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Tres estudiantes de escuelas públicas se encuentran desaparecidos: José Martínez y Omar Medina, de la Normal Rural de Durango, e Israel Moreno, de la UNAM. A los primeros se les vio por última vez en Aguascalientes; al segundo, en Oaxaca. De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos, durante este sexenio han desaparecido alrededor de 280 personas, tan sólo en estas tres entidades. Ante la “ineficacia” e “indiferencia” de las autoridades, familiares, amigos y organizaciones estudiantiles encabezan la búsqueda y difusión. “No es posible que la gente esté desapareciendo”, dice el padre de uno de estos jóvenes

 
María Esther Medina Tarango, José Alberto Martínez García y Carlos Moreno Zamora comparten el mismo dolor: la desaparición de un hijo. Y es que, durante el último semestre del año, al menos tres estudiantes de instituciones públicas de nivel superior han desaparecido.
 
Se trata de José Alberto Martínez Favela y Omar Isaac Mediana Tarango, estudiantes de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera, ubicada en el municipio de Canatlán, Durango; y de Israel Moreno Pérez, inscrito en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el tercer semestre de la carrera de geografía.
 
A los dos primeros se les vio por última vez el 24 de septiembre pasado en la avenida Siglo XXI, en Aguascalientes. Una vez concluida la actividad cultural a la que asistieron, en la Normal Rural de este estado, José Martínez y Omar Medina buscaban volver a su respectiva escuela de ride o aventón, la forma en que, a falta de recursos económicos, viajan los normalistas rurales.
 
El 8 de julio pasado Israel Moreno se comunicó por última vez con sus padres. A través de un mensaje de texto les avisó que había llegado a Chacahua, y que estaba bien. El 4 de julio, iniciadas las vacaciones de verano, el joven universitario, apasionado del cultivo de verduras, emprendió un viaje a Oaxaca. Inspirado en la literatura de Jack Kerouac (novelista y poeta estadunidense de la Generación Beat), planeaba visitar Monte Albán, Puerto Escondido, Chacahua, Mazunte y la Sierra Oaxaqueña para escribir sobre las vivencias de la gente que encontrara a su paso.
 
De acuerdo con organismos de derechos humanos oficiales, durante este sexenio han desaparecido al menos 277 personas, tan sólo en Durango, Aguascalientes y Oaxaca. De 2007 a septiembre de 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango recibió 127 expedientes de queja por desaparición. También, el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que se basa en los reportes del Servicio Médico Forense y de las procuradurías estatales–, registra de 2006 a abril pasado la desaparición de 128 personas (67 mujeres y 61 hombres) en Aguascalientes; y de 22 personas (12 mujeres y 10 hombres) en Oaxaca.
 
“Nosotros escuchamos todos los días: 50 muertos, 40 desaparecidos. Y esos muertos no tienen nombre; no sabemos quiénes son esos desaparecidos. Hasta que nos llega personalmente lo sentimos”, dice, afligido, Erick Mancines, quien conoció a Israel Moreno hace cinco años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, donde ambos cursaron el bachillerato. La última vez que se encontraron fue a finales de junio: pasearon en bicicleta por Ciudad Universitaria.
 
José Luis Ovando Patrón y Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidente y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, coinciden: desgraciadamente, las agresiones contra estudiantes no son nuevas en el país.
 
Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, recuerda el caso de Adriana Eugenia Morlett Espinosa, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desaparecida el 6 de septiembre de 2010, en el Distrito Federal.
 
En tanto, Ovando Patrón, del Partido Acción Nacional, comenta que durante el último lustro –en que el delito de secuestro se ha incrementado en 300 por ciento a nivel nacional–, el “principal sector que ahora se convierte en víctima de los secuestradores” es el de los estudiantes. Éstos representan el 20 por ciento del total de las personas secuestradas; antaño, el sector empresarial era el tradicional blanco.
 
La diputada perredista lamenta que la Comisión de Seguridad Pública, de la que forma parte, esté solamente concentrada en destinar recursos a las instituciones pero no en evaluar su funcionamiento. Para el panista, gran parte del quehacer en materia de seguridad pública está en el área de procuración de justicia porque “mientras exista impunidad en nuestro país cualquier persona puede pensar que va a salir bien librado si se convierte en delincuente”.
 
