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Campañas y guerra sucia en marcha
 
  
El gobierno federal ha iniciado una campaña mediática y judicial para desprestigiar a grupos políticos de oposición y a sus candidatos que aspiran a la Presidencia de la República. Algunos de los expedientes oficiales que empiezan a salir y otros que conoceremos en las próximas semanas y meses, mediante la prensa, tendrán fundamento legal y razón de ser; pero muchos más simplemente serán abiertos para desacreditar políticamente a los opositores. Lo único cierto en esta lucha desgarradora por el poder, es que en los siguientes cinco meses del proceso electoral observaremos un incremento de la violencia verbal que se sumará a la criminal en todo el país.
 
Para ello, el aparato del Estado ha echado mano de sus órganos de procuración de justicia, de inteligencia, de investigación y de seguridad nacional –como lo hacía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando mantenía en su poder el control de éstos–, en donde los analistas trabajan largas jornadas, desde hace varios meses y hasta años, para integrar los expedientes que le permitan contener a los políticos que aspiran a ocupar Los Pinos.
 
Como según las cuestionadas encuestas el candidato presidencial a vencer es el priísta Enrique Peña Nieto, en las últimas semanas hemos visto filtraciones de investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de tres exgobernadores del PRI en Tamaulipas, la entidad más conflictiva del país en materia de delincuencia organizada.
 
También supimos de la captura de funcionarios del gobierno de Veracruz cuando transportaban campantemente 25 millones de pesos en efectivo en maletas que traían en un avión oficial gubernamental. Por más argumentos que den los funcionarios veracruzanos, es una vieja práctica de grupos criminales utilizar dinero en efectivo procedente de diversos delitos en sus transacciones comerciales, lo que se le conoce como lavado de dinero cuando se busca evitar que se conozca el origen y el destino de dichos fondos. En el caso de Veracruz, el gobierno asegura que los 25 millones son del presupuesto estatal, pero hasta ahora no han presentado evidencias documentales de los bancos de donde fueron retirados esos recursos, lo que hace presumir que éstos proceden de otras fuentes de financiamiento.
 
Con este acoso político y la revelación de expedientes judiciales por corrupción, lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado, en contra de políticos vinculados con los aspirantes de oposición que buscan alcanzar la Presidencia, está todo listo para el arranque formal de las campañas políticas y también para el inicio de la guerra sucia que ya se prepara en los sótanos de las oficinas de los órganos de seguridad nacional e inteligencia financiera como una medida desesperada para aferrarse al poder y con ello cubrir la serie de errores y corruptelas que podrían enfrentar funcionarios federales ante la justicia y la rendición de cuentas.
 
Otro asunto que ha causado preocupación en el equipo priísta es el conflicto personal que enfrenta el exgobernador mexiquense Arturo Montiel con su exesposa la francesa Maude Versini, lo que podría convertirse en una pesadilla debido a que podría denunciar las corruptelas cometidas por su exmarido cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México y revelar las enormes cuentas bancarias acumuladas supuestamente con dinero público. La duda es si en las acusaciones aparecerá el nombre del candidato, quien era la persona de mayor confianza de Montiel.
 
Hace varios años Montiel Rojas pudo negociar con el fisco su retiro como aspirante aspirar a la Presidencia de la República, a cambio de seguir en libertad, por las irregularidades encontradas en sus cuentas financieras personales y de su familia, pero ahora el gobierno federal está dispuesto a revivir ese viejo y voluminoso expediente que puede afectar la carrera presidencial del PRI.
 
Otro expediente que está listo en las oficinas públicas es el de Luis Miranda Nava, quien fuera secretario general durante el gobierno de Peña Nieto y quien, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concretamente la Unidad de Inteligencia Financiera, durante su desempeño como responsable de las finanzas del gobierno de Arturo Montiel, la PGR integró un expediente penal en su contra por supuesto fraude fiscal y desvío de recursos públicos, pero habría bastado una llamada desde las oficinas del gobernador mexiquense para que el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha archivara la acusación. Ahora, el gobierno de Felipe Calderón pretende revivir esa acusación (entre otras) para que puedan detener al PRI en su marcha hacia Los Pinos.
 
Un expediente más elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera es el del coordinador de la campaña del candidato priísta, el diputado con licencia Luis Videgaray Caso, a quien la SHCP investigó en sus cuentas bancarias personales y movimientos financieros, y encontró supuestamente algunas irregularidades que planea hacer públicas. Lo mismo sucede con el mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, a quien Hacienda lo investigó por evasión fiscal y para que explique el origen de varios millones de pesos que encontraron en sus cuentas personales.
 
Para investigar directamente a Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera integró un equipo especial de fiscalistas y contadores, quienes revisan sus cuentas financieras para determinar si tuvo que ver en los movimientos irregulares de su exjefe Montiel y poder acusarlo en pleno proceso electoral.
 
Estas indagatorias contra destacados priístas continúan y lo que se rumora en pasillos judiciales y hacendarios es que ya está listo un delicado expediente en contra de varios actores políticos pertenecientes al Grupo Atlacomulco. Ya veremos.
 
*Periodista
 
 

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