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Frente a la crisis de inseguridad, violencia y descomposición social que enfrenta México, el gobierno de Estados Unidos tiene una clara responsabilidad que, hasta ahora, se niega a reconocer y, por el contrario, lo utiliza como un instrumento de presión para someter aún más al gabinete de Felipe Calderón y obligarlo a mantenerse como su aliado en la política intervencionista que aplica hacia Latinoamérica.
 
La semana pasada se dio a conocer una nueva operación ilegal y violatoria de la Constitución, cometida en territorio mexicano por una de las agencias policiales más corruptas de ese país, la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés). Esta corporación opera en todo el mundo bajo leyes extraterritoriales con el pretexto de combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, lo que le da impunidad para espiar, investigar, perseguir y capturar a todas aquellas personas que, según los órganos de inteligencia de Estados Unidos, representen un peligro para ese país.
 
Esta vez correspondió a una operación instrumentada por la DEA para, conjuntamente con cárteles del narcotráfico, lavar dinero producto de la droga en los circuitos financieros mexicanos. Por supuesto, esta intervención se realizó sin notificar a las autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República (todas responsables de dichas violaciones a la soberanía nacional).
 
Un extenso análisis de la Corporación Rand titulado La seguridad en México, implicaciones para la política estadunidense, establece que para no perder el statu quo y reconocer que las políticas e instituciones del otro lado de la frontera también tienen que reformarse, el gobierno estadunidense está dejando a un lado los pasos estratégicos para detener el avance del narcotráfico y la introducción de armas al territorio mexicano.
 
Los autores Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney, K Jack Riley, investigadores de dicha corporación, estiman que los costos sociales de las drogas son 15 veces mayores si se enfocan sólo a la persecución en lugar de la prevención y el tratamiento.
 
Sin embargo, las políticas conjuntas entre México y Estados Unidos para elevar la seguridad en ambos países no se han presentado. Desde hace dos años este influyente organismo de análisis y evaluación de las políticas públicas advirtió la necesidad de generar acuerdos que modificaran el rumbo de las amenazas a la seguridad.
 
Los analistas de Rand recuerdan que desde 2000, cuando llegó a la Presidencia el primer candidato de la oposición (Vicente Fox Quesada), México se ha enfrentando al reto de articular y cohesionar una estrategia nacional de seguridad, pero se ha generado una duplicidad de funciones e inestabilidad de las estructuras que se ocupan de la seguridad. En México los esfuerzos no se han coordinado y existen problemas de comunicación entre las fuerzas policiales, mientras que la población desconfía de sus integrantes y sus acciones.
 
Para Rand, el deterioro de la seguridad en México comenzó en 2005, y empezó a precipitarse en 2008, cuando los homicidios relacionados con el narcotráfico pasaron de 2 mil 275, en 2007, a 6 mil 290, en 2008, es decir, casi 200 por ciento más. La corporación Rand afirma que nunca antes como en el gobierno de Felipe Calderón se había dedicado presupuestalmente tal cantidad de recursos policiales y económicos para combatir a los cárteles de la droga.
 
El precio, sin embargo, ha sido alto: la violencia se hizo pública y la población civil comenzó a ubicarse, también por primera vez, entre el fuego cruzado de criminales, policías y militares. Otro elemento clave para el incremento de la violencia fue, sin duda, el hecho de que los cárteles de la droga tuvieron acceso a armamento cada vez más sofisticado que llegó, principalmente de Estados Unidos. La presencia de Los Zetas, exmilitares y exkaibiles que llegaron de Guatemala, también fue determinante para incrementar dicho nivel de terror.
 
Por ello, Rand sugiere desde 2009 que el gobierno estadunidense asuma su responsabilidad y comience una reforma que permita solucionar de fondo los problemas de seguridad de ambos países. El miedo a no desafiar el statu quo de Estados Unidos, como una nación que simplemente no podría ser vulnerada por organizaciones criminales, sin importar su origen, es lo que está impidiendo una solución real.
 
La represión del gobierno de Calderón, por lo tanto, no es suficiente para terminar con el problema de inseguridad, narcotráfico, violencia y violación a los derechos humanos.
 
La DEA, sin embargo, se ocupa de realizar operaciones encubiertas en el territorio mexicano para “develar” cómo los cárteles de la droga lavan cientos de millones de dólares y no se ocupa de descubrir a los bancos estadunidenses que participan en las operaciones.
 
La estrategia, por lo tanto, está incompleta. Así lo demostró el contrabando de armas hacia México o, antes, la operación Casablanca, una intervención más que actuó en contra de simples empleados bancarios y no de los directivos y dueños extranjeros de las instituciones financieras. Está confirmado que son los bancos estadunidenses o con operaciones en ese país los que han servido para el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. El caso de Raúl Salinas de Gortari y el entramado y redes financieras que armó desde Citibank son sólo un ejemplo de la impunidad y abuso que hay en Estados Unidos.
 
La Corporación Rand hace una crítica clara al Plan Mérida que, hasta ahora, se ha enfocado a recursos para el equipamiento tecnológico y entrenamiento de fuerzas policiales. En dicho plan, en concreto, ha estado ausente la visión a largo plazo de ambos países para construir una reforma para la estructura en defensa de la seguridad, pero sobre todo, de asumir el reto y la responsabilidad de reducir el consumo interno de droga, en donde Estados Unidos es el rey.
 
*Periodista