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El Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, municipales y ministeriales aplican y promueven los mecanismos de tortura para obtener información y confesiones de sus detenidos. Por estos hechos, sólo se han registrado dos sentencias en contra de agentes del Estado, sin que existan detalles al respecto, afirman organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas

 
Una colcha mojada recargada en su hombro. Hombres vestidos de negro y encapuchados enfilados frente a él. Armas largas apuntaban a su rostro, genitales, brazos y piernas. Burlas, gritos y amenazas de los funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Un cubículo de tres por cuatro metros cuadraros, aproximadamente, era el escenario que le prepararon sus verdugos. “Ya sabemos lo que hiciste, ahora sí te va a cargar la chingada”, advertían. Ramsés Villarreal Gómez, parado frente a ellos, inmóvil de miedo y angustia. No sabía de qué le estaban hablando. Ni por qué lo habían llevado a ese lugar. Luego se enteró de que eran las instalaciones de la PGR, en la delegación Azcapotzalco.
 
Era el 30 de septiembre de 2009. El joven universitario se dirigía a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Viajaba en transporte público, de donde fue bajado a empujones por cuatro hombres vestidos de negro y llevado a una camioneta del mismo color (Contralínea 157).
 
Dentro del vehículo oficial, dos playeras (la propia de color clara y una oscura) cubrieron la totalidad de su rostro. Con la cabeza casi puesta sobre las rodillas y el peso de dos de los hombres sobre él escuchaba: “Te va a ir muy mal. Te vamos a matar, a torturar, a desaparecer”. Relata que fue hora y media de amenazas y trayecto.
 
Llegó con sus captores a una bodega donde lo tuvieron resguardado. Ignoraba cuál era su paradero, pensó que se trataba de un secuestro. “Ahí llegaron unos 10 policías, acompañados de personas de traje sastre. Fue ahí donde me dijeron: ?Estás aquí porque pusiste unos bombazos’”.
 
Los días 1, 8, 14,16 y 22 de septiembre de 2009, el Distrito Federal fue escenario de varias explosiones en cajeros automáticos y tiendas comerciales. Por éstos, la PGR inició entre otras la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4126/-09-09. Los delitos que se “investigaban”: daño en propiedad, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y Terrorismo.
 
El último viernes de octubre de 2009, Villarreal Gómez fue aprehendido por agentes de la PGR, acusado de haber colocado los artefactos en las sucursales bancarias y tiendas departamentales.
 

Tortura, modus operandi de investigación

 
El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México,elaborado por la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch documenta más de 170 casos de abusos en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. De dicho informe se desprende que “todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el narcotráfico –esto es, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales, municipales y ministeriales– han recurrido a la tortura”.
 
Human Rights Watch señala que, de acuerdo con los testimonios recabados, las tácticas de tortura a las que recurren los funcionarios adscritos al poder judicial en México son: golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual, amenazas de muerte o simulacros de ejecución. La finalidad, obtener la confesión del detenido.
 
En los testimonios se precisa que “la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente con el pretexto de haber sido apresadas mientras cometían un delito [en flagrancia], y luego fueron retenidas ilícitamente y sin que se reconociera su detención durante horas o incluso días, antes de ser puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
 
“Durante este periodo de ?desaparición forzada’”, las víctimas en muchos casos fueron incomunicadas en bases militares, estaciones de policía u otros centros de detención clandestinos, y allí fueron torturadas con el propósito de obtener información sobre la delincuencia organizada y de conseguir que confesaran que pertenecían a organizaciones delictivas. En varias ocasiones, dichas confesiones sirvieron para justificar a posteriori arrestos ilegales efectuados por las fuerzas de seguridad y constituyeron la prueba principal de las imputaciones que después fueron formuladas por agentes del Ministerio Público”, indica el documento.
 
Después de haber sido declarada la “guerra” contra el narcotráfico, por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, Human Rights Watch asegura que la tortura forma parte del modus operandi de las iniciativas contra el tráfico de estupefacientes en territorio nacional, y que su incidencia ha aumentado notablemente bajo este contexto.
 

Horas de amedrentamiento

 
Desde las 13:00 horas del 30 de octubre hasta casi la media noche, Villarreal Gómez fue llevado de un cubículo a otro dentro de las mismas instalaciones. En cada uno, las amenazas eran diferentes; lo obligaban a confesarse culpable de los hechos bajo las advertencias de que sería asesinado, violado, desaparecido.
 
Le dieron señas particulares de cada uno de los integrantes de su familia. El miedo aumentaba, las vejaciones también. “Yo no entendía por qué hacían eso. La primera vez que hablé con ellos les pregunté qué querían, yo no sabía si era un secuestro o qué estaba sucediendo; no me dijeron que era una orden de aprehensión”.
 
Pasaron unas 10 horas para poder comunicarse con su familia. Los funcionarios de la PGR pretendieron dar inicio a su declaración sin una persona de su confianza; y mientras el Ministerio Público exigía que se sometiera al peritaje antropométrico, la fiscal ordenaba a los federales: “Bájenlo a darle una recordadita”.
 
