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A pesar del despliegue militar y policiaco, continúan los asesinatos en el Aguán, una región de 20 mil hectáreas de cultivo de palma disputada entre terratenientes y campesinos. A mediados de agosto fueron ultimados a balazos y machetazos los líderes de las dos principales organizaciones populares. Los hacendados denuncian la muerte de seis de sus guardias blancas. “Militares y policías vienen a proteger a los, terratenientes, a los delincuentes”, señalan los labriegos

 
Rolando de la Ribera/Prensa Latina
 
Tegucigalpa, Honduras. Una reforzada presencia de seguridad para devolver la tranquilidad en la zona de Bajo Aguán no impide que ocurran nuevos asesinatos.
 
El vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Pedro Salgado, y su esposa, Reyna Mejía, fueron acribillados a balazos y macheteados el 21 de agosto pasado. Un día antes, dos motociclistas encapuchados asesinaron a tiros al presidente del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA), Secundino Ruiz.
 
Desde mediados de agosto pasado alrededor de 600 policías y militares fueron desplegados por el gobierno en el valle del Bajo Aguán para detener la violencia desatada en torno a un viejo conflicto agrario. Los uniformados integran la Fuerza de Tarea Xatruch II. Llegaron el 17 de agosto pasado a Tocoa, la principal ciudad del departamento de Colón, e iniciaron al día siguiente un ostensivo despliegue por el corredor para prevenir nuevos enfrentamientos armados. Las unidades están dotadas de medios para su rápido desplazamiento y de tecnología para acceder a una base de datos y así identificar a personas con antecedentes penales y verificar la legalidad de vehículos.
 
El comisionado Julio Espinal, comandante de la operación, explica que prioriza áreas críticas en Tocoa, Sinaloa, y Salamá, hasta el tramo vial que va a Trujillo, capital del departamento de Colón, establece controles y ordena patrullajes urbanos y rurales. “Tenemos indicios de que existen reductos y equipos especializados que trabajan para ubicarlos y decomisar el armamento ilegal que se encuentre en la zona”.
 
En los controles los uniformados detienen los vehículos, los registran, piden identificación a sus ocupantes y los obligan a bajar para asegurarse de que no lleven armas: “Uno de nuestros objetivos es que no haya más personas muertas entre los campesinos ni los guardias de los hacendados”, indica Espinal. “Cuento con agentes de la Dirección Nacional deInvestigación Criminal, que verifican si los campesinos tienen armas de guerra, como afirman los hacendados. Tratamos de identificar a sujetos que, de acuerdo con las denuncias, entrenan personal y planifican acciones para vulnerar la tranquilidad”.
 
Espinal asegura que en el área operan narcotraficantes que trasiegan droga desde Sudamérica a Estados Unidos y existe un mercado local de cocaína y marihuana. De acuerdo con lo comunicado, los militares y policías de la Fuerza de Tarea Xatruch II ayudaron a funcionarios judiciales a incinerar la droga incautada en los pasados días.
 
Las autoridades ubicaron y decomisaron también textos distribuidos en las calles en los cuales se convocaba a un acto de asociaciones campesinas frente a la representación territorial del Instituto Nacional Agrario (INA). Pero el representante de esa entidad en Colón, Neptalí Medina, indica que el documento es tan falso como la supuesta citación e intenta dañar las relaciones del organismo con los campesinos y el funcionamiento del INA.
 
En ese marco el director nacional del Instituto, César Ham, señala que contactó a una de las organizaciones de labriegos, el Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA), para un diálogo que contribuya a la paz.
 
Las declaraciones de Ham responden a una solicitud del empresario agrícola Miguel Facussé, dueño de una finca donde cinco guardias de seguridad murieron baleados en circunstancias no esclarecidas.
 
El diálogo se fundamentaría en la necesidad urgente de impedir más derramamiento de sangre, ya que en los últimos meses murieron violentamente 50 personas entre campesinos y guardias de seguridad, destaca Ham, quien comenta que no se abordará el precio de las tierras, porque ya hubo un acuerdo con el productor agrícola y solamente falta que el Congreso Nacional apruebe un decreto para resolver el problema agrario.
 
A mediados de agosto pasado, 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en fincas donde se cultiva la palma africana en el área del Bajo Aguán. Son propiedades del acaudalado empresario Facussé, quien hace cuatro meses acordó con el gobierno vender más de 4 mil hectáreas para traspasarlas a campesinos. Éste fue obligado a entablar dicha negociación que duró 16 meses ante denuncias que lo responsabilizaron de la masacre de una veintena de campesinos. Facussé aprovechó la reciente muerte de cinco guardias privados para anunciar que suspendía temporalmente el contrato con el gobierno.
 
Miguel Facussé es uno de los terratenientes más influyentes en la vida económica y política hondureña desde hace décadas. Es de conocimiento público que posee 200 mil hectáreas cultivadas de palma en la región atlántica hondureña, entre muchas otras propiedades en el país. Los campesinos indican que jamás prosperaron en los tribunales las acusaciones por apropiación indebida de tierras, formuladas contra éste.
 
Los labriegos del Valle del Bajo Aguán expresaron a medios de prensa temer por la presencia masiva y permanente de policías y militares en el área. “Ellos no vienen a hacer nada en favor de nosotros, sino a proteger a los terratenientes, a los delincuentes”, indica a la prensa el portavoz del MUCA, Vitalino Álvarez. Un criterio afín emite Pedro García, un habitante de la comunidad de La Confianza, uno de los humildes asentamientos de chozas con techo de paja existentes allí.
 
Facussé insiste en responsabilizar a los campesinos por lo ocurrido a sus guardias de seguridad, pero el comisionado José Luis Muños indica que existen otros intereses de fondo, no ligados a los labriegos.
 
Expertos en criminalística señalan que en la operación contra los guardias privados se emplearon fusiles de asalto de uso militar, como confirma el calibre de los proyectiles extraídos de los cadáveres durante las autopsias.
 
Tanto el INA como la policía investigan a otros grupos con cierto entrenamiento, que pudieran ser autores de la emboscada, acostumbrados a utilizar ese tipo de armamento. Unos sospechan de narcotraficantes, otros de sicarios contratados por los terratenientes y ahora, con lo de Secundino Ruiz, se conjetura que podrían estar involucrados hasta delincuentes comunes. Pero el Comité Hondureño de Derechos Humanos (CODEH) denuncia que en la zona se instaló un escuadrón de la muerte, financiado por terratenientes y dirigido por exmilitares ligados a la represión de la década de 1980, cuando 184 dirigentes populares fueron secuestrados y desaparecidos.
 
El fructífero Valle del Aguán está ubicado en el Departamento de Colón, que junto a los de Yoro, Gracias a Dios y Olancho conforman el llamado “corredor de la muerte”. Es un área de más de 57 mil kilómetros cuadrados irrumpida por bandas del cártel del Atlántico y sobrevolada por avionetas que trasiegan drogas. Los militares proponen crear en esa área una zona de exclusión aérea, porque en 2010 allí aterrizaron más de 90 avionetas cargadas de drogas. Frente al llano de Cruta, (región Mosquitia), en julio pasado se decomisaron 7 toneladas de cocaína que eran transportadas en un submarino.
 
Honduras es un país donde un promedio de 17 personas son asesinadas cada día y el pasado año datos oficiales reportaron 8 mil 944 muertes violentas.