Autor:

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la antigua dirigencia del sindicato de trabajadores retienen 8 millones de pesos a los obreros. Las autoridades universitarias mantienen en su poder más de 3 millones y medio, que liberarán hasta que el sindicato cuente con la toma de nota y una nueva Comisión de Finanzas. Otros 4 millones se encuentran en manos de la antigua dirigencia sindical en cuentas a las que no tienen acceso los nuevos líderes. Mientras, la Universidad cesa a integrantes de la flamante representación gremial. Los trabajadores acusan al Gobierno del Distrito Federal de “inmiscuirse” en asuntos de la Universidad, pues –consideran– busca imponer a una dirigencia a modo en el sindicato

 
Cerca de 8 millones de pesos son “retenidos” al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM). Las autoridades universitarias mantienen 3 millones 573 mil 251 pesos ?respuesta a la solicitud 37000000038711, realizada por Contralínea a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal?, mientras Gabriela Cecilia Barrueta Ruiz y María Laura Cano Ordaz –quienes fungieron como secretaria general y secretaria de la Comisión de Finanzas, respectivamente, durante el periodo de 2007-2009– tienen bajo su poder 4 millones de pesos.
 
Por concepto de cuota sindical, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) aplica a 1 mil 175 trabajadores sindicalizados un descuento del 1 por ciento sobre el salario integrado vía nómina ?la cifra de agremiados corresponde a la actualización que hace la Coordinación Ejecutiva del Sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje–. La institución está obligada a transferir a la cuenta bancaria del SUTUACM, durante los tres días hábiles siguientes a la quincena en que se haya practicado el descuento, el total de las cuotas (cláusula 88 Cuotas Sindicales, capítulo XII Apoyo a la Organización Sindical y Derechos Colectivos, del Contrato Colectivo de Trabajo).
 
El Comité de Transparencia de la Universidad, conforme el acuerdo 03/CTUACM/08/12/2011, restringió a Contralínea. “Se está solicitando el nombre del banco y el número de cuenta en la que se depositan dichas cuotas, lo cual pone en riesgo la seguridad de los recursos económicos”.
 
José de Jesús Izquierdo Ubaldo, abogado general de la UACM, argumenta que el Sindicato se encuentra en una “irregularidad jurídica”. Con la entrega de la toma de nota a la Coordinación Ejecutiva, el 10 de febrero pasado, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no bastaría para que se les entregaran los recursos, pues un segundo requisito es la constitución de la Comisión de Finanzas, la cual tendría que elegirse en una asamblea general, como lo establece el artículo 26 de los Estatutos del SUTUACM.
 
 
La “legalidad” con la que ha procedido la administración, de acuerdo con el funcionario, se basa en: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 3, fracción VII, y 123), la Ley Federal del Trabajo (artículos 110, fracción VI, y 132, fracción XXII) y el Contrato Colectivo de Trabajo 2009-2011 (cláusula 1 Objeto y Ámbito de Aplicación, en el capítulo I Disposiciones Generales). Además, cita: la administración del patrimonio del Sindicato estará a cargo de la Comisión de Finanzas, de conformidad con sus atribuciones; los integrantes deberán contar con la experiencia en el manejo de bienes y atender a los principios de honestidad, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas (artículo 65 de los Estatutos).
 
La dirigencia sindical señala que se trata de una argucia. “Al principio de nuestra gestión [como Coordinación Ejecutiva] tuvimos una reunión formal con la rectora [María Esther Orozco Orozco]; hubo una respuesta favorable, pero al final cerró diciendo ‘no tienen toma de nota’. Para nosotros es muy clara la intromisión de la administración en los asuntos del sindicato; es la injerencia en la vida de la organización y es una violación a la libertad sindical. Por ejemplo, [José Antonio] Cid Ibarra, mediante sus enlaces administrativos [de plantel], impide que los trabajadores vayan a asambleas cuando calcula que no les conviene”, comenta María Auxilio Heredia Anaya, secretaria general del SUTUACM, quien espera que los recursos por concepto de cuota sindical le sean entregados a la brevedad.
 
