Seguridad alimentaria, congelada

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Más de tres cuartas partes del territorio mexicano son afectadas por la sequía invernal; el impacto recaerá en 2 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. En tanto, desde 2006 permanece en la congeladora del Senado de la República la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

 
 
La sequía en 19 entidades del país afectará a más de 2 millones de personas este año. El impacto, indican especialistas y legisladores, es consecuencia de la falta de leyes y programas que garanticen la seguridad alimentaria. Desde 2006, se mantiene en la congeladora del Congreso de la Unión la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
 
En tanto, Estados Unidos (principal “socio” comercial de México en materia agropecuaria) dispone, desde la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de leyes agrícolas quinquenales que respaldan a sus productores.
 
El 1 de febrero pasado, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indicó que “la sequía está dañando en forma extraordinaria a (los estados de) Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, pero que perjudica también, en la clasificación de sequía severa, a partes de otras 14 entidades con una mayor afectación. Esto no se ha traducido en afectación muy grave a la producción agrícola porque son estados áridos; pero sí en la producción ganadera”.
 
La Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional establece “la obligación para el Estado mexicano, con base en la participación de los sectores privado, público y social, de planear las actividades económicas, con el objeto de garantizar el logro de los objetivos nacionales”.
 
En 2006, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 328 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, el dictamen por el que se expidió la Ley, y que incluye la aplicación de ciencia y tecnología en la preservación de la biodiversidad y respeto a la cultura indígena. Entre sus objetivos principales se encuentra el de garantizar la soberanía, la seguridad agroalimentaria y la nutrición adecuada de todos sus habitantes.
 
Con la Ley se pretende “aumentar la capacidad productiva de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, en un sistema eficiente, equilibrado económica y socialmente, en el mercado nacional y mundial”. Además propone un subprograma de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición, que debiera de estar listo a más tardar en 2015, a cargo de la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Desarrollo Social.
 
Víctor Suárez Carrera, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006, promovió la Ley con la que, indica, se pretende enfrentar el incremento de la dependencia agroalimentaria y la inexistencia de una política de Estado a largo plazo.
 

Aprobación urgente

 
Suárez Carrera, autor del libro Políticas públicas para la agricultura mexicana, y actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), expone que la ley es de carácter programático-presupuestal y propone una estrategia multianual para el sector agroalimentario.
 
Antonio Mejía Haro, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado de la República, explica que la iniciativa de Ley es un instrumento legal para promover una política de Estado que mantenga la soberanía y la seguridad alimentaria insertados en un mundo global. “Se trabaja para que antes de que se termine esta legislatura se dictamine. No puede quedar en letra muerta”.
 
El legislador zacatecano señala que México es de los países de América más vulnerables, pues importa el 48 por ciento de lo consumido y se tiene una balanza comercial deficitaria. “Una nación que no produce el 75 por ciento de sus alimentos es susceptible a la inseguridad alimentaria. Lo que es peor, a un sólo país: Estados Unidos. Cuando el maíz se utilizó para la producción de etanol en ese país, en México se elevaron los precios de la tortilla”.
 
Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista, urge a la aprobación de la Ley, pues es necesario dar un viraje a las políticas públicas del país y el ritmo de una nueva actuación del Estado mexicano.
 

México en desventaja con Estados Unidos

 
En el libro Políticas Públicas para la Agricultura Mexicana el exdiputado perredista hace énfasis en las políticas de protección y apoyo a la agricultura ligadas a la historia de Estados Unidos, que han pasado por las sucesivas etapas de expansión, crisis y surgimiento como potencia imperialista. “Los principios filosóficos e ideológicos que han moldeado la doctrina estadunidense han estado impregnados por la importancia de la agricultura,  los agricultores y por la obligación superior del gobierno y los ciudadanos de brindarles su apoyo y protección. Así se considera a la agricultura como una virtud moral y al agricultor como el portador de la verdadera y original cultura estadunidense”.
 
Suárez Carreta analiza las leyes agrícolas quinquenales orientadas a solucionar los problemas de la agricultura, como la inestabilidad en los precios agropecuarios y los ingresos de los agricultores, la depresión severa periódica de precios e ingresos; la preocupación acerca de la eficiencia y la rentabilidad de la agricultura, su impacto en la seguridad alimentaria y en las exportaciones; la sobrevivencia de las granjas familiares y las comunidades rurales, así como la erosión de los terrenos agrícolas y el deterioro del medio rural y la subalimentación y el hambre de los ciudadanos y naciones.
 
Para ello, el gobierno estadunidense ha establecido leyes quinquenales para mantener e incrementar los ingresos de los agricultores, promover la estabilidad en los precios agropecuarios, garantizar la seguridad alimentaria y preservar la granja familiar, la comunidad rural y propiciar la conservación ecológica.
 
Mientras que los acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio, así como las políticas internas de los países subdesarrollados han establecido compromisos para la reducción y eventual desaparición de los subsidios agrícolas distorsionadores del comercio, señala el director ejecutivo de la ANEC, “Estados Unidos no solamente no cumple con sus compromisos de reducción, sino que incrementa de manera significativa el monto de los subsidios agrícolas para obtener una ventaja desleal en la disputa por los mercados agrícolas internacionales”.
 
Alerta que el incremento de los subsidios agrícolas de Estados Unidos representa un hecho sin precedente que afectará gravemente no sólo a la agricultura mexicana, sino a toda la agricultura y el comercio agrícola internacional.
 
Mejía Haro, senador por el PRD, señala que el campo mexicano se ha enfrentado a reformas estructurales “drásticas”, con un impacto negativo, entre éstas la participación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y la firma del TLCAN. Además, el desmantelamiento de instituciones “pilares” del desarrollo agropecuario, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Fertilizantes Mexicanos, Productora Nacional de Semillas y el Banco Rural, entre otras.
 
El líder de la Central Campesina Cardenista, Max Correa Hernández añade que “el campo no sólo debe de estar en  un contexto macroeconómico adecuado, sino también debemos de aprovechar que tiene un carácter multifuncional. Además de producir bienes económicos, hay los públicos, ecológicos, de seguridad nacional culturales, entre otros. Por lo que es necesario que la Ley sea aprobada en el corto plazo”.
 

La Unión Europea prioriza a sus campesinos

 
En el sistema global se afirma que la idea de soberanía es “obsoleta”. Sin embargo, países integrantes de la Organización Mundial de Comercio como Estados Unidos, los de la Unión Europea, Japón o China priorizan sus políticas estatales.
 
Los integrantes de la Unión Europea, que a través de la política agrícola común garantizan la seguridad alimentaria, son los que desde el término de la Segunda Guerra Mundial dieron prioridad a este sector, expone Suárez Carrera.
 
En la reconstrucción de la economía después de la etapa bélica, explica, la recuperación de la agricultura fue lo primero que se hizo. Esto “a fin de lograr en el corto plazo la suficiencia alimentaria, el suministro de alimentos a las ciudades a precios bajos y una oferta suficiente de materias primas agroindustriales; en síntesis, coadyuvar a la construcción del aparato productivo a partir de la agricultura”.
 
 
 
Programas de apoyos para el campo de Estados Unidos
 
En el libro Políticas públicas para la agricultura mexicana, de Víctor Suárez Carrera, actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, se exponen los programas con los que se rige la agricultura estadunidense.
 
Apoyo a los precios y al ingreso (price support programs)
 
Tiene como principal objetivo mantener los precios rurales que deban de recibir los productores participantes ante una caída de los precios de mercado debajo de niveles mínimos específicos. Estos programas funcionan a través del establecimiento de un precio mínimo o piso para cada una de las mercancías elegibles y que estará vigente a lo largo del quinquenio en cuestión.
 
Apoyo al ingreso (income support price)
 
En la ley agrícola se establece para determinados productos un precio objetivo o precio meta, referencia para los pagos directos compensatorios al productor a lo largo del quinquenio en cuestión.
 
Control de la oferta (supply control/management)
 
Las farm bills (políticas agroalimentarias) incluyen diversos programas que reducen y controlan la oferta de los productos agropecuarios, con el objetivo de aumentar y estabilizar los precios y reducir el costo fiscal de los pagos de deficiencia y de los préstamos garantizados sobre cosechas futuras.
 
Reducción de superficies (acreage reduction program)
 
Programa de retiro voluntario de superficies de siembra de determinados productos (trigo, sorgo, maíz, arroz y algodón, principalmente), en el cual los granjeros participantes dejan de sembrar un porcentaje de su superficie de cultivo para destinarla a fines de conservación.