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La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por tres meses al subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución de Pemex Exploración y a tres subordinados, por irregularidades en la contratación con el consorcio texano EMS Energy Services. El caso documentado por Contralínea generó que la Auditoría Superior de la Federación revisara el contrato, por más de 4 mil 300 millones de pesos, y que el Órgano Interno de Control determinara responsabilidades

 
 
En octubre pasado, la Secretaría de la Función Pública sancionó al subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución de Pemex Exploración y Producción (PEP), Luis Sergio Guaso Montoya, y a sus subalternos Aurora Pierdant Grunstein, Guadalupe Campuzano Delgadillo y Jesús Hernández San Juan, por “negligencia administrativa y violaciones en el procedimiento de contratación”, derivado del contrato entre la subsidiaria de Petróleos Mexicanos y el consorcio texano Energy Maintenance Services para el aseguramiento y operación de ductos, en cuyo proceso de licitación y ejecución se registraron infinidad de irregularidades.
 
Las sanciones a Guaso Montoya y sus subalternos atañen a la contratación número 420407836, que al momento de asignarse (2007) era la más costosa que la paraestatal pagaría en el rubro de servicios: 4 mil 312 millones 553 mil pesos, por un plazo de una década en los cuales Energy Maintenance Services se encargaría del mantenimiento y operación de 1 mil 700 kilómetros de ductos de Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, de 2008 a 2018. El contrato se etiquetó bajo el rubro de “Aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto de PEP, sistema 4”.
 
El contrato entre Pemex Exploración y Producción y Energy Maintenance Services fue el primero de tres que la subsidiaria signó con empresas privadas para transferirles la operación de sus 63 mil 340 kilómetros de ductos –terrestres y marinos– que para tales efectos fueron agrupados en cuatro “sistemas”, identificados con los números 1, 2, 3 y 4, respectivamente, para adjudicarse en igual número de contrataciones.
 
De manera que el contrato entre ambos no era una transacción más, sino la encomienda a una compañía privada de las operacions de una de las áreas medulares para la logística de la paraestatal, ya que el llamado Sistema 4 transporta todo el crudo que produce la Sonda de Campeche, que representa el 49.2 por ciento de la producción nacional, y el 98 por ciento del que se utiliza en las refinerías del país; además del 56 por ciento del gas.
 
La investigación en contra de Guaso Montoya –según los expedientes administrativos CI-R-PEP-176-2010 y CI-R-PEP-205/2010– derivó en la suspensión del funcionario de octubre de 2011 a enero de 2012, por “violación a los procedimientos de contratación y negligencia administrativa”. Aurora Pierdant fue destituida e inhabilitada para ejercer cargo público durante un año; Guadalupe Campuzano Delgadillo fue destituida; y Hernández San Juan fue suspendido tres meses.           
 
La Secretaría de la Función Pública no pudo determinar el daño patrimonial, ni el monto de las multas a los funcionarios al no poder cuantificar el impacto de que en 2009 Energy Maintenance Services abandonó los trabajos y que PEP no supo ni siquiera qué hizo o qué dejó de hacer durante los casi dos años en que tuvo el contrato, pues mes con mes se le pagó una iguala, sin que se supervisara su trabajo.
 
Más allá de los recursos comprometidos por PEP con Energy Maintenance Services, la relevancia del caso radica en que el modelo contractual se inscribe dentro de los contratos integrales ideados por la administración de Felipe Calderón, para ceder a empresas privadas las actividades medulares de la industria petrolera. El curso que tomó la ejecución de este contrato comprueba las implicaciones y riesgos de que la paraestatal ceda a particulares actividades estratégicas.
 
Las auditorías del Órgano Interno de Control comprobaron las irregularidades desde el proceso de licitación, las maniobras para un modelo de contrato fuera de la ley, y que los funcionarios de la paraestatal entregaron la operación de su área estratégica de ductos a una compañía sin capacidad técnica ni económica, como Contralínea documentó en diversas investigaciones periodísticas (ediciones 84, 89, 165, 210).
 
El factor más polémico de que la Secretaría de la Función Pública decidiera fincar sanciones era el nombre del responsable de la contratación, que los auditores encargados del caso definen como “un contrato mal planeado e ilegal”: Luis Sergio Guaso Montoya. Responsable de “un error muy grade y costoso para la paraestatal”, explica uno de los auditores del Órgano Interno de Control que participó en la auditoría.
 