El 30 de mayo de 2011, a través del boletín 54, titulado El Ministerio Público da la razón a la Rectoría de la UACM ante el conflicto con su sindicato, la Universidad informaba el “no ejercicio de acción penal en contra de Esther Orozco. “En el acuerdo, emitido el 9 de mayo pasado, se señala que el Sindicato no aportó los elementos para acreditar que la rectora actuó con fines de lucro, además de que el secretario general no se apegó a los ordenamientos internos del Sindicato al no exhibir constancia alguna que acreditara que la notificación de la cuenta bancaria del SUTUACM estaba suscrita en forma mancomunada por el secretario general y la Comisión de Finanzas, tal como lo señalan los Estatutos”.
 
La denuncia de hechos había sido interpuesta por Abraham Guzmán de Blas, secretario en ese entonces, y señalaba la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta, relacionado con el manejo de las cuotas sindicales.
 
 
Carlos García Morales, secretario de Comunicación y Relaciones Externas del SUTUACM, declaró a nombre del Sindicato: “La rectoría de la UACM falta a la verdad una vez más […]. Nos encontramos ante una situación en la cual el apoyo del Gobierno del Distrito Federal a la doctora Orozco es clarísimo y tiene por objeto la aniquilación de nuestro Sindicato con los ataques de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ahora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal […]. Al Consejo Universitario le solicitamos no su intervención en asuntos internos del Sindicato, sino la revisión de las atribuciones normativas de la rectora para mantener secuestradas las cuotas sindicales de los trabajadores de la UACM” (Novena Sesión Extraordinaria de 2011, celebrada en el plantel Casa Libertad, el 31 de mayo).
 
“Ha ido creciendo el clima de hostigamiento y persecución” en contra de la disidencia. Para Heredia Anaya, la Coordinación Ejecutiva electa está siendo vulnerada: José Alberto Benítez Oliva, suplente de la Secretaría de Organización, ha sido rescindido; José Eduardo Mosches Nitkin, de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Externas, y Claudio Albertani Ganassini, de la Subsecretaría de Asuntos Laborales (sector académico), enfrentan un procedimiento administrativo ante la contralora general, Verónica Cuenca Linares. “Está clarísimo, se trata de una persecución contra la representación de los trabajadores”.
 
Según el boletín de prensa 001, del 26 de enero pasado, la UACM dice que, como “medida preventiva”, se suspendió “temporalmente” a Mosches Nitkin, Pedro de León Rosas e Hiram Valverde Maldonado, los tres integrantes del área de Publicaciones de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, “por su presunta responsabilidad en el daño patrimonial de 3 millones de pesos en perjuicio de la institución”; y “se aclara que las rescisiones de los contratos laborales de los profesores Alberto Benítez y John [Erik] Hazard son el resultado de una queja presentada por consejeros estudiantiles, debido a las agresiones físicas y verbales que ambos académicos profirieron en su contra”.
 
En contraste, Guzmán de Blas precisa: “Lo central aquí es que las instancias [el Consejo Universitario, la Oficina del Abogado General y la Contraloría General] están siendo utilizadas políticamente en detrimento de los objetivos académicos de la Universidad; se hace para atacar a los que la doctora Orozco considera sus adversarios […] ¿Qué atribuciones tenía la administración para retener las cuotas sindicales? Pues era un propósito político de ahorcar financieramente al Sindicato y hacerlo ver ante los trabajadores como deficiente; ésa era la dinámica, como se pretende ahora”.
 
Contralínea solicitó entrevista con las autoridades universitarias, por medio de Claudia Magdalena Macedo Ramírez, coordinadora de Comunicación. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo repuesta por parte de la funcionaria. Izquierdo Ubaldo accedió por decisión personal.
 
