Impunidad presidencial

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Peor que un crimen, es la estupidez política
Fouché
 
 
Históricamente los presidentes mexicanos han abusado del poder y traficado con la influencia e impunidad que les da la banda presidencial. El presidente de la República sólo puede ser juzgado en México por traición a la patria, delito difícil de tipificar, aunque en los últimos años algunos mandatarios se han esforzado en acabar con el país y entregarlo a los intereses de Estados Unidos.
 
Para ejemplificar esa impunidad presidencial y los abusos desde el poder, hay muchos casos que pueden comentarse. Cito hoy algunos de los últimos cuatro presidentes, dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos del Partido Acción Nacional (PAN).
 
En el gobierno del priísta Carlos Salinas de Gortari, investigaciones periodísticas así lo publicaron: el exmandatario se aprovechó del poder y dispuso de miles de millones de pesos a través de una partida secreta de dinero público. Con ésta enriqueció a familiares y amigos, a quienes les transfirió a cuentas bancarias privadas fondos del erario.
 
Obviamente, durante la gestión de Salinas (1988-1994) ningún órgano de control del gobierno se atrevió a investigar y mucho menos a procesarlo por dicho desvío de recursos públicos. Fue hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando se abrió un expediente penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exmandatario por el delito de peculado, al desviar fondos públicos a cuentas bancarias personales de parientes, subalternos, socios y amigos.
 
Ni siquiera con un gobierno distinto al de Salinas (con quien Zedillo rompió cuando asumió la Presidencia), el Ministerio Público federal logró que un juez lo declarara culpable, pese a las pruebas de estados financieros y cuentas bancarias presentadas por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la PGR, y ese grave delito quedó impune. Cómo no recordar también las andanzas de su hermano Raúl Salinas y todas las fechorías que hizo bajo el manto presidencial, que le permitió enriquecerse brutalmente con negocios desde el poder.
 
El segundo caso es el del priísta Zedillo, quien usó el poder presidencial (1994-2000) para que su familia –hermanos principalmente– obtuvieran condonaciones fiscales, evadieran al fisco y tuvieran un trato privilegiado sobre el resto de millones de mexicanos. También, hicieron negocios con la venia del poder de Los Pinos. Documentos publicados en esta columna confirman la impunidad de esa familia para evadir la acción de la justicia.
 
Ante la corrupción priísta e impunidad presidencial, vino el cambio de partido político en el poder y el PAN, por conducto de Vicente Fox, ganó las elecciones presidenciales (2000-2006). Entonces conocimos la otra cara de la oposición de derecha: abuso, tráfico de influencias, negocios sucios, corrupción y más impunidad. Más de lo mismo que el PRI nos recetó durante muchos sexenios, sólo que con mayor inteligencia y audacia.
 
Los panistas y toda la población padecieron a la “familia presidencial” foxista. Lo más visible fue los escándalos de su familia política, como los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Fox, hacían negocios con empresas privadas petroleras para que Petróleos Mexicanos (Pemex) les otorgara millonarios contratos públicos a cambio de jugosas comisiones. Eso lo declaró a este espacio el propio Manuel Bribiesca, y así se publicó en su momento.
 
Nuevamente corrupción e impunidad se imponían a los intereses de la nación. Nadie pudo impedir esos negocios sucios, ni aún con la creación de comisiones especiales conformadas en el Congreso de la Unión, como tampoco su órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación. El poder presidencial se impuso a los otros poderes y la familia Fox quedó a salvo de la justicia.
 
El cuarto caso corresponde al panista Felipe Calderón y cómo protegió y avaló los negocios que su amigo Juan Camilo Mouriño hizo con Pemex al amparo del poder público.
 
Con el propósito de hacer algo en contra de esa impunidad presidencial, en los últimos días se desató una discusión sobre la imposibilidad de juzgar en México al presidente de la República, y las razones que llevaron a miles de mexicanos a firmar una denuncia en su contra y presentarla ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el delito de lesa humanidad. El antecedente son los 60 mil mexicanos asesinados y desaparecidos por motivos de la “guerra” promovida por el gobierno para “combatir” al crimen organizado, en donde miles de niños, mujeres, ancianos, hombres, defensores de derechos humanos y periodistas inocentes han perdido la vida.
 
Aunque sabemos que difícilmente ese órgano de justicia internacional procederá contra el presidente, la acusación quedará ante el mundo como una protesta de impotencia de muchos ciudadanos que ven en México una ausencia de justicia, abuso de autoridad y una impunidad que cada día aumenta.
 
Seguramente Calderón no llegará a juicio ante dicha Corte, aún después de que haya concluido su mandato. Sin embargo, hay otros juicios que el mandatario mno podrá eludir y que, al igual o peor que sus antecesores, deberá enfrentar.
 
Se trata del juicio público y el de la historia. En el primero parte de la sociedad ya lo ha juzgado y lo encuentra culpable de autoritarismo, impunidad, abuso de poder y los crímenes de miles de compatriotas que perdieron la vida en una lucha que ellos nada tenían que ver. Para conocer el fallo del segundo juicio habrá que esperar, pues sin duda que la historia le tiene un lugar reservado y una sentencia que enfrentará por más lejos que se refugie o por más oculto que se encuentre.
 
*Periodista