Ecuachaski/IPS-Voces de la Tierra

 

 Quito, Ecuador. El gobierno del presidente Rafael Correa se apresta a suscribir contratos con las mineras transnacionales Kinross y Ecuacorriente, por una inversión de 3 mil millones de dólares para la explotación de dos proyectos mineros, indicó en entrevista a la agencia de prensa británica Reuters, el viceministro de Minas, Federico Auquilla.

 

Kinross, con sede en Canadá, tiene el interés en el proyecto de oro, Fruta del Norte; mientras que Ecuacorriente, filial de Corriente Resources (también con sede en Canadá), explotará la mina de cobre Mirador.

 

De esta forma el funcionario gubernamental ratificó la orientación del gobierno de Correa en avanzar en la extracción minera a pesar de la creciente resistencia social, los cuestionamientos a la falta de rigor científico en los estudios de impacto ambiental y la demanda de los pueblos y nacionalistas por una consulta previa, instituida en la constitución vigente.

 

El I Foro Social Minero, realizado en noviembre de 2011 en Cuenca, con 800 delegados de todo el país, reveló los graves riesgos que ocasiona la minería y denunció que económicamente los ingresos que generará serán sensiblemente inferiores a los costos de la reparación ambiental, a los daños de las fuentes de agua, por lo cual se consideró que no es un buen negocio para el Estado.

 

Auquilla afirmó que los contratos están prácticamente terminados y que están definiendo los últimos detalles para el documento definitivo. Calificó las negociaciones como difíciles pero necesarias para aumentar los ingresos del Estado. En sus estimaciones las compañías construirán las minas en dos años y medio.

 

A decir de Auquilla, los acuerdos incluirían el pago adelantado de regalías. Agregó que el gobierno ecuatoriano no revelaría cuánto deberán pagar las compañías bajo los contratos que firmen; sin embargo afirmó que los proyectos mineros contribuirán con un 5 por ciento del producto interno bruto.

 

Este pago adelantado, se estima, será destinado para proyectos sociales como nuevos hospitales en las áreas donde operarán las minas, precisamente donde aumenta la oposición, de forma que su uso estará asociado a la estrategia de fraccionar y debilitar la resistencia social a la minería.

 

El favoritismo de Correa por la minería, demuestra su abandono político de las posiciones nacionalistas y de izquierda y su viraje a favor de las empresas transnacionales que buscan oro en el contexto de la crisis monetaria mundial, donde la onza se ha disparado hacia los 2 mil dólares y se estima que su valor real se sitúa en los 15 mil dólares, lo que tiene un alto costo político para Correa a nivel interno y externo.

 

El gobierno, por su lado, considera que esta es una forma de diversificar la economía ecuatoriana de su dependencia de las exportaciones petroleras. Sin embargo, es cuestionado por mantener el modelo de explotación y exportación primaria que ha caracterizado las relaciones económicas del país desde los años del colonialismo español. En tanto en otros temas, Correa fustiga a la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox,  y trata de aparecer como un duro objetante, su posición por la minería es calificada por Reuters como la de un acercamiento más laxo con las transnacionales.

 

La difusión internacional de las exitosas negociaciones de Kinross en Ecuador ha favorecido la evolución del valor de sus acciones en la bolsa de valores, que habían estado bajo presión.

 

“Hemos hecho buenos progresos en las negociaciones con el gobierno de Ecuador. Esas negociaciones son confidenciales por lo que no puedo comentar detalles”, explicó un vocero de Kinross, al afirmar que la compañía está en camino de completar el estudio de viabilidad de Fruta del Norte a fines de año.

 

 

La minería existe en el país desde hace siglos, sin embargo es considerada incipiente en relación con las técnicas de producción actuales. El objetivo del gobierno de Correa, calificado por los líderes de la Cámara de Minería como el mejor defensor de la minería, es desarrollar la actividad a gran escala, abriendo la explotación de las importantes reservas que tiene a favor de las transnacionales.

