Autor:

La mayoría de los mineros que quedaron atrapados por 69 días en un yacimiento de Chile sobrevive sin trabajo fijo y con secuelas físicas y sicológicas del hecho. Ni el gobierno del presidente Piñera ni la compañía San Esteban Primera, SA, se responsabilizan de la situación actual de los obreros. Todos recuerdan el éxito de las maniobras para rescatar al grupo de trabajadores, pero muy pocos saben de la situación actual de los sobrevivientes

 
Odalys Troya Flores/Prensa Latina
 
Los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad durante 69 días, y cuyo rescate fue un éxito, viven en la incertidumbre y en camino al olvido un año después del accidente en el yacimiento chileno San José.
 
El pasado 5 de agosto, lejos de festejar el regreso a la superficie, la mayoría de ellos tuvo que contentarse con saber que están vivos. Y aunque pareciera suficiente para celebrar, resulta que la mayoría está sin empleos fijos, algunos con baja médica por las secuelas físicas y sicológicas, y ni el Estado ni la compañía San Esteban Primera, SA, que administra el yacimiento ubicado a 30 kilómetros al Noroeste de Copiapó, asumen las demandas por la contingencia laboral.
 
Es cierto que la tarea por sacarlos de la oquedad comenzó al otro día del hecho y concluyó con un enorme despliegue de recursos. El 13 de octubre de 2010, sus familiares, compañeros y personas en el mundo respiraron con tranquilidad al ver llegar a la superficie al primero de los 33 mineros rescatados. Hasta el propio presidente del país, Sebastián Piñera, participó en la tarea que se convirtió en el suceso más visto por el servicio de televisión por internet.
 
Partidos de fútbol, una muestra de la cápsula del rescate, el recibimiento de los trabajadores en el palacio de La Moneda y hasta un encuentro de Piñera con la Reina Isabel II, a quien le entregó una roca de la mina San José como obsequio, matizaron el éxito del salvamento. Incluso, la popularidad del jefe de Estado tocó techo desde su llegada a la presidencia el 11 de marzo de 2010, tras su presencia y discurso en las labores de salvamento.
 
Sin embargo, un año después, la situación es otra. Los 33 mineros esperan respuesta al reclamo por la negligencia que llevó al derrumbe de la mina. Acusan al Servicio Nacional de Geología y Minería de no examinar de forma adecuada el estado del yacimiento de la mina San José en el que ocurrió el accidente.  El abogado Edgardo Reinoso asegura que esa entidad incurrió en negligencia al permitir el funcionamiento de la mina, que ya había sido cerrada varias veces por incumplimiento de las normas de ventilación y de salidas de emergencia y por haberse registrado varios accidentes laborales.
 
De ellos, los 14 mineros más grandes solicitaron una pensión de gracia que les permita jubilarse; siete se dedican a dar charlas; cinco viven de la venta de comestibles, y cuatro trabajan en la minería. Sólo uno se dedica a estudiar tecnología eléctrica, pero el costo de esa carrera lo mantiene con una enorme deuda.
 
En declaraciones a la cadena chilena ADN Radio, Luis Urzúa, uno de los 33 mineros, indica que “el grupo ha estado siempre unido”. Asegura que “la mayoría de los compañeros están ansiosos por poder volver a trabajar, porque hace un año que están sin trabajo […] Una vez que empiecen a laborar les va a hacer bien. Va a ser un tipo de terapia que nos va a hacer pensar en otras cosas”.
 
Por otra parte, ya la popularidad de Piñera, alcanzada en el inédito rescate, no es la misma. Encuestas recientes, como la realizada por Adimark, señalan que sólo el 30 por ciento de los chilenos aprueba su gestión. Un reciente sondeo del Centro de Estudios Públicos, cuyo resultado fue calificado de lapidario para la actual administración, revela que Piñera es el mandatario peor evaluado en los últimos 20 años, con sólo un 26 por ciento de aprobación. Incluso, por debajo del 28 por ciento del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1999, después de la crisis asiática.
 
Sin duda, el accidente de San José evidencia cuántas violaciones sufren los trabajadores del sector de la minería, uno de los principales rubros de la economía chilena.
 
En julio pasado, más de 2 mil operarios de Escondida, la mayor minera del mundo, controlada por la compañía mineraBHP Billiton, realizaron un paro contra los recortes de beneficios laborales, prácticas antisindicales y por otras demandas. El conflicto que se extendió por más de dos semanas es una muestra de la amplia gama de problemas que enfrentan los mineros.
 
El sindicalista Marcelo Tapia denuncia que la empresa hace lo que quiere en cuanto a jornada laboral, viola la ley con el contrato de asistencia y despide a los mineros que se enferman en el trabajo, sin ningún tipo de beneficio, y emplea una campaña sucia, de terror, contra quienes protesten.
 
Los operarios del yacimiento, quienes recibieron el apoyo de los contratistas de la propia empresa, la Federación de Trabajadores del Cobre y estudiantes, se expusieron a sanciones, descuento de los días no trabajados e incluso al despido sin derecho a indemnización.
 
Coincide con la medida de Escondida, otra huelga en la compañía minera Collahuasi, perteneciente a las firmas Xstrata y Anglo American, con una capacidad de producción de 400 mil toneladas del metal anuales. De igual modo, en reclamo de mejoras laborales. Ambas protestas ocurrieron a pocos días del mayor paro de los últimos 18 años de los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre en contra de una eventual privatización de la empresa.
 
Lo cierto es que el accidente de los 33 mineros no es un caso aislado en la cadena de problemas que enfrenta este sector de la economía chilena.
 
Atrás quedaron los agasajos y recibimientos palaciegos. Ahora pervive con ellos el recuerdo de una tragedia, por suerte no fatal, y un contexto en el cual trabajadores de la minería del cobre reclaman derechos por décadas olvidados.