Ovando Patrón envía un mensaje a los parientes y amigos de las personas desaparecidas y secuestradas, a quienes “el Estado mexicano no les está dando justicia”: “Compartimos el dolor que viven. Les pedimos que crean en las instituciones. En la medida en que les exijamos más, seguramente tendremos mejores instituciones. Si nos damos por vencidos van a quedarse como están y lo vamos a sufrir nosotros como mexicanos”. Lo que más le preocupa al funcionario es que “es tal la sensación de impunidad y de impotencia que se vive” en el país, que la gente puede hacerse “justicia por su propia mano”.
 
Contar con un registro nacional de personas desaparecidas y con un protocolo inmediato de búsqueda no está entre las prioridades del gobierno federal, asevera Teresa Incháustegui. En la trigésima primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública sólo se habló de homologar el procedimiento para declarar la muerte civil de una persona una vez transcurridos siete años de su desaparición.
 

José y Omar, primer caso de desaparición de normalistas rurales

 
El pasado 24 de septiembre, José Alberto Martínez Favela y Omar Isaac Mediana Tarango desaparecieron. La última vez que se les vio fue alrededor de las 23:00 horas, en la avenida Siglo XXI mejor conocida como el Tercer Anillo, en Aguascalientes.
 
Luego de haber participado en la ceremonia de bienvenida a las alumnas de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Aguascalientes, los jóvenes, de 19 años de edad, pedían aventón para volver a su plantel educativo.
 
Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) –que agrupa a las 17 escuelas normales rurales del país– temen por la integridad física de José Alberto y Omar Isaac. En conferencia de prensa manifiestan su indignación y desconcierto ante estos hechos: “Nuestros compañeros eran responsables en sus estudios; llevaban buenas calificaciones; tenían una conducta adecuada; eran buenos amigos; muy tranquilos; buena onda. Entonces, nosotros no entendemos el porqué de su desaparición”.
 
Si bien saben que lo sucedido es parte del clima de violencia e inseguridad que se vive en México, por eso una de sus demandas es “alto a la ‘guerra’ de Felipe Calderón”, no descartan que pueda tratarse de una cuestión política, debido a la trayectoria de lucha que caracteriza a la FECSM. Personajes como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas han egresado de las aulas normalistas.
 
Los representantes estudiantiles denuncian también la falta de acción e insensibilidad por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia. A la fecha “no hay [una] respuesta favorable, ni [una] investigación real de cuál es el paradero de nuestros compañeros”. Agregan: “Al gobierno mexicano muy poco le interesa que haya desaparecidos, sobre todo si se trata de estudiantes”.
 
El 29 de septiembre los familiares de los dos normalistas desaparecidos acudieron a la Fiscalía General de Durango a denunciar los hechos. María Esther Medina Tarango y José Alberto Martínez García solicitan “a esta representación social” que “proceda a realizar las investigaciones correspondientes” para localizar a sus hijos. En el oficio de comparecencia 6/29/09/201, la madre de Omar Isaac manifiesta: “Toda la familia está preocupada y deshecha”.
 
Ese mismo día, estudiantes normalistas se presentaron ante el Departamento de Investigación de la Dirección General de Policía, dependiente de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, a levantar un reporte de desaparición identificado con el folio 9520. Lo mismo hicieron, días después, los padres de Omar Isaac y José Alberto ante la Policía Ministerial de Zacatecas.
 
Familiares, amigos, compañeros y organizaciones sociales se han sumado a la búsqueda: en Durango han acudido a la Décima Zona Militar, la Vicefiscalía y la Subsecretaría de Educación Pública; en Aguascalientes, a la Catorceava Zona Militar; y en Zacatecas, a la Onceava Zona Militar. También se han acercado a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y a la recientemente creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición se desconocía el paradero de ambos jóvenes.
 
