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El debate sobre el aborto enfrenta a los partidarios de las libertades y del Estado laico, como son los grupos liberales y feministas, contra los defensores de la imposición de los dogmas religiosos, bando encabezado por la jerarquía católica, que cuenta con el incondicional apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), partido de la derecha católica, y de Felipe Calderón, quien pretende implantar en nuestro país una especie de franquismo a la mexicana.
 
Debido a la influencia del clero católico y del gobierno federal, políticos de otros partidos, como el Revolucionario Institucional, han llegado a hacerle el juego al clero, de tal suerte que, luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, comenzaron a impulsar reformas antiabortistas en los estados de la república.
 
En varias entidades donde se han aprobado éstas han desatado un clima de persecución contra las mujeres que abortan, y a quienes se les imponen largas condenas de prisión.
 
Contraponiéndose a esa escalada antiabortista, contraria a los derechos de las mujeres, recientemente uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas, presentó una iniciativa para invalidar tales reformas en Baja California y San Luis Potosí.
En la SCJN han prevalecido las posiciones progresistas sobre temas como el aborto y el matrimonio homosexual; sin embargo, en esta ocasión el voto de cuatro ministros derechistas, o derechizados ?de los 11 que integran el máximo tribunal? impidió que prosperara la iniciativa que beneficiaría a las mujeres de ambos estados.
 

Ministros empanizados

 
En los últimos años, en los debates sobre el aborto, dos de los ministros de la Suprema Corte han respaldado las posiciones conservadoras compartidas por la jerarquía católica, el PAN y Calderón, presidente ilegítimo de México. Ellos son Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, este último fungió como presidente de la SCJN de enero de 2007 a enero pasado, cargo que actualmente ocupa el ministro Juan Silva Meza.
 
Nacido en Guadalajara el 1 de febrero de 1943, Aguirre Anguiano es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, controlada por el grupo ultraderechista Los Tecos. En la década de 1980, incursionó en la política: en 1982 fue candidato del PAN a una diputación federal y en 1985 fue regidor de Guadalajara por este mismo partido.
 
El 26 de enero de 1995, fue designado ministro de la Suprema Corte por el Senado de la República, y fue también ministro instructor del debate sobre el aborto, donde, fiel a su filiación política, adoptó la defensa de las posiciones conservadoras.
 
Con muy diferente trayectoria y raíces personales, el entonces presidente de la Suprema Corte, Ortiz Mayagoitia, adoptó la oposición derechista a las libertades sexuales presumiblemente por conveniencias políticas de su cargo, y tal vez por presiones de Calderón. Nacido en Misantla, Veracruz, el 10 de febrero de 1941, es licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana; en esa entidad fue juez de primera instancia, así como juez de distrito en Oaxaca y en el Distrito Federal. El 27 de enero de 1995 fue nombrado ministro de la Suprema Corte.
 
Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, ambos ministros se quedaron solos en su apoyo al conservadurismo del clero católico y del gobierno de Calderón, mientras que sus colegas adoptaron puntos de vista liberales.
 
Margarita Beatriz Luna Ramos nació en San Cristóbal, Chiapas, el 4 de enero de 1956. Es doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros cargos, fue magistrada de Circuito. El 19 de febrero de 2004 fue nombrada magistrada de la Suprema Corte. Llegó a ésta con el apoyo de Vicente Fox y de Diego Fernández de Cevallos (“Diego Fernández de Cevallos y Margarita Luna Ramos…”, El Universal, 8 de mayo de 2009).
 
No obstante su posición de favorecer en los estados la encarcelación de las mujeres que abortan, la magistrada se ha interesado en los derechos de la mujer, asunto que a principios de este año le sirvió nada menos que para justificar la censura y los abusos judiciales.
 
En efecto, Luna Ramos apoyó la censura de la película Presunto culpable, decidida por la jueza Blanca Lobo. La magistrada alegó simplemente la infalibilidad del poder que detentan los jueces pues, según ella, el poder judicial “se conduce siempre con absoluto respeto a la libertad de expresión y a todas las libertades del individuo. Su labor diaria es, precisamente, la protección de esas libertades” (El Universal, 9 de marzo de 2011).
 
Precisamente el principal mérito de la película fue la denuncia de los abusos que se cometen en el sistema de impartición de justicia contra los derechos y las libertades de las personas. Sin embargo, la ministra hizo causa común con la jueza e incluso, falazmente, el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, Luna Ramos apeló al hecho de que la jueza es mujer, como si esto justificara su ataque contra la libertad de expresión.
 
Ahora, Luna Ramos se plegó a las consignas del clero y de la derecha para anular la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo y su maternidad.
 
Nacido en Xapala, Veracruz, el 1 de febrero de 1961 y egresado (en 1986) de la Escuela Libre de Derecho ?institución que es semillero de cuadros ultraderechistas?, el 10 de febrero de 2011, Jorge Mario Pardo Rebolledo fue elegido por el Senado de la República como nuevo ministro de la Suprema Corte. Llegó a ese alto cargo como parte de una terna propuesta por el mandatario espurio.
 
Como se esperaba, Pardo Rebolledo no sólo votó a favor de la persecución contra las mujeres que abortan, sino que hizo suyos los argumentos clericales para justificar el castigo contra las que lo hicieran y que con ello desobedecen los mandatos clericales y cuestionan las autoridad de los ensotanados.
 
En su alegato, el flamante ministro se refirió a los consabidos eufemismos clericales para anular la libertad de decisión de las mujeres: el “derecho a la vida desde la concepción” y la “protección de los derechos del concebido”.
 
Su voto fue decisivo para desechar la iniciativa del ministro Fernando Franco y, así, mantener la persecución contra las mujeres que abortan en Baja California y San Luis Potosí.
 
El aval de la Suprema Corte a esa persecución ha provocado el regocijo de jerarcas católicos y de grupos ultraderechistas, cuya actitud evoca la de la Santa Inquisición, cuando entregaba a los “herejes” para ser castigados, incluso quemándolos vivos, por el delito de desafiar las creencias impuestas no por Dios, sino por el clero.
 
Hoy en día, éste exige que las leyes castiguen a las mujeres que, al practicarse un aborto, se atreven a desobedecer la moral sexual que la Iglesia pregona, basada en la idealización de la abstinencia, y que, paradójicamente, es violada cotidianamente por multitud de curas pederastas en todo el mundo.
 
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México