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Entre quienes buscaban impulsar una política de desestabilización en Bolivia e incluso contaban con un plan para asesinar al presidente Evo Morales, se encuentran personajes que instrumentaron en ese país la política estadunidense de contención a los movimientos democráticos en América del Sur durante las décadas de 1970 y 1980, conocido como el Plan Cóndor. Las investigaciones revelan que los antiguos represores siguen actuando de manera coordinada. Así, es posible ver a exmilitares argentinos activos en Santa Cruz, Bolivia

 
Alfredo Boada Mola/Prensa Latina
 
La Paz, Bolivia. La vinculación de las acciones del represor argentino Luis Enrique Baraldini con el caso Terrorismo en Bolivia, reactivó las investigaciones acerca de los colaboradores del Plan Cóndor, que sembraron el terror durante las pasadas dictaduras militares en Suramérica.
 
Este caso se investiga desde abril de 2009, cuando la policía boliviana desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz (Este), encabezada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa, quien murió en la acción junto a dos colaboradores, mientras que otros dos integrantes de la banda fueron capturados.
 
Los mercenarios planeaban realizar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales.
 
Acusado de violación de derechos humanos cuando fue jefe de policía en la provincia argentina de La Pampa (durante la dictadura militar de 1976 a 1983), Baraldini fue detenido el 25 de diciembre de 2011, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y luego trasladado a La Paz.
 
Baraldini, quien encabezó un grupo de tareas a través de las cuales secuestró y torturó a detenidos políticos, cayó en una redada en compañía de su hija Rosana, cuando salía al aeropuerto de Santa Cruz, a esperar a su esposa Olga Riquet, e inmediatamente Argentina pidió su extradición.
 
En la madrugada del 25 de diciembre, fue entregado en la fronteriza población de Bermejo, en Tarija, a las autoridades judiciales argentinas, para responder por más de 300 delitos.
 
La inteligencia boliviana estaba detrás de la pista del excoronel, de 74 años de edad, quien llevaba una cédula de identidad falsa a nombre de Marco Antonio Aponte (uno de los motivos de Bolivia para expulsarlo del país).
 
Este prófugo de la justicia argentina desde 2003 tenía una orden de captura internacional dictada por la fiscal federal de Santa Rosa, Argentina, Marta Odasso.
 
El seguimiento de su esposa Olga y su hija Sandra Mabel (quien vive en Santa Rosa) fue clave para detener al exrepresor, cuya presencia en Bolivia desde 2003 fue solapada, ya que el esposo de su hija Rosana, Raúl López, es el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Santa Cruz.
 
Ahora los concejales del partido político boliviano Movimiento al Socialismo (MAS), en Santa Cruz, exigen al alcalde Percy Fernández la destitución de este funcionario.
 
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La Organización Internacional de Policía Criminal localizó a Baraldini en Bolivia en 2007, y en 2009 se produjo el intento de asesinato en contra del presidente Morales, hecho del cual el gobierno argentino informó la participación de exmilitares de esa nación en la acción terrorista.
 
Poco después de su deportación, la derecha boliviana buscó un motivo político para explicar su detención, a lo cual respondió el Ejecutivo.
 
El ministro de Gobierno (Interior), Wilfredo Chávez, explicó que se cuenta con información de los nexos y actividades de Baraldini en el país y se trabaja en ello desde la Inteligencia. “Hay investigaciones abiertas sobre el caso y no es el único”.
 
Chávez respondió así a las denuncias realizadas por las autoridades argentinas de que el excoronel de policía se alió con grupos de ultraderecha en el país altiplánico para derrocar y asesinar al presidente Morales, en 2009, y dividir al país.
 
La ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, reveló que el represor tuvo una activa participación en el intento de magnicidio contra el mandatario boliviano.
 
Al ser cuestionado sobre la presencia en Bolivia de otros implicados en torturas en épocas de dictaduras, la autoridad mencionó que existen grupos de poder ligados a la derecha nacional e internacional, opuestos a la nueva Constitución Política del Estado y al proceso de cambios en el país, que protegen a este tipo de personas.
 
 
El ministro de Gobierno advirtió que la captura del excarapintada fue legal y muy lejos de ser una jugada política (ante la hipótesis que aún maneja la derecha boliviana).
 
“Existía una orden de captura internacional que fue cumplida por el Estado a través de las fuerzas de inteligencia en el marco de la cooperación judicial y la policía internacional”, explicó el titular de Gobierno.
 
“Es una irresponsabilidad hablar de una detención política”, afirmó Chávez, ante las protestas de la ultraderecha establecida en Santa Cruz, que durante muchos años protegió a torturadores y masacradores, como Baraldini y Jorge Baldiano.
 
Aunque el ministro no aseguró que el reo perteneciera a la célula mercenaria de Eduardo Rósza –que tramó fragmentar al país en 2009, a través de una ola de atentados terroristas–, la detención del torturador reactivó las investigaciones acerca de los colaboradores de dictaduras que sembraron el terror de 1964 a 1982.
 
Como sucedió en el gobierno del expresidente boliviano Hernán Siles Zuazo, entre 1982 y 1985, con la captura y entrega a la justicia internacional del exjefe de comandos nazis Klaus Barbie Altmannel carnicero de Lyon, o de cruentos torturadores que ingresaron a Bolivia para huir de procesos judiciales en países donde cometieron crímenes, Barbie –según se rumora en Bolivia– se sentaba cada tarde en un café, rodeado de guardaespaldas, mientras que los gobiernos en turno ignoraban las exigencias internacionales de captura y extradición. Durante años colaboró con las dictaduras latinoamericanas y en enero de 1983, fue deportado a Francia, donde fue condenado a cadena perpetua.
 
En ese sentido, el senador del MAS, Eugenio Rojas, exigió investigar las acciones y nexos de Baraldini, sospechoso de conspirar contra el presidente Morales, en 2009.
 
Rojas manifestó que “hay que pedir informes al Ministerio de Gobierno sobre este represor que tenía contactos para organizar actos criminales; investigar y conocer qué pasó, para saber qué medidas tomar, para proteger a líderes políticos, sindicales o cualquier otro ciudadano”.
 
De acuerdo con el senador, no se tiene suficiente información de los actos del exmilitar en Bolivia, y por ello exhortó a las instituciones de inteligencia del país a fortalecer su trabajo.
 
Recientemente, el exconcejal del MAS, Osvaldo Peredo, reveló que otro torturador argentino, Jorge Baldián, vive en Trinidad bajo la apariencia de un empresario agropecuario.
 
Éste (también con una larga trayectoria como colaborador de gobiernos dictatoriales desde la década de 1970), es un personaje cercano al gobernador suspendido del departamento de Beni (al Noreste de Bolivia), Ernesto Suárez, con quien apareció en diversos actos públicos.
 
Baldián fue una figura clave en los órganos represivos durante la dictadura del general Luis García Meza (1980-1981), y su presencia estuvo sujeta a incursiones en centros de detención para extraer confesiones bajo tortura a perseguidos políticos, y torturó al propio Peredo cuando éste estuvo preso entre 1978 y 1979, en las llamadas “casas de seguridad”, en tiempos de dictaduras.