 

Guaso, desempeño cuestionado

 
Guaso Montoya ha sido un funcionario estratégico de las administraciones de Vicente Fox y Calderón. Ingresó a Pemex en 1990, como superintendente adscrito a la Dirección Corporativa de Operaciones; en 1994 fue designado gerente en la Dirección Corporativa de Finanzas; en 1997 asesor en la subsidiaria PMI; y en 1998 llegó a Pemex Exploración y Producción como gerente de recursos de inversión, luego gerente de análisis económico.
 
A partir de la gestión de Raúl Muñoz Leos, con Luis Ramírez Corzo como director de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, a Guaso se le encomendaron tareas de gran envergadura acorde a las directrices que para Pemex se dictaban desde Los Pinos. En 2002 se le designó como encargado de dirigir los trabajos de diseño e implantación de los contratos de servicios múltiples, mediante los cuales se asignó la operación de la Cuenca de Burgos –uno de los yacimientos de gas más importantes del mundo–, a trasnacionales privadas.
 
Las trasnacionales Repsol, Petrobas, Lewis Energy Group y Teikoku Oil, fueron las beneficiarias de este modelo de contratación impugnado por el Senado de la República por su inconstitucionalidad, y en los que también la Auditoría Superior de la Federación encontró graves violaciones a la Constitución y a la Ley de Obras Públicas, entre otras.
 
A Guaso se le encargó también la administración de los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo), esquemas de contratación en los cuales, en distintas auditorías, la Auditoría Superior también ha encontrado graves irregularidades.
El último proyecto a su cargo son los llamados “contratos incentivados”, la gran apuesta de la reforma energética de la administración calderonista que, al igual que los contratos de servicios múltiples, generaron polémica cuando legisladores, analistas y expertos en temas petroleros develaron sus alcances que implican compartir con empresas privadas la renta petrolera.
 

Administrar el daño

 
Sergio Guaso es a nivel nacional e internacional el representante de Petróleos Mexicanos en la promoción de nuevos modelos de contratación, encaminados a privatizar sectores clave de la industria petrolera y para hacer de la paraestatal una simple administradora de contratos. Por ello, la indagatoria que el Órgano Interno de Control abrió en su contra, y la determinación de sus responsabilidades en el caso, pusieron a la Dirección General de Pemex en una encrucijada.
 
De hecho, desde 2010 el Órgano Interno de Control concluyó la auditoría que determinó la responsabilidad de Guaso, sólo que había un inconveniente para que oficialmente se declarara su responsabilidad, pues estaban en ciernes las primeras licitaciones de los contratos incentivados, para asignar a particulares la explotación de los campos maduros en Tabasco, modelo contractual que el abogado y legislador Jaime Cárdenas considera como ilegales, y exfuncionarios como Javier Jiménez Espriú como un esquema más definido de privatización de la paraestatal.
 
Ante un escenario que podría resultar contrario a la administración de Pemex, el director general Juan José Suárez Coppel intervino para que se “administrara el daño” y que la sanción contra Guaso y su equipo se hiciera pública y vigente a partir de octubre pasado, una vez que los primeros contratos incentivados estuvieran adjudicados.
 

La intervención de la ASF

 
A partir de las investigaciones periodísticas de Contralínea sobre este caso, la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría especial al contrato, incluida en la Cuenta Pública 2009. Los auditores de este organismo hallaron tal cantidad de deficiencias en la realización de los trabajos y graves implicaciones de los funcionarios de la paraestatal en el caso que, como parte de sus conclusiones, solicitaron al Órgano Interno de Control indagar su responsabilidad. El resultado son las sanciones que en octubre pasado determinó la Secretaría de la Función Pública y que según el área de prensa de la paraestatal, ya se hicieron efectivas.
 
Como la Auditoría Superior, el Órgano Interno de Control concluyó que los lineamientos del contrato no eran acordes a la ley, que la paraestatal pagaba trabajos no realizados, y sobre todo alertó que la falta de mantenimiento ponía en riesgo la principal área de distribución de hidrocarburos del país. La auditoría encontró que en la licitación en la que según PEP, Energy Maintenance Services ganó el concurso, la empresa ni siquiera compró las bases de licitación. Tampoco cubría los requisitos técnicos ni de solvencia financiera, lo que invalidaba la contratación.
 
Contralínea documentó que como parte de la estrategia de privatización de Pemex, que Calderón aceleró desde inicios de su administración, la operación de algunos ductos se entregaría a empresas privadas de origen texano, sin que se tuvieran suficientemente acreditados los análisis de  costo-beneficio de este nuevo esquema.
 
