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Vigilando, controlando que mi perdición se llevara a cabo según las reglas del juego, regular y lentamente, sin perder el ritmo. Tenía hambre. El hambre me hacía delirar; estaba ebrio de hambre. Mi miseria no tenía fin. ¡Ojalá y tuviera un poco de pan para llevarme a la boca! ¡Ojalá y hubiera una manera de poner fin a todo esto! Deseaba tanto morir… Me hallaba despojado de todo, me han hecho más miserable de lo que era
Knut Hamsun, Hambre
 
Difícilmente puede negarse que el aumento desproporcionado del precio de los alimentos registrado desde 2011, que ha afectado su acceso a la mayoría de la población y agravado el deterioro en su calidad de vida, en especial la de los habitantes de las zonas rurales y urbanas agobiados por los diversos grados de marginación social, y que además agita otra vez el fantasma de la hambruna, está asociada a los fenómenos naturales y a las prácticas especulativas de los mercados.
 
Sin embargo esos elementos son circunstanciales a los problemas que atraviesa el sector agropecuario (sobre todo el tradicional), desde la década de 1960. Las causas fundamentales de su irresuelta y dilatada crisis estructural se gestan con el antiguo modelo de desarrollo que subordinó y sacrificó sus actividades a las necesidades de la industrialización, y se agudizan y llegan a un callejón sin salida con el modelo neoliberal y la negligencia calderonista para atender de manera oportuna las necesidades inmediatas de los productores más pobres.
 
Se puede afirmar que la crisis es inducida desde el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón. Es la consecuencia del nuevo modelo agropecuario impuesto en las peores condiciones y las más desventajosas para los productores más desprotegidos: en plena crisis recesiva e hiperinflacionaria de la década de 1980; la aplicación de las políticas recesivas ortodoxas de estabilización que reprimen los precios (sobre todo los primarios); los ingresos de la población; el consumo y la inversión; las contrarreformas estructurales; la reprivatización de la tierra; el retiro del Estado del sector con la reducción de subsidios y otros apoyos fiscales (apoyos financieros y precios de insumos baratos); las obras de infraestructura y de asistencia técnica (mecanización de la producción, semillas mejoradas, abonos); el desmantelamiento y la privatización del sistema de comercialización y la regulación del mercado agrícola (producción, reservas, precios) con la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que cede su espacio e infraestructura a los intermediarios oligopólicos; la quiebra del Banco de Desarrollo Rural; la desaparición de fideicomisos y la marginación del crédito tanto de la banca pública como de la comercial; la apertura comercial súbita e indiscriminada (aranceles y cuotas de compras), el Tratado de Libre Comercio (TLC) que beneficia básicamente a Estados Unidos, con el objeto de reducir el nivel de los precios con la entrada masiva de bienes agropecuarios importados y someter a los productores a una competencia externa desigual, debido a que sus precios son más bajos, merced a los subsidios que reciben los oferentes foráneos y su mayor productividad; la menor inflación internacional y la sobrevaluación cambiaría; y el cambio en el enfoque de la seguridad alimentaria basada en la soberanía, en la producción nacional, sin importar el origen del abastecimiento (doméstico o externo).
 
La lógica es sencilla. Como expresó Luis Téllez, cuando fue subsecretario de Agricultura en el sexenio del expresidente Carlos Salinas: se “modernizan” los productores tradicionales, sustituyen su producción tradicional de baja productividad y competitividad por productos con un potencial mayor, orientados al mercado exterior, lo que, por añadidura, elevará sus ingresos y su nivel de vida, o se dedican a otra actividad. Sólo le faltó decir: o se mueren de hambre. El respaldo estatal se ha concentrado en los agroexportadores. Los demás productores fueron abandonados a su suerte, en el peor de los escenarios. Sin apoyos fiscales ni crediticios, con un mercado interno deprimido debido al deterioro salarial, se les dejó a merced de la competencia externa desleal, cuyos productos eran más baratos que de los grandes comercializadores y de la agroindustria que impone precios bajos de compra de la producción, lo que sumado a los mayores precios públicos y de sus insumos (gasolina, electricidad, fertilizantes) han provocado su descapitalización. Para complicar su situación, Vicente Fox Quesada y Calderón adelantaron de manera unilateral las fechas de la apertura del mercado negociadas dentro del TLC, en productos sensibles como el maíz, el frijol o los lácteos, a diferencia de los estadunidenses que inventan protecciones arancelarias y neoarancelarias (fitosanitarias, cuotas “voluntarias”, “ambientales, por ejemplo en los casos del atún de aleta amarilla o el aguacate).
Al inicio del calderonismo era más que evidente que la apertura comercial y el TLC habían sido dañinos para México. En 2005, un organismo “políticamente correcto”, el Banco Mundial, señaló en su informe Generación de ingreso y protección social para los pobres, que los programas agropecuarios aplicados en el país “no han sido exitosos para lograr las metas establecidas que consisten en apoyar a los productores nacionales de productos básicos para ajustarse a la competencia internacional a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y contribuir a que los agricultores cambien a cosechas más competitivas. Las condiciones desiguales de competencia que enfrentan los campesinos mexicanos en la mayoría de las cosechas con respecto a sus vecinos del Norte [son] los niveles de dotación más deficientes [en México] y los extensos programas de subsidios agrícolas que se aplican en Estados Unidos y Canadá” (José Luis Calva, “Los plazos se cumplen”, El Universal, número 311, 2006).
 