Una vez rendida la declaración ministerial, fue enviado a los separos. No podía dormir por temor a que llegaran los federales a desquitarse por haber denunciado el maltrato. La libreta donde su esposa llevaba registro de todos los nombres le fue arrebatada. El 1 de octubre, mientras Ramsés seguía detenido y su familia y amigos marchaban en las calles del Distrito Federal en exigencia de un debido proceso, su casa era cateada. Se llevaron todo: dinero, equipo de cómputo, joyería.
 
El 2 de octubre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Antes de eso llegaron otros hombres a amenazarlo. Al arribar al centro penitenciario fue desnudado y expuesto en medio del patio central. Eran las cuatro de la madrugada.
 
Horas más tarde fue asignado a una celda, inundada de heces fecales y moscas. Así le sirvieron sus primeros alimentos. Llegada la media noche, custodios y funcionarios del penal le notificaron que quedaba en libertad porque su detención había sido irregular.
 
El juez Ranulfo Castillo Mendoza, titular del Juzgado 15 de Distrito, calificó de ilegal la detención de Ramsés Villarreal Gómez, por lo que fue liberado el 3 de octubre de 2009.
 
La PGR solicitó, 20 horas después, nuevamente la orden de aprehensión. Ésta fue negada por el juez Castillo Mendoza, “ya que no existía prueba alguna que me señalara como probable responsable de los hechos”, indica el joven universitario, que desde octubre de 2010 interpuso ante la propia PGR una demanda por tortura.
 

Por impunidad y amenazas, denuncias a la baja

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe con mayor frecuencia denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas por civiles. Éstas van en aumento año tras año: 330 en 2006; 395 en 2007; 987 en 2008; 1 mil 105 en 2009; y 1 mil 161 en 2010.
 
Sin embargo, los datos recabados por Human Rights Watch revelan que “los distintos Ministerios Públicos en los estados proveen información sobre una cantidad de denuncias de tortura extremadamente baja”.
 
Las causas, explica el organismo, son el temor a las represalias, la falta de confianza en la idoneidad o el compromiso de las autoridades para investigar los hechos y la desconfianza crónica en las autoridades. Ante ello, indica el informe, “existen pruebas que señalan que es común que funcionarios militares y del fuero penal ordinario clasifiquen casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes como delitos de menor gravedad, sin investigar las denuncias de las víctimas”.
 
Este tipo de trato no sólo agrava las violaciones ya padecidas por las víctimas, sino que además transmite un claro mensaje de que las autoridades no están dispuestas a investigar estos casos de manera exhaustiva e imparcial. Estos obstáculos debilitan la determinación de las víctimas, y muchas finalmente terminan desistiendo.
 
 
 
 
 
 

Estado, sin responsabilidad

 
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asegura que la justicia penal en México carece de capacidad para hacer investigaciones científicas buenas, fuertes, sólidas. Realmente el recurso sigue siendo la tortura.
 
Sáenz comenta en entrevista con Contralínea que la permisividad de esta práctica entre los mismos servidores se incrementa, básicamente porque tampoco hay sanciones. “Los datos que hemos obtenido del Instituto Federal de Acceso a la Información son claros y contundentes: entre 1994 y 2010, sólo han habido dos sentencias por tortura a nivel federal. No existe el dato de los responsables ni del lugar dónde se cometió”.
 
Javier Enriquez Sam, médico y coordinador de rehabilitación del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, AC, opina que en México la práctica de la tortura es sistemática y generalizada. Se usa para arrancar confesiones. Por supuesto, no es el único propósito que tiene, sino también el de castigar, intimidar, abusar.
 
La tortura, agrega el médico, “es una violación a los derechos humanos y los que violan éstos son los integrantes del Estado. Lamentablemente, los centros [de defensa de los derechos humanos] que pretendemos que la situación cambie vemos muy pocos logros. En tanto, la impunidad va en aumento, a la par de la tortura. Mientras siga habiendo impunidad en los casos de tortura no pasará nada. El mensaje es que hagan lo que hagan no les va a pasar nada”.
 
 
 
 
Repertorio de los verdugos
 
El informe Ni seguridad  ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, elaborado por la organización internacional Human Rights Watch enumera las tácticas de tortura más utilizadas en México por el aparato del Estado:
 
Golpizas y otro tipo de heridas contusas: las personas que practican los interrogatorios propinan patadas o puñetazos a la víctima, o la golpean con objetos romos como la parte posterior de fusiles o tablas.
 
Tácticas de asfixia: las personas a cargo de un interrogatorio colocan una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima para sofocarla.
 
Prácticas de “asfixia por ahogamiento”: se sumerge en agua la cabeza de la víctima o se vierte agua en el rostro, lo cual provoca sensación de sofocación o ahogamiento.
 
Descargas eléctricas: se aplica corriente eléctrica al cuerpo de la víctima mediante chicharras u otros instrumentos.
 
Tortura sexual: las personas a cargo del interrogatorio obligan a los detenidos a quitarse la ropa, para luego manosearlos y amenazar con agredirlos sexualmente.
 
Amenazas de muerte y simulacros de ejecución: las personas a cargo del interrogatorio amenazan con matar o hacer “desaparecer” a los detenidos o a sus familiares.