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Amenazas y calumnias contra periodistas de Quintana Roo

Amenazas y calumnias contra periodistas de Quintana Roo

Los directivos de la revista Luces del Siglo, Norma Madero y Agustín Ambriz, denuncian ser objeto de calumnias y amenazas por su trabajo periodístico y acusan al exgobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, de ser el supuesto responsable de los más recientes ataques en su contra. Las amenazas y los actos de presión o intimidación constituyen la segunda agresión más común contra periodistas y medios de comunicación en México, considerado el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América

 
Mayela Sánchez/Ruth Roque
 
A la creciente lista de agresiones contra periodistas en México –que rebasa las 300 tan sólo en lo que va de este sexenio– se suma el reciente hostigamiento a Norma Madero y Agustín Ambriz, presidenta y director general de la revista Luces del Siglo –respectivamente–, denunciado por los comunicadores en octubre pasado.
 
Los directivos del semanario publicado en Cancún, Quintana Roo, señalan que son víctimas de amenazas, persecución y difamaciones a consecuencia de un trabajo periodístico en el que revelaron el endeudamiento del estado durante la administración de Félix González Canto, concluida en abril pasado.
 
En su edición 422, del pasado 25 de septiembre, Luces del Siglo dio a conocer un diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda pública en Quintana Roo.
 
En éste se reporta que el quiebre financiero se produjo a raíz de un endeudamiento de corto plazo por 2 mil 600 millones de pesos, autorizado en diciembre de 2010 por el congreso local, y que el gobierno de González Canto destinó a gasto corriente.
 
A la semana siguiente, la revista denunció que el exmandatario había tenido un sobregiro de 25 mil millones de pesos en su sexenio y que esos recursos se habían manejado de forma discrecional.
 
Además, el reportaje firmado por Ambriz reveló que el exgobernador priísta había gastado 1 mil 500 millones de pesos en promover su imagen durante su mandato.
 
“Todo esto que nosotros manejamos obviamente no le gustó al exgobernador, que es quien realmente gobierna el estado. Y de ahí empezó una campaña de difamación en los medios locales”, señala Ambriz.
 
El director general del semanario refiere que las calumnias han tenido como principal difusor al periódico local Diario Respuesta, aunque también los rotativos El Periódico y Quequi han publicado notas en las que se les denigra a él y a Madero.
 
En entrevista con Contralínea, los agraviados añaden que otro mecanismo de intimidación ha sido publicar sus actividades cotidianas en una columna periodística, lo que evidencia que son seguidos “con la intención de causar temor”.
 
Y no sólo eso: Madero fue perseguida por una camioneta con vidrios polarizador y sin placas, cuando viajaba en su automóvil y en compañía de sus hijos por una de las principales avenidas de Cancún.
 
La presidenta del semanario logró librarse del asedio en un alto, pero a ese suceso siguió un intento de allanamiento de su domicilio.
 
Debido a que en diciembre de 2010 ya habían irrumpido en su casa, ésta cuenta con vigilancia permanente como medida cautelar dispuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El primer allanamiento de la casa de Madero ocurrió el 25 de diciembre de 2010; en esa ocasión le fueron robadas dos cajas fuertes y su computadora portátil.
 
Tres días antes de la irrupción, la periodista Denise Maerker difundió en su programa radiofónico Atando cabos una investigación que Luces del Siglo había publicado en agosto de ese año.
 
En ésta se señalaba cómo el entonces procurador estatal, Francisco Alor Quezada, había amasado una fortuna de 50 millones de pesos desde distintos cargos públicos.
 
Madero y Ambriz ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, en contra de González Canto, a quien señalan como presunto responsable de las agresiones en su contra.
 
Tras el allanamiento al domicilio de Madero también se interpuso una denuncia ante la Fiscalía, sin que hasta la fecha se hayan reportado avances en la investigación, señala Ambriz.
 