Se trata del primer caso de desaparición de normalistas rurales, refieren los integrantes de la FECSM, organización estudiantil de carácter nacional que data de la década de 1930. Sin embargo, denuncian que grupos de sicarios han golpeado a estudiantes, tanto de las normales del Sur como de las del Norte, cuando éstos realizan colectas en las carreteras.
 
Francisco Javier Reyes Solís, director de la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera, de Durango, asegura que “no se han registrado otros casos similares de desaparición o violencia en contra de su comunidad”. No obstante, además de los estudiantes normalistas, en esta entidad al menos 20 personas han desaparecido durante el reciente año.
 
Y es que, a decir de Antonio Santiago Arteaga, coordinador de Acceso a la Información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, las quejas por desaparición se han disparado e incluso diversificado. Antes, explica el funcionario, éstas referían a situaciones de personas que salían de viaje y ya no regresaban a sus hogares; ahora, los ciudadanos son sacados a la fuerza de sus casas o negocios supuestamente por integrantes de la delincuencia organizada.
 
La mayor parte de las desapariciones ocurren en la capital duranguense. Le siguen Santiago Papasquiaro; Villa Unión, Poanas; Gómez Palacio, y Ocampo. Los objetivos son en su mayoría hombres mayores de 30 años.
 
Las estadísticas de esta Comisión –que no ha sido notificada oficialmente del caso de los normalistas– muestran el incremento de las quejas por desaparición en la entidad. En 2005 fueron ocho expedientes; en 2006, 10; en 2007, 28; en 2008, 22; en 2009, 25; en 2010, 35; y en 2011 (hasta el 30 de septiembre), 17. En las fosas comunes han sido encontrados los cuerpos de tres personas reportadas como desaparecidas durante este periodo.
 
Hechos como el de la desaparición de los estudiantes lastiman a las familias pero también a las normales rurales, dice el director de la normal, Reyes Solís. El funcionario asegura que la institución educativa que preside ha brindado apoyo económico a los padres de José Alberto y Omar Isaac, y que los ha acompañado a interponer las denuncias correspondientes.
 
A raíz de estos hechos, las autoridades de la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera consideran elaborar un protocolo de seguridad; revisar la normatividad del internado, principalmente lo que se refiere a las entradas y salidas, y hacer más intensa la comunicación entre directivos y padres de familia. Todo esto, “sin acotar la autonomía” de la organización estudiantil, asevera el director de esta normal: “Más que imponerles, hay que persuadirlos de la necesidad de contar con medidas de seguridad, en beneficio de ellos mismos”.
 

Carlos Moreno: un padre “desesperado”

 
Carlos Moreno Zamora es padre de Jesús Israel Moreno Pérez, un joven de 20 años de edad desaparecido el pasado 8 de julio en la localidad de Chacahua, Oaxaca. Geógrafo de formación, actual distribuidor de artículos de belleza, en una mano carga los productos que reparte a sus proveedores; en la otra, parte del expediente de la desaparición de su hijo, un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
 
Cabellos, secadoras y espejos; tristeza, indignación y decepción: todo confluye en una pequeña estética ubicada en la colonia Condesa, en el Distrito Federal, el lugar elegido para la entrevista con Contralínea. Es el último jueves de octubre y, a pesar de su agobio, Carlos Moreno intenta trabajar. Sus proveedores le han permitido enfocarse en la búsqueda de Israel, pero él sabe que en un empleo como el que desempeña no hay resultados sin constancia.
 
“Lo que hay que resaltar es la indiferencia y la ineptitud de las autoridades que se limitan a decir ‘estamos trabajando’ y que en realidad no lo están haciendo”, dice, aturdido, Moreno Zamora.
 
Se muestra decepcionado por el trabajo de las instituciones del gobierno, en particular de las de Oaxaca, pero también por la insensibilidad de la UNAM, la escuela de la que egresó y en la que su hijo cursaba la misma licenciatura que él. A mediados de septiembre se reunió con Jaime Vázquez Díaz, coordinador de Gestión de la Secretaría de Servicios a la Comunidad de esta casa de estudios, quien se comprometió a estudiar su caso y asignarle un abogado. La realidad es otra: “Me han estado llamando, pero nada más me llaman. O sea que no han hecho nada”.
 