La Auditoría Superior de la Federación determinó que, efectivamente, el análisis de costos y eficiencia del proyecto no cumplió con las normas y reglamentos aplicables. Además, los funcionarios no presentaron ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía la evaluación de costo-beneficio del proyecto, sin el cual el contrato no podía firmarse, por lo que el máximo órgano de fiscalización del país lo declaró como “indebido”. Éste y después el Órgano Interno de Control comprobaron que Energy Maintenance Services no tenía capacidad técnica para operar el contrato, y que los directivos de PEP no supervisaron la ejecución de los trabajos.
 
En el escrutinio documental, la Auditoría Superior de la Federación encontró un desfase de hasta un año en las bitácoras de los supervisores de Pemex Exploración y Producción. Por ejemplo, según sus bitácoras, en activos como el de Lázaro Cárdenas los funcionarios vigilaron los trabajos asignados a Energy Maintenance Services en enero de 2009 y luego hasta marzo de 2010, es decir, durante 417 días no revisaron los trabajos que supuestamente día a día hacía la empresa, aunque sí se le pagaron.
 
Por conductas como esa, la Auditoría Superior determinó que el incumplimiento de la compañía fue correspondiente con la irresponsabilidad de los funcionarios de PEP por no supervisar, vigilar, controlar ni revisar su trabajo. De allí que luego el Órgano Interno de Control determinó negligencia administrativa.
 
Según cálculos de la Auditoría Superior de la Federación al momento en que concluyó su fiscalización, la paraestatal le había pagado “indebidamente” 666 millones 49 mil pesos a Energy Maintenance Services, correspondientes a 65 estimaciones de trabajos en los que no había evidencia de que se hubieran realizado. Por ello, resolvió que los funcionarios de PEP debían recuperar esos recursos.
 
Fue sólo hasta que este organismo notificó a Pemex Exploración y Producción que auditaría el contrato, que el director general de la subsidiaria, Carlos Morales Gil públicamente anunció que se le rescindiría éste por incumplimientos. Pero supervisores y residentes de obra comenzaron a recibir presiones para cumplir la instrucción de dar visto bueno a las estimaciones de obra que no se hizo.
 
Uno de los hallazgos más relevantes de la Auditoría Superior fue descubrir que, con una intensión clara de favorecer a la empresa texana, en Pemex los funcionarios de la subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución, que encabeza Guaso Montoya, modificaron los plazos contractuales, 16 meses después de iniciado el contrato, para que pareciera que Energy Maintenance Services tenía un atraso mucho menor y por ende, logró penalizaciones 85 por ciento menores a las que debía pagar.
 
En 2008, la empresa registró incumplimiento en sus trabajos en los meses de julio a diciembre de ese año; y debía sufragar penalizaciones a Pemex por 201 millones 463 mil pesos, pero los funcionarios le impusieron sólo 31 millones de pesos. Como a Energy Maintenance Services le resultaba más barato que eventualmente se le impusiera alguna sanción menor, ello provocó que “de manera recurrente, incurriera en incumplimientos en la ejecución de eventos de frecuencia crítica”, lo que afectó la infraestructura del sistema de ductos, y “bien pudieron provocarle daños irreversibles”, señala la Auditoría Superior de la Federación.
 
Entre los pagos por trabajos no realizados, más las penalizaciones que no se aplicaron a Energy Maintenance Services, la ASF cuantifica un quebranto a las arcas de Pemex por 842 millones 474 mil 500 pesos.
 
El máximo organismo fiscalizador del país pidió al Órgano Interno de Control su intervención para que investigue la responsabilidad de los funcionarios de Pemex implicados en las irregularidades en el proceso de licitación de los contratos y las deficientes ejecuciones que derivaron en daños millonarios patrimoniales, cuantificados hasta 2009.
 

Sanciones tibias

 
Integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía califican como “tibias” las sanciones que la Secretaría de la Función Pública  impuso al subdirector de Pemex Exploración y Producción, Sergio Guaso, debido a las implicaciones que provocó y provocará a la infraestructura de la paraestatal “esta aventura privatizadora, al tratarse de la red de ductos más estrategica para el transporte y distribución de hidrocarburos en la que sólo se hicieron pocos y pésimos trabajos”, explica Alfredo Hernández Peñaloza. Y es que, como señala la Auditoría Superior en su revisión, al encubrir el incumplimiento de Energy Maintenance Services los funcionarios de Pemex, “pusieron en riesgo la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos”.
 
