Luis Beatón/Prensa Latina

 

La decepción de millones de personas por el incumplimiento de la reforma de las leyes migratorias y la represión desatada a causa de las disposiciones estatales contra miles de indocumentados son saldos de cierran 2011 en Estados Unidos.

 

Tras casi tres años de gobierno, el presidente Barack Obama decepcionó a los latinos que apoyaron su elección.

 

Asuntos como la guerra, la reforma del sistema sanitario y la crisis financiera fueron priorizados en la agenda de la Casa Blanca sobre la promesa del mandatario de impulsar una reforma integral de las leyes migratorias, lo que pone en riesgo un apoyo fundamental para ganar un segundo periodo en los comicios de 2012.

 

Uno de los principales impulsores del cambio, el representante demócrata Luis Gutiérrez, considera que el discurso del mandatario sobre el tema “es contradictorio”.

 

Leyes como la de Arizona SB 1070 y la de Alabama HB 56 incrementaron el “terror de agentes de inmigración”. Por éstas, a causa de lo cual ahora existe 1 millón de deportaciones, una cifra sin precedentes.

 

Durante 2011, se sintieron los efectos de la lentitud de la Casa Blanca en impulsar una iniciativa en sus dos primeros años, cuando existían las condiciones para solucionar un problema que arrastra el país.

 

Obama no aprovechó una mayoría de 59 demócratas (que en algún momento fue de 60) en el Senado, y casi 250 en la Cámara de Representantes. En opinión de Gutiérrez, una mayoría bastante abrumadora para reformar el sistema migratorio desde el punto de vista legislativo.

 

Los republicanos, al ganar la mayoría en la Cámara Baja y disminuir la ventaja demócrata en el Senado en noviembre de 2010, impusieron el ritmo y paralizaron el debate.

 

Argumentos como la seguridad en la frontera y la pérdida de empleos de los estadunidenses endurecieron la política antiinmigrante, mientras que sectores conservadores del país utilizaron estos argumentos para criminalizar el trabajo indocumentado.

 

Sergio Juárez, un trabajador latino de la empresa Carson Barns, en Carolina del Sur, con palabras sencillas indica uno de los aspectos clave del problema. “Acá no nos quieren pero nos necesitan, y viven diciendo que los latinos le quitamos trabajo a los estadunidenses”.

 

Ahora, ante la ausencia de avances, algunos legisladores demócratas y la propia Casa Blanca tratan de enmendar el fracaso, al tiempo de que acuden a acciones ejecutivas del presidente para proteger y no deportar inmigrantes, quienes no han cometido ninguna falta en términos de las leyes del país.

 

 

El 18 de octubre de 2011, activistas por los derechos de los latinos se reunieron en 10 ciudades, entre éstas Atlanta, Nueva York, Houston, Boston, Miami y San Francisco, para exponer sus preocupaciones sobre la política migratoria de Obama.

 

Una de sus demandas principales fue la eliminación del programa Comunidades Seguras, cuyo objetivo es deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, pero que ha llevado a arrestos masivos de extranjeros sin antecedentes penales.

 

Durante el gobierno de Obama se incrementaron los programas federales que incentivan perfiles raciales (como el programa antes mencionado).

 

La falta de una acción gubernamental, por otra parte, incentivó que varios estados promovieran acciones antiinmigrantes para emular la ley SB 1070 de Arizona, como es el caso de Alabama, cuya normativa es 10 veces peor, en opinión de activistas proinmigrantes.

 

Estas iniciativas,  promovidas por sectores conservadores, no toman en cuenta que la industria agrícola en Estados Unidos no puede sobrevivir sin la mano de obra extranjera, la cual procede mayormente de México y América Central, plantean sus críticos.

 

Se estima que de alrededor de 1 millón de obreros reclutados cada año para trabajar en los campos, el 80 por ciento son migrantes, los cuales ahora viven atemorizados ser deportados.