 

Periodismo “en el maximato

 
El director general de Luces del Siglo dice que en la entidad se vive un “maximato”, en referencia a que quien ejerce el poder político y económico del estado no es el actual gobernador, Roberto Borge Angulo, sino su antecesor.
 
Ambriz, quien trabaja desde hace cuatro años en la revista quintanarroense, afirma también que en la entidad no se permite crítica alguna al gobierno estatal.
 
De acuerdo con el documento Entre la violencia y la indiferencia: informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, de Cencos y Artículo 19, en ese año Quintana Roo ocupó el segundo lugar dentro del indicador de mayor violencia contra periodistas respecto al número de habitantes. En un estado con 1 millón 135 mil 309 pobladores, la comisión de agresiones era de 1 mil 261 por cada 100 mil personas.
 
El informe señala que de los nueve ataques perpetrados en 2009 –incluido el homicidio del periodista Alberto Velásquez–, en dos casos existieron elementos para suponer la participación de funcionarios estatales.
 
El caso de los directivos de Luces del Siglo no es el único ataque contra periodistas y medios de comunicación que se comete en Quintana Roo durante este año. En julio pasado, los portales electrónicos de Expediente Quintana Roo, Cuarto Poder y Noticaribe fueron blanco de ataques cibernéticos, como reportó Artículo 19 en un comunicado del 13 de julio.
 
En el caso de Expediente Quintana Roo se trata de un medio digital que desde hace un año difunde reportajes e investigaciones periodísticas sobre “los logros y carencias de las administraciones locales y gobierno estatal de Quintana Roo”.
 
El ataque provocó que su servicio se suspendiera durante cinco días y fuera robada información del correo electrónico de su director, Esmaragdo Camaz.
Además de información personal, datos de contactos y avances de investigaciones periodísticas, entre la información sustraída de la cuenta de Camaz también había datos de seguridad del portal noticioso, lo que permitió borrar todos los contenidos de la página de internet y enviar correos electrónicos apócrifos.
 
En el comunicado de Artículo 19, Camaz refiere que desde la llegada de Borge Angulo a la gubernatura, Expediente Quintana Roo perdió las cuatro cuentas de publicidad oficial que tenía.
 
Otro caso es el de la periodista Graciela Machuca, quien fue detenida el 30 de septiembre pasado por daños y lesiones dolosas a dos jóvenes, a quienes la directora de la revista Maya sin Fronteras había atropellado un mes y 18 días antes.
 
La detención se hizo exactamente el mismo día en que se realizarían diversas manifestaciones en las que se acusaría a la subprocuradora María Jesús Loeza Cachón de entorpecer las investigaciones en torno al asesinato de Omer Abisaid Montalvo Pool, hijo de un servidor público.
 
Machuca fue liberada casi ocho horas después. De acuerdo con la nota publicada por el portal Expediente Quintana Roo, la periodista calificó su detención como “una maniobra mediática de la Procuraduría” para minimizar las manifestaciones contra Loeza Cachón.
 
Machuca había dado seguimiento a casos de mujeres mayas encarceladas injustamente, entre ellas el de Basilia Ucan Nah, acusada de corrupción de menores y lenocinio, en un proceso judicial presuntamente plagado de irregularidades.
 
La noche del 5 de octubre pasado, el presidente y director general del diario El Quintanarroense, Miguel Ramón Martín Azueta, sufrió un atentado mientras circulaba por la carretera Playa del Carmen-Cancún.
 
El automóvil en el que viajaba recibió 14 disparos de armas de grueso calibre, de acuerdo con la nota publicada por dicho medio. Aunque en el atentado Martín Azueta sólo fue rozado por una bala, su contador perdió la vida.
 
A estas agresiones se suma el asesinato de Alberto Velásquez, fundador del diario Expresiones de Tulum, perpetrado en 2009, durante el gobierno de González Canto.
 
Para la realización de este trabajo se buscó conocer la postura del gobierno estatal a través de la oficina de Rangel Rosado Ruiz, vocero del gobernador. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.