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Los candidatos de los partidos políticos que anhelan conquistar la Casa Blanca fueron sometidos en el pasado a la ruda prueba de los debates abiertos, en directo y ante las cámaras televisivas, para el gran regocijo e interés de los ciudadanos. Pero esta esencia democrática de interrogar a los aspirantes presidenciales ya no existe más. Los grupos financieros y comerciales han tomado el control e impiden toda pregunta que cuestione los verdaderos problemas y desafíos de la nación

 

George Farah/Red Voltaire

 

Las candidaturas de Barack Obama y de John McCain negociaron un detallado contrato secreto que estableció los términos de las contiendas durante la campaña presidencial de 2008. El acuerdo incluyó quiénes asistirían a las discusiones, qué temas deberían tratarse y la estructura del formato de cada debate.

 

Desde 1987, la empresa privada creada por y para los partidos Republicano y Demócrata, llamada Comisión de Debates Presidenciales (CPD, por su sigla en inglés) patrocina las controversias de los candidatos y pone en práctica las estipulaciones de éstas. Para blindar de cualquier crítica a los aspirantes de los dos principales bandos, la CPD no da a conocer públicamente el contenido del tratado.

 

En 1986, los comités nacionales republicano y demócrata ratificaron un acuerdo para “asumir el control de los debates presidenciales” de la Liga de Mujeres Votantes, entidad no partidaria. Quince meses después, incorporaron a la jefatura de la CPD a Frank Fahrenkopf, del Partido Republicano, y a Paul Kirk, del Partido Demócrata, quienes todavía comparten la jefatura de la Comisión y cada cuatro años ejecutan y encubren los acuerdos elaborados en común por los candidatos de ambos partidos.

 

Antes de la formación de la Comisión, la Liga de Mujeres Votantes actuó como un patrocinador auténticamente independiente de los debates entre 1976 y 1984, al asegurar la inclusión de aspirantes independientes populares y prohibir a los dos grandes partidos efectuar operaciones de manipulación de los formatos de las contiendas.

 

En 1980, la Liga invitó al postulante autónomo John B Anderson a que participara en una polémica, pero el presidente Jimmy Carter rechazó con firmeza su colaboración. Cuatro años más tarde, cuando las campañas de Ronald Reagan y de Walter Mondale vetaron 68 proposiciones de los miembros del panel para eliminar las preguntas difíciles, la Liga denunció abiertamente a los aspirantes por “abusar totalmente del proceso”. La protesta pública que vino enseguida persuadió a los candidatos a aceptar a los integrantes de la división de la Liga para la controversia siguiente.

 

En 1988, cuando las campañas de George W Bush y de Michael Dukakis elaboraron el primer contrato secreto del debate –un “memorándum de entendimiento” dictado por quienes iban a participar, sobre quién haría las preguntas e incluso la altura de los podios– la Liga declinó llevarlo a cabo. En su lugar, ésta difundió un comunicado de prensa que señalaba: “Las exigencias de ambas organizaciones de campaña perpetrarían un fraude contra el votante estadunidense”.

 

Los dos partidos principales, sin embargo, no quisieron más un patrocinador que limitara el control de sus candidatos. En consecuencia, crearon la Comisión para ejecutar los debates. Y desde que tomó el control en 1988 obtiene un  financiamiento mediante contribuciones de grandes corporaciones. Las trasnacionales interesadas en verse favorecidas por los reguladores que se elegirán para el Congreso donan millones de dólares en contribuciones a ésta y las locaciones del debate se convirtieron en carnavales corporativos, donde las compañías patrocinadoras comercializan sus productos, servicios y agendas políticas.

 

El gigante tabacalero Phillip Morris USA fue el principal patrocinador en 1992 y 1996. Otro importante contribuyente fue Anheuser-Busch Companies, que financió debates presidenciales en su ciudad sede de Saint Louis, Missouri, en 1996, 2000, 2004 y 2008. No es asombroso que la Comisión haya podido incrementar en millones de dólares las contribuciones corporativas. Fahrenkopf y Kirk, copresidentes y controladores de la CPD, son lobbystas registrados de dichas compañías trasnacionales. El último obtuvo 120 mil dólares por hacer lobby en favor de Hoechst Marion Roussel, una empresa farmacéutica alemana. Fahrenkopf gana aproximadamente 900 mil dólares anuales como principal cabildero de la industria del juego, que mueve 54 mil millones de dólares en Estados Unidos. Como presidente de la Asociación Estadunidense del Juego, envía enormes contribuciones financieras a los candidatos importantes del Partido Republicano y satura los medios de información con testimonios de “expertos” que exaltan las “muchas ventajas” del juego. Fahrenkopf aseguró que “no vamos a disculparnos por intentar influir elecciones políticas”.

 

“Éstos son los individuos que deciden quién conseguirá participar en los foros políticos más importantes de Estados Unidos”, señala el periodista George Farah a la organización Open Debates. Añade: “Las prácticas de cabildeo de Kirk y Fahrenkopf demuestran su buena voluntad para proteger los intereses corporativos a expensas de los votantes. Esto no resulta sorprendente desde que las dos sillas de la copresidencia de la CPD están dispuestas a preservar las valiosas utilidades de ambos partidos en detrimento de los ciudadanos”.

 

La estructura actual permite que las corporaciones donen dinero a los bandos Demócrata y Republicano, que en esencia apoyan su duopolio sobre el proceso político y excluyen las voces de terceros que puedan resultar hostiles para el poder corporativo.

 

Históricamente los postulantes terceros han desempeñado papeles críticos en la democracia estadunidense por introducir al conocimiento popular los grandes problemas que de manera eventual fueron cooptados por los dos grandes partidos, como la abolición de la esclavitud, el derecho al voto de las mujeres, seguridad social, leyes de trabajo infantil, escuelas públicas, elección directa de senadores, vacaciones pagadas, compensación por desempleo y formación de sindicatos. Con la exclusión del discurso de los aspirantes, éstos no pueden romper el silencio de los dos partidos en donde hay un desacuerdo de los bandos principales con la mayoría de los ciudadanos estadunidenses.

 

Respecto a los últimos debates, Farah cuestiona “¿por qué en un país donde las corporaciones constituyen la fuerza política y económica dominante, éstps se hicieron sin mencionar la palabra “corporación”? ¿Por qué no hay preguntas sobre reformar el financiamiento de las campañas? ¿O del crimen corporativo? ¿La devastación ambiental? ¿Pobreza infantil y falta de viviendas? ¿Libre mercado y globalización? ¿Concentración de la propiedad de los medios? ¿Gasto militar? ¿Inmigración? ¿Libertades civiles y derecho a la privacidad?”.

 

Durante las dos últimas décadas en que la Comisión patrocina los debates presidenciales, se han excluido las cuestiones desafiantes, los moderadores enérgicos y pertinentes, el seguimiento de las preguntas, las interrogaciones de candidato a candidato y las refutaciones. Típicamente, los formatos de la CPD impiden un examen profundo de asuntos críticos y permiten que los candidatos (y futuros presidentes) reciten una serie de frases memorizadas.

El legendario periodista y conductor de noticiarios Walter Cronkite –fallecido en 2009– dijo que los debates presidenciales patrocinados por el CPD son un “fraude injusto”.

 

 

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011