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A partir del despliegue de la Operación Conjunta Chihuahua, las desapariciones de mujeres y niñas se incrementaron en 400 por ciento respecto de los últimos 14 años en esa entidad. En lo que va de 2011, ya suman 92 las mujeres desaparecidas, en su mayoría menores de edad. Para la diputada Teresa Incháustegui y organizaciones no gubernamentales el hecho evidencia el fracaso del operativo. La PGR considera todo lo contrario: “La sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia”, ya que hace cinco años la desaparición era un “asunto de vecindad: no tenía mayor impacto”

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Chihuahua, en 2008, año en que entró en vigor la Operación Conjunta Chihuahua –con el despliegue de 2 mil 500 efectivos federales, entre éstos 2 mil 26 militares en labores seguridad pública–, se registraron 30 reportes de extravío y/o ausencia de mujeres y niñas. Desde entonces, las desapariciones de mujeres han venido en aumento. Entre 1994 y 2007 desaparecían en promedio cuatro mujeres cada año. A partir de 2008 se presentan alrededor de 52 casos anualmente.

 

Según el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua, de 2008 a agosto de 2011, las mujeres y niñas desaparecidas suman 210: 30, en 2008; 34, en 2009; 54, en 2010; y 92, en 2011. Sólo 13 (el 6 por ciento) han sido localizadas. Conjuntamente, de 1993 a la fecha, en la entidad ninguna persona ha sido consignada por haber desaparecido a una mujer o a una niña, afirman Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

 

En lo que va de 2011 –en el que la cifra de mujeres desaparecidas es la mayor de los últimos 17 años–, han desparecido en Chihuahua alrededor de tres mujeres por semana, en su mayoría menores de edad.

 

Similar a lo que ocurre a nivel federal, durante este sexenio el número de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua supera el de las administraciones pasadas. En este caso, 457 por ciento. Mientras que en los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox los reportes de extravío y/o ausencia en el estado suman 47 (20 y 27 por ciento, respectivamente), el número de mujeres y niñas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón llega ya a 215.

 

Al ser cuestionado con respecto del incremento de desapariciones de mujeres y niñas, específicamente a partir del inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, Carlos Manuel Salas, titular de la Fiscalía General de Chihuahua, declina responder a Contralínea. A las preguntas de la reportera, formuladas luego de su comparecencia ante la Comisión Especial para atender los feminicidios en la Cámara de Diputados federal, el pasado 23 de agosto, sólo responde que Carlos González, vocero de dicha fiscalía, es el autorizado para hablar del tema. Por su parte, González reconoce que los cientos de casos de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad “son reales, son concretas y son desapariciones en las que se está trabajando”. También se disculpa por “no poder decir más”.

 

Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados, manifiesta: “Yo no quisiera dar una conclusión que imputara, por este hecho [el incremento de las desapariciones a partir de la Operación Conjunta Chihuahua], responsabilidad a estos operativos. Pero lo que sí se puede decir, sin temor a equivocarme, es que estos operativos no han servido para proveer seguridad ni para reducir el trasiego de personas, de drogas, de armas, de dinero sucio”. Además, continúa la legisladora integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, “hay evidencias, quejas, de no pocas familias que han denunciado abusos por parte de la policía federal y de los militares”.

 

El fenómeno de las desapariciones de mujeres en el estado se transformó luego de la puesta en marcha del programa de Operación Conjunta Chihuahua, aseguran Salas Ramírez y Peña Rodríguez, integrantes también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Con la presencia de policías federales y militares en la calles de esta entidad, las desapariciones de mujeres, lejos de disminuir, se incrementaron en 400 por ciento.

 

José Antonio Pérez Bravo, coordinador general técnico de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), prefiere no “suponer la existencia de mayores hechos de esa naturaleza. Lo que observamos es que la sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia”. Hace cinco años una desaparición era como “asunto de vecindad: no tenía mayor impacto”. Ahora, aunque “no sabemos bien a bien cómo está el fenómeno social en toda la República”, las desapariciones ya son atendidas por el gobierno que realiza acciones públicas de prevención”.

 

Para Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las cifras de la Fiscalía General de Chihuahua no reflejan necesariamente un incremento en el número de mujeres y niñas desparecidas.

 

Cuando se supo que “el 60 por ciento de las mujeres habíamos vivido en alguna etapa de nuestra vida violencia, se indicó que había aumentado ésta”. No obstante, no se considera que antes de la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, que arroja estos resultados, no existían registros.

 

Lo mismo sucede con el caso de mujeres desaparecidas: a partir de noviembre de 2009, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras (“Campo Algodonero”) contra México, las autoridades mexicanas están “obligadas” a elaborar un registro de mujeres desaparecidas, expone García Gaytán. “¿Quién dice que en 1994 sólo desapareció una mujer?”, increpa la funcionaria, “nadie las registraba”.