Por otra parte, Barrueta Ruiz y Cano Ordaz, académicas sindicalizadas de San Lorenzo Tezonco, mantienen en cuentas de Bancomer y Grupo Financiero Inbursa 4 millones de pesos por el mismo concepto. A decir de Abraham Guzmán, las antiguas dirigentes objetan que el proceso electoral no ha terminado, la comisión encargada renunció, y que la Comisión de Finanzas entrante requiere toma de nota otorgada por la Junta.
 
 
“La decisión del manejo de los recursos financieros deberá de tomarse de forma mancomunada entre el secretario General y el secretario de la Comisión de Finanzas. Ésta deberá de presentar el estado financiero del Sindicato en la primera semana de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año” (artículo 66 de los Estatutos). Ante este hecho, ellas hacen un uso ilegal de los recursos porque ninguna instancia u órgano de gobierno del Sindicato había autorizado su actuar a partir de que dejaran sus respectivas funciones, ?repara Guzmán de Blas y afirma que existen dos denuncias que ahí están durmiendo el sueño de los justos en la Procuraduría local.
 
Personal de la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco y de la Coordinación Académica de la Universidad informa que Gabriela Barrueta se encuentra en año sabático ?derecho apuntado en la cláusula 78, capítulo VIII Apoyos a la actividad académica y al trabajo de campo, del Contrato Colectivo?. Y, Laura Cano refutó: “No me interesa dar entrevista. Todo, algún día, saldrá a la luz. No quiero crear más controversia” ?vía telefónica, el 7 de febrero de 2011?.
 
A pesar de que “la recuperación de las cuotas sindicales” era uno de los puntos centrales del eje de trabajo propuesto por la Planilla Naranja (una de las contendientes para la Coordinación Ejecutiva 2011-2013), José Hernández Vázquez, quien figuraba para ser suplente de la Secretaría de Organización, considera: “No hay retención de cuentas por parte de la autoridad. Si no tienes toma de nota o tienes una provisional y no puedes nombrar a una Comisión de Finanzas, pues no puedes mover ni un centavo porque no tienes personalidad jurídica para hacerlo”.
 
“Si las cuentas bancarias estuvieran a nombre del Sindicato, con la Comisión de Finanzas tendrían acceso. Si estuvieran a título de las compañeras, pues hay vías para ejercer ese derecho. Ambos casos nos remiten, desde un punto legal, a ver si tenemos la Comisión de Finanzas. Cualquier caso se resuelve si nuestra Comisión de Finanzas es reconocida en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”, añade Samuel Vázquez Lima, quien también formaba parte de la planilla y sería secretario de Acción y Previsión Social.
 
 

Toma de nota y vida sindical

 

El 78.38 por ciento de los sindicalizados eligieron, en octubre de 2011, a su dirigencia. “Conforme a los resultados de esta elección, el voto por la planilla Autonomía Sindical fue de 470 votos y por la Planilla Naranja emitieron su voto favorable 433 votantes”, según consta en el boletín de prensa, fechado el 28 de octubre de 2011, de la Comisión Electoral 2011-2013. No obstante, ambas planillas se disputaban la toma de nota que daría la Junta Local.
 
“Con respecto a la solicitud de toma de nota por parte de integrantes de la antigua Planilla Naranja, recordamos que el comunicado ‘No al charrazo’, del 20 de enero pasado, informamos que tres personajes con un negro historial, los abogados Gilberto Chávez Orozco, Elvia Palancares López y Miguel Ángel Aragón Audelo, acudieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje presentando documentación falsa, con la solicitud de la toma de nota en beneficio de aquella planilla”, se lee en el comunicado CE/04/2012, con fecha del 31 de enero pasado, de la actual Coordinación Ejecutiva Sindical.
 
