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Una compleja y estructurada organización de policías federales –supuestamente conformada por 32 elementos que brindan protección al cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico, Tamaulipas– no pudo ser desmantelada por el gobierno federal, a pesar de los múltiples testimonios de testigos protegidos que revelaron a las autoridades su intrincada forma de operar. El Ministerio Público federal acredita la supuesta responsabilidad a sólo dos de ellos

 
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De un total de 32 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) adscritos al sector 124 en Tampico, Tamaulipas, acusados de tener vínculos con el cártel del Golfo, únicamente dos fueron declarados formalmente presos por delitos contra la salud y tráfico de indocumentados, revela el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano.
Los agentes federales Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada operaban para el cártel del Golfo, cuya estructura fue creada por Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con diversos testimonios de testigos protegidos, contenidos en la causa penal 1/2008-III.
Los presuntos cómplices del crimen organizado fueron detenidos conforme la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/070/2007, consignada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Casillas Escobar y Velázquez Estrada, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido Halcón, eran sobornados por Eduardo Rodolfo Soriano Gómez, exmiembro de la PFP y uno de los principales operadores de Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, entonces jefe de escoltas de Osiel Cárdenas Guillén, del destacamento de Tampico, a cuyos miembros “les pagaban diversas cantidades de dinero, a fin de que les hicieran llegar a los elementos del destacamento las instrucciones de trabajo y el dinero por medio de los responsables de turno”.
El compromiso –prosigue Halcón– es que no debían molestar a los indocumentados, ya que el pollero con clave 82*, también conocido como Rafael, el de la plaza de Tampico, les pagaba derecho de piso a Los Zetas. Éstos, a su vez, se comprometían a que los policías federales preventivos, División Caminos, no detuvieran a los vehículos cargados con indocumentados. Incluso, una persona de la organización les llamaba a los encargados de turno para avisarles que dejaran pasar ciertos vehículos. Por cada indocumentado recibían 1 mil 100 pesos.
El testigo protegido Halcón manifestó ante el juez de la causa estar dispuesto a colaborar en la investigación de la organización criminal del cártel del Golfo, concretamente de la célula que opera en Tampico, en donde “elementos de la Policía Federal Preventiva trabajan para Los Zetas, y controlan la ‘plaza’ encabezados por el JC, quien tiene bajo su mando a Rodolfo Gómez Soriano”. Éste era el contacto de los responsables de turno de la comandancia local, a saber: “El inspector Juan César Casillas Escobar; subinspector Francisco Durán Juárez; subinspector Roberto Velásquez Estrada; oficial Alberto Montesillas Dueñas; oficial Marco Antonio Ochoa Contreras, y el oficial Luis Rodolfo Valdez Rendón”.
Enseguida, el testigo da a conocer la lista de los 34 elementos del destacamento que supuestamente estaban bajo las órdenes del JC, a través de Soriano, y que –a decir del testigo protegido– recibían diversas cantidades de dinero por brindar protección al cártel del Golfo. Ellos son Luis Mario Candiani Simón, Moisés Carrera Santos, Juan Manuel Carmona Victoria, Luis Alberto Carmona Villalvazo, José Rosario Delgado Coronado, Marco Antonio Cano Salinas, Ernesto de León Treviño, Rafael Fernández Olvera, Francisco Durán Juárez, Roberto Velázquez Estrada, Vicente Eduardo Martín Anda Ortega, Alberto Montesillos Dueñas, Javier Ortiz Álvarez, Jorge San Gabriel Gómez.
Así como Ramón Gabriel Serna Sánchez, Aníbal Carrillo Avelar, Juan de Dios Carbajal Carbajal, Sergio Carrillo Delfín, Juan José Cano Flores, Joel Omar Carmona Guerrero, Roberto Camargo González, Germán Alberto Castro Jaime, José Roque Campos López, Ricardo Iván Campos López, Lázaro Camarillo Macías, Giovanni Carrillo Ochoa, José Ángel Camacho Pérez, Alberto Carmona Rodríguez y Juan Manuel Carmona Rodríguez.
Todos, afirma Halcón, debían evitar inquietar a los indocumentados. Los sobres con el dinero que repartían eran recogidos por Giovanni Carrillo Ochoa y Lázaro Camarillo Macías. Con respecto de las actividades de narcotráfico de Los Zetas: “Recibíamos instrucciones de los responsables en turno de no detener vehículos que nos parecieran sospechosos u ostentosos, con vidrios polarizados, sin placas de circulación o con placas sobrepuestas, lo cual variaba pues a veces utilizaban vehículos viejos”.
