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México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, coinciden la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El diagnóstico de ambos órganos, tras su visita al país, descubre un sistema jurídico débil, falta de voluntad política e inoperancia de los mecanismos de defensa para la libertad de expresión. El resultado: autocensura y, al menos, 104 periodistas asesinados y desaparecidos desde que el PAN llegó a la Presidencia de la República. Luego de más de un año del recrudecimiento de las agresiones contra el gremio, el 27 de octubre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la federalización de delitos contra los informadores, la iniciativa de reforma se encuentra ahora en el Senado

 
Tras la misión conjunta que se realizó del 9 al 24 de agosto de 2010, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, emitieron el pasado 25 de octubre el informe La libertad de expresión en México. El diagnóstico da cuenta del peligro en el que los periodistas realizan su oficio: un creciente número de asesinatos desde 2000; impunidad de los agresores; sanciones penales a los comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión; acceso restringido a la información, y discriminación en la asignación de publicidad oficial como mecanismo de censura, entre otras prácticas.
 
“El Estado enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. Las diversas fuentes consultadas por el relator especial confirman que en México la violencia contra periodistas tiende a intensificarse”, cita el informe. Además, La Rue y Botero concluyen: las cifras convierten a México en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo.
 
Durante la visita, la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constató que el ejercicio periodístico en México se desempeña constantemente bajo amenazas y hostigamientos. Ambas relatorías retoman el caso de Contralínea como ejemplo de agresiones: el semanario ha enfrentado allanamientos, amenazas y discriminación publicitaria.
 
Ante las agresiones contra el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, el Estado ha creado la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, los organismos internacionales puntualizan que “hasta el momento dicha dependencia no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas”: desde la creación de ésta, en 2006, se han consignado tan sólo cuatro casos y hasta el momento no se ha logrado sanción penal alguna.
 
A decir de Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, no hay avances en materia de protección a la libertad de expresión: “Si antes había cuatro jinetes del Apocalipsis hoy hay tres que son muy perniciosos: la corrupción, la impunidad y la simulación. La simulación de las autoridades es un crimen”.
 
Además, de acuerdo con el diagnóstico de la ONU, es evidente la falta de voluntad política para defender al gremio: en la mayoría de los casos, la FEADLE ha declinado competencia sobre las investigaciones que se le designan. “Los avances hasta ahora son lentos”, confirma Javier Sepúlveda, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
 

Federalizar los delitos

 
Luego de cinco años de la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, el 27 de octubre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la federalización de los delitos contra periodistas.
 
La adición al artículo 73 constitucional cita: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra los periodistas en el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta”. La propuesta queda a la espera de su aprobación en la Cámara revisora.
 
Sin embargo, ante el incremento de la violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país, la comisión encargada de atender estas agresiones no cuenta con las facultades ni el presupuesto suficiente para operar: no se ha conseguido que se convierta en una comisión ordinaria.
 
La relatoría también da cuenta de la responsabilidad de las autoridades como perpetradoras de agresiones contra la libertad de expresión. De acuerdo con registros retomados de la CNDH, las autoridades señaladas son: la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
 
El informe La violencia en México y el derecho a la información, presentado en abril pasado por el Centro Nacional de Comunicación Social y Artículo 19 –órganos defensores de la libertad de expresión–, coincide: de 76 casos de agresión por parte del Estado durante 2010, 46.05 por ciento fue perpetrado por autoridades federales; 42.11 por ciento por autoridades estatales; y 11.84 por ciento por autoridades municipales.
 
Hasta la visita de ambas relatorías los datos estadísticos fueron tomados del registro de la CNDH: 66 periodistas asesinados de 2000 a 2010 y 12 más desaparecidos de 2005 a 2010, además de 18 ataques a instalaciones de medios de comunicación. A pesar de la gravedad del tema, el gobierno no cuenta con un registro oficial en materia de agresiones contra periodistas.
Ante la nula respuesta de las autoridades frente a estos casos, la autocensura se ha adoptado como única medida de protección personal, asegura Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que la autocensura es una práctica común en las entidades con mayores índices de violencia debido al crimen organizado: medios de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas adoptan la autocensura como medida de protección. Como consecuencia, los vacíos de información en México van en aumento.
 
El informe, asimismo, analiza casos emblemáticos de agresiones contra el gremio periodístico. Las agresiones a las revistas Contralínea y Proceso, y a los diarios guanajuatenses AM y Al Día son destacadas en el estudio.
 
Respecto de las agresiones contra este semanario, los relatores refieren el ataque armado contra dos reporteros durante la cobertura informativa en San Juan Copala, Oaxaca; el robo en las instalaciones; el acoso y al menos cinco demandas contra los periodistas que revelaron información sensible sobre Petróleos Mexicanos; privación de la libertad; allanamiento de las instalaciones por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública; y el veto publicitario como respuesta a la crítica periodística de esta revista.
 