Durante la junta aclaratoria del profesor John Hazard, el 16 de enero de 2011, Arturo Alcalde Justiniani explicaba: sin tener ninguna facultad, la representación de la Universidad pidió la toma de nota, lo cual es absurdo. Nunca en la historia el patrón pide eso porque no es autoridad, pero obviamente lo hace porque están boicoteando la toma de nota en la Junta a través de María Alicia Hernández Zamora y Lorenzo Gutiérrez Bardales. Las cuotas secuestradas son otra cosa absurda. Podemos emplazar a huelga, pero necesitamos que la gente vaya a las asambleas. Tenemos que ejercer presión sobre la base del gobierno de la Ciudad  de México, porque quien coordina en la Junta es José Ángel Ávila Pérez, secretario del Gobierno del Distrito Federal.
 
Gutiérrez Bardales, Hernández Zamora y Etzel Blass Bautista son representantes del patrón y de los trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A decir del exsecretario General Abraham Guzmán “estos personajes se ostentan como funcionarios de la Junta” y perciben un salario.
 
Alicia Hernández expone que la Ley Federal del Trabajo la obliga a firmar todos los documentos que la Junta le presente. “Me parece que cada quien debe de tomar su responsabilidad y yo lo hago al ser imparcial; no me voy a meter en esos problemas de si me pongo a favor de unos o de otros, porque dañaría a la institución al crear una mayor polaridad. Siempre he mantenido una relación cordial, sana y respetuosa con Alcalde y creo que el diálogo es lo que debe de prevalecer. Él es uno de los mejores abogados en la materia, pero no es un buen político. No podemos dejarle las decisiones a nuestros abogados porque nadie más que nosotros sabemos lo que representa el proyecto de la Universidad”.
 
La rectora instrumenta un “intento de charrazo” junto con “un grupo de afiliados al SUTUACM, algunos de los cuales, lamentablemente, son integrantes del Consejo General de Representantes […]. El montaje es evidente. En complicidad con el representante de rectoría, Lorenzo Gutiérrez Bardales, y los citados abogados utilizaron la documentación firmada para una supuesta impugnación, [pero fue] para una solicitud de toma de nota, incurriendo así en un delito que puede ser perseguido penalmente. Celebramos la honestidad y valentía de David [Gaytán Cabrera] y señalamos que los compañeros Mauricio Álvarez Estrada y Felipe García Hernández, antiguos integrantes de la Plantilla Naranja, también se han deslindado de las felonías que señalamos”, se lee en el comunicado enunciado.
 
El artículo 133, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones intervenir en el régimen interno de un sindicato. Bajo esta perspectiva, el abogado general José de Jesús Izquierdo enfatiza en el hecho de que la Universidad no tiene competencia para determinar ni influir en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. “No tenemos preferencia [hacia una u otra planilla]. Que dentro de la Universidad haya una tendencia por contrarrestar la opinión de Autonomía Sindical  es válido. Si una de las planillas, la Naranja, supone que hubo irregularidades hará valer sus derechos ante las instancias prudentes y competentes; no porque lo digan las autoridades de la Universidad”.
 
 
Contralínea solicitó entrevista con Mayra Susana Carrillo Pérez y Pedro Mendoza Romero, integrantes del Consejo General de Representantes ?órgano de deliberación y resolución, reglamentado a partir del artículo 32 de los Estatutos?. Sin embargo, por decisión del resto del Consejo se abstuvieron de emitir declaraciones.
 
“Este juego de charrazo o sindicato blanco me parece un exceso en un ambiente universitario cuando se debe de tener la capacidad de argumentación. ¿Cómo han salido a comentar que se ingresó documentación falsa en la Junta? Con todo respeto, demuéstrenlo y las implicaciones legales son evidentes. Tenemos que encontrar mecanismos de inclusión. Hacemos un llamado a la cordura y a la sensibilidad. En ausencia de una Coordinación Ejecutiva, la Asamblea aceptó una Comisión Negociadora, tres de un bloque y tres del otro. Tenemos un Consejo General de Representantes, ¿cuál es el papel que podría jugar en ese momento?”, puntualiza Vázquez Lima.
 