José Narro Robles, rector de la UNAM y quien en agosto pasado presentó una propuesta de seguridad para el país, Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, no ha emitido un pronunciamiento público respecto de la desaparición del estudiante universitario. Y no lo va a hacer, dice Renato Dávalos López, director de Información de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad: “Es un asunto que no compete a la autoridad universitaria, sino a una autoridad oficial”.
 
Tampoco lo ha hecho Gloria Villegas Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de esta institución educativa. “Se limitó a difundir la información en el Colegio de Geografía”; además intentó convencer a Carlos Moreno de que no llevara esta información a los medios de comunicación.
 
La UNAM fue la primera institución a la que acudió el padre de Israel Moreno. El objetivo: buscar asesoría, pero también que la comunidad universitaria conociera su problemática: “Yo quiero ver la forma de que otras personas lo sepan, porque esto no es normal. No me gustaría que se viera: ‘¡Ah, otro desaparecido!’. No es posible que la gente esté desapareciendo”.
 
En tres ocasiones Carlos Moreno ha viajado a Oaxaca para buscar a su hijo: el 8 de agosto, a principios de septiembre y el 3 de octubre pasados. Antes, llamó a Locatel y a protección civil de Puerto Escondido y de Oaxaca; también acudió al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes del Distrito Federal, y a la PGR.
 
Solo, recorrió la capital oaxaqueña, Puerto Escondido, Río Grande, Tultepec, Mazunte, San Agustinillo, Cerro Hermoso, Zipolite, Puerto Ángel, Pochutla, San José del Pacífico, Jamiltepec y, por supuesto, Chacahua. En cada uno de estos lugares pegó carteles con la fotografía de Israel.
 
En Tultepec se abrió la averiguación previa 176/RG-2011, que después se pasó a Puerto Escondido con el folio PE-149/COSTA2011. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, AC, y la Fundación Infantil Recupera, AC, también tomaron el caso. Esta última ofreció una recompensa de 100 mil pesos.
 
Carlos Moreno consiguió que, extraoficialmente, un empleado de Telcel le proporcionara la ubicación del teléfono móvil de su hijo: Jamiltepec, Oaxaca; también el nombre y la dirección de cuatro personas que estuvieron utilizando el celular marca Sony Ericsson. Una de éstas es Ricarda Nicolás Reyes, quien dijo haberse encontrado dos teléfonos y una cámara en una bolsa de plástico en el basurero municipal. En contraste, la mamá de Ricarda declaró que su hija encontró el móvil en Puerto Escondido. A decir de Carlos Moreno, ésa fue sólo una de las contradicciones en que cayeron ambas mujeres.
 
En Chacahua se encontró con una población “muy nerviosa”. Recorrió casa por casa y así logró encontrar el equipaje de su hijo, en una choza “humilde pero terriblemente sucia”, ubicada a un costado de laguna: había basura, pescados y olía espantoso. “Sus cosas estaban revueltas pero sólo estaba su ropa, desodorante, pasta dental, crema, dos libros y una libreta. Todo estaba mojado, inclusive con hongos. Estaban tan pegadas las hojas de los libros que no se podían abrir”.
 
También dio con las cuatro personas que pudieron haber visto a Israel por última vez, entre éstas José Montes, el dueño de la choza. Él declaró que “por hacerle un favor a su tío”, aceptó dar alojamiento al joven estudiante, pero que éste nunca durmió ahí. Que lo único que sabe es que el muchacho se iba a ir al cocodrilario para pasar la laguna.
 
Carlos Moreno supo que, antes de llegar a esa choza, su hijo se hospedó en la casa de Juda, un hombre de origen estadunidense, quien es dueño de un restaurante; y que ahí no pagaba hospedaje, sólo la comida. El tío de José Montes dijo, sin embargo, que Israel decidió aceptar su oferta de alojamiento a un precio más económico, 50 pesos, pues Juda “le cobraba muy caro”: 80 pesos.
 
Carlos Moreno aportó todos estos datos y evidencias al Ministerio Público de Puerto Escondido. Su perseverancia y la difusión de la desaparición en algunos medios de comunicación lo llevaron, incluso a entrevistarse con Gabino Cué Monteagudo y Manuel de Jesús López López, gobernador y procurador de Oaxaca, respectivamente. No obstante, hasta la fecha, no hay avances en la investigación.
 