La crisis agropecuaria, por tanto, ha sido planeada. Contrasta con la frase pronunciada en 1933 por Franklin D Roosevelt, impulsor del nuevo trato (new deal) del Estado de bienestar estadunidense: “Prefiero rescatar a los que producen alimentos que a los que producen miseria”.
 
Los precios bajos de las importaciones permitieron disminuir el nivel general de la inflación a costa de arruinar y empobrecer a los productores tradicionales. Pero a principios de este siglo la situación cambió radicalmente. La especulación financiera en los mercados de futuros de alimentos y materias primas revirtió la situación.
 
Por desgracia los principales beneficiarios son los intermediarios (Wal-Mart, Gigante, Monsanto y demás) que pueden mover especulativamente sus precios para elevar sus ganancias. La mayoría de los productores locales se encuentran incapacitados para aprovechar la ola alcista. La perdedora es la mayoría de la población que resiente la especulación interna y externa con los alimentos, ante la pasividad y complicidad de Calderón. Durante la crisis mundial de 2009, las presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff, de Argentina y Brasil, respectivamente, regularon sus exportaciones y precios internos para evitar el desabasto y el alza de los precios. En cambio, Calderón profundizó la desgravación arancelaria y dejó libre las cotizaciones. A principios de la década de 1980, el sector agropecuario estaba completamente protegido. Al inicio del TLC el arancel promedio ponderado de las importaciones agropecuarias cayó un 8 por ciento. En 2011, fue de 0.8 por ciento. Con la sobrevaluación cambiaria fue algo negativo.
 
La sequía que afecta el 54 por ciento del territorio nacional cuando menos 21 estados de 31, más la capital del país −en especial Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas− a 1 mil 213 municipios (de un total de 2 mil 441, más 16 delegaciones de la capital), de los cuales 1 mil 174 han sido declarados en estado de emergencia, y que hasta principios de noviembre de 2011, habían provocado la pérdida de 963 mil hectáreas de cultivo y 42 mil cabezas de ganado, junto con las inundaciones, las heladas o el calentamiento global, terminaron por hacer pedazos al campo y elevar los precios de los alimentos. De por sí antes de esos fenómenos, 30.5 millones de hectáreas de 40.3 millones (el 75.5 por ciento) dedicadas a la agricultura, los pastizales y las plantaciones forestales, ya resentían diversos niveles de degradación que afectan su calidad y productividad.
 
Datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales señalan que, hasta noviembre de 2011, la producción agrícola se redujo 16 por ciento respecto del total de 2010. Las caídas más importantes son: avena, 53 por ciento; frijol, 48 por ciento; chile verde, 46 por ciento; jitomate, 41 por ciento; tomate, 38 por ciento; maíz, 35 por ciento; y brócoli, 34 por ciento.
 
¿Qué hizo Calderón? Nada. Se mantuvo indiferente. En respuesta a las demandas de los productores para que apoyara a los municipios que padecen sequía, declaró: “No puedo sacarlos de la manga [los recursos], no puedo ser irresponsable”, ya que México vivió experiencias tristes en los sexenios de los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, cuando las reservas se quedaron sin fondos, situación similar a la que está provocando la crisis en Grecia. Vetó el decreto legislativo que crea un fondo especial de 10 mil millones de pesos para enfrentar la sequía en México.
 
Sólo se decidió, ¿por razones electorales?, al menos discursivamente, a canalizar 11 mil millones de pesos y distribuir 14 mil paquetes de apoyo alimentario entre la comunidad tarahumara, cuando emergió el escándalo provocado por el suicidio de 50 mujeres y hombres de esa comunidad indígena, desesperados por la hambruna, y que el desvergonzado gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte, se atrevió a decir que si bien hay hambruna, los indígenas no quieren dejar sus tierras porque así son felices. ¿Y así piensan retornar los priístas a gobernar México? ¿Y el resto del país que sufre el problema de hambre y el encarecimiento de los precios de los alimentos qué?
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la administración calderonista, entre 2006 y 2010, el número de personas que padecen “pobreza alimentaria” (incapaces de comprar la canasta básica) aumentó de 21 a 24.7 millones, y “pobres patrimoniales” (tampoco pueden adquirir dicha canasta ni cubrir sus gastos en salud, educación, vestido, vivienda y transporte) de 45.5 millones a 57.6 millones. Son quienes resienten el alza de los precios. En realidad, son al menos 75 millones.
 
Las medidas que Calderón se vio obligado a adoptar son inútiles para enfrentar la crisis agropecuaria y alimentaria. Sin simples sucedáneos electorales que no resuelven este crimen de Estado. Es como dar aspirinas a alguien que perdió las extremidades. En nada alteran el modelo que ha provocado la dependencia agroalimentaria y la pérdida alimentaria desde 1980 y 1996, cuando su comercio exterior se volvió crónicamente deficitario. El desastre es irreversible si no se cambia el modelo. El peso adquirido de las importaciones sobre la producción local en el consumo es dramático en los productos básicos: 31 por ciento, en los 10 principales granos y oleaginosas (arroz palay, frijol, maíz grano, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón hueso, soya, cebada y sorgo); 28 por ciento, en los cuatro principales granos básicos (maíz grano, frijol, arroz palay y trigo); 75 por ciento, en el arroz; 51 por ciento, en el trigo; 26 por ciento, en el maíz; 20 por ciento, en la carne en canal; 11 por ciento, en la leche bovina; y 10 por ciento, en el frijol.
 
El presente es obvio: un mayor deterioro en la calidad de vida de las mayorías. La ampliación de la hambruna. El riesgo del estallido social similar al que provocaron las fallidas revoluciones en el Norte de África.
 
*Economista