencia proclamado por el expresidente George Bush desde el 11 de septiembre de 2001. En todo caso, ciertas disposiciones de la Continuidad del Gobierno siguen vigentes y fueron incluso reforzadas por Bush a través de la Directiva Presidencial 51, en mayo de 2007. El Washington Post comentó en relación a la Directiva que, “después de los atentados de 2001, Bush nombró un centenar de altos funcionarios civiles, entre éstos a Cheney, para que se turnaran en secreto durante varias semanas o meses, en instalaciones de la Continuidad del Gobierno situadas fuera de Washington, para garantizar la supervivencia de la nación. Constituyen así un gobierno de la sombra que ha evolucionado con base en  ‘planes para la continuidad de las operaciones’ preparados desde hace mucho tiempo”.
 
Es posible que este “gobierno de la sombra” haya definido los objetivos finales de los proyectos de la Continuidad del Gobierno ya previstos con anterioridad, como por ejemplo la vigilancia sin mandato (judicial), sobre todo gracias a la ley Patriot Act. Las controvertidas disposiciones de esta legislación ya habían sido aplicadas por Cheney y otros funcionarios, incluso antes de que el proyecto de ley llegara al Congreso, el 12 de octubre de 2001.
 
Otros proyectos de la Continuidad que fueron puestos en práctica incluían la militarización y vigilancia interna bajo la dirección del Comando Norte, así como el proyecto del Departamento de Seguridad Interna llamado Endgame, un plan decenal de ampliación de los campos de detención que sólo en el ejercicio fiscal correspondiente a 2007 alcanzó un costo de 400 millones de dólares.
 
Tengo, por consiguiente, una recomendación para el movimiento Occupy, que justamente se rebela en contra de los excesos plutocráticos que Wall Street ha cometido durante las últimas tres décadas: llamar a que se ponga fin al estado de urgencia que se mantiene en vigor desde 2001. En virtud de éste, desde 2008, una brigada de combate del Ejército se mantiene permanentemente en posición, en Estados Unidos, en parte para que esté lista “a contribuir al control de las multitudes y de disturbios sociales”.
 
Los amantes de la democracia deben de hacer todo lo posible por evitar que la crisis política que actualmente se desarrolla en Estados Unidos se resuelva por la vía militar.
 
En conclusión, desde hace medio siglo la política estadunidense ha sido influida y alterada por la irresolución del asesinato de Kennedy. De acuerdo con un memorándum del 25 de noviembre de 1963, redactado por el fiscal general adjunto Nicholas Katzenbach, en aquel entonces era importante convencer a la opinión pública de que “el asesino era Oswald” de que “no había cómplices”. Por supuesto, esta prioridad se hizo más importante aún después de la adopción simultánea de esas dudosas proposiciones por parte de la Comisión Warren, de las instituciones estadunidenses y de la prensa dominante.
 
 
Esta disimulación de la verdad se ha convertido desde entonces en una embarazosa prioridad para todas las administraciones posteriores, inclusive a la actual. En ese sentido se puede citar, por ejemplo, el caso de Todd Leventhal, funcionario del Departamento de Estado –bajo la administración de Barack Obama– cuya función oficial consistía (hasta hace poco) en defender la tesis del loco solitario en respuesta a las tesis de los llamados “conspiracionistas”.
 
Si Oswald no fue un asesino solitario, no sería sorprendente que existiese un vínculo entre quienes falsificaron los informes sobre él y quienes han deformado la política de Estados Unidos en los posteriores eventos profundos, empezando por el Watergate.
 
Desde los eventos profundos de 1963, la legitimidad del sistema político de Estados Unidos se ha visto atrapada en una mentira que los eventos profundos posteriores han ayudado a proteger.
 
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