Es importante considerar que cuando inició el contrato, el sistema de ductos acumulaba un rezago importante en el mantenimiento, debido a que, para justificar la necesidad de la contratación, desde 2007 se suspendió el mantenimiento que le daba Pemex. De manera que, de entrada, Energy Maintenance Services debía rehabilitar de manera emergente 22 ductos con una longitud de 325 kilómetros y dar mantenimiento preventivo a otros 93 (1 mil 775 kilómetros), así como a las instalaciones de bombeo y almacenamiento de hidrocarburos asociados, pero desde enero de 2009, se abandonaron por completo los trabajos.
 
Contralínea solicitó a los funcionarios sancionados su postura al respecto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
 
No obstante, este caso aún no es juzgado, en la Secretaría de la Función Pública existe otra denuncia que en 2008 presentó el senador Graco Ramírez Garrido, integrada en el expediente número DGAV/DV/021/2008.
Éste explicó a Contralínea que presentó la denuncia luego de que, al acudir como testigo social de la licitación que benefició a Energy Maintenance Services, tuvo “claro” que ésta “no tenía [la] capacidad técnica ni económica para una contratación de esa envergadura”.
 
La denuncia involucra al entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles; el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, el propio Sergio Guaso Montoya; también al subdirector en la Región Sur, José Refugio Serrano Lozano; al gerente de Transporte y Distribución por Hidrocaburos, Carlos Hernández García; a Eloy Pérez Babucha; y Heliodoro Cigarroa Citalán, de la Coordinación de Mantenimiento de Ductos.
 
También, Rodolfo Velásquez López, coordinador de Seguridad Industrial; Víctor Hernández Herrera, especialista en Integridad de Ductos; y otros funcionarios participantes en la licitación, como José Luis Arellano Payán, Rodrigo del Valle Córdova, Rafael Bracho Ransom, Enrique Muñoz Moriu, Jesús Ortega Balderas, Eloy Pérez Boruch, Gustavo Salas Gutiérrez, Edgar Hernández, Néstor Santiago Benítez, Sonia Morales Andreu y Maribel García Jiménez, que en representación de la Oficina del Abogado General de Pemex, validaron que Energy Maintenance Services tenía “[la] capacidad técnica y económica” para garantizar trabajos de ese alcance.
 
Alfonso Hickman Sandoval, ingeniero con una amplia trayectoria en Pemex, y quien en 2007 realizó para el Legislativo el análisis del citado contrato, va más allá. Si se considera el tipo de contrataciones diseñadas e impulsadas por el subdirector Sergio Guaso, explica que, “a la vuelta de los años, desafortunadamente, estemos leyendo la crónica del fraude que significan también los contratos integrales de los campos maduros de Magallanes, Santuario y Carrizo y los que le sigan si no los detenemos”.
 
 
 
Cronología de un fraude anunciado
 
Previo a la asignación del contrato, Contralínea documentó diversas irregularidades en el modelo de éste y en el proceso de licitación, que desde 2007 avistaron que se trataba de un contrato viciado y dirigido.
 
A través de las páginas de este semanario, legisladores integrantes de las comisiones de Energía, de Hacienda, de Presupuesto de la Cámara de Diputados y Senadores, así como especialistas del sector energético aglutinados en el Grupo Ingenieros Petróleos Mexicanos (Pemex) Constitución del 17 y el Comité Nacional de Estudios de la Energía, alertaron a la opinión pública, y en denuncias formales ante instancias diversas, incluida la Presidencia de la República, de diversas irregularidades en el modelo contractual que no se ajustaba a la ley.
 
En los alcances de las bases de licitación, se detectó que “de forma irregular, los funcionarios de Pemex encargados de diseñar las bases simulan un contrato de obra pública, para permitir a la contratista intervenir directa e indirectamente en funciones de operaciones exclusivas de PEP [Pemex Exploración y Producción]”.
 
No obstante, los funcionarios del sector energético hicieron oídos sordos. Es más, desde el Consejo de Administración de Pemex, que entonces presidía Georgina Kessel Martínez, se avaló la contratación. En 2007, al detectar ilegalidades diversas, la Comisión Permanente del Senado citó a comparecer a Kessel, al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles y al director de la subsidiaria PEP, Carlos Morales Gil.
 