 

Pese a que fueron enfrentadas en las cortes federales, la gente está huyendo, tienen que abandonar sus casas, carros, sacar a sus hijos de las escuelas, o no van a las citas médicas, plantean los activistas.

 

En Alabama es un delito grave que una madre indocumentada lleve a sus hijos, ciudadanos de Estados Unidos, a la biblioteca para sacar una tarjeta y leer libros, señala Gutiérrez.

 

El documental Lost in detention, transmitido el 18 de octubre de 2011, por el canal de televisión pública PBS, denuncia la situación de los deportados. De acuerdo con el filme, las leyes de inmigración, y en particular del programa Comunidades Seguras, llevaron a la separación de familias, la detención en condiciones inhumanas, el abuso sexual y sicológico y el racismo.

 

Durante el último año fiscal fue expulsada la mayor cantidad de migrantes en la historia de Estados Unidos, con cifras cercanas a las 400 mil personas, de acuerdo con el director de la Agencia Migratoria, John Morton.

 

Quizá en un intento de frenar su caída entre los votantes hispanos, Obama decidió suspender las deportaciones de miles de indocumentados para marcar lo que algunos consideran el cambio más significativo en la política migratoria desde la amnistía de 1986, cuando la administración de Ronald Reagan otorgó un indulto a 3 millones de personas.

 

Analistas de las campañas electorales consideran que nadie puede ser elegido o reelegido presidente sin el voto masivo latino, lo cual parece alentar ahora a la Casa Blanca y a los demócratas, que acuden a prerrogativas legales para atenuar el malestar causado entre los hispanos.

 

Mención aparte merece el caso del joven Joaquín Luna, de Texas, un integrante de los más de 2 millones de jóvenes traídos al país por padres indocumentados y que conforman el grupo de los llamados “soñadores”, en referencia a la fracasada iniciativa Dream Act.

 

Luna se suicidó el Día de Acción de Gracias, cuando sintió que se le cerraba el camino para seguir con sus estudios.

 

Los “soñadores”, dado que el estatus inmigratorio de un menor de edad está basado en el de sus padres, carecen de una vía para solicitar la ciudadanía y no pueden cursar estudios superiores.

 

Se estima que en Estados Unidos viven casi 11 millones de inmigrantes no autorizados, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

 

En resumen, desde hace varios años el tema de la reforma migratoria planea sobre las elecciones para alcanzar la presidencia de Estados Unidos. Sólo eso.

 

Obviamente pocos gobernantes corren el riesgo o tienen el valor de enfrentar un problema que polariza opiniones en una época de definir votos, consideran comentaristas políticos.

 

Reagan, Bush padre e hijo, William Clinton y ahora Obama, enfrentaron el problema migratorio desde diferentes ángulos, e incluso, todos intentaron avanzar una reforma de las leyes a su manera.

 

Términos como “trabajadores huésped”, “dreamers”, “indocumentados”, “espaldas mojadas”, “ciudades santuarios”, entre otros, fueron ingredientes en las disputas en el Congreso por alcanzar un plan.

 

A 10 meses de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 2012, algunos críticos de Obama consideran que le faltó protagonismo para impulsar el tema. Por otra parte, en el lado republicano no se percibe nada alentador para los inmigrantes.

 

Incluso, ni la aproximación realizada por el precandidato Newton Newt Leroy Gingrich, quien aseguró que se debería asumir una postura más humana en el tema migratorio, es vista con buenos ojos.

 

El político propuso que los indocumentados que llevan tiempo en el país, con familias estadunidenses, deberían ser beneficiados con algún estatus legal, sin que se les otorgue la ciudadanía.

 

Al analizar la propuesta, activistas opinan que el supuesto proyecto “humanitario” pretende expulsar la mayor cantidad de indocumentados sin garantizarles su regreso, y a quienes regresen usarlos hasta que puedan producir y luego devolverlos a su país de origen.

 

Por lo pronto, 2011 cierra sin una reforma migratoria y sin la posibilidad de que el año electoral de 2012 sea el terreno más propicio para que demócratas y republicanos lleguen a acuerdos en esa materia.