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San Lázaro, explícame a qué ciudadano defienden: al que sólo vota o al que se atreve a participar. Es cuanto

 

Una década de propuestas y contrapropuestas llega al fin al Pleno de la Cámara de Diputados. Se aprueba en lo general con 415 votos, de 500, la Reforma Política, la modificación Constitucional para fortalecer al Estado y al ciudadano.

 

Con 45 modificaciones a reserva, se discuten tres y se desvirtúa el debate, no por la reelección sino por la revocación de mandato, de dónde salió el tema. Ni siquiera está en la minuta enviada por el Senado. El diputado Omar Fayad asegura que salió de su propuesta presentada en 2003, en la LVIII legislatura.

 

El presidente de la mesa directiva, el diputado Emilio Chuayffet, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), va en contra de la línea de su partido y permite que se discuta la modificación al artículo 35 constitucional para dar al ciudadano la autoridad de ejercer la revocación de mandato para el presidente de la República, los diputados, los senadores, los presidentes municipales.

 

Un acuerdo verbal de la Junta de Coordinación Política pide a la Asamblea que el tema se dé por agotado y, más aún, restringe la participación a sólo un diputado por partido en las siguientes reservas; pero, a excepción del diputado José Ramón Martel, los que tomaron el acuerdo escondieron la mano.

 

Serán esos que escondieron la mano los mandarines a quienes se refirió el presidente de la mesa directiva, el diputado Emilio Chuayffet, como culpables de entorpecer y enviciar el debate legislativo.

 

No apareció ningún argumento del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Armando Ríos Piter, y si participó en él no le avisó a sus diputados, como lo dejó bien claro la diputada Esthela Damián Peralta. Tampoco estaba enterada la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz.

 

Si el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó el acuerdo, su bancada deja mucho que desear en disciplina; no sólo los que abandonaron el recinto en protesta por el acuerdo, sino incluso dos de sus vicecoordinadores: el diputado Oscar Martín Arce Paniagua y el diputado Alberto Pérez Cuevas no se dieron por aludidos, e insistieron en el tema de la revocación de mandato.

 

Evidentemente el diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo (PT) no sabía del acuerdo, o no coordina a nadie: cinco de los otros 12 diputados petistas desconocieron el acuerdo, incluso el diputado Mario Di Constanzo y el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña amenazaron con intervenir con o sin permiso de su coordinador y de la Junta de Coordinación Política.

 

Y aun cuando no escondió, como otros, la cabeza el vicecoordinador de la bancada priista, el diputado José Ramón Martel, no salió bien librado: fue acusado de imponer sin consultar a la fracción decisiones contrarias a los intereses de los ciudadanos que representan los diputados del PRI, como es el caso del legislador sinaloense Miguel Ángel García Granados.

 

De demagogo y oportunista calificó el mexiquense al excandidato a presidente municipal de Mazatlán. Pretende aprovechar el debate para salir en los medios, subrayó el diputado José Ramón Martel. En algo habrá que darle la razón al diputado Miguel Ángel García Granados es que no necesita el debate para salir al aire: para eso paga 2 mil pesos al mes a los camarógrafos del Canal del Congreso, dice a sus vecinos de curul.

 

La reforma política y la democracia tuvieron que esperar 24 horas más para avanzar. Tres docenas de diputados del PAN, PT y PRD abandonaron el salón de sesiones, y poco después el diputado presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet, declaró un receso para el miércoles 26 de octubre, sesión extraordinaria fuera de calendario.

 

Y ahí quedaron las dudas, quiénes son los mandarines, quiénes son los diputados burócratas que aprovechan el trámite para evitar el debate de fondo, quiénes serán los ciudadanos que tomen la oportunidad de ser candidatos, de ser votados y no sólo votar, como lo marca la Constitución desde 1917 y aún no pueden.

 

En menos de un mes los principales partidos políticos iniciarán sus contiendas internas para elegir a sus candidatos, desde el presidencial hasta los presidentes municipales y regidores. Los permisos y renuncias ya se presentan en congresos y oficinas de gobierno.

 

De un ejercicio democrático lo han calificado los líderes de los principales contendientes Humberto Moreira, por el PRI; Gustavo Madero, por el PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, democracia en la que ya se busca como dejar fuera al ciudadano, al que no tiene partido, al que defienden y ponderan los tres partidos en sus argumentos sobre la Reforma Política.

 

Mientras en San Lázaro el diputado Francisco Ramírez Acuña, coordinador de los diputados federales del PAN, encabeza la exigencia de modificar el dictamen de Reforma Política y agregar la revocación de mandato, y defender el derecho ciudadano a decidir en política. El mismo diputado y su líder nacional, el senador Gustavo Madero, van a Jalisco para sacar al ciudadano de la elección de sus candidatos.

 

Menos de 30 días para iniciar un proceso real, donde se mostrarán los hipócritas y leales, que sacará a la luz pública el verdadero debate, ya las divisiones se dejan ver, ya el PAN de Jalisco reventó, y su excoordinador de diputados en el Congreso local, José María Martínez Martínez, demandó ante las autoridades electorales a la dirigencia nacional de su partido para que se abra la designación de candidatos a votación abierta y no designación directa.

 

Lejos, muy lejos, del concepto de “fortalecer la participación ciudadana en la vida y decisiones políticas del país” está la decisión de designar de manera directa a quienes se postularán como diputados federales y senadores del PAN por Jalisco. Y no hay marcha atrás, dijo el senador Gustavo Madero en la ciudad de los Panamericanos, Guadalajara.

 

En la Cámara de Diputados los diputados panistas Oscar Martín Arce Paniagua, vicecoordinador jurídico de la bancada azul, y el vicecoordinador Alberto Pérez Cuevas acusan al PRI de impulsar una reforma política “mocha” al sacar del texto la reelección consecutiva de legisladores y presidente municipales; de qué se preocupan: por designación directa serán candidatos a senadores, quizá hasta plurinominales, por Baja California y el Estado de México, respectivamente.

 

San Lázaro, nos lanzamos de candidatos; a ver si a nosotros sí nos alcanzan 270 mil pesos para una campaña a diputado federal