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Desde la toma de posesión de Rubén Moreira como gobernador de Coahuila, a diario se presenta una balacera en las ciudades de la entidad; el mandatario, en la mira de organizaciones delincuenciales, sufre atentado

 
Deborah Castillo
 
Una sanguinaria Navidad vivieron los coahuilenses; tan sólo en Saltillo se registraron balaceras el 24 de diciembre de 2011, donde oficialmente murieron tres sicarios, y en pleno día de natividad, el gobernador Rubén Moreira Valdez sufrió un atentado, del cual salió ileso.
Parece ser que las declaraciones en donde afirma que no pactará con el crimen organizado han producido que se agudizen los ataques; civiles han muerto en esta lucha, lo que ha cubierto de luto a las familias coahuilenses. “Si han subido los enfrentamientos es porque teníamos mucha delincuencia y ésta no era combatida, y ahora sí se está combatiendo”, señaló a los medios de comunicación Moreira Valdez, el 19 de diciembre de 2011.
Desde el 1 de diciembre pasado, las calles de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras son transitadas por convoys lidereados por el crimen organizado y son patrulladas por los tres niveles del gobierno. Las balas, las desapariciones forzadas y los atropellamientos a los derechos humanos ensombrecieron una de las fechas más alegres y significativas para las familias: la Navidad.
Las estadísticas indican, aunque es evidente a simple vista el aumento de violencia, que los crímenes van en aumento. En Coahuila, los reportes de incidencia delictiva del fuero común del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el promedio mensual de robos denunciados pasó de 784 en 2005 a 1 mil 990 en 2010, más del doble de cinco años atrás. En 2005, se denunciaron seis privaciones ilegales de la libertad, y en 2010, fueron 91 casos denunciados, y para junio de 2011, sumaban ya 311.
Ni el clero está a salvo de la violencia. El día de Navidad, en las iglesias de la Diócesis de Saltillo dieron lectura a una carta enviada por el obispo Raúl Vera López, donde abordó el tema de la inseguridad al responsabilizar de la situación a los “excesos de los gobiernos”. De acuerdo con los feligreses, el texto hace referencia a una presunta amenaza de la que es víctima el jerarca. Ya en meses pasados se habían dado a conocer amenazas a Vera, incluso del conocimiento de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
También el 25 de diciembre, tras realizar actividades diversas y visitas a los museos, el gobernador Moreira y su familia salieron ilesos de un atentado. De acuerdo a un boletín emitido por la Fiscalía General del Estado, en punto de las 17:40 horas los tripulantes de una camioneta Lincoln color gris, la cual comandaba un convoy, realizaron disparos hacia el vehículo de punta y reconocimiento del mandatario, a la altura del Residencial San Alberto, en la carretera a Los González.
 
El gobernador conducía otro vehículo a distancia del que fue atacado, donde era acompañado por su familia. En el momento del ataque se dirigía a su casa, cuando los guardias lo alertaron sobre la agresión a su unidad escolta, por lo cual su guardia personal efectuó maniobras para ponerlos a salvo. Luego de registrado el ataque el acceso a la colonia fue cerrado, al igual que la circulación por los bulevares y calles cercanas. Además, ese día fueron rafagueadas las instalaciones de la Policía Municipal de Saltillo, ubicadas en Pérez Treviño y Periférico Luis Echeverría, y el Centro Integral de Administración y Planeación, a unos metros de distancia.
 