 

Auquilla informó que el gobierno pondría a subasta concesiones mineras para proyectos de exploración antes de fin de año. “Hay muchas empresas canadienses, australianas, surafricanas, chilenas, que están interesadas en este proceso”. Actualmente reveló que se negocia un contrato con la International Minerals (también establecida en Canadá) para el proyecto de oro y plata Río Blanco.

 

Indicó que el gobierno firmará un segundo contrato de operación con Ecuacorriente para el proyecto de cobre Panantza-San Carlos y otro con Iamgold que tiene previsto desarrollar la mina de oro y cobre en Kimsacocha.

Auquilla exteriorizó que la minera estatal ecuatoriana Enami firmaría pronto un contrato con la chilena Codelco para formar un emprendimiento conjunto para explorar oro y cobre, y que las negociaciones sobre los otros tres contratos mineros deberían concluir el próximo año.

 

 

 

Los inspectores de las provincias amazónicas de Ecuador, que son las máximas autoridades electas, rechazaron los planes de gobierno de implantar la minería a gran escala y ampliar la exploración petrolera en la región, y exigieron más control sobre los recursos que estas actividades generan.

 

En el marco de la III Cumbre Amazónica, que reunió a cinco de los seis inspectores de la zona, el de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, aseveró que “no existe una planificación del proyecto minero”, el cual, a su juicio, beneficiará a las multinacionales y tendrá un alto impacto ambiental.

 

“Quizá nos estamos encaminando para que esta minería sirva para el bien de los ecuatorianos o acaso hemos caído en la agenda de las empresas mineras extranjeras y éstas nos están llevando a su vaivén y para sus intereses”.

 

En cambio, el presidente de Ecuador ha enfatizado que el desarrollo de la minería a gran escala es primordial para el progreso del país y ha dicho que espera que se cierren los nuevos contratos en los próximos días. “Como debe de ser, en forma responsable, ambiental y socialmente vamos a desarrollar nuestro potencial minero”.

 

En julio de 2011, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, indicó que Ecuador negocia con cinco empresas extranjeras concesiones mineras que implicarían una inversión de 4 mil 20 millones de dólares, mientras que Correa manifestó que el 53 por ciento de las rentas mineras quedarán a cargo del Estado.

 

Al igual que el resto de la Amazonia ecuatoriana, Zamora Chinchipe –donde se realizó la cumbre–, es una joya verde de una gran biodiversidad que cuenta con papagayos, boas constrictor de hasta ocho metros que se aposentan en los árboles y tortugas que transitan pacientemente por el suelo.

 

Para el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, José Acacho, Correa quiere “destruir y acabar con los seres vivos, hombres, mujeres, plantas y una rica biodiversidad que hay en la Amazonía”, por lo que el pueblo de esta región “está en lucha y en resistencia; no dejaremos de hacer o declinar; somos hombres de lucha, guerreros; sabemos ganar y vencer, y mucho más con un pueblo unido”, afirmó Acacho, quien se opuso a cualquier tipo de actividad que produzca daño medioambiental en la Amazonía.

 

Correa señaló que la mayor amenaza para la biodiversidad de la región no es la explotación minera o petrolera, sino la agricultura. “Con una explotación adecuada del petróleo y la minería, que tiene impacto ambiental pero muy concentrado y que puede ser remediado, podemos evitar la expansión de la frontera agrícola”.

 

Por su parte, Quishpe resaltó que en Zamora Chinchipe están realizando “un programa de producción limpia” como  una alternativa a la minería, que consiste en el cultivo de café y cacao para exportación. La inspectora de Orellana, Guadalupe Llori, destacó que la explotación petrolera en esa provincia sólo ha conllevado  a la  “contaminación y la muerte”.

 

En este sentido, indicó que espera que esa experiencia sirva de ejemplo para los demás territorios, y para que desde un inicio “se exija una planificación a las personas que entran a explotar la Amazonía, para luego no sufrir impactos medioambientales, ecológicos, sociales o culturales”.

 

La exportación de crudo financia el 25 por ciento del presupuesto estatal y ahora el Ejecutivo pretende abrir licitación a 21 nuevos bloques petroleros de 200 mil hectáreas cada uno en la Amazonia.