Luego, las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados elaboraron un análisis que determinó que las bases de licitación no cumplen con la normativa y que si los funcionarios de Pemex Exploración y Producción llevan adelante el proceso y determinan que había un ganador, “sólo será porque arbitrariamente así lo determinen los servidores públicos a cargo del proceso de licitación y no porque tales propuestas hayan cumplido estrictamente con lo dispuesto por la ley en la materia y su reglamento”.
 
A unos días de que Pemex adjudicara el contrato, el pleno del Senado exhortó al Ejecutivo federal a que cancelara la licitación pública internacional 18575111-006-07 por considerar violaciones a la Constitución, y a la Ley Orgánica de Pemex, porque Pemex Exploración y Producción estaba cediendo su facultad para el transporte y la distribución de hidrocarburos y gas. El Legislativo alertó de los riesgos de dejar que terceros participen en la operación “de tan estratégico sistema de transporte de hidrocarburos, cuya función es el inicio del transporte del crudo para las refinerías donde se producen las gasolinas del país”, porque ello “vulnera aspectos de seguridad nacional”.
 
De nuevo la Presidencia de la República y Pemex hicieron oídos sordos a las alertas del Legislativo; el contrato se asignó al consorcio texano Energy Maintenance Services, matriz de EMS Energy Services México, una pequeña compañía de la suite 600 de Bering Drive en Houston, que fundó Timothy Harold Nesler, un exejecutivo de la Marathon Oil Company (también contratista de Pemex en la Cuenca de Burgos) asociado con exdirectivos de Enron.
 
Según el acta constitutiva (Contralínea, febrero de 2006), Nesler registró en México la subsidiaria EMS Energy Services México, con un capital social de 3 mil pesos. Como accionistas Timothy Harold Nesler, presidente del Consejo y de la sociedad; Sumner Warner White, consejero y primer vicepresidente; y Harvey Lee Schnitzer, consejero y segundo vicepresidente.
 
En 2007, crearon una subsdiaria ex profeso para la contratación con Pemex. De hecho, el contrato 420407836, correspondiente al sistema 4, fue el único que obtuvo Energy Maintenance Services en México. Una vez que se firmó el contrato, EMS alquiló la oficina 1902 en el piso 19 de Rubén Darío 281, Bosque de Chapultepec, donde había sólo una telefonista; y una casa en el número 1727 de una concurrida avenida de la colonia Atasta, en Villahermosa, Tabasco, donde se contrataba a subcontratistas en su mayoría eran empresas locales que ya trabajaban para Pemex.
 
Energy Maintenance Services nunca trajo maquinaria ni equipos para desarrollar la obra ni tenía personal operativo. Era en Tabasco una empresa “de papel”, de tal manera que funcionarios de la paraestatal entregaron una parte medular de Pemex a una compañía texana que no tenía certificación crediticia, experiencia técnica, ni capacidad económica.
Según se estipuló en el contrato, al mes Pemex le pagaba una iguala, pese a que nunca hubo evidencia de que los trabajos se hicieran. Luego, Energy Maintenance Services dejó de pagar a sus subcontratistas y éstos recortaron la calidad de sus insumos y trabajos para poder costear los atrasos de EMS, lo que impactó directamente en el estado físico de los ductos, hasta que finalmente abandonaron los trabajos.
 
En mayo de 2009, al menos 44 empresas subcontratistas de Tabasco, Veracruz y Chiapas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción denunciaron el “fraude” de Energy Maintenance Services y reclamaron adeudos de 30 millones de dólares. Sus obreros quedaron sin empleo. Mano de obra tabasqueña, veracruzana, campechana era el famoso know how que la texana facturaba a Pemex.
 
En una extraña y rápida “solución” que parecía más encaminada a encubrir la conducta de Energy Maintenance Services, Carlos Morales Gil negoció con las subcontratistas silenciar sus reclamos a cambio de quedarse con los trabajos.
 
Luego Pemex Exploración y Producción rescindió el contrato. Energy Maintenance Services interpuso un juicio de nulidad administrativa. Ahora la paraestatal enfrenta un largo y tortuoso camino judicial. Los funcionarios de Pemex Exploración y Producción delinearon un modelo de contrato que le da la posibilidad a la empresa privada a enjuiciar a la Petróleos Mexicanos en tribunales internacionales.
 
El caso podría llegar a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, donde las compañías le exigen a la paraestatal exorbitantes indemnizaciones. El contrato entre Pemex y Energy Maintenance Services se conceptualizó como un acuerdo mercantil en el que la compañía texana está bajo protección del Capítulo de Compras del Tratado de Libre Comercio.