Responsabilidad estatal

 
Uno de los efectos de este enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales y el crimen organizado ha sido la desaparición forzada de ciudadanos civiles. En Coahuila, en julio de 2011 había más de 160 casos de personas desaparecidas, dato del conocimiento de incluso Amnistía Internacional. Rupert Knox, representante de dicha organización, estuvo ese mes en Saltillo para tener una reunión con David Aguillón, entonces secretario de Gobierno. “La evaluación preliminar indica que es positiva la creación de la fiscalía especial”, señaló Knox a los medios tras esa reunión, “pero no se ven al momento resultados concretos en la investigación, y tampoco voluntad de revisar las investigaciones primeras que no dieron resultados”.
Jorge Verástegui, integrante de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), coincide en este punto. “Los hechos nos demuestran que el gobierno encabezado por Humberto Moreira y Jorge Torres no tomaron responsabilidad en el tema de los desaparecidos. Después de años de buscar una reunión con Humberto Moreira fue hasta septiembre de 2010, que se logró ésta, en la cual nos comentó que no tenía conocimiento de los casos”, expone a Contralínea Coahuila.
Verástegui indica que durante la administración de Torres, se creó la Fiscalía Especial para Asuntos de Personas Desaparecidas, misma que se dedicó sólo a conocer los casos pero no a realizar investigaciones profesionales. “Pareciera que fue una simple simulación para decir que estaban trabajando. Finalmente Torres se retira sin un sólo caso resuelto”.
Durante la pasada administración estatal se trató de minimizar el impacto de la violencia en la entidad, siempre con el supuesto de que en Coahuila “no pasa nada”, afirma Verástegui. “2011 inició violentamente, y en los últimos meses Saltillo ha vivido un incremento en la violencia, generado por el enfrentamiento entre grupos criminales. A mi parecer la inseguridad aumentará, esto debido a la ya permanente presencia del Ejército y por experiencias en otros estados, esto siempre tiende a aumentar la violencia”.
Respecto a la responsabilidad de las desapariciones forzadas, el integrante de Fuundec indica que “existe una presencia muy fuerte de grupos de la delincuencia organizada mismos que son apoyados por agentes del Estado el Ejército, la Marina, policías municipales, estatales y federales. Cada entidad federativa puede tener su peculiaridad, pero el actor preponderante es la delincuencia organizada y la estructura del Estado que se encuentra a su servicio”.
 
En este tema, Rubén Moreira Valdez ha señalado su disposición de atender las demandas de Fuundec y otras organizaciones. Durante su toma de protesta como gobernador se comprometió a trabajar en el ámbito de las personas desaparecidas, y anunció la creación de una subprocuraduría especializada en el tema. Además, indicó que la desaparición forzada será un delito de alto impacto, considerado grave en el Código Penal Estatal y de máximo castigo para quienes sean los responsables.
 

Cultura del miedo

 
El padre Pedro Pantoja, ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt 2011, indica que la ciudadanía coahuilense se encuentra intimidada por todos los acontecimientos violentos que afectan su vida cotidiana. “Percibo en la gente una verdadera frustración sobre el porvenir de sus vidas. Los asesinatos, las desapariciones, es absurdo que ahora la vida de la gente pertenece a la cultura del miedo, de la angustia. Su vida ya es una nulidad, no pueden pensar en acceder al bienestar y la tranquilidad”.
El promotor de los derechos humanos de los migrantes afirma que el país se encuentra viviendo el peor momento histórico. “La ciudadanía está constantemente aplastada en sus derechos. El Estado no sólo no cumple con las garantías ciudadanas, sino que no tiene los instrumentos de seguridad tecnológica y logística y mucho menos la sensibilidad para atender problemas como las desapariciones forzadas. Hay un desencanto total de los aparatos estatales gubernamentales que no dan respuesta a su pena, simplemente no les importa”.
Pedro Pantoja indica que el aparato gubernamental está atrapado en intereses partidistas, en un esquema de corrupción e impunidad, ambiciones egoístas de explotación, alejado todo de lo que realmente significa gobernar por el bien común.
Ante esta situación, el sacerdote indica que la sociedad debe buscar una estrategia de solidaridad y movilización. “Hay sectores que permanecen ausentes como los empresarios, los universitarios, hay que sumar a los campesinos, a los obreros. Todos debemos construir un modelo de sociedad donde nos conozcamos, nos apoyemos, tengamos una conciencia de solidaridad para no pensar que los crímenes se cometen a otros y jamás nos tocará a nosotros. Tenemos que utilizar estos poderes políticos con el despertar de una ciudadanía que les pida cuentas, que los lleve a juicios políticos y que de alguna manera establezca una fundamentación popular”.
 