El informe conjunto aborda otras problemáticas gremiales, entre las que destaca el uso no autorizado de frecuencias radioeléctricas por las radios comunitarias. Esto no debiera ser considerado un delito, sino únicamente una falta administrativa, sentencia La Rue. De esta forma, cita el informe, el sistema de procuración de justicia mexicano es usado para hostigar y silenciar a los periodistas.
 
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, puntualiza: “El gobierno debe respetar las formas de comunicación alternativas y comunitarias”. Además, coincide en que la eficacia de los mecanismos de defensa para la libertad de expresión radica en un sistema de procuración fortalecido mediante la federalización de estos delitos.
 

Incipientes avances

 
Durante su visita, La Rue constató la presencia de algunos mecanismos de protección. En Chihuahua se adoptó el Acuerdo de Implementación del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas; en octubre de 2010, la CNDH aprobó un par de guías para desarrollar medidas cautelares en beneficio de periodistas y defensores de derechos humanos; en noviembre de 2010 se estableció un convenio de colaboración entre las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y a finales de 2010 la Cámara de Diputados aprobó una partida para la protección de periodistas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 
No obstante, el clima adverso para la prensa en México revela la falta de eficacia de tales mecanismos. A decir de Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, la respuesta de las autoridades “es una simulación, tiene un mal diseño normativo y un diseño institucional incorrecto […] Constantemente hay que litigar en contra de las mismas autoridades que favorecen la revictimización [de los denunciantes]”.
 
Los crímenes contra periodistas son corresponsabilidad de las autoridades locales y federales, señala. La federalización de estos delitos contribuiría a la colaboración entre los tres niveles de gobierno, y podría disminuir la vulnerabilidad en que se encuentra el gremio en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
 
Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca en el informe el pobre manejo de los datos sobre agresiones a periodistas: se carece de estadísticas detalladas. Los registros con los que se trabaja son provistos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El gobierno no cuenta con un sistema propio de compilación, estadística y registro de agresiones contra la libertad de expresión. A decir de la Comisión Interamericana, los datos estadísticos son “un requisito esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas efectivas de prevención, protección y persecución penal de las violaciones a los derechos humanos”.
 
El informe señala que “la Relatoría observa con preocupación la inexistencia de una institución que tenga la función de recolectar y mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra los periodistas en México, y sobre los procesos penales y administrativos realizados en estos casos”.
 
A decir del abogado Méndez Silva, la efectividad de un mecanismo de protección a periodistas radica en seis características fundamentales: un gobierno con voluntad política para legislar adecuadamente; mayores recursos económicos y humanos destinados a los programas de protección; capacitación de los agentes del Ministerio Público en términos de estrategias de investigación; protección de las víctimas a través de medidas cautelares efectivas –mismas que requieren mayores recursos económicos–; acción inmediata ante las denuncias de los periodistas, para evitar medidas de autoprotección como la autocensura; y contar con una base de datos propia. Para Méndez Silva, la inexistencia de un registro nacional de agresiones contra la libertad de expresión evidencia la falta de interés del propio Estado.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que dentro de las tareas a su cargo se encuentra vigilar que los agravios no sigan en aumento. El director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de este órgano, Javier Sepúlveda, coincide en que urge una mayor capacitación de los agentes del Ministerio Público y la profesionalización de quienes lleven a cabo las investigaciones. Además, indica que “el próximo año es sumamente complicado. Se espera que la cifra no sufra un aumento significativo, pues los periodistas son los auxiliares de la justicia en este país”.
 
El informe, que se presentó vía videoconferencia en la sede de la ONU en México, incluyó más de 40 recomendaciones tras la misión conjunta de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana al Estado mexicano. A decir de las fuentes consultadas, se espera que el Estado reconozca su responsabilidad, mejore la calidad de las investigaciones y cese la impunidad ante las agresiones contra la libertad de expresión. De no hacerlo, se estaría alentando que se cometan estos delitos.
 
Méndez Silva espera que el Estado reconozca su deficiente labor y que asuma las recomendaciones; “si no, México seguirá siendo el país más peligroso [para el ejercicio periodístico]”.
 
 
 
 
Las recomendaciones
 
Algunas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
 
Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales
 
Capacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza pública
 
Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. El mecanismo de protección debería ser implementado a través de un comité interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; y gozar de recursos propios y suficientes
 
Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa
 
Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión
 
Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes
 
Crear un órgano público independiente del gobierno federal que regule la radio y la televisión
 
Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre éstos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión
 
Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad o­ficial para todos los niveles y órdenes de gobierno
 
Fuente: La libertad de expresión en México.Informes de misión de las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.