Autor:

Hace pocos días la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) declaró cerrado el caso del homicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, luego de que el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal negara el amparo a su familia, que interpuso una queja contra la resolución de la PGJDF del no ejercicio de la acción penal porque ésta considera que se trató de un suicidio. Así que se ordenó archivar el expediente como un “asunto totalmente concluido”.
 
Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Las aberraciones deben corregirse y las investigaciones acerca de su asesinato no quedarán concluidas hasta que se haga justicia. Y eso se logrará tarde o temprano.
 
Hace una década Digna Ochoa estaba activa y optimista. Además de defender a varios presos políticos, entre ellos los hermanos Cerezo, acababa de realizar una gira en Guerrero, acompañada por Harald Ihmig, de la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos de México, de la que regresó muy contenta. Incluso hay un video de Canal 6 de Julio, sobre esta actividad en la que Ochoa comenta que pretendía realizar proyectos productivos en la región. Quienes convivían con ella, como la abogada Pilar Noriega con quien compartía su despacho, la vieron entusiasmada, sonriente y muy animosa. Otro de sus compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Prodh), Rafael Álvarez Díaz, comentaba que en esa etapa Ochoa tenía diversos proyectos que la alentaban y estimulaban.
 
Su asesinato, ocurrido el 19 de octubre de 2001, levantó una gran oleada de indignación en México y en el extranjero. Fue encontrada muerta el 21 de octubre en su despacho, en Zacatecas 31-A, colonia Roma, Ciudad de México.
 
Ochoa era muy reconocida por su valiente lucha en pro de los derechos humanos, de los pobres y los perseguidos en México. Tuvo reconocimientos de Amnistía Internacional, de la American Bar Association, entre otros. Había enfrentado dos secuestros y múltiples amenazas que, sin embargo, no la intimidaron.
 
Al momento de conocerse el homicidio, exigieron justicia diversas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y democráticos, sindicatos, colectivos por la equidad de género, grupos religiosos. También reaccionaron de manera inmediata la PGJDF, el Gobierno del Distrito Federal y el mismo gobierno federal. Representaciones diplomáticas de varios países condenaron lo que calificaron como un crimen político.
 
Este asesinato tuvo una pronta repercusión en los ámbitos local, nacional e internacional, a diferencia de atentados políticos anteriores que victimizaron a diversos luchadores sociales en los que el gobierno presentó siempre pretextos para eludir la verdad. El homicidio de Ochoa se reconoció en un primer momento como lo que fue.
 
Se sabía muy bien que su vida peligraba debido a su actividad. En 1996 Amnistía Internacional había alertado sobre las amenazas de muerte dirigidas en su contra y de Pilar Noriega, por su participación en la defensa de los zapatistas. El 17 de noviembre de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas provisionales para proteger su vida e integridad física y de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A pesar de las amenazas, Ochoa siguió adelante con su labor que afectaba poderosos intereses y tenía un gran impacto.
 
Sin embargo, pocos meses después la PGJDF filtró a los medios de comunicación que estaba investigando la línea del suicidio, hipótesis que se basó en una campaña de desprestigio a su persona y a su trabajo. A partir de que Reforma informó el 12 de marzo de 2002 que se averiguaba su “suicidio” la Procuraduría inició un intenso trabajo para justificar dicha versión. Finalmente, el 18 de julio de 2003 se determinó el no ejercicio de la acción penal dado que, de acuerdo con ellos, Ochoa “se había suicidado”, y en el colmo del absurdo lo calificaron como un “suicidio simulado”.
 
El asombro general fue mayúsculo pues existen pruebas contundentes que demuestran que fue golpeada antes de ser asesinada y había 28 puntos de sangre en el despacho. Las pruebas iniciales de la Procuraduría evidenciaron incluso la manera posible en que pudo haber sido victimada, pero extrañamente semanas más tarde la PGJDF, dando un giro de 180 grados, sostuvo que era imposible el homicidio, porque el despacho donde se encontró su cuerpo era “muy pequeño” y no podía haber sido asesinada sin que no se hubiese alterado el orden de éste. Finalmente, determinó el suicidio con fundamento en la personalidad “esquizo-paranoide, negativa, activa” (sic), es decir, “antisocial”, además de no desahogar las pruebas que había presentado la coadyuvancia (familia). Cuando en último lugar un tribunal federal otorgó el amparo para que se desahogaran las pruebas de la coadyuvancia –quienes junto con peritos y personal de la Procuraduría exhumaron el cuerpo–, se comprobó que el trayecto de la bala no correspondía con el que había señalado la fiscalía especial; además, se demostró que el arma sí había dejado marca (contrariamente a lo que sostuvo la PGJDF). No obstante, la Procuraduría volvió a determinar que Ochoa se había suicidado.
 
La coadyuvancia recurrió al amparo pero le fue negado. Quienes insisten en que no pudo haberse suicidado se fundamentan en las pruebas periciales de la propia PGJDF, que inicialmente se habían realizado pero que sin explicación se volvieron a repetir para insistir en la versión del suicidio.
 
Las principales pruebas de su asesinato consisten en la pericial balística y química (de la que tiene que haber video) de que la pistola sí deja marca. Al realizar la prueba del rodizonato de sodio en el arma –que se afirma era de Ochoa– para constatar si expulsa gas, quedó en evidencia que sí lo hace. Y el análisis que se hizo en Ochoa resultó negativo, por lo tanto, es imposible que se haya disparado y que, conforme a los exámenes que originalmente se le hicieron a Digna, se comprobó que ésta no había disparado ningún arma.
 
Es ridícula la versión de que ella misma se dio dos tiros, el primero en el muslo izquierdo y el segundo en la cabeza.
 
