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No conforme con que su “guerra”, que debería ser sólo contra los delincuentes, la ha llevado también contra todos los mexicanos ajenos a ésta; no conforme con pisotear un lustro el artículo 29 constitucional, al matar a diestra y siniestra, puesto que él, como jefe nato de las Fuerzas Armadas y de la policía federal, ordenó que los efectivos salieran a las calles sin siquiera disminuir los baños de sangre, las violaciones sexuales, asaltos a domicilios (sin orden de cateo) y provocar el desplazamiento de miles de mexicanos a otras entidades e inclusive asilados; no conforme con tener 55 millones de pobres, más de 20 millones sin empleo y 13 millones en el comercio callejero; no conforme con eso y más, el presidente Felipe Calderón demostró de nuevo su autoritarismo de ultraderecha.
 
En otro arranque autocrático, enfurecido y en complicidad con sus asesores jurídicos (afiliados al derecho natural, pero no al positivo y escrito), pero sin orientación política (porque Alejandro Poiré es sólo un mal policía) en sentido democrático y republicano, ordenó que le redactaran, y publicó en un desplegado una amenaza que lo retrata física y sicológicamente en su pequeñez nazifascista que supera su anterior semejanza con Victoriano Huerta, para actuar como un clon de Adolfo Hitler. Es un panfleto con sus ideas feroces, llenas de odio y venganza, que ni él ni nadie de su grupo firmó, sino como inserción pagada del “gobierno federal”. Pero no es anónimo. Es una andanada sin nombre para intimidar a ¡23 mil ciudadanos!, que suscribieron y presentaron ante la Corte Penal Internacional, en la Haya, Holanda, una denuncia de hechos encuadrados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La revista Contralínea (20 de noviembre de 2011) y el periódico (atacado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la revista Letras Libres, de Enrique Krauze, con propósitos de censura) La Jornada (26 de noviembre 2011) dieron a conocer el documento que presenta ante la Corte Penal Internacional una síntesis del drama sangriento que sufre México, para que investigue la violencia-pinza de Calderón y los delincuentes contra la nación. Esto enfureció a quien vive escondido en su búnker y cuando se desplaza fuera de éste manda sitiar los lugares (como hizo en Hermosillo, donde sus habitantes padecieron parte del golpe militar), para, rodeado de militares y policías presumir que en el país existe la paz social. Pero el militarismo y la delincuencia organizados hacen del territorio su campo de guerra, para exterminarse entre ellos y generar “daños colaterales”: más de 55 mil homicidios que superan a los muertos en Afganistán, Irak, Libia. Esto hace a Calderón responsable de no resolver el problema y, por tanto, debe rendir cuentas penales en una instancia internacional, dado que el Poder Judicial federal le brinda su apoyo y borró la separación de los poderes, salvo el Senado que se ha comportado republicanamente y la Cámara de Diputados federales, con excepción en ésta, de los panistas y la facción priísta servil a Enrique Peña Nieto.
 
¿Imputaciones falsas y calumniosas? ¿Democracia vibrante..? ¿Con qué se come eso? No hay exterminio de la población. ¿Entonces qué significan más de 55 mil muertos? Desafortunadamente, indica Calderón, hay actos violatorios de derechos humanos y calla los derechos de los desplazados, de los exiliados, de los “daños colaterales” que son mexicanos privados de la vida porque militares, marinos y policías disparan a tontas y locas. ¿Prevención del delito, cuando son actos sistemáticos de esa otra delincuencia que no tiene empleo? ¿Las imputaciones al gobierno de Calderón son infundadas e improcedentes? ¿Constituyen calumnias y acusaciones temerarias que afectan “terriblemente el buen nombre de México”? ¿Qué alternativas hay para proceder legalmente contra los 23 mil mexicanos que solicitaron la investigación de la Corte Penal? ¡Contra esos mexicanos y los que nos estamos sumando son las tronantes amenazas de un dictadorcillo panista!
 
Un tal Gerardo Laviaga (que está al frente de una institución penal nacional) asegura ser asesor… ¡jurídico! de Calderón y otros ignorantes de la Constitución y sus leyes reglamentarias, pasan por alto que ésta concede a todos los mexicanos el derecho de demandar a los malos gobernantes. Y al hacerlo ante instancias internacionales, es porque aquí no funciona el juicio político ya que priva la impunidad y no hay manera de exigir cuentas a los funcionarios que abusan del poder.
 
Los trogloditas, escribió Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu (Cartas persas), son fieros y perversos que no conocen “principio alguno de equidad y justicia”. Con su panfleto, Calderón se ha exhibido como un troglodita. La pizca de demagogia democrática que quedaba en su discurso era una pose carente de una mínima cualidad republicana. Su ultimátum y abuso al estilo de Agusto Pinochet, de Victoriano Huerta y de juntas militares, es una amenaza para llevar a los tribunales a esos 23 mil mexicanos (y a los que nos agregamos a la petición de investigar el abuso militar donde la inseguridad ha triunfado).
 
Calderón ya enloqueció. Y un individuo desquiciado en el poder no sólo amenazará con su prosa provocadora, sino que, víctima de la ira, ordenará a militares y policías matar y encarcelar al pueblo, e implantar de jure lo que es ya de hecho un golpe de Estado y después un gobierno contrario a la Constitución. La nación sobrevive al golpismo y a la barbarie de la delincuencia organizada, además de que padece un gobierno federal desorganizado. ¿Se atreverá Calderón o dar el último paso? La población sabrá resistir, como históricamente lo hicieron generaciones anteriores contra los conservadores, derechistas, reaccionarios, que ahora se agrupan, mayoritariamente, en el Partido Acción Nacional y han resucitado con Fox y Calderón.
 
*Periodista