 

Para Emma Saldaña Lovera, presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, lo más preocupante es la relación de éstas desapariciones con la delincuencia organizada. Entre las acciones que el gobierno estatal impulsa para combatir las desapariciones de mujeres y niñas, se encuentra la campaña “Las desapariciones en Juárez tiene que desaparecer”. A finales de septiembre se pondrá en marcha y tendrá un costo al erario de alrededor de 1 millón y medio de pesos, refiere Saldaña Lovera.

 

Desapariciones, vinculadas con trata de personas y feminicidios

El registro de la Fiscalía General de Chihuahua indica que en la zona Norte de Chihuahua es donde desaparecen más mujeres y niñas (128 reportes). Mientras, en la zona centro, Sur y Occidente se han registrado 87 reportes de extravío y/o ausencia durante este sexenio.

 

Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, quienes desde hace más de una década dan acompañamiento jurídico a familiares de desaparecidas en Chihuahua, señalan que recientemente han aumentando los casos de desapariciones en el centro de la ciudad. Una red de tratantes opera en esta zona, aseguran. Sus víctimas son principalmente niñas de entre 13 y 18 años, de escasos recursos, que salen a buscar trabajo y que son llevadas en contra de su voluntad, por desconocidos.

 

En enero de 2011, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa presentaron, ante la Unidad de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Chihuahua, la única denuncia que existe en la entidad por trata de personas.

 

Un mes después, Malú García Andrade, directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa tuvo que abandonar su ciudad, por las amenazas que recibía. La noche del 16 de febrero pasado, un grupo de personas, que no han sido identificadas, incendiaron su casa, el único patrimonio de la activista.

 

Ahora que García Andrade regresó a Chihuahua, las intimidaciones no han cesado, indican Salas Ramírez y Peña Rodríguez. Por eso, aunque conocen al menos un caso de trata de personas en el que estarían involucrados altos funcionarios de Ciudad Juárez, los abogados prefieren no dar más detalles. No obstante, afirman que en Chihuahua hay “tolerancia” e incluso “complicidad” de las autoridades con los delincuentes.

 

Las desapariciones de mujeres y niñas están vinculadas también con el fenómeno del feminicidio. Desde hace un par de años, para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el hecho es innegable. “Muchas de las víctimas de feminicidio antes fueron privadas de su libertad”, asegura María de la Luz Estrada Martínez, coordinadora ejecutiva de la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres.

 

Por eso, los abogados de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y el OCNF exigen a las autoridades mexicanas que todos los casos de desaparición de mujeres sean atendidos como si se trataran de delitos. Puesto que la desaparición no implica por sí misma un delito, los reportes administrativos de extravío y/o ausencia que recibe la autoridad no se atienden de inmediato. Además, los encargados de los ministerios públicos tienden a suponer que la desaparecida “escapó con el novio”, lo que también resta eficacia a la búsqueda, crucial durante las 48 horas que siguen a la desaparición.

 

En palabras de Estrada Martínez: “La autoridad desdeña, minimiza, desvaloriza el hecho mismo”.

 

Reconoce que, a partir de la sentencia del caso Campo Algodonero –relativa a la “desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001–, las autoridades de Chihuahua se han visto “forzadas a generar mecanismos reales”; pero “los avances han sido mínimos”, asegura la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.

 

El micrositio de internet en el que la Fiscalía General de Chihuahua da a conocer la lista de mujeres desaparecidas desde 1993, no cumple con los estándares de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de ser una “página electrónica” que permita “que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.

 

Además, el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda urgente de mujeres y menores desaparecidas, resulta ineficaz todavía, aunque que se aplica dos veces por mes y que en enero de 2010 se conformó un equipo encargado de rediseñarlo. Al respecto, el fallo de la CIDH establece la adecuación de dicho protocolo o, en su defecto, la creación de “un nuevo dispositivo análogo” que permita “implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna” y “eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que reste efectividad a la búsqueda”.

 

La creación de un banco nacional con la información genética de las mujeres desparecidas, de sus familiares y de los cuerpos sin vida de cualquier mujer o niña no identificada (como lo señala el resolutivo 10 de la sentencia del organismo internacional), “se encuentra en marcha”, según palabras de Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, pronunciadas durante su comparecencia ante diputados federales el 23 de agosto pasado.

 

Para tal fin, trabajan en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación (a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, bajo la coordinación de la PGR.

 

No obstante, hasta 2010, sólo 10 entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Baja California Sur) contaban con un banco de información genética.

 

A partir de 2004, con la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense a Chihuahua, hay avances. Sin embargo, hasta la fecha existen 70 cuerpos de mujeres no identificados y que no corresponden a las mujeres desaparecidas recientemente.

 

La dificultad ahora es contactar a los familiares de las mujeres y niñas que desaparecieron hace tiempo, para cotejar su ADN con el de las 70 osamentas encontradas, explica Salas Ramírez.

 

[TEXTO PARA TWITTER: Desaparición de mujeres y niñas en Chihuahua se dispara desde el Operativo Conjunto ordenado por Calderón]