 
 
 
En el exterior de la Escuela Secundaria Número 4, ubicada en Avenida Universidad, no sólo se encontraban estudiantes y padres de familia. A unos metros, el cuerpo de Serafín Peña Santos, quien fuera director del Cereso Saltillo, yacía víctima de balas calibre .223 y 7.62. Esto ocurrió el 13 de diciembre de 2011, sólo cinco días después del secuestro de siete elementos de la Policía Estatal Acreditable, durante su festejo de graduación. La tarde del 11 de diciembre, el casino Ritz, ubicado en una de las arterias de mayor vialidad de Saltillo, tercer incidente en su tipo en la localidad.
Tras 10 días de asumir el mando como gobernador de Coahuila, Rubén Moreira anunció que había sido víctima de un “incidente”, del cual no reveló detalles. Al presentar ante alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila su paquete de reformas legislativas en materia de seguridad, las cuales incluyen la configuración de nuevos delitos como el halconeo y la desaparición de personas, expresó que “queremos entender que pudo haber sido un mensaje por haber empezado muy fuerte; pero me reservo hasta que no tengamos la información completa”. Al día siguiente, indicó que se trataba del secuestro de los policías antes mencionado.
Al 8 de diciembre de 2011, se habían reportado seis balaceras en Saltillo, y la violencia registrada del 3 al 8 de diciembre en esta localidad sumaban al menos ocho personas muertas y seis heridas. El 15 de diciembre, una mujer civil murió por fuego cruzado en la colonia Topo Chico. La noche del 17 de diciembre, grupos armados robaron coches particulares en colonias del Norte de la ciudad, lo que motivó a las autoridades a recomendar que las posadas se realizaran en el interior de los domicilios. El 22 de diciembre, se registró una balacera en la colonia Las Palmas, donde fallecieron dos presuntos sicarios.
 
 
 
 
Estados, primeros responsables
 
El 7 de diciembre de 2011, en la Conferencia Nacional de Gobernadores indicó que integrará una Comisión de Derechos Humanos y expresó su preocupación por las desapariciones forzadas en México. Al respecto la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila  (Fuundec) emitió una carta abierta que indicó que “como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, manifestamos que si bien saludamos la iniciativa, exhortamos a todos los gobernadores a que esto no quede en un discurso más, dado que ha sido contundente e irrefutable la no acción de los gobiernos estatales para buscar a las personas desaparecidas y para evitar que sigan sucediendo.
El documento indica que “las primeras autoridades responsables de procurar justicia son las procuradurías o fiscalías estatales, y por ende los gobernadores, y no sabemos de un sólo caso en el que hayan hecho su trabajo, de manera que conduzca a esclarecer los hechos, dar con el paradero de la persona desaparecida, y llevar a los responsables ante la justicia”.
Fuundec/Fuundem estará atenta a la conformación de esta nueva instancia y solicita que sean asumidas las siete demandas de nuestro movimiento nacional: 1. Programa nacional de búsqueda; 2. Elaboración de un registro nacional de personas desaparecidas; 3. Atracción y atención federal de todos los casos de desaparición; 4. Creación de una fiscalía federal para personas desaparecidas; 5. Implementación de un programa nacional emergente de apoyo a familiares de personas desaparecidas; 6. Elaboración e implementación de protocolos de investigación homologados a nivel nacional y 7. Aceptar las recomendaciones del informe preliminar del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para las desapariciones forzadas e involuntarias.
“Hasta el día de hoy, el gobierno federal no ha aceptado ninguna de estas demandas sociales, a pesar del diálogo directo con el presidente de la República, el secretario de Gobernación y la procuradora General de la República. La Conferencia Nacional de Gobernadores tendría, pues, la oportunidad histórica de asumir las demandas de nuestro movimiento y dar respuesta a la ciudadanía ante la emergencia nacional”, agrega la carta.