Por eso, él decidió no darles ya más datos: “Prefiero que lo haga gente especializada y profesional para dar con el paradero de mi hijo porque esto es algo que atormenta. De verdad que esto es un dolor en lo más profundo de tu interior. Te desgarra, te deshace”.
 
Cuestionado al respecto, Francisco Javier Vásquez Martínez, titular de la Subprocuraduría Regional de la Costa de Oaxaca, dice: “Recordemos que es un papá desesperado que lo único que busca es encontrar a su hijo. La perspectiva de que no se hace nada es porque no hemos encontrado al muchacho, pero sí se está trabajando”. Carlos Moreno, quien ya antes había escuchado este “argumento”, revira: “Mi desesperación no me hace decir incoherencias”.
 
Vásquez Martínez asegura que hay “avances importantes” sobre el “peculiar caso –desde que éste asumió el cargo, en febrero pasado, no han habido otros de desaparición en la zona–; lo que sí es común, por las características del lugar, es que el mar arrastre a las personas: turistas o pescadores que salen a hacer su trabajo”. Agrega: “Se sabe que la última vez que se le vio [a Israel], estaba en la playa paseando; incluso visitó el cocodrilario”.
 
El funcionario explica que entre las acciones que ha emprendido la Subprocuraduría a su cargo, se encuentran: reuniones generales con los pobladores de Chacahua, entrevistas a más de 40 personas, asignar la búsqueda a un grupo de agentes especializados y solicitar a la PGR su colaboración.
 
Hay varias líneas de investigación, la principal apunta a que el joven nunca salió de Chacahua, una comunidad de apenas 138 habitantes. No hay evidencia de que pueda ser un caso de trata de blancas; “pensamos que pudo haber sufrido una agresión física”.
 
—¿Tiene alguna hipótesis sobre la desaparición de su hijo? –se le pregunta a Carlos Moreno.
 
—Es que a mí me han hablado desde usos y costumbres hasta [de] reclutamiento de [Los] Zetas, trata de blancas… Pero en esencia no tengo algo firme, sólido como para decir es por este lado. Yo concluyo que si la gente tiene tanto miedo y no quiere hablar, es porque están coludidos; es porque hay delincuencia organizada, porque de otra manera no lo puedo entender.
 
Actualmente, el caso es acompañado por la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima). En entrevista con Contralínea, Sara Irene Herrerías Guerra, su titular, comenta que, al igual que Carlos Moreno, muchos padres y madres de personas desaparecidas le han expuesto que “desde un principio levantaron la denuncia, se inició la averiguación previa, pero que no han tenido respuesta de la autoridad, y que muchas de las acciones que se llevaron a cabo las hicieron ellos mismos”. Esto se debe, explica, “a la saturación de algunas autoridades en el número de casos. Sin embargo, hay otras causas: puede ser por omisión”.
 
La tercera vez que Carlos Moreno fue a Oaxaca, un abogado de esta instancia viajó con él. Revisar la averiguación previa y saber qué falta por hacer, su encomienda. También, Províctima solicitó a los agentes del Ministerio Público de Puerto Escondido el teléfono celular de Israel Moreno para que lo investigue la policía cibernética.
 
Herrerías Guerra se niega a hablar sobre las posibles líneas de investigación, las acciones que se están realizando e incluso a proporcionar el nombre del abogado a cargo. La funcionaria se justifica: “De verdad, sí hay cosas muy delicadas, que me gustaría guardar la secrecía”.
 
Desde su inauguración, el pasado 10 de octubre, a esta Procuraduría se han acercado alrededor de 1 mil 220 personas: 380 en el Distrito Federal y el resto a través de sus centros de atención ubicados en 14 de las 31 entidades de la República Mexicana. Puesto que la finalidad primordial de Províctima es la atención de casos de “violencia extrema”, el 28 por ciento de éstos han sido de desaparición, el 20 de secuestro y el 18 de homicidio.
 
 
 
 

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