El objetivo era que no se molestara a Los Zetas, pues de lo contrario éstos amedrentaban al personal de la PFP. Por su participación, cada elemento policiaco recibía entre 5 mil y 10 mil pesos cada mes.
El capitán Durán Juárez –uno de los responsables de turno– daba aviso a Soriano cada vez que se realizaban operativos y rondines en la ciudad. La clave era “Quiúbole, ya andamos aquí en la ciudad”. Otra clave del capitán Durán para que no se descubriera de qué se estaba hablando era “¡Carajo!, estamos patrullando la ciudad”.
Así, asegura, “en los operativos y retenes que se encontraban instalados en las entradas de la ciudad, debíamos de avisar en qué lugar estábamos; si se detenía a gente con droga, dinero o armas, y llamar a la gente de LosZetas para saber si eran de su grupo o no. Si no era de su gente, ellos pagaban por la droga, las armas y los detenidos. Ésa era la instrucción”.
La autoridad no pudo demostrar la culpabilidad de 30 policías, quienes fueron declarados inocentes.
Durante el interrogatorio del que fue objeto por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Halcón reconoce uno a uno a los 32 elementos, que en un legajo de fotografías le fueron presentados, como los agentes que recibían dinero de Los Zetas.
Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada también fueron señalados por Chacaltianguis, un testigo protegido de la PGR, como colaboradores del cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico que controlaba el exjefe del cuerpo de seguridad de Osiel Cárdenas –extraditado a Estados Unidos en enero de 2007–, y Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, que permitían el paso de vehículos con indocumentados a cambio de 9 mil pesos mensuales para los oficiales y 5 mil a los suboficiales. Los choferes de los vehículos solamente tenían que decir en los retenes que eran de “La Compañía” de Los Zetas.
“Reconozco a quienes reciben dinero de Los Zetas o ‘La Compañía’, para ayudar al transporte de enervantes, y de sujetos que se dedican al tráfico de indocumentados, polleros, para dejar que pasen los vehículos sin mediar revisión. Ellos son Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada”, afirma Chacaltianguis ante la representación social.
En su declaración del 2 de junio de 2007 –en pleno auge del cártel del Golfo y Los Zetas–, el testigo refiere cómo trasladaban a los indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos –hoy son secuestrados y en su caso reclutados o asesinados– a cambio de pagar a la “comunidad” el derecho de piso para evitar que fueran remitidos a las autoridades de migración.
Otro testigo, Eduardo, señala que trabajó como escolta y chofer de Juan Carlos de la Cruz Reyna, en la “plaza” de Tampico. Ahí, como miembro del cártel del Golfo, conoció a Julio César Escobedo China, alias el 90, quien se encargaba de pagar la nómina al personal y a las autoridades, entre ellos a los policías, para que les brindaran protección.
“Escobedo China dependía directamente de Juan Carlos de la Cruz Reyna, quien, además de coleccionar plumas Mont Blanc, tenía muy buena relación con el agente de la Policía Federal de Caminos, Eduardo Soriano Gómez, quien operaba a través de Gerardo O Segundo, clave 49, quien se encargaba de salir a carretera para arreglar todos los cruces y centros de revisión, así como todo lo relacionado con el transporte de la droga.”
El expediente, que forma parte del proceso derivado del Operativo Conjunto Tamaulipas desarrollado por fuerzas policiacas federales, el Ejército y la policía del estado, contiene el testimonio del resto de los efectivos de la PFP, al frente de los cuales estaba el comandante Ernesto de León Treviño. Todos se declararon inocentes de los cargos que les imputaban los testigos protegidos de la PGR.
En su declaración ministerial del 25 de octubre de 2007, Roberto Velázquez Estrada aseguró desconocer a la gente que estuviera relacionada con el cártel del Golfo y Los Zetas. Negó tener vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas, así como con Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC.
Juan César Casillas Escobar también rechazó los ilícitos que se le imputan y refiere que lo expresado por el testigo Halcón es falso, ya que él se encontraba en Ecatepec, Estado de México, en un curso del Instituto de Capacitación Policial de la PGR, entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2007.
 
Contralínea 251