Por otra parte, hasta la fecha la PGJDF no puede demostrar de manera coherente las lesiones que presentó su cuerpo en la ceja derecha, labios, cuello, un párpado, en un lóbulo y hematomas en una pierna. La Procuraduría sostiene la línea del suicidio bajo el pretexto de no poder acreditar las pruebas de la coadyuvancia. Cosa insostenible si el personal de ésta estuvo presente en la realización de dichos exámenes.
 
La coadyuvancia hizo notar que desde un principio se informó que la pistola –con la que presumiblemente se le disparó– estaba debajo de su cuerpo, pero la PGJDF cambió su versión: afirma que el arma se pudo mover por el deslizamiento natural cuando se levantó el cadáver o que se pudo haber resbalado porque sus manos tenían guantes de látex.
 
Otro hecho inexplicable es la posición en que se encontró el cuerpo. No corresponde a la versión del suicidio, pues el disparo –Ochoa era diestra–, fue de izquierda a derecha, con una lesión de bala en el muslo izquierdo. Pero el cuerpo se encontró tirado hacia su izquierda. La PGJDF sólo argumenta que pueden haberse dado circunstancias especiales porque “se trata de un cuerpo que tenía signos vitales” (¿acaso un cuerpo muerto tiene signos vitales?).
 
Por otro lado, desde un principio la PGJDF señaló que los guantes de látex que tenía en las manos Ochoa, no estaban bien puestos y contenían un polvo blanco al igual que el que estaba esparcido en todo el despacho, pero la Procuraduría después se arrepintió de seguir la línea del homicidio. Sostuvo que, por la rigidez propia de un cadáver, los guantes se desacomodaron y que Ochoa de manera deliberada pretendió fingir una escena de homicidio. Más absurdo es que se haya “suicidado” de dos disparos. El primero de ellos ¡en el muslo izquierdo!
 
La hipótesis de su asesinato político se basa, entre otras pruebas, en las periciales que aquí se mencionan y su destacado trabajo como defensora de derechos humanos, de presos políticos, de ecologistas. Para justificar el supuesto suicidio, los expertos que dictaminaron que era “depresiva” y que sufría de problemas mentales nunca la conocieron o trataron, y estudiaron su “caso” en medio del papeleo burocrático. En cambio, la siquiatra que le dio tratamiento durante nueve meses en Washington, de septiembre de 2000 a mayo de 2001, la doctora Sigfrid Frandsen-Pechenik, en una declaración bajo juramento realizada en Nueva York, en 2005, afirma que en el Center for Multicultural Human Services –donde se atienden a personas perseguidas y con secuelas de tortura por causas políticas–, apoyó a Ochoa y Plácido, quien llegó a Estados Unidos tras ser secuestrada y recibir amenazas contra ella y sus sobrinas, a quienes tanto quería. Frandsen-Pechenik afirma que Ochoa no era “mitómana”, era una persona veraz y su perfil sicológico no era el de una suicida; además tenía un gran ánimo, proyectos de vida y era extremadamente responsable. La mataron un viernes y el lunes tenía una cita en el Tribunal a la que no dejaría de asistir.
 
Frandsen-Pechenik está convencida de que no se mató y que sí corría el peligro de ser asesinada cuando regresó ese año a México. También Peter Collins, jefe de la Unidad de Siquiatría Forense del Centro de Adicción y Salud Mental de la Policía Provincial de Ontario, Canadá, descalificó algunas de las conclusiones del dictamen de la Procuraduría.
 
Para desprestigiarla, antes de su muerte ya la habían acusado de que mentía y se “autoamenazaba”. Noriega refiere que uno de los capítulos de la historia de Ochoa –en los que se ha insistido para demostrar que engañaba– fue “cuando denunció que habían entrado a su casa, la habían interrogado durante horas, la habían maniatado y abierto el gas. Y resulta que una compañera le comentó que el día que Digna llamó al Prodh para decir que la habían tenido secuestrada en su propia casa, ella [Noriega] había ido para allá [la casa de Ochoa] y le consta que encontraron huellas de botas”.
 
Se afirmaba que Ochoa se automandaba las amenazas, pero esto es falso. Pedro Díaz relata que en un dictamen del 18 de diciembre de 2001 se indica que las muestras de las solapas de los sobres tenían un genotipo diferente del obtenido de las de sangre de Ochoa y que su origen era masculino.
 
La Procuraduría “convenientemente” ocultó que Ochoa había recibido nuevas amenazas el 16 de octubre de 2001, tres días antes de su muerte.
 
Nunca han comprobado que mintiera, pero luego de su asesinato se dieron vuelo en una campaña de desprestigio sin precedentes, de farsas y especulaciones, tan vil, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno mexicano tomar medidas para reparar los daños a la imagen pública de la defensora de derechos humanos, lo que hasta la fecha no se ha cumplido.
 
Pero lo que no hace el Estado, lo realiza la sociedad. Su crimen ha sido objeto de gran atención, de películas, publicaciones que tienden a descubrir la verdad. Es muy destacado el trabajo de Noriega, El caso Digna Ochoa. Las premisas falsas y los problemas de ética en la procuración de justicia, que aparece en la sección de Opinión y Debate de la revista Dfensor, del órgano oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (número 12, diciembre de 2006), y el libro de la canadiense Linda Diebel, Betrayed: the assesination of Digna Ochoa, entre otras muchas publicaciones que demuestran que no se puede tapar el sol con un dedo.
 
A una década de este crimen político, la sociedad y los defensores de los derechos humanos de México y el extranjero exigimos justicia.
 
*Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía