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Anunciados por el presidente Felipe Calderón como la panacea de su gobierno para la transparencia en el sector energético, los comités de auditoría que deberían de haber funcionado en organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de evitar actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, resultaron una más de las ficciones oficiales que sucumbieron ante el poder de los intereses creados por los integrantes del “cártel de la Electricidad, que desde hace más de dos décadas se adueñó del control interno de la paraestatal.
 
En la amplia investigación elaborada en el seno de la Comisión de Energía de la LX Legislatura, y entregada en Los Pinos a Calderón, en agosto de 2009, quedaron de manifiesto numerosas irregularidades cometidas por funcionarios de la CFE, en el manejo y otorgamiento de contratos, en muchos de los cuales sus propias empresas, a través de prestanombres, fueron beneficiadas al solaparle incluso la entrega de equipos defectuosos, no sólo a destiempo sino fuera de los parámetros de concurso establecidos por la normatividad.
 
Se detalla, en el acucioso análisis, la forma en que personajes como el ahora prófugo de la justicia, Néstor Moreno Díaz, actuaron fuera de la ley en perjuicio del patrimonio de la CFE, burlándose tanto de los órganos de control interno como de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública.
 
Aquí expongo dos casos irrefutables de la corrupción de la CFE y que Calderón se negó a analizar en la denuncia presentada a las puertas de la residencia oficial por la Comisión de Energía, lo que permitió que gente como Néstor Moreno siguiera sangrando a la hoy ilógicamente llamada “empresa de clase mundial”.
 
El 22 de diciembre de 1995, se firmó el contrato 951047 entre la Comisión Federal de Electricidad y la contratista Apycsa, cuyos trabajos, de acuerdo a lo establecido, estarían encaminados a concluir el proyecto Salamanca-Texcoco. En su cláusula 1.1.2 se establece: “El contratista se obliga a diseñar, suministrar y construir las subestaciones eléctricas de potencia y las líneas de potencia”.
 
Una semana después de concretar el acuerdo, la CFE pagó a Apycsa los anticipos pactados en la cláusula 9, para el cumplimiento del contrato. El  contratista expidió a la paraestatal las facturas 3287 y 3288; a su vez, la Comisión amparó la emisión de cheques a favor de la empresa con las pólizas 046888 y 046890.
 
Pero de manera increíble, un año y medio después de firmado el contrato, Apycsa no había movido un dedo para iniciar los trabajos pese a haber recibido el adelanto y, peor aún, el 22 de abril de 1997, el ingeniero Héctor Sierra, responsable del proyecto de la CFE, informó a Apycsa que, mediante el oficio CPTT.7C.016.012/97, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (a cargo nada menos que de Moreno Díaz) “pondrá (sic) a su disposición en calidad de préstamo y en función de existencia en almacenes de la CFE aquellos equipos y materiales que conforme a los programas de obra electromecánica fueron requeridos”.
 
El 30 de abril de 1997, el ingeniero Julio Ruiz Guerrero, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Construcción, dio también luz verde al fraude al aducir “necesidades propias del sistema interconectado nacional”. Pero de nuevo, el 12 de mayo de 1997, Ruiz Guerrero solicitó al ingeniero Isidro Becerril, gerente de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación, que “debido a la urgencia que esta Coordinación tiene para concluir la subestación Texcoco, se haga el traspaso del material”.
 
Los días 10, 12, 14, 19, 20, 23 y 25 de junio de 1997, salieron de las bodegas de la CFE los materiales y el equipo para ser entregados, de manera ilegal, al Grupo Apycsa. Todo ello con un valor superior a 16 millones de pesos. La pandilla de Néstor Moreno nunca comprobó que Apycsa los materiales que se le entregaron en bandeja de plata. Tampoco dieron ninguna explicación sobre el destino que la empresa privada dio a los adelantos entregados ni por qué  los trabajos se iniciaron casi dos años después de lo pactado. Tales irregularidades motivaron la demanda presentada ante la PGR, el 26 de mayo de 2006, por el exapoderado legal de la CFE, Ismael Macías Barrón, en contra de los presuntos responsables.
 
Pero la queja pasó como el día y la noche para los funcionarios de la Secodam y la PGR. De hecho, dos años antes, y en pleno auge de sus negocios ilícitos, Moreno había sido destituido e inhabilitado de su cargo como coordinador de Transmisión y Transformación de la CFE, por 10 años, pero no por la irregularidad de los contratos ni el retraso de las obras, sino por un asunto administrativo en el que despidió “sin causa justificada” a un trabajador, conforme avaló en su defensa, hace un año, el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. Poco después de su sanción, el corrupto funcionario obtuvo un recurso de revocación y regresó a su puesto.
 
Por el quebranto ocasionado por Apycsa –uno de los tantos cometidos por el “cártel de la Electricidad”– nadie resultó responsable y menos castigado.
 
Otro botón de muestra de la impunidad que priva en la CFE: el 17 de enero de 2001, la Secodam dio curso a los procedimientos administrativos DR/044/00 y DR/045/00, realizados por la Contraloría Regional Golfo Centro de la paraestatal, en éstos se detectaron irregularidades relacionadas con contratos de las empresas SEPAC (Sistemas Eléctricos de Potencia, SA de CV) y SENSA (Control Digital, SA de CV), para el suministro de unidades sicles,  que de acuerdo con las indagatorias “no funcionaron y se encuentran en almacenes [de la CFE], lo mismo para pedidos de unidades centrales maestras y siscoproms (sistemas equivalentes a los sicles, pero en el área de distribución). Se menciona además que Néstor Moreno Díaz es dueño bajo prestanombres de la empresa SENSA, y solicitan una intervención rápida para evitar que se consume un fraude de grandes proporciones”.
 
Pero tampoco ocurrió nada, pues parece que el entonces contralor federal, Francisco Barrio Terrazas, estaba tan enajenado con el Pemexgate que ni se preocupó por volver los ojos a los gigantescos fraudes que se cometieron  frente a sus narices en la CFE, donde nadaban a sus anchas los auténticos peces gordos de la corrupción. Uno de éstos, Néstor Moreno, se sigue riendo de la laxitud de las leyes mexicanas agradecido de que Calderón no haya concretado sus comités de auditoría y menos que se tomara la molestia de enterarse de sus mil y un fechorías, encubiertas por su exjefe y socio, Alfredo Elías Ayub.
 
Por cierto, a pesar de que la Organización Internacional de Policía Criminal contaba ya con una ficha del hoy prófugo, una juez decidió cancelar la orden de aprehensión dictada en contra del exdirector operativo de la CFE, con lo que todo indica que podrá seguir disfrutando de los millonarios sobornos, los yates y los ferraris por los que lo investigó la justicia estadunidense. Todo, gracias también a la red de complicidades que sigue operando en la CFE en contubernio con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y de su central antiobrera, la Confederación de Trabajadores de México.
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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