Gaytán Cabrera, excandidato a secretario general por la Planilla Naranja, en un comunicado del 27 de enero pasado, explica: “Accedí a firmar un poder para una impugnación, no para una solicitud de toma de nota y esto, en términos de principios, es bien diferente […]. Por ello, a partir de ahora, me deslindo públicamente de esta solicitud y de la Planilla Naranja e invito a todos, ‘naranjas’ y ‘autónomos’ u otros, a un diálogo racional a favor de la unidad sindical en estos momentos difíciles para los trabajadores y para nuestra universidad”.
 
Aunque José Hernández y Samuel Vázquez no se retractan de haber firmado dicho documento, aseguran no ser personal allegado a la rectora Orozco Orozco. “Tenemos que buscar las formas de romper esos estereotipos. Si fuéramos gente de primer nivel, lo sospecharíamos. Hay mucho trabajo que hacer y problemas que resolver. Debemos de responder por los votos que recibimos”.
 
Para Auxilio Heredia existía un contubernio entre la Junta Local, el Gobierno del Distrito Federal y la UACM para no entregar a Autonomía Sindical la toma de nota. “Me parece que hay una evaluación equivocada por parte del jefe de Gobierno [Marcelo Ebrard]; piensa que al Sindicato es mejor tenerlo con las manos atadas. [Los que integramos] la Coordinación Ejecutiva hemos demostrado que somos trabajadores comprometidos con la institución. [Ante los procedimientos que se le siguen a Benítez, Mosches y Albertani] la lectura que hacemos es eso, un ataque frontal contra la representación sindical. El Gobierno del Distrito Federal cree que golpeando al Sindicato la protegen a ella [Esther Orozco] y yo creo que no le hacen ningún favor. Nosotros no pedimos más que eso, que respeten nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y eso implica que la administración y el gobierno no se metan en la vida interna del Sindicato”.
 
Para Alicia Hernández ?quien fuera la primera secretaria general del SUTUACM?, José Hernández y Samuel Velázquez hay vacíos legales que deben de atenderse: la revisión y reforma urgente de los Estatutos, pues debió hacerse después de la primera elección de la Coordinación Ejecutiva; la constitución de las comisiones de Honor y Justicia, Garantías y Vigilancia, de Finanzas, y de Procedimientos Electorales (artículo 26 de los Estatutos); el desarrollo de las comisiones mixtas ?de Admisión, Evaluación y Escalafón del Personal Administrativo; de Seguridad e Higiene; de Formación, Capacitación y Adiestramiento; y de Tabuladores, todas éstas emanadas del capítulo X Comisiones Mixtas del Contrato?; hace falta el Estatuto de Personal Académico y Administrativo; las coordinaciones ejecutivas salientes tendrían que emitir informes íntegros sobre su gestión, al acoger principios enumerados en el artículo 3 de los Estatutos; existe la necesidad de recuperar el carácter colegiado de las coordinaciones; y la actualización de la información sindical ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
Durante la Asamblea General del 18 de agosto de 2011, en San Lorenzo Tezonco, se eligió a los integrantes de la Comisión Electoral 2011-2013: Juanita del Pilar Ochoa Chi y David Velázquez Suárez, de Centro Histórico; Cuauhtémoc Santos Jiménez y Laura Ivonne Mendoza Sánchez, de Casa Libertad; Beatriz Eugenia Romero Cuevas y Rafael Iván Azuara Monter, del Valle; Esther Manning Ortega y Luis Manuel Aburto López, de Eugenia; Alejandro Fragoso Domínguez y Ernesto Guijosa Hernández, de San Lorenzo Tezonco; José Doroteo Munive Espinosa y María del Rocío Álvarez Guerra, de Cuautepec (de Madero).
 
Dicha Comisión dio seguimiento al proceso en el que Autonomía Sindical ganaría. De acuerdo con el Comité de Observadores Independiente, conformado por varias asociaciones civiles, no se reportó durante la jornada de elección de la Coordinación Ejecutiva 2011-2013 “ningún incidente de gravedad que considerara algún recurso de impugnación”.
 
 
 
 
 